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13/10/2019 :: Bolivia

Bolivia: 'Maldita tragedia’ de un candidato opositor (III)

x Jorge Petinaud
El décimo mes del año trae tristes recuerdos a la gente de El Alto, quienes hace 16 años sufrieron una represión militar que causó 67 muertos y 400 herido

El candidato a senador por el gobernante Movimiento al Socialismo Rogelio Mayta formuló otra acusación contra Carlos Mesa por sacar provecho ilícito de sus cargos públicos.

Abogado de las víctimas de la matanza ejecutada por la administración de Gonzalo Sánchez de Lozada con saldo de 67 muertos y más de 400 heridos en la ciudad de El Alto en octubre de 2003, Mayta afirma que desde el cargo de vicemandatario de ese gobierno Mesa cobró 400 mil bolivianos (más de 52 mil dólares) provenientes del lavado de dinero, el 12 de febrero de ese año.

En una reciente rueda de prensa, el abogado de profesión explicó que Mesa formó la empresa Itaca con varios socios, entre ellos Ximena Valdivia, actualmente imputada por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.

Valdivia supuestamente ordenó a funcionarios subalternos depositar altos montos de dinero, que suman más de tres millones 474 mil bolivianos y 195 mil 953 dólares durante 2002-2003, a las cuentas de Periodistas Asociados Televisión (PAT), propiedad de Mesa.

‘Ese 12 de febrero, mientras compatriotas eran asesinados en calles de La Paz -describió el abogado-, Mesa recibía la suma de 400 mil bolivianos, equivalentes a 52 mil 910 dólares, a través de un pago del lavado de dinero que se puede ver que se estaba realizando a través de Ximena Valdivia’.

Tras precisar que esa operación a través de la empresa que crearon, Itaca, era supuestamente un préstamo a PAT, Mayta aclaró que no se trata de un complot o ‘guerra sucia’ contra la candidatura a la presidencia de Mesa.

Describió que es el resultado de una pesquisa legal derivada de una investigación periodística, la cual develó que el dinero percibido por Mesa podría provenir de Sánchez de Lozada, de los denominados gastos reservados. A su juicio, Carlos Mesa debe dejar de escudarse en el viejo discurso de la guerra sucia.

Mayta recordó que la misma Valdivia fue quien denunció los supuestos delitos que habría cometido el periodista Emilio Martínez al revelar que Mesa cobró 1,2 millones de dólares para aceptar la postulación a la vicepresidencia por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), en las elecciones de 2002.

Después, a través de su sitio web estotambiensucede.net, Martínez divulgó 53 boletas con evidencias de que entre mediados de 2002 y hasta poco antes de la matanza de octubre de 2003, la cuenta bancaria de PAT, propiedad de Carlos Mesa, recibió depósitos por 831 mil 454 dólares.

‘Todo se le empezó a complicar a Valdivia -acotó el abogado-, a partir de que no supo explicar cómo así había llegado a través de sus manos a PAT y Carlos Mesa más de 800.000 dólares’.

De acuerdo con la fiscalía, Itaca S.R.L. no realizaba actividad comercial ni registraba movimiento económico, sólo contaba con una cuenta bancaria de la cual no salieron los montos. Sin embargo, se utilizó el nombre de la compañía para hacer depósitos en favor de PAT.

A partir de estos elementos, Mayta concluye que Mesa se negó en 2018 a servir como testigo en el juicio en Estados Unidos contra Sánchez de Lozada por la matanza de ‘octubre negro’, porque bajo juramento habría tenido que confesar el dinero que recibió.

Diputados de distintas bancadas, por su parte, coinciden en que la candidatura de Mesa tiene como lastre los errores de su pasado neoliberal, en alusión también a las 67 muertes y al menos 400 heridos de la masacre ocurrida en la ciudad de El Alto.

Con ese criterio coincidieron los legisladores del MAS-IPSP Lino Cárdenas y Romina Pérez, así como Víctor Gutiérrez, de la opositora Unidad Democrática.

La Matanza de El Alto ocurrió cuando la población se lanzó a las calles en defensa de los recursos naturales bolivianos e impidieron que la administración de Sánchez de Lozada-Mesa exportara gas a Estados Unidos a través de puertos chilenos.

***

En la campaña presidencial de cifras declinantes, según las estadísticas del candidato Carlos Mesa, octubre puede significar su llegada al noveno y último círculo del infierno, descrito por Dante Alighieri en su obra literaria.

Solo que si el vate pudo clasificar su periplo poético como comedia -Giovanni Bocaccio le añadió el calificativo de divina-, en el caso de Mesa parece que su carrera política avanza hacia una ‘maldita tragedia’, pues si hace un año al presentar su candidatura el pronóstico de intención de voto superaba las 39 unidades, hoy es apenas de 21,2 puntos sobre 100.

El décimo mes del año trae tristes recuerdos a los ciudadanos de El Alto, quienes hace 16 años sufrieron una represión militar que dejó 67 muertos y 400 heridos, y la oportunidad de hacer justicia quedó frustrada por la negativa de Mesa a testificar contra el exmandatario Gonzalo Sánchez de Lozada, de cuyo gobierno fue vicepresidente.

‘Él tenía que aportar a la justicia simplemente como testigo y no quiso ir, pero la respuesta es clara, él (Mesa) fue pagado por Sánchez de Lozada por más de un millón de dólares para ser candidato’, aseguró la diputada Betty Yañíquez.

Evocó la legisladora del gobernante Movimiento al Socialismo denuncias de que Mesa cobró a Sánchez de Lozada 1,2 millones de dólares por figurar en la boleta electoral como aspirante a vicepresidente, y señaló que esa mancha en su moral le impidió testimoniar ante los jueces sobre la masacre.

Calificó Yañíquez de ‘tenebrosa’ la actitud de Mesa, candidato en la actualidad de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), quien tras prometer justicia a los familiares de las víctimas del crimen se negó a prestar declaración.

El gobierno de Sánchez de Lozada protagonizó el 20 de septiembre de 2003 la denominada ‘masacre de Warisata’ bajo las órdenes del ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín (también prófugo en Estados Unidos), con saldo de seis muertos.

Al respecto, la senadora del Movimiento al Socialismo Máxima Apaza recordó que tras esos acontecimientos los movimientos sociales se movilizaron en las urbes de El Alto y La Paz contra la venta de gas por Chile hacia Estados Unidos ‘a precio de gallina muerta’, al decir de los bolivianos.

Simultáneamente, reclamaban en las calles y con barricadas la industrialización de los hidrocarburos, a lo cual el gobierno del que Mesa era vicepresidente respondió con el denominado convoy de la muerte, que se abrió paso disparando contra la población por el mismo trayecto que este 5 de octubre recorrieron los partidarios de CC en un acto proselitista.

En relación con Mesa y su negativa a declarar en un juicio contra Sánchez de Lozada en la Corte Federal de Fort Lauderdale, Estados Unidos, Apaza reiteró que no concurrió por intereses mercantiles. Insistió en que primero hay que ser humano antes que mercantilista, y defender los derechos de los hermanos.

Por su parte, el legislador por la opositora Unidad Democrática Wilson Santamaría recordó que tras la matanza, cuando ocupó la presidencia (2003-2005), el actual aspirante de CC prometió ‘ni perdón ni olvido’ respecto a la masacre denominada octubre negro. Sin embargo, deploró que ahora mantenga silencio sobre el dinero que habría recibido, y añadió que los alteños deben preguntarle dónde está la justicia prometida, asunto sobre el cual solo él puede responder.

Para añadir más ingredientes a la tragedia política de Mesa, el 5 de octubre el abogado de los familiares de las víctimas, Thomas Becker, informó que en noviembre se realizará la audiencia oral presentada en contra del fallo emitido en mayo de 2018 por el juez James Conh, favorable a Sánchez de Lozada y su exministro de Defensa Sánchez Berzaín.

‘La Corte de Apelaciones del Circuito 11 de Florida aceptó nuestra apelación -confirmó el jurista-, y tenemos una audiencia en noviembre y vamos a presentar todos los argumentos que ya expusimos en el juicio’.

Junto con ocho familias Becker logró colocar en el banquillo de los acusados al exgobernante y a Sánchez Berzaín en un juicio civil por el delito de ejecuciones extrajudiciales durante las protestas de 2003.

Como parte de ese proceso, el jurado civil de Fort Lauderdale los consideró culpables del crimen, sin embargo, la sentencia pasó al juez Conh, quien libró del castigo al exmandatario impulsor del neoliberalismo en Bolivia y a su extitular de Defensa.

MESA Y EL FEDERALISMO

Una nueva contradicción surgió en la campaña presidencial de Carlos Mesa, después que el 4 de octubre en la protesta antigubernamental bajo la denominación de cabildo, el Comité Cívico de Santa Cruz propuso la federalización de ese departamento.

De inmediato, el aspirante de CC sugirió un ‘debate abierto y sin miedo’, a lo cual respondió el ministro de Comunicación, Manuel Canelas, con un mensaje en su cuenta de Twitter.

‘Oportunismo y contradicción: Mesa dice que hay que debatir propuesta federalista sin miedo; mientras su socio Revilla rechaza esa medida por no estar en la CPE (Constitución Política del Estado)’, escribió el jefe de cartera.

Canelas recordó la contradicción de Mesa al referirse a la posibilidad de realizar un nuevo estudio técnico, si llega a la presidencia, para definir si un porcentaje del yacimiento de gas de Incahuasi pertenece a Chuquisaca, pese a que una investigación científica demostró que plenamente corresponde a Santa Cruz.

Posteriormente, ante las críticas de los cruceños, el exmandatario se retractó y dijo que no propuso un nuevo estudio.

En relación con la iniciativa de federalismo, el alcalde de La Paz, líder del partido Soberanía y Libertad y aliado de Mesa en CC, Luis Revilla, sostuvo que esta forma de gobierno no está prevista en la Constitución Política del Estado Plurinacional.

‘Llevar adelante una discusión de esa naturaleza en este momento, además electoral, me parece muy complicado’, declaró Revilla a la prensa, como si quisiera alertar a su aliado de otro mal paso en su ‘maldita tragedia’.

Prensa Latina

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