50 años del Golpe: El fuego bajo las cenizas; lxs trabajadores ante la dictadura

La narrativa dominante sobre la dictadura cívico-militar-eclesiástica argentina (1976-1983) suele simplificar el proceso: la Junta Militar no tuvo resistencia. En este relato, los trabajadores y el pueblo aparecen como una víctima pasiva, se hablaba de una "derrota histórica" y la clase trabajadora, en particular, es presentada como un actor anulado por el terror, sumida en la "quietud y la apatía".

Sin embargo, un análisis más profundo, que recupere la memoria en las fábricas y los barrios, revela una verdad incómoda para el derrotismo y para los que solo conciben la acción política dentro de los límites de las instituciones del régimen. La resistencia obrera a la dictadura fue uno de los elementos fundamentales para erosionar el poder militar desde sus inicios hasta su retirada.

Minimizar o descartar este protagonismo no es un error histórico menor. Esta posición política, disfrazada de análisis objetivo, tiene su raíz en un profundo derrotismo que desprecia las luchas y las acciones de resistencia de los trabajadores libradas en condiciones sumamente difíciles. Al negar la centralidad de la clase obrera, se busca desarmarla ideológicamente, siendo que su protagonismo es central en el devenir histórico de nuestro pueblo. Estas mismas concepciones asumen en la actualidad, que el pueblo ha retrocedido en conciencia y que no tiene futuro, por lo que solo queda aceptar lo inevitable.

Es clave desmontar la noción de que la Junta Militar argentina tuvo que ceder el retorno a la democracia, también la idea de que los militares concedieron su retirada por su propia incompetencia y que no hubo resistencia a sus políticas. Durante el terrorismo de Estado las acciones de lucha y organización de los de abajo fueron esenciales para resistir. Como asimismo la desobediencia obrera constituyó un elemento primordial para erosionar y limitar los objetivos del poder hegemónico y su brazo ejecutor armado.

Es imperativo, entonces, reconstruir esa historia de resistencia, no como un acto de nostalgia, sino como una herramienta para el presente. En un contexto actual de apatía, desorientación y crisis de representación, donde el gobierno de ultra derecha de Milei impulsa una ofensiva similar a la de la dictadura (concentración económica, valorización financiera y destrucción de derechos), recordar que la clase obrera resistió en el momento más oscuro es un acto de resistencia y una necesidad histórica.

De la derrota a la resistencia cotidiana

El golpe de 1976 encontró a la clase obrera en un momento complejo. El año previo la clase trabajadora daba una muestra más del nivel de desafío del orden capitalista: las jornadas de junio y julio de 1975 como respuesta al "plan Rodrigo", un brutal ajuste del gobierno de Isabel y López Rega. Durante esas jornadas no solo se llevó adelante una huelga general contra el gobierno peronista sino que tomaron impulso las coordinadoras interfabriles.

El proceso de organización y lucha de la clase trabajadora a comienzos de la década del 70 y su papel protagónico en el proceso de movilización política y sindical, es fundamental para comprender los objetivos de la dictadura; desarticular un movimiento obrero que había demostrado una alta capacidad de organización y lucha. La violencia contra activistas y militantes obreros comenzó antes del golpe, durante el tercer gobierno peronista, con intervenciones violentas a cargo de fuerzas policiales y paraestatales como la Triple A, que bajo el argumento de enfrentar a la "guerrilla fabril" o la "subversión industrial", perpetró asesinatos a dirigentes y activistas obreros.

El objetivo del golpe del 24 de marzo de 1976 fue precisamente derrotar ese proceso de ascenso de organización y lucha de los trabajadores. El plan fue claro: implantar un nuevo orden de reestructuración capitalista y disciplinamiento de clase. Para ello, se desplegó una alianza represiva que incluyó a las Fuerzas Armadas, los sectores económicos dominantes (grupos locales e imperialismo), la cúpula de la Iglesia y sectores de la burocracia sindical y la dirigencia política. Las tareas de inteligencia en las fábricas, con la activa colaboración de las empresas (provisión de legajos, listas de activistas, facilitación de operativos), que apuntaban a los sectores más combativos, son un ejemplo de estos mecanismos.

Pero, lejos de la pasividad, la resistencia comenzó casi de inmediato, aunque fragmentada y defensiva. Entre julio y septiembre de 1976, las huelgas automotrices fueron brutalmente reprimidas con desapariciones y ocupaciones de fábricas. Lo mismo ocurrió con metalúrgicos, la coordinadora ferroviaria, los portuarios y trabajadores de Luz y Fuerza. El gran valor de estas luchas fue que, en ellas, se fueron ensayando nuevos métodos, ajustados a una correlación de fuerzas extremadamente desfavorable; el "trabajo a tristeza", el "trabajo a reglamento", el quite de colaboración y el sabotaje.

