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11/02/2009 :: Mundo

Violencia estatal en Paraguay con el sello de Alvaro Uribe

x Indymedia Arkansas

Un vertiginoso aumento de la violencia se da en el Paraguay bajo el régimen del obispo Fernando Lugo, donde los crímenes han aumentado vertiginosamente tras los acuerdos firmados entre el clérigo-presidente y Alvaro Uribe.

Los acuerdos Paraguay-Colombia en materia de seguridad se firmaron a instancias de la embajadora de Estados Unidos en Asunción, Liliana Ayalde, en su momento operadora del Plan Colombia y jefa de las ventanillas de cobro de USAID en Bogotá.

A poco de asumir, el obispo estrechó vínculos con Bush, Felipe Calderón y Alvaro Uribe, a la manera de un "Eje del bien" latinoamericano, y el ministro del interior del obispo, Rafael Filizzola, incluso realizó una pasantía de varios días en Colombia. En la ocasión recorrió los centros desde donde Uribe, con respaldo del imperio, dirige la guerra sucia y violaciones de derechos humanos que su gobierno perpetra en su país.

La represión policíaca se disparó en Paraguay luego de estos tratos con Uribe, al igual que la criminalidad. Un asesor colombiano dirige, según fuentes cercanas al ministerio del interior, todos los pasos dados por la represión en Paraguay.

COLOMBIA, EJEMPLO DE VIOLENCIA Y CRIMINALIDAD

La elección para elegir asesores en la lucha contra la violencia y la criminalidad no ha sido del todo afortunada, por parte del gobierno del obispo Fernando Lugo.

Según Agence France-Presse, al menos 13.634 personas murieron por "violencia sociopolítica" en Colombia bajo el actual gobierno, según un informe de ONGs revelado en coincidencia con el encuentro del lunes, entre el presidente Alvaro Uribe y la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Navanethem Pillay.

El encuentro con la alta comisionada hace parte de la agenda que cumple Uribe en Nueva York, a donde viajó para asistir a la asamblea general de Naciones Unidas y que según el canciller colombiano, Jaime Bermúdez, fue un diálogo "sincero y franco".

El documento dirigido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, afirma que entre 2002 y diciembre de 2007, "por lo menos 13.634 personas perdieron la vida, fuera de combate a causa de la violencia sociopolítica" y que esa cifra supera las 23.000 muertes, si se agregan los muertos en combate.

Según las ONGs, que citan informes judiciales y policiales, el Estado es responsable directa o indirectamente en 75% de los casos en los que el autor fue identificado. En 24,5% de las muertes la responsabilidad recae sobre la guerrilla.

En cada seis de diez casos la responsabilidad del Estado está relacionada con la "tolerancia o apoyo a las violaciones cometidas por los paramilitares" de extrema derecha, añaden las organizaciones no gubermentales.

"Han aumentado dramáticamente los casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y el desplazamiento forzado", sostiene el documento firmado por más de un millar de organizaciones agrupadas en la Alianza de Organizaciones Sociales, la Asamblea de la Sociedad Civil por la Paz y la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos.

En diciembre el Consejo de Derechos Humanos tiene previsto realizar un exámen detallado a la situación en Colombia.

El documento también asegura que "al contrario de lo que manifiesta el gobierno, el paramilitarismo no ha sido desmantelado" y unos 9.000 combatientes de esos grupos siguen combatiendo, pese al proceso de paz concluido en 2006 en el cual -según cifras oficiales- se desarmaron más de 31.000 milicianos de extrema derecha.

Señala el informe que tan sólo 116 de esos paramilitares están siendo investigados por sus crímenes "y ninguno ha sido condenado, por lo que no se han garantizado los derechos de las víctimas".

El texto igualmente denuncia "los ataques permanentes del gobierno en contra de la Corte Suprema de Justicia" que investiga vínculos de paramilitares y congresistas.

Unos 60 legisladores, casi todos oficialistas, han sido investigados por nexos con las organizaciones armadas de extrema derecha.

COLOMBIA Y EL TERRORISMO DE ESTADO EN PARAGUAY

Los acuerdos en materia represiva firmados entre el obispo Fernando Lugo y su par colombiano Alvaro Uribe, dispararon una brutal represión en Paraguay. Ahora se inicia la etapa de montajes de falsas guerrillas para justificar represión.

COLOMBIA

Colombia es, además del paraíso narco, un país altamente violento donde según la alta comisionada de la ONU Navanethem Pillay, al menos 13.634 personas perdieron la vida por inseguridad y violencia entre el año 2002 y el 2007. La cifra supera las 23.000 muertes, si se agregan los muertos en combate con insurgentes.

