Fiscalía consuma asedio político y ordena la captura de Evo Morales

La Fiscalía del departamento boliviano de Santa Cruz, gobernado por el neofascismo, emitió este miércoles una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales (2006-2019), para que comparezca por los bloqueos que se registraron durante mayo y junio, cuando el país fue escenario de un estallido social contra las medidas neoliberales del Gobierno de Rodrigo Paz.

El mandamiento se emitió en el marco del proceso iniciado por el Comité pro Santa Cruz (organización cívica de proyección ultraconservadora) en contra de Evo Morales y otros dirigentes acusados de impulsar los cortes de ruta, organizados en el marco de la rebelión popular de casi dos meses contra el neoliberalismo para forzar la dimisión de Paz y presionar al diálogo al Ejecutivo de derecha ante su reticencia a escuchar las demandas populares y gobernar en interés de las mayorías excluidas y no de las élites tradicionales. Los bloqueos derivaron en afectaciones a la economía. Además de varios manifestantes, se reportó la muerte de personas impedidas de recibir atención oportuna.

Morales está acusado como responsable de esas movilizaciones junto a varios dirigentes sindicales que se encuentran detenidos. Son investigados por presuntos delitos de alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación publica a delinquir, y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.

También fue acusado Juan Carlos Huarachi, exsecretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), gremial que desempeñó un papel relevante en las movilizaciones.

La no criminalización de la protesta social y la no aprehensión de sus líderes estuvieron entre los reclamos principales formulados al mandatario por los representantes de los sectores populares que protagonizaron las movilizaciones.

Durante las protestas, los sectores populares exigieron mejoras económicas, solución al déficit de combustibles, rendición de cuenta y judicialización de los responsables del escándalo de la «gasolina basura» y la abrogación de la ley 1720, que promovía el latifundio.

Estas movilizaciones dieron continuidad a las de diciembre de 2025, cuando miles de bolivianos demandaron a Paz la derogación del decreto 5503, mediante el cual eliminó los subsidios a los combustibles, con la consiguiente afectación a las economías populares.

Se trata de una nueva orden de aprehensión contra Morales. Años atrás, en el departamento de Tarija se emitió otra orden en su contra por un caso de trata y tráfico que, de acuerdo con su defensa, ya prescribió. Morales ha rechazado enfáticamente cualquier acusación y sostiene que se trata de persecución política.

Evo se encuentra en el Trópico de Cochabamba, bajo el resguardo de miles de seguidores de las Seis Federaciones del Trópico. Anteriormente, en su defensa, explicó que las Federaciones del Trópico no determinaron los bloqueos de caminos, entre otras razones.

Para líderes populares de base, las órdenes de detención contra Morales y otros dirigentes populares constituyen una cortina de humo y confirman la intención del Gobierno de Paz de no reconocer su responsabilidad en la grave crisis a la que hace frente la nación andina.

Campesinos rechazan orden de aprehensión contra Evo y advierten con medidas

La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) rechazó la orden de aprehensión emitida contra el expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales.

En un comunicado público, la organización que afilia a todos los campesinos del país y otras organizaciones indígenas y de las Bartolinas e interculturales, califica la orden como una persecución política.

Dice que las medidas de presión realizadas en esa época fueron realizadas a convocatoria de la Central Obrera Boliviana (COB) y de ninguna manera por el exmandatario que se sumó a las protestas, con sus organizaciones del trópico, mucho después de las movilizaciones.

Añade que las movilizaciones y medidas de presión, como los bloqueos de las carreteras, fueron legítimas y que buscaban atención a las demandas del pueblo boliviano, frente a un gobierno que asume posiciones dictatoriales de persecución y detención de líderes y dirigentes sociales y sindicales.

Advierten también que si el gobierno continúa abusando de su poder, utilizando al Ministerio Público y a la Justicia a su antojo, con sumisos funcionarios judiciales, se asumirán nuevamente drásticas medidas de presión.