Mucho antes del golpe de 1976, el activismo obrero y sindical ya constituía una preocupación central para el bloque dominante, lo que explica por qué la represión se intensificó de manera creciente en los años previos al quiebre institucional. La violencia estatal, combinada desde el inicio con transformaciones económicas estructurales, apuntó deliberadamente a "limpiar" las fábricas de aquellos núcleos de activistas y militantes considerados peligrosos para el orden capitalista. Una vez consumado el golpe, esta alianza represiva se consolidó en todo su esplendor: las Fuerzas Armadas, los sectores económicos dominantes, el imperialismo, sectores de la burocracia sindical, la dirigencia de los partidos patronales y la jerarquía de la Iglesia católica impusieron, con su activa colaboración y bendición, un verdadero estado de terror que tuvo como principal blanco a la clase trabajadora.

El objetivo último de la dictadura era refundar las relaciones capital-trabajo mediante una intensificación sin precedentes de la explotación. Los trabajadores sufrieron masivos despidos mientras, al mismo tiempo, se incrementaba la productividad vía la intensificación del trabajo, en una compleja articulación entre reestructuración capitalista y disciplinamiento social. Un ejemplo paradigmático fue la reversión de los reconocimientos de insalubridad, que permitió la extensión de la jornada laboral en sectores enteros de la industria. Las demandas por condiciones de trabajo dignas se volvieron, por ello, centrales en la conflictividad del período. La rápida y masiva reversión de las conquistas históricas logradas por los trabajadores constituyó la base fundamental para la reimposición de la disciplina fabril, el aumento de la productividad y la consolidación de un nuevo orden que la dictadura dejaría como funesta herencia.

La conflictividad que preocupaba al régimen

La ofensiva dictatorial apuntaba precisamente a desmantelar las protecciones institucionales y normativas del trabajo, en un contexto donde la apertura comercial y la internacionalización productiva introdujeron, además, una nueva fuente de competencia que debilitaba aún más la posición negociadora de los trabajadores. Sin embargo, para comprender cabalmente este proceso es necesario diferenciar la situación y las acciones de las bases obreras de las desplegadas por la dirigencia sindical. La reestructuración económica afectó de manera desigual la posición de la clase trabajadora y generó cambios significativos al interior de sus organizaciones.

En este marco, la represión, las resistencias, los cambios estructurales y el comportamiento de los trabajadores y sus organizaciones se articularon en una trama compleja. Baste recordar la ola de huelgas de fines de 1977, un conflicto de magnitudes comparables a las grandes movilizaciones de la historia argentina, donde la protesta obrera por la extensión de la jornada laboral evidenció una combinación de gestiones sindicales formales y resistencia desde las bases. Asimismo, resultó clave la participación activa de las empresas en la represión a sus propios trabajadores, facilitando información, listados y operativos represivos dentro de los propios establecimientos fabriles.

En el plano internacional, algunos sectores del sindicalismo internacional, organizaciones de DDHH y exiliados brindaron un apoyo fundamental a la resistencia argentina, denunciando públicamente las violaciones de DDHH que se cometían en la Argentina. La OIT fue uno de los escenarios donde sectores del sindicalismo internacional expusieron el terror al que estaban siendo objeto los trabajadores argentinos, pero paralelamente mantuvo una actitud complaciente que facilitó la reconfiguración regresiva de las relaciones laborales.

El impacto del terrorismo de Estado sobre los trabajadores fue devastador, con una persecución sistemática que incluyó desapariciones y asesinatos de activistas gremiales, al tiempo que se modificaba íntegramente la legislación laboral para eliminar las leyes que protegían a los trabajadores. Todo ello profundizó el deterioro de las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera.

La ofensiva general contra el trabajo incluyó una activa intervención de la dictadura en la creación de una nueva normativa laboral que institucionalizó una relación entre el capital y el trabajo mucho más desfavorable para los trabajadores. En este contexto, la importancia del "factor internacional" operó en dos direcciones: como arena de denuncia de los crímenes de la dictadura y, simultáneamente, como espacio de legitimación del nuevo orden gracias al papel cómplice de organismos como la OIT y de actores como la jerarquía eclesiástica y parte de la dirigencia sindical, que actuaron como un pilar más en la reconfiguración social.

La reestructuración vivida, en definitiva, no solo afectó la posición obrera en los lugares de trabajo y en su relación con la clase dominante, sino que implicó cambios profundos al interior de las propias organizaciones de trabajadores. La dictadura no se conformó con reprimir: transformó las estructuras sindicales desde adentro, reconfigurando sus formas organizativas, sus liderazgos y sus vínculos con las bases. El fuerte impacto de las políticas económicas y laborales de la dictadura en el campo laboral sentó, así, las bases materiales para una ofensiva integral contra los trabajadores que perduraría mucho más allá del fin del régimen militar.