Obviamente, la decisión del clérigo-presidente no ha sido muy feliz a la hora de elegir sus aliados para combatir la inseguridad, por lo que los acuerdos han generado suspicacias y los desconfiados encontraron otras motivaciones que poco tienen que ver con la verdadera "seguridad".

LOS ACUERDOS

El 29 de Septiembre en conferencia de prensa junto al canciller colombiano, Jaime Bermúdez, el presidente paraguayo dijo que el secuestro fue uno de los "temas principales" que trató con Uribe y añadió que las autoridades de su país tienen mucho que aprender de Colombia, "sobretodo en términos de seguridad y secuestros".

"No podemos negar que ha sido uno de los centros de la conversación con el presidente Uribe, y es más, en ese mismo sentido, es que se queda el ministro de Interior, Rafael Filizzola, para contactar y concretar los aspectos de cooperación, tanto en la formación de la policía antisecuestros en Paraguay", dijo.

El jefe de Estado paraguayo reconoció que Uribe le ofreció capacitación para que la Policía de Paraguay pueda hacer cursos de cómo se ha logrado combatir ese flagelo y reducir las cifras de secuestros.

"El mismo ofrecimiento de que vayan profesores de la Policía colombiana a impartir clases y experiencias y sobre todo la posibilidad de seguir mejorando la seguridad de nuestro país", puntualizó.

Con radicalidad, con serenidad, pero con firmeza hemos condenado todo tipo de violencia: pequeña, grande, ideológica, guerrillera, de ejércitos irregulares... ningún tipo de violencia cabe en nuestra mentalidad y no tendrá cabida en nuestro país mientras nosotros seamos Gobierno", dijo el supuesto teólogo de la liberación tercermundista Fernando Lugo abrazado al narco-presidente de Colombia Álvaro Uribe, este lunes 29 de setiembre de 2008 en Bogotá.

Se entiende de sus declaraciones una tácita condena a las FARC, a pesar de que la teología de la liberación es un movimiento que cobró auge a través de religiosos adscriptos al movimiento marxisto-guerrillero latinoamericano.

LAS SUGERENCIAS DE LA EMBAJADORA IMPERIAL

La prensa paraguaya informó el viernes 5 de setiembre de 2008 que la embajadora de los Estados Unidos en Paraguay, Liliana Ayalde, visitó al ministro del Interior, Rafael Filizzola. En la ocasión, la representante de George W. Bush enfatizó el interés de su país de “apoyar y acompañar los programas” de seguridad de Paraguay. La diplomática no descartó una cooperación para el fortalecimiento de la Policía Nacional, que se realizaría en el marco del Programa Umbral. Ver:

www.abc.com.py/2008-09-05/articulos/447990/ee-uu-apoya-programa-de-segur

La diplomática acotó que “básicamente estuvimos repasando lo que la cooperación del Gobierno de Estados Unidos ha venido trabajando y algunos temas posibles para el futuro”. Añade que hablaron de “algún posible apoyo a la Policía”.

El tipo de “apoyo” en la materia que ha brindado Estados Unidos en el pasado a Paraguay es bien conocido por quienes sufrieron cárcel, destierro y tormentos en los centros de detención que bajo la atenta mirada de la CIA norteamericana, mantuvo el dictador anticomunista Alfredo Stroessner entre 1954 y 1989.

La penetración de los organismos de seguridad en América Latina durante el siglo XX constituye, sin ninguna duda posible, uno de los episodios más siniestros y vergonzosos en la historia del imperialismo.

Con coartadas como la expuesta por Ayalde a Filizzola, Washington perpetró una invasión solapada que ha dejado como legado a esta región del mundo un pasado de golpes de estado, dictadores sanguinarios, escuadrones de la muerte, desaparecidos, asesinatos políticos, torturas y represión.

Entre otros documentos de los Archivos del Terror, quedó como testimonio de la siniestra presencia norteamericana en Paraguay, un memorando fechado en Washington el 8 de Octubre de 1956, en el que se le asigna como asesor de la temible Policía política y en el que aparecen como participantes en los papeles Mr. Da Silva, primer secretario de la embajada paraguaya, Dr. Oscar Insfrán (un asesor del obispo Fernando Lugo), segundo, Mister Rubottom (ARA) Y Mister Havemeyes (OSA). Se consigna en el documento que se envió una copia a la embajada de Asunción, cifrado ARA (Mr. King), ICA (Mr. Atwood), ARA (Mr. Rubottom) y OSA. Durante

URIBE, LOS FRAUDES Y LOS DERECHOS HUMANOS

De acuerdo a Gorka Castillo "Al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, comienzan a pasarle factura los abusos de su mandato. Al escándalo desatado hace dos semanas por un multimillonario fraude financiero organizado en las sombrías cañerías del Estado, ahora se suma la filtración de que el Ejército ha practicado desde 2002 cientos de ejecuciones extrajudiciales de civiles, que además han sido financiadas con fondos de la cooperación internacional.

