Argentina: Movilización a Plaza de Mayo contra la impunidad

Textos: Martina
Fotos: Sebastian
Hace poco más de un mes, un tacho de basura voló en mil pedazos en plena Plaza de Mayo. Desde ese día, veintiocho personas llevan en su piel las huellas de la bomba. Esquirlas y quemaduras que quedarán en sus brazos y en sus piernas como marcas del terror en la memoria del cuerpo. Fue un atentado. Ninguno de los que estuvo allí lo dudó un segundo. El gobierno así lo quiso pero las evidencias y la persistencia de los organismos y agrupaciones se impusieron y tan sólo unos días después los funcionarios tuvieron que salir a admitir la verdad.

Sin embargo, la investigación en manos del juez federal Norberto Oyarbide no parece ir demasiado rápido. Y las 15 mil personas, que bajo el intenso calor marcharon ayer de Congreso a Plaza de Mayo, le exigieron que esclarezca lo ocurrido el pasado 20 de diciembre. Castigo a los responsables materiales y políticos fue el principal reclamo que, como los brazos de los 30 dirigentes en la primera línea de la columna, unió a las distintas agrupaciones.

Sombra y agua fue lo más codiciado de la tarde. Bajo las banderas, los toldos o los paraguas. En helado, para beber o hasta para darse un chapuzón en la fuente del 17 de octubre. Todo valía.

Gastón, Guillermina y Horacio caminaron juntos como el día de la bomba. Son tres de los 28 heridos que dejó el atentado. "Queremos que el Gobierno se haga cargo. Estamos esperando la ayuda que el Ministerio de Salud nos prometió", cuenta Gastón subido a la silla de ruedas que le permite participar de la marcha. Dos cajas de cefalexina es todo lo que les otorgaron los encargados de cuidar la salud del país. La pomada que necesitan los chicos para curar sus heridas cuesta 45 pesos. La mayoría, además, perdió su trabajo y ya no tiene como mantenerse.

El médico le dijo a Guillermina que la pólvora que tiene debajo de su blanca piel la tendrá para toda la vida, como un tatuaje que le recordará esa tarde para siempre. Su larga pollera blanca esconde las marcas que la bomba le dejó en sus piernas.

Natalia, en cambio, ni siquiera pudo estar presente en la marcha. La 227 del Hospital del Quemado es, desde hace una semana, su horrible habitación. Todos los días los médicos deben anesteciarla para hacerle las curaciones. Natalia está anémica. Desde que la bomba le explotó a centímetros de su cuerpo su estómago se cerró y no quiere probar bocado.

"Mosconi, Familiares"

En medio de la marcha y de las grandes banderas, una mujer camina con un cartel que la identifica: "Mosconi. Familiares". Es Clarisa, la mamá de uno de los nueve desocupados salteños que fueron detenidos luego de una manifestación contra la petrolera TecPetrol. Hace una semana su hijo fue liberado pero la jueza no le permite salir de la ciudad.

Clarisa vino a Buenos Aires con una única misión: contarle a cada persona que se cruce en su camino lo que sufrió su hijo dentro de una comisaría. No son muchos los que la escuchan. Cuando prendo el grabador también se encienden sus ojos y me abraza. Mi cinta girando era mucho más que una oreja. Clarisa sabía que esta noche sus palabras saldrían de allí.

"Le pisaron la cabeza, le golpearon las costillas, le tiraron agua mientras dormía, lo hacían caminar de rodillas y besarles los pies a los policías". Esas torturas, dignas de la dictadura, son las que tuvo que soportar Daniel Valencia, uno de los tantos militantes desocupados que vienen siendo perseguidos por el gobierno del menemista Juan Carlos Romero.

Desde hace unos días Juan Carlos está bajo la contradictoria "libertad condicional". Libre de las torturas físicas que sufrió durante dos meses en la Comisaría 42 de Tartagal, pero preso en su Mosconi, de donde no puede salir por disposición de la jueza, esposa de un petrolero de la zona. Tampoco puede reunirse con sus compañeros del movimiento y, obviamente, mucho menos participar de una marcha. No vaya a ser cuestión que confunda libertad con libertinaje.

Como la mayoría de los que viven en el norte de Salta, Juan Carlos recibe un plan de 150 pesos. "Una garrafa de gas cuesta 47 pesos. Cómo podemos vivir con esa miseria", se pregunta Clarisa sin esperar que yo conozca la fórmula mágica.

Clarisa sostiene un cartel durante toda nuestra charla. El pedazo de cartón -que con sólo dos palabras, "Mosconi. Familiares", le sirve de presentación ante quien quiera oírla- no logra esconder la bronca que se escapa por todo su cuerpo, como si la torturada hubiera sido ella. Retuerce sus manos ante cada pregunta como si quisiera decirme algo más que palabras y silencios.

"Sabés cuál es el único delito que cometió mi hijo", dice y hace una pausa de un segundo que no me alcanza para responder pero que a ella le permite tomar aire y seguir. "Salir a luchar por un trabajo", se contesta.

En la Plaza de Mayo 15 mil personas se unieron en un mismo reclamo: el desprocesamiento de todos los luchadores populares que suman más de tres mil en todo el país. Juan Carlos es uno de ellos.