Bolivia y la sociedad de mentirosos

El escritor político y satírico irlandés Jonathan Swift (1667 - 1745) resumía el arte de la mentira política como "el arte de hacer creer al pueblo falsedades saludables con vistas a un buen fin". Pero para conferir a la mentira política la dignidad que le corresponde en el firmamento de las Artes, debía ser elevada a la categoría de sistema. Propuso, entonces, crear una "sociedad de mentirosos" dedicada exclusivamente al engaño político. Para llevar a cabo tan ambicioso proyecto debían cumplirse determinadas condiciones: hay que poder contar, ante todo, con una masa de crédulos dispuestos a repetir, difundir, diseminar por doquier las falsas noticias que otros hayan inventado (1).

Algunos protagonistas

En Bolivia existen círculos de poder y realidades que pasan casi desapercibidos en la cotidianidad. Es preciso, antes de desentrañar los aspectos centrales de este abecé de la política boliviana, comprender quiénes son algunos de sus protagonistas.

El Movimiento Nación Camba de Liberación (MNCL) desde su fundación agrupó a gente ligada al Comité Cívico de Santa Cruz y los partidos y agrupaciones políticas de la derecha. Juan Carlos Urenda Diaz, fundador del MNCL - reconocido por muchos como el ideólogo de las autonomías departamentales en Bolivia - es asesor legal y político del Comité Cívico de Santa Cruz. Urenda es además Past Presidente y actual miembro de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales (ABEC). Otros miembros de la ABEC, son: José Antonio Rivera Santiváñez, ex diputado nacional y ex magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Jorge Asbún Rojas - abogado ligado a la multinacional TRANSREDES S.A. y a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) -.

Actualmente el equipo de asesores legales del Comité Cívico de Santa Cruz está integrado - además de Urenda y Asbún - por el Past Presidente del TC, Willman Durán Ribera, y el también ex magistrado del TC y ex diputado nacional, René Baldivieso Guzmán. Este equipo de juristas, bajo el rótulo de las "autonomías departamentales" tiene el principal propósito de diseñar conjuntamente las estrategias legales para la implementación de un régimen interno que privilegie a los grupos de poder económico en la nueva Constitución boliviana. Los vínculos estrechos entre este grupo de asesores y el TC, son la principal razón que explica porqué el Comité Cívico de Santa Cruz y las fuerzas parlamentarias de la derecha que son minoritarias en el Congreso Nacional - Poder Democrático Social (PODEMOS), Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y Unidad Nacional (UN) - acuden a éste todas las veces que no logran sus resultados esperados en el órgano legislativo o el órgano constituyente.

Otro fundador del MNCL, es Carlos Dabdoub Arrien, quien fue diputado nacional, Past Presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, candidato a la vicepresidencia en las últimas elecciones generales por el partido político UN, a la cabeza del multimillonario empresario cementero, Samuel Doria Medina.

El MNCL comprende dentro de su simbología un águila - similar al águila nazi - y un mapa dividido de Bolivia en el que diferencia la autodenominada "Nación Camba" y anacrónicamente el "Alto Perú", y sostiene que "se conoce a Bolivia como un país fundamentalmente andino, encerrado en sus montañas, una especie de Tibet Sudamericano constituido mayoritariamente por las etnias aymará-queschua, atrasado y miserable, donde prevalece la cultura del conflicto, comunalista, pre-republicana, iliberal, sindicalista, conservadora, y cuyo centro burocrático (La Paz) practica un execrable centralismo colonial de Estado que explota a sus colonias internas, se apropia de nuestros excedentes económicos y nos impone la cultura del subdesarrollo, su cultura" (2).

El paulatino declive de los partidos de la derecha, la impopularidad del modelo económico implementado en la década de 1980, son razones por las que algunos antiguos protagonistas de la vida política boliviana, como Jorge Quiroga Ramírez, Jaime Paz Zamora, y otros, obtuvieron magros resultados en las últimas elecciones bolivianas, y por tal razón, no aparecen habitualmente en el reparto de la política boliviana. En estas condiciones, la derecha histórica se mimetiza hoy en el Comité Cívico de Santa Cruz, algunos prefectos departamentales y otros comités cívicos; todos los cuáles enarbolan con diferentes matices el mismo discurso político regionalista, que en algunos casos tiene ribetes discriminatorios, etnocéntricos y racistas.