La espoleta de esta eliminación sistemática fue la puesta en marcha de jugosas recompensas gubernamentales para aquellos militares que demostraran haber abatido guerrilleros en combate.

La artimaña que empieza a conocerse ahora es que miles de los muertos que aparecían como enemigos abatidos eran, en realidad, campesinos secuestrados a los que vestían con uniformes de las FARC antes de ejecutarlos a sangre fría.

Organizaciones civiles calculan que el número de víctimas supera las 2.100, casi tantas como las causadas en medio siglo por ETA y el IRA juntos. La plataforma Justicia para Colombia -un grupo de especialistas forenses, catedráticos y juristas de la UE- mostró ayer el documento secreto del Ministerio de Defensa, en el que se establece que los fondos para el pago de las recompensas "procederán del Estado y de otros provenientes de la cooperación internacional".

Extracto del documento en el que se especifica la financiación de las recompensas

Este protocolo no sólo pone en duda la legalidad de la política de Seguridad Democrática que le ha ganado popularidad a Uribe. También compromete los acuerdos de cooperación internacional suscritos con varios países, entre ellos España.

1.300 euros por ‘guerrillero'
El documento, de 15 páginas, contradice a Uribe, quien siempre negó que existiera una política sistemática de recompensas. Pero la orden entró en vigor de forma "permanente" el 17 de noviembre de 2005. Según las tablas de valoración, el Gobierno paga por un cabecilla 1,7 millones de euros y por un guerrillero raso, 1.300 euros.

Con esta oferta pública, los soldados se lanzaron a la caza del indocumentado. El miedo hizo el resto. Nadie fue capaz de denunciar estas atrocidades hasta que a alguien del Ejército se le ablandó el corazón.

Asesinatos impunes o falsos positivos

El escándalo de las ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” como eufemísticamente las denomina el Gobierno de Álvaro Uribe, se destapó hace un mes, cuando un militar reveló que 20 civiles de clase baja desaparecidos cerca de Bogotá habían sido secuestrados para ser asesinados y presentados a la sociedad como guerrilleros de las FARC. Al principio, Uribe entró en cólera contra el autor de difundir esta “falaz” información. En los días siguientes, su tono perdió agresividad hasta llegar al reconocimiento de que aquella atrocidad “era cierta, aunque no generalizada, en unas Fuerzas Armadas modélicas con los derechos humanos”. Dimitió el jefe del Ejército, Mario Montoya, el ingeniero de la liberación de Betancourt, y 27 oficiales fueron destituidos. Alguien, también militar, aseguró que era la punta del iceberg de una política que legaliza la impunidad “y propaga el miedo”.

COMUNICADO MARXISTA

El marxista Partido de los Trabajadores de Paraguay (PT) señala en un comunicado que el tratado de cooperación en materia de seguridad entre Paraguay y Colombia, sólo indica que Fernando Lugo seguirá sometido a los designios imperiales de Washington y será un continuador de la política obsecuente y abyecta hacia el imperialismo de los gobiernos paraguayos anteriores.

Según la nucleación, el Presidente al firmar tratados con Colombia Fernando Lugo sólo consolida acuerdos con un Estado terrorista y criminal, que reprime las luchas populares, y ejerce la violencia contra grupos disidentes sin contemplaciones.

El PT señala que el nuevo gobierno de Paraguay "No solo retoma sino consolida y potencia un acuerdo con un Estado terrorista y criminal que a todas luces apunta a criminalizar y reprimir mejor las luchas y los luchadores sociales".

El PT manifiesta que este acuerdo forma parte de instrumentalizar el "perverso Plan Colombia" de los EEUU que busca transformar al país en una fortaleza norteamericana dentro de América Latina, tal como lo hizo con Paraguay en tiempos de la dictadura neo-nazi de Alfredo Stroessner..

"Para imponer este plan, el imperialismo norteamericano se vale de su lacayo más servil, el gobierno de Alvaro Uribe" afirma también el documento.

Los trotskistas también denuncian que un acuerdo con el mandatario colombiano solo puede fortalecer el aparato represivo del Estado y profundizar así la política de criminalización de las luchas sociales.

Luis Agüero Wagner

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