El proyecto dictatorial de "normalización" del movimiento sindical no se limitó a destruir las estructuras existentes, sino que buscó activamente refundar las formas de organización y representación de los trabajadores para hacerlas funcionales al nuevo modelo económico. Esto implicó una reformulación de los modos de organización sindical y la búsqueda de "interlocutores válidos" --sindicalistas moderados-- que permitieran canalizar el descontento obrero y aplacar los conflictos. En el marco de esta ofensiva se reconfiguró la normativa, el Decreto 385/77 caducó los padrones sindicales y obligó a una reafiliación masiva en apenas 40 días, con el objetivo de desfinanciar y deslegitimar a los gremios. Sin embargo, paradójicamente, los trabajadores respondieron reafiliándose masivamente, lo que, contra los planes del régimen, permitió la subsistencia de muchas organizaciones y sentó las bases para la resistencia futura

Para fines de 1977, la resistencia dejó de ser solo un rumor. En octubre y diciembre de ese año, una ola de huelgas que involucró a cerca de un millón de trabajadores sacudió al país. El reclamo era salarial, pero lo más significativo era que surgía desde las bases, por fuera de las estructuras sindicales formales. Esta oleada fue tan significativa que, según algunos análisis, forzó la renuncia del General Díaz Bessone, y frenó el ritmo del plan militar.

En enero de 1979, ocurrió la primera toma de fábrica desde 1976, en Aceros Ohler. Poco después, el 27 de abril de 1979, la primera Jornada Nacional de Protesta contra la dictadura mostró que incluso la burocracia sindical sentía la presión de las bases para tomar medidas más combativas. Fue un hito, y aunque su acatamiento fue desigual, demostró que el "corsé represivo" empezaba a ceder.

La crisis económica, la resistencia y la caída

La represión se focalizó en los sectores considerados combativos y en los espacios percibidos como "usinas subversivas", pero a pesar de ello, la oposición obrera persistió, reclamando no solo contra el deterioro de la existencia material sino también por derechos sindicales y democráticos y la libertad de detenidos, demostrando que la resistencia trascendía lo meramente económico.

Para sortear la clandestinidad, los trabajadores desarrollaron ingeniosas tácticas de comunicación y organización en sus espacios como la fábrica o el barrio. En este contexto, las tomas de tierras encabezadas por trabajadores que habían sido despedidos y conservaban las experiencias organizativas emergieron como un fenómeno clave, prefigurando una nueva territorialidad que, más allá de la supervivencia, se convertiría en un punto de encuentro y resistencia comunitaria.

La clave para comprender el período reside en la articulación perversa entre represión, reestructuración económica y el intento de reconfiguración del movimiento obrero en favor de los sectores dominantes. Las transformaciones económicas impulsadas por la dictadura --concentración monopólica, valorización financiera y caída del empleo industrial-- no fueron fenómenos aislados, sino que se complementaron con una estrategia de disciplinamiento social. En esta trama, sectores de la burocracia sindical fueron cómplices del régimen militar y participes necesarios en el objetivo de disciplinar a los sectores más combativos del movimiento obrero.

Esta alianza profundizó la compleja "dinámica interna" de los gremios, marcada por una aguda crisis de representación, la división de las conducciones nacionales entre "participacionistas" y "confrontacionistas", la disminución de recursos financieros y, sobre todo, la creciente tensión entre la representación formal (otorgada por la ley y la tradición) y la representatividad real (el apoyo de las bases). En este escenario, no puede soslayarse que un sector importante de trabajadores sin militancia político-sindical previa experimentó no solo miedo y silencio, sino también una suerte de "apatía", alimentada por un profundo rechazo a la política y a la dirigencia sindical.

El punto de inflexión crucial fue la crisis de la deuda externa de 1981-1982. Si bien el plan de Martínez de Hoz había implicado una brutal caída del salario y un proceso de desindustrialización, fue en estos años cuando las condiciones materiales de los trabajadores tocaron fondo. El salario se desplomó, la desocupación creció exponencialmente (al mismo tiempo que caía la tasa de actividad por el "efecto desaliento") y la pobreza se triplicó.

El impacto de la dictadura sobre el empleo y las condiciones de vida de los trabajadores tuvo dos momentos claramente diferenciados. Durante los primeros años, la tasa de desocupación se mantuvo relativamente baja, pero esto estuvo acompañado de una caída en la tasa de actividad producto del "efecto desaliento": amplios sectores simplemente dejaron de buscar trabajo ante la falta de oportunidades. En este período, la expansión del cuentapropismo y del sector de la construcción funcionó como un "colchón" que absorbió parcialmente la mano de obra desplazada de la industria.