En el otro rincón de este escenario - aunque no precisamente en la izquierda - se encuentra Evo Morales. Un asambleísta del Movimiento al Socialismo (MAS), al referirse al llamado entorno "blancoide mestizo" del Presidente Morales dijo que éste no se adecua a la transformación social, y enfatizó: "tenemos un inca en el poder" (sic). Sin embargo, Evo Morales Ayma, pese a haber nacido en el seno de una familia relativamente pobre, lejos de encarnar la cultura autóctona de los pueblos precolombinos, no habla el aymara ni el quechua - lenguas en las que ha demostrado falta de comprensión oral y fonética -, no radicó jamás cerca de las orillas del Lago Titicaca donde se desarrolló la cultura tiawanacota y tampoco viste a la usanza de los indígenas aymaras o quechuas. En su actividad, además de haber sido dirigente social de los cultivadores de la hoja de coca del Chapare - que son pequeños productores y propietarios de parcelas en el Trópico de Cochabamba - fue trompetista en una banda de músicos del carnaval de Oruro, que es una fiesta expresiva del sincretismo cultural realizada cada año en devoción a la Virgen del Socavón. Morales asistió desde niño a la escuela pública y cursó el ciclo de educación media en la ciudad de Oruro - una de las principales capitales de Bolivia a lo largo del siglo XX, debido a la explotación del estaño - donde aprendió a leer y escribir el castellano; no obstante en las décadas pasadas un altísimo porcentaje de la población boliviana era todavía analfabeta y muchos no tenían condiciones económicas para acceder siquiera a la educación primaria. Por último, el presidente Evo Morales es practicante asiduo del fútbol soccer, al punto que invitó a sus pares latinoamericanos a jugar con él un partido en el estadio "Patria" de la ciudad de Sucre, antes de la inauguración de la Asamblea Constituyente (3), y según se conoce, habría gestionado la transmisión abierta en Televisión Boliviana del último Mundial de Fútbol realizado en Alemania el año 2006.

En lo político, Evo Morales considera de imperiosa necesidad "hacer buenos negocios" con las multinacionales y empresarios privados, y sobre todo, garantizarles "seguridad jurídica". Aunque alaba con frecuencia a Fidel Castro y Hugo Chávez, en la práctica es defensor acérrimo de una nueva teoría social, bautizada con el nombre de "capitalismo andino - amazónico". Cercanos asesores de Morales, como David Choquehuanca y Alvaro García Linera - Canciller y Vicepresidente de la República, respectivamente - más de una vez expresaron públicamente sus diferencias respecto al socialismo.

Las leyendas negras en la política boliviana

Las leyendas negras propagadas recientemente en la política boliviana se resumen en la supuesta oposición histórica, política y cultural entre "cambas" y "collas", "oriente" y "occidente", e "indígenas originarios" y "blancoides - mestizos". La vacuidad de estos maniqueísmos es patente en las siguientes aclaraciones lingüísticas, históricas y sociales.

En primer lugar, "colla" y "camba" son bolivianismos reconocidos como tales en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que no dejan de ser clichés harto imprecisos. "CAMBA 1. m. Bol. Indio o mestizo del oriente de Bolivia. 2. m. Bol. Persona o forma de vida típica de esta región. COLLA 1. com. Bol. Persona que habita en las mesetas andinas. 2. com. Bol. Persona que ha nacido o vive en la región occidental de Bolivia" (4). Luego, un hijo de padres alemanes, nacido en Beni, bailarín en el Carnaval de Oruro y residente en la ciudad del Pagador ¿es colla o es camba?. Un hijo de padres tarijeños, nacido en La Paz, de oficio siringuero, residente en Pando, ¿es colla o es camba? Además, el Kollasuyo - que originaría el bolivianismo "colla" - no existe hace siglos. En este acostumbrado uso novelesco y medieval de la lengua, nadie, sin embargo, llama "realistas" a los ciudadanos de tez blanca, o "tiawanacotas" a quienes viven a orillas del Lago Titicaca (5). El constante flujo migratorio occidente - oriente, oriente - occidente, campo - ciudad, e inmigración de ciudadanos extranjeros, configura un mosaico de diversas identidades culturales en todo el territorio nacional, siendo así, que al ser estas sociedades pluriculturales y multiétnicas por antonomasia, no es posible homogeneizar su comportamiento social en bloques departamentales o regionales.

En segundo lugar, si bien existen comunidades indígenas y campesinas con derechos colectivos propios y una base cultural y organización política y social diferenciada en el país - que no siguen precisamente pautas centenarias; por el contrario, han adoptado en mayor o menor medida normas, costumbres y mores propios de la modernidad - un elevado porcentaje de la población boliviana se siente mestiza. Ello se acentúa gradualmente con la movilidad social propia de la migración campesina - debido a esta migración la sociedad boliviana es eminentemente urbana - la modernización de las zonas rurales, el incremento del ingreso per cápita en el campo, etc.

