Atacaron a quienes marchaban por el libre acceso a Lago Escondido

Ocho personas que eran parte de la marcha en reclamo por el libre acceso al Lago recibieron lesiones de distinta gravedad. Los agresores responden al empresario británico Joe Lewis, dueño de un fondo de inversión radicado en las Bahamas y con múltiples conexiones políticas en la provincia y en el ámbito nacional.

La actividad fue convocada por distintas organizaciones políticas bajo el nombre de Séptima Marcha Soberana a Lago Escondido. La columna quedó detenida por la reja que ha colocado Lewis, en el camino que conduce al lago y que según las leyes nacionales es de libre circulación.

Ocurrió que un grupo de 5 hombres y 3 mujeres que participaban de la movilización pudo acceder al camino por otro lugar y fue atacado por un grupo de peones de Lewis montados a caballo.

Entre los agredidas se encuentra Alejandra Bartoliche, foto-periodista de Telam, y la dirigente del MST, Celeste Fierro. También fue agredido Gastón Arispe, palamentario del Frente de Todos en el Parlasur. La policía del lugar no intervino, permitiendo que se produjera la golpiza.

Lo que ocurre en Lago Escondido excede en mucho las prácticas de la defensa de la propiedad privada, que veda el ingreso a los campos a personas no autorizadas por el dueño, o incluso de algunas prácticas oligárquicas de cerrar caminos. Tiene mucho más que ver con el control territorial que ejercen grupos narcos en tierras que dominan. Estas prácticas son ya habituales en muchas zonas de Colombia y México.

El dinero narco tiene una enorme capacidad de soborno para untar a autoridades políticas, judiciales y policiales en una zona, donde no solo las comunidades preexistentes, sino también el Estado Provincial y Nacional, pierden toda injerencia. El control territorial del capital prescinde de intermediarios políticos, judiciales o policiales y es una forma de poder popular al revés.

Quien tiene el control territorial, dicta la ley y organiza sus propias fuerzas represivas. Los que atacaron a los manifestantes son mucho más que un grupo de trabajadores que defienden la propiedad de su patrón. Aquí aparece la evidencia de la creación de guardias blancas, que sirven tanto para agredir a “los porteños” que vienen a reclamar soberanía, como para perseguir a las comunidades mapuches que reclaman la devolución de tierras ancestrales.

Lo que ocurrió ayer pone en discusión que en la Argentina han reaparecidos grupos parapoliciales. El hecho de que monten a caballo o que sus integrantes sean reclutados entre paisanos pobres del lugar, no cambia su identidad principal. Son fuerzas represivas al servicio del capital y al margen de toda legalidad, o control comunitario.

La pregunta del millón es: ¿qué esconde Lago Escondido? Algunas cosas están a la vista como que Lewis es la sexta fortuna del Reino Unido, que la estancia es parte de un corredor de propiedades inglesas que van desde Chile hasta el Atlántico, que es un lugar muy rico en recursos acuíferos y también uno de los lugares del mundo que, por su ubicación geográfica, están más protegidos de catástrofes ambientales.

También ha demostrado ser un centro de reuniones de alto nivel de quienes toman las decisiones judiciales y políticas en el país, refugio de presidentes, y un lugar estratégico para monitorear operaciones de lavado en toda la Patagonia. Por alguna o por todas esta razones, lo que se ha configurado allí es un enclave mafioso.

Lewis, Macri, Midlin.

Su dueño es socio y amigo de del expresidente Macri y controla una parte importante de Pampa Energía, donde el principal accionista es el grupo Midlin. Las vinculaciones entre Macri y Midlin son evidentes. Ese grupo le compró IECSA, la constructora insignia de los Macri, al primo-testaferro Ángelo Calcaterra. Uno de los grandes negocios de IECSA fue el paseo del Bajo en CABA, que inauguró el propio Macri.

Cerrando el círculo, Sergio Massa [actual superministro peronista] es uno de los amigos de Midlin y apuesta a Pampa Energia como una empresa clave para desarrollar el proyecto de Vaca Muerta [explotación de gas y petróleo por 'fracking'].

Lo ocurrido dará lugar a distintas presentaciones judiciales. La abogada Cristina Lembeye, asesora de la Fundación Interactiva Para Promover la Cultura del Agua (Fipca), dijo a TELAM que “Está presentada la denuncia en el Juzgado de El Bolsón contra las personas que participaron de la golpiza”.

Que una causa llegue a un poder judicial fuertemente impactado por el soborno mafioso no da ninguna garantía. La causa anterior sobre Lago Escondido que compromete a Jueces, miembros de la AFI, el grupo Clarin y funcionarios del PRO, ya emigró a Comodoro Py [sede del poder judicial en Buenos Aires, notoriamente derechista].

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