Con la crisis de la deuda de 1981-1982, el panorama se agravó drásticamente: la desocupación abierta creció de manera exponencial al mismo tiempo que la tasa de actividad continuaba cayendo, revelando la verdadera profundidad de la crisis. Los sectores que habían servido como válvula de escape --cuentapropismo y construcción-- se desplomaron, eliminando cualquier posibilidad de absorción laboral. El resultado fue un salto exponencial de la pobreza hacia 1982, que llegó a triplicar los niveles registrados en 1980, evidenciando el rotundo fracaso social del modelo instaurado por el régimen militar.

Paradójicamente, en este momento de mayor deterioro material, la conflictividad obrera resurgió con fuerza. Las luchas fueron predominantemente defensivas (contra despidos y cierres), pero masivas. El primer paro general convocado por la CGT contra la dictadura marco otro hito. La resistencia obrera, golpeada y con problemas organizativos, pero persistente, se conformó como la base material para las movilizaciones que fueron abarcando a otros sectores. Fue un período de reconfiguración de la estrategia represiva, donde se combinó la represión con el impulso al proyecto de "normalización" sindical para canalizar el descontento y minimizar conflictos.

El 30 de marzo de 1982, una movilización masiva fue salvajemente reprimida. Días después, Galtieri ordenaba el desembarco en Malvinas. La dictadura buscaba una salida patriótica a su cerco interno e internacional. El fracaso de la junta militar en la guerra no fue la causa de la caída, sino el detonante que evidenció la podredumbre de un régimen ya erosionado que junto a la persistente resistencia del pueblo trabajador, lo empujaron a su fin. En un contexto de crisis del régimen y debilitamiento de la represión, la capacidad de organización de las bases se reactivó impulsando paros, tomas de tierras y ollas populares.

Sin embargo, esta oleada de conflictividad se vio atravesada por la disputa en torno a la normalización sindical. Las dirigencias gremiales buscaron recuperar el control de los sindicatos interviniendo en los conflictos, ya fuera para canalizarlos institucionalmente o, en ocasiones, para aislar y expulsar a los nuevos delegados combativos. De este modo, aunque las bases demostraron una gran capacidad de lucha, su accionar debió enfrentarse también a una burocracia sindical que se rearticulaba en alianza con el Estado y las patronales.

Un ejemplo para el presente

La resistencia obrera durante la dictadura no fue un movimiento homogéneo con un proyecto político propio. Fue, en gran medida, anárquica, espontánea y defensiva. Sin embargo, fue fundamental para el fracaso del régimen. Le restó legitimidad a la Junta, puso límites a su libertad para aplicar su proyecto en profundidad y, al final, constituyó un escollo insalvable que, combinado con la crisis económica y la crisis política del régimen, forzó su retirada.

Las expresiones de resistencia fueron diversas, desde huelgas y sabotajes; paros generales y movilizaciones, hasta micro resistencias muy creativas y disruptivas. También las expresiones culturales subterráneas sirvieron para gestar y mantener un espíritu militante.

Las herramientas de lucha se desarrollaron en fábricas, empresas, en asambleas, en clubes, asados, iglesias, comedores y seccionales, con paros por horas y por "tristeza", con frenos a la productividad y sabotajes ingeniosos. En definitiva hubo una denodada resistencia política que abarcó desde las Madres de la Plaza de Mayo, hasta el activismo y militancia obrera [sin olvidar que las organizaciones armadas siguieron operando varios años].

Hubo una resistencia obrera que aunque duramente golpeada y con problemas organizativos, dificultó la aplicación del plan económico y se presentó como un tremendo escollo al éxito de la dictadura. Careció de un proyecto político propio y tuvo un carácter anárquico y espontáneo, pero fue fundamental para el fracaso del régimen. Esta resistencia le restó legitimidad a la dictadura y puso límites a su libertad para aplicar en profundidad su proyecto. Sólo así se puede comprender el fracaso del intento de reconfiguración económica y social de los grupos hegemónicos.

Recuperar esta historia no es un ejercicio de erudición. Es una advertencia contra la tentación de descartar el papel histórico de la clase trabajadora. Frente al actual contexto de ofensiva del capital, de crisis de representación y de un clima de desaliento y derrotismo militante fomentado por sectores de la oposición, la memoria de aquellos años nos enseña que incluso bajo el terrorismo de Estado y contextos muy desfavorables, la clase obrera encontró la forma de resistir y organizarse. Nos recuerda que la centralidad de los trabajadores en la historia argentina no se pierde en los momentos de oscuridad, sino que, como el fuego bajo las cenizas, espera las condiciones para volver a arder.

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