Pero el mestizaje y la migración son fenómenos sociales incluso anteriores a la época colonial. Los pueblos precolombinos mantuvieron sangrientas guerras contra otros colindantes, siendo paradigmáticas la invasión del Imperio Incaico - con sede en Cuzco, actual República de Perú - a los aymaras, y el sometimiento de la etnia Uru por los aymaras y luego por los incas. Manuel Gamio, primer director del Instituto Indigenista Interamericano, cuando ya llevaba más de dos décadas al frente de esta institución, escribía lo siguiente: "... hay una cuestión pendiente que es de capital importancia para el indigenismo y ha sido objeto de discusión desde hace años y en especial desde que se fundó el Instituto Indigenista Interamericano, pero que hasta la fecha no ha podido ser satisfactoriamente resuelta. Esa cuestión implica tres preguntas que parece fácil contestar, pero que no lo es en realidad: ¿Cuántos, quiénes y cómo son los habitantes de América que deben ser propiamente conceptuados como indígenas?" (6).

Tampoco se puede prescindir el hecho que muchos ciudadanos - que bien podrían ser etiquetados de "indígenas" u "originarios" - internalizaron las pautas de la burguesía occidental y en otros casos son grandes capitalistas que concentran vastos sectores de la economía boliviana. Además, frecuentemente éstos al alcanzar cierto estatus social y económico - al igual que otros grupos étnicos - discriminan a gente con rasgos hereditarios comunes, por su simple falta de instrucción o pobreza (7). Por consiguiente, el racismo, la discriminación y la xenofobia en Bolivia, son manifestaciones que no se limitan a la oposición blanco - indígena; por el contrario, se patentiza en otras relaciones: indígena - blanco, indígena - indígena, mestizo - indígena, indígena - mestizo, etc. El factor predominante y real de toda forma de discriminación es, en todo caso, la condición económica y social. Los fines detrás de las leyendas negras

Mientras algunos sectores del MAS justifican la creación de un Estado con hegemonía indígena (8) y el privilegio de ciertos habitantes "indígenas" para ocupar altas funciones de gobierno - bajo el emotivo eufemismo de la "descolonización cultural" - por encima de cualquier identidad programática o ideológica, con la finalidad de preservar el electorado obnubilado por románticas añoranzas ancestrales y, más precisamente, el liderazgo político de Morales en determinadas organizaciones de pueblos indígenas del continente americano; sectores empresariales y prefectos departamentales, a la cabeza del Comité Cívico de Santa Cruz, y afines a las fuerzas políticas PODEMOS, MNR y UN, entre otras, en base a la socialización de la novísima "Nación Camba" o "Media Luna" repulsiva del llamado "andinocentrismo", o la simple regionalización a ultranza del debate constituyente, pretenden privilegiarse mediante autogobiernos departamentales capaces de autorizar la negociación de empréstitos, la enajenación de bienes y celebración de contratos que comprometan las rentas petroleras del Estado boliviano, y definir planes migratorios para la utilización de la tierra y de los recursos naturales del país (9).

En este contexto, el Comité Cívico de Santa Cruz - organización financiada principalmente por cooperativas de servicios públicos, empresarios agroindustriales, ganaderos y multinacionales - se atribuye la calidad de sumo intérprete de la Constitución Política del Estado (CPE) y las leyes de Bolivia. Así, justifica sus acciones como expresiones de defensa del Estado de Derecho y de los ciudadanos cruceños, sin los cuales cedería el paso a formas de totalitarismo. Sin embargo, sus principales reivindicaciones y propaganda carecen de sustento legal. Por el contrario, su discurso tiene como base meras tergiversaciones lingüísticas del derecho y la jurisprudencia constitucional, y planificadas argucias legales que son instrumentadas por equipos de abogados y políticos influyentes en el sistema judicial y los mass media (10).

Esta organización - juntamente con la asociación neofascista MNCL, las fuerzas políticas de la derecha, algunos prefectos departamentales y otros comités cívicos - intenta detener cualquier reforma política, económica o social que merme los privilegios económicos de sus afiliados, entre los cuales, se encuentra con notoriedad, la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH), que comprende a las multinacionales petroleras asentadas en el país. Asimismo, existen otras asociaciones y gente ligada al Comité Cívico de Santa Cruz poseedores de inconmensurables extensiones de tierras, que en una significativa porción, fueron distribuidas a título gratuito por padrinazgos de gobiernos democráticos y de facto en décadas pasadas.

En consecuencia, el Comité Cívico de Santa Cruz, lejos de representar genuinamente los intereses de la población cruceña, o ser, como se llama a sí mismo, el "gobierno moral de los cruceños" - sus autoridades nunca fueron electas por sufragio universal - en rigor es una agrupación política que tiene el principal propósito de crear autogobiernos regionales capacitados para mantener y en otros casos ampliar los privilegios de ciertos grupos empresariales nacionales y extranjeros, tras la pérdida de legitimidad y de poder de los partidos políticos tradicionales y la avanzada de las luchas sociales desde el año 2003, que provocaron, finalmente, la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa Gisbert.

