Bolivia: Breve cronología sobre el levantamiento popular de La Guerra Del Gas

En octubre de 2003 los movimientos sociales de Bolivia se levantaron en contra de la decisión de exportar gas natural boliviano a México y California a través de un puerto chileno. El epicentro del levantamiento popular fue la Ciudad de El Alto, aledaña a la ciudad de La Paz, histórico escenario de luchas sociales indígenas. El resultado fue el asesinato de 67 personas, cientos de heridos, la renuncia del presidente Sánchez de Losada y su fuga a los estados Unidos.

El cuestionado proyecto, promovido por un consorcio empresarial llamado Pacific LNG (creado por la British-Petroleum de origen británico y la española Repsol-YPF) para explotar el gas boliviano, había previsto la construcción de un gasoducto que conectara a la costa pacífica de Chile, en donde se procesaría el gas para ser enviado a México y a Estados Unidos.

Los motivos del descontento popular fueron los bajos impuestos que estas empresas trasnacionales pagaban al Estado boliviano y al conflicto histórico, existente con Chile desde la Guerra del Pacífico (1879), en que le fue arrebatada a Bolivia la única salida al mar existente.

La oposición, liderada por Evo Morales, consideró que las condiciones contractuales otorgadas a la Pacific LNG por el gobierno boliviano eran completamente inaceptables y dijeron que el reparto de ganancias del gas era perjudicial para Bolivia ya que por cada dólar que entregado al Estado boliviano por concepto de impuestos y regalías, el consorcio transnacional obtendría 24 dólares. Por otra parte, consideraban que exportar el gas implicaba continuar con la política de expropiación de los recursos naturales de Bolivia que llevaban a cabo los extranjeros desde los siglos posteriores a la conquista española.

Las protestas comenzaron a sentirse más nítidamente el 19 de septiembre en que se realizó laprimera movilización nacional para exigir la anulación del proyecto de exportación de gas a Estados Unidos vía Chile, de la cual participaron más de 500 mil personas en todo el país, exigiendo “El gas para los bolivianos”.

Al día siguiente, 20 de septiembre, los bloqueos realizados por el pueblo aymara: en Warisata e Ilabaya, región del altiplano,tuvieron como respuesta una salvaje represión por parte del ejército que dejó un saldo de cinco muertos y más de veinte heridos. Esta masacre unificó las movilizaciones. La Central Obrera Regional y la Federación de Juntas Vecinales de El Alto convocaron a un paro cívico para el 2 de octubre.

El éxito obtenido en este primer paro, hizo que los ocho distritos municipales promovieran un paro cívico movilizado con carácter indefinidopara el 8 de octubre.

Ese día, el pueblo tomó las avenidas, plazas, barrios y se paralizaron las actividades comerciales, financieras y el trasporte con la consigna de la no venta del gas.

El 9 de octubre varias comunidades en Ventilla sufrieron una violenta represión policial y militar con muertos y heridos, constituyéndose en uno de los primeros actos de masacre por parte del gobierno. El pueblo tomó las calles y avenidas de la ciudad del El Alto al grito de “No queremos ver al gringo vendepatria”.

El sábado 11 la ciudad de El Alto fue declarada “Zona Militar” por el gobierno y se convirtió en campo de batalla por la defensa del gas. Se acentuaron los bloqueos y recrudecieron los enfrentamientos, hubo muertxs y heridxs.

El domingo 12 en la ciudad militarizada del Alto sufrió la mayor masacre de su historia como ciudad, ya que la represión dejó 26 personas asesinadas y más de un centenar de heridxs, en lo que la prensa calificó como “la jornada más sangrienta en la historia de la ciudad y una de las [más] cruentas del período democrático” (La Razón, 2003).

Pese a la violenta represión el paro continuó, y las movilizaciones se hicieron más potentes. Comenzaron a escasear el combustible y los productos de primera necesidad en la Capital.

Hasta el día 13 de octubre prosiguieron los enfrentamientos, signados por una matanza indiscriminada por parte de las fuerzas de seguridad que arrojó decenas de muertxs y centenas de heridxs. Durante estos días, el pueblo levantó barricadas, cavó zanjas para evitar el ingreso de los militares y policiales motorizados, constituyendo un verdadero levantamiento popular que se enfrentó al poder establecido, al tiempo que pedía la renuncia del presidente de la república y se negaba a la exportación del gas boliviano por puertos chilenos.

Ese día, una multitud se manifestó en La Paz pidiendo la dimisión del gobierno. Sánchez de Lozada se dirigió a la nación a través de un discurso televisado en el que dijo “yo no voy renunciar” al tiempo que acusó a Evo Morales de sedición, la cual estaría financiado desde el exterior.. Esta respuesta constituyó un desafío a la demanda popular y un endurecimiento de las acciones represivas hacia el pueblo.

No obstante no pudo evitar una crisis dentro de su gabinete: El vicepresidente de la república, Carlos Mesa, manifestó sus discrepancias con las acciones de Lozada, lo cual infligió un duro golpe al poder político del presidente; el ministro de Economía renunció y el gobierno, poco a poco, se quebró...

Al día siguiente, reinaba una tensa calma en las ciudades: el pueblo enterró a sus muertos. Las emisoras de radio hacían un llamamiento para que los aymaras se unieran y no decayeran en su lucha. Los bloqueos continuaban, la ciudad de La Paz y las zonas residenciales a las que apuntaban las movilizaciones se encontraban cercadas. La decisión de los mineros, gremialistas, indígenas campesinos, los maestros, intelectuales y fundamentalmente los aymaras de El Alto era unánime: Sánchez de Lozada debe renunciar.

El jueves 16, después de nueve días de paro cívico indefinido se produjo una nueva y multitudinaria movilización de más de 250.000 personas que desbordó la Plaza de San Francisco de La Paz exigiendo la renuncia del presidente. Las huelgas de hambre se extendieron, ya se estiman en un millar los ayunantes y en treinta los piquetes de huelga en todo el país. También se produjeron ayunos en Tarija, Cochabamba y en otras ciudades.

El 17 de octubre se leyó en el parlamento la carta de renuncia de Sánchez de Lozada, en una clara demostración de que la clase política, apelaba a esta salida para no perder sus privilegios.

Carlos Mesa, el vicepresidente en ejercicio de la presidencia, anunció que habría “referéndum vinculante para la exportación del gas, atención a las mayorías marginadas, asamblea constituyente y revisión de la ley de hidrocarburos”. Sánchez de Lozada huyó a Miami.

Si bien hay sectores que decidieron dar una tregua al gobierno de Mesa, hay otros como la Central Obrera Regional de El Alto, que llamó a continuar el paro y las movilizaciones.

Por su parte, la Central Obrera Boliviana, dijo "No hay solución con los partidos políticos que consintieron y fueron cómplices de la carnicería contra el pueblo. No hay solución si persiste inalterable la política económica de enajenación de los recursos naturales, y no habrá solución con leyes que favorecen sólo a los privilegiados de siempre" al tiempo que llama a exigir el cumplimiento de las demandas populares. En un encuentro con el nuevo presidente presentaron un documento con estas exigencias:

·Anulación del Decreto Supremo 24806 que establece la renuncia del Estado a los hidrocarburos;

·Anulación de la Ley de Hidrocarburos

·Revisión en el Congreso de todos los contratos de capitalización, de riesgo compartido y arrendamiento de los yacimientos petrolíferos;

·Anulación de la Ley INRA que mercantiliza la tierra. Redistribución de la tierra;

·Respeto a la propiedad comunitaria y de origen;

·Reactivación del aparato productivo nacional, rechazando el libre comercio, como el que establece el ALCA;

·NO a la impunidad de los carniceros de octubre: juicio por genocidio en contra de la población boliviana que se alzó en defensa de los recursos naturales y de la democracia.

El gobierno neoliberal de Mesa, implicó la continuidad de las políticas entreguistas que desataron la insurgencia popular, pues hacia finales de octubre se retomó el proyecto de exportar el gas hacia Estados Unidos, el plan impuesto por el Fondo Monetario Internacional y diferentes episodios de hostilidad e incluso represión hacia campesinos sin tierra que intentaban ocupar un latifundio en la ciudad de Cochabamba.

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