El gobierno de Lula y los gobiernos locales en Brasil son parte de la estructura terrateniente que comete atrocidades contra el movimiento campesino clasista.

Para garantizar el pago a los acreedores se acaba de crear un fondo. Apoyo del sector bancario y una política que se mantiene inalterable desde el 2003.

Reclamaron el derecho a ejercer el trabajo sexual sin protectores patriarcales.