Los actuales prefectos departamentales, elegidos mediante una insólita elección para la selección de prefectos - para burlar el art. 109 de la Constitución Política del Estado (CPE) se procedió a su elección mediante sufragio universal, pero fueron designados de todas maneras por el Presidente de la República - no obstante son, según el texto constitucional, representantes del Poder Ejecutivo, con la excepción de los prefectos departamentales de Chuquisaca, Potosí y Oruro, desde su designación pretenden consolidarse como un creciente contrapoder del Presidente de la República, a partir de decisiones o declaraciones personales o conjuntas inconsultas y ajenas al ámbito de sus competencias.

Los medios de comunicación juegan un rol importantísimo en la fabricación de mentiras de estos grupos de poder. Los "neologismos" - como la novedosa "Media Luna" - y la propaganda usada en los titulares de los periódicos, canales de televisión, radiodifusoras y otros medios de prensa, tienen básicamente dos propósitos, a saber: la regionalización del debate político, incluso a partir de la propalación subliminal de infundados discursos etnocéntricos, racistas y discriminatorios; y por otro lado, conferirles a los comités cívicos y los prefectos departamentales la calidad de interlocutores válidos de la vida política boliviana, pese a que, como se dijo anteriormente, los comités cívicos no gozan de ninguna representación política legalmente constituida y los prefectos departamentales son parte del Poder Ejecutivo.

Por otra parte, la administración de Evo Morales decretó reformas de algunas normas jurídicas aprobadas con anterioridad; sin embargo, el Parlamento no cambió sustancialmente, hasta ahora, ninguna ley orgánica, ordinaria o impositiva, debido, primordialmente, a los obstáculos impuestos por la derecha en el Senado Nacional, y en otros casos, a consecuencia de la falta de una visión programática e ideológica común en la bancada parlamentaria del MAS.

Además, el equipo económico del Gobierno en sus ocho meses de gestión aceptó, entre otras cosas: 1) nuevas fuentes de financiamiento con los organismos de cooperación internacional; 2) mantener una férrea disciplina fiscal; 3) la jurisdicción de un tribunal de arbitraje internacional dependiente del Banco Mundial para el arreglo de diferencias con los inversores externos; 4) flexibilizar el decreto de "nacionalización" de los hidrocarburos en lo referente a la comercialización de crudo por parte de YPFB; 5) postergar el cobro de participaciones adicionales de la renta petrolera; 6) prorrogar el impuesto a las transacciones financieras (ITF); 7) dotar de tierras ignotas e improductivas a campesinos, quedando incólumes los latifundios; 8) reconocer los contratos y las rentas impuestas a las multinacionales mineras en anteriores gestiones; 9) acelerar la inversión extranjera en la mina San Cristóbal - la tercera mina de plata más grande del mundo -; 10) continuar con el régimen tributario minero ampliamente favorable para los empresarios del sector, que se traduce en la no modificación del Impuesto Complementario de la Minería (ICM) y el canon de arrendamiento de 1% del valor neto de la producción en las concesiones de centros mineros productivos de COMIBOL; 11) proseguir con la política de erradicación forzosa de la hoja de coca, etc.; todo lo cual sugiere que no existe un cambio fundamental en la aplicación de recetas del Fondo Monetario Internacional expresadas en el Consenso de Washington.

En el campo de la lucha contra la corrupción, el control gubernamental y la transparencia en la administración pública, tampoco existen avances significativos. La Ley de Juicio de Responsabilidades contra Altos Dignatarios de Estado aprobada en la gestión de Sánchez de Lozada no ha sido reformada, como tampoco la Ley del Sistema de Administración, Fiscalización y Control Gubernamental, siendo evidente que la carencia de legislación procesal y administrativa adecuada, en la práctica impide la tutela del Estado frente a responsabilidad penal, civil o administrativa en la que incurren los funcionarios públicos.

En relación a la discriminación, racismo y xenofobia, hasta la fecha no existe ninguna iniciativa legislativa orientada a sancionar estas conductas.

Por último, la llamada "nacionalización de los hidrocarburos", pese a sus innegables beneficios económicos para el erario público, strictu sensu es una reforma sectorial reglamentaria de la Ley de Hidrocarburos promulgada por el ex Presidente Carlos Mesa, que no expropia ninguna propiedad privada, ni mucho menos monopoliza la explotación estatal de la industria petrolera en el país. La denominada "revolución agraria", es un conjunto de normas jurídicas diseñadas por el Poder Ejecutivo, que mantienen casi inalterable la antigua ley INRA promulgada en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, y posibilita la continuación del latifundio y otros privilegios de empresarios agrícolas y ganaderos.

En los hechos, Evo Morales, los comités cívicos y las fuerzas políticas de la derecha, salvaron en el pasado muchas diferencias que parