Al otro lado

Un informe sobre los DDHH en EEUU tendría que incluir el tema de la tortura que fue práctica común en centros de detención clandestinos de la CIA entre 2001 y 2009 en varias partes del mundo, así como en la prisión de Abu Ghraib (en la imagen, en 2004) durante la invasión a Irak. Y sigue siendo práctica común del régimen imperial.

Ya que al régimen estadounidense le gusta calificar y emitir informes sobre DDHH sobre otros países, aquí presentamos sólo algunos (faltan muchos) de los elementos de lo que tendría que estar incluido en un informe sobre los DDHH en EEUU:

Encarcelación masiva: EEUU, que se representa como campeón mundial de la “libertad”, es el país con la población más encarcelada del mundo, con casi 2 millones de sus residentes enjaulados; 25 por ciento del total mundial de reos. Los afroestadounidenses y latinos siguen siendo sobrerrepresentados entre esta población.

Tortura: EEUU mantiene a un número de prisioneros en aislamiento solitario a veces durante años, práctica calificada por expertos de tortura. En otro rubro, ningún oficial o funcionario ha rendido cuentas por la práctica de tortura en centros de detención clandestinos de la CIA entre 2001 y 2009 en varias partes del mundo.

Ejecuciones oficiales: EEUU es uno de sólo 20 en el mundo y el único de los países “avanzados”, que continúa aplicando la pena de muerte. En 2022 fueron ejecutados 18 reos en seis de los 50 estados.

Detención arbitraria: permanecen 36 reos musulmanes en Guantánamo, la mayoría sin cargos o juicios durante más de 20 años, violando el derecho internacional.

Derechos de las mujeres: jueces instalados por derechistas como Trump anularon el derecho constitucional al aborto a nivel federal, y por lo menos 18 estados revirtieron derechos de las mujeres sobre acceso al aborto y otros servicios de salud. Las mujeres indígenas continuaban padeciendo de manera desproporcionada actos de violencia sexual, asesinatos y desaparición.

Libertad de asociación: se han impulsado más de 80 iniciativas de ley en 36 estados que buscan limitar la libertad de reunión y manifestación.

Derecho a la libertad de expresión: en 2022 hubo 2 mil 571 intentos, numero récord, de prohibir ciertos libros –sobre todos los que abordan temas de la comunidad gay y de minorías– en bibliotecas y escuelas impulsadas por agrupaciones derechistas y gobiernos estatales, reportó la Asociación de Bibliotecas Americanas, incremento de 38 por ciento sobre el año anterior. En torno a los medios, el gobierno persiste en la persecución de Julian Assange; 15 periodistas fueron arrestados por la policía en 2022, en gran parte cubriendo protestas.

Explotación infantil: el Departamento de Trabajo descubrió 835 empresas empleando de manera ilegal a más de 3 mil 800 menores el año pasado y un incremento de 69 por ciento en niños ilegalmente empleados desde 2018 a la fecha.

Derechos laborales: en años recientes, casi la mitad de empresas que enfrentaron esfuerzos de sindicalización violaron leyes laborales al cesar a aquellos que estaban organizando sus centros de trabajo. La ley federal sobre derechos laborales no cumple con las normas internacionales sobre el derecho a la organización colectiva de trabajadores.

Derechos electorales: leyes para suprimir el voto de minorías se implementaron en 12 estados, y otras 408 medidas para limitar el voto se contemplaron en 39 estados en 2022, mientras el proceso electoral fue amenazado por fuerzas derechistas en varios estados (lo cual llego a su máxima expresión con un intento sin precedente de golpe de Estado impulsado por el entonces presidente Trump en 2021).

Impunidad: en los 20 años desde la guerra contra Irak, oficiales y funcionarios estadounidenses permanecen impunes de violaciones documentadas incluyendo ataques indiscriminados, detención secreta, desaparición forzada y tortura, acusó Amnistía Internacional. En casa, varias organizaciones denuncian la impunidad de autoridades por represiones de manifestaciones, uso excesivo de fuerza por la policía y encarcelamiento arbitrario.

Tal vez algunos países latinoamericanos podrían enviar una misión a EEUU para evaluar y emitir un reporte sobre los DDHH en la casa del juez.

La Jornada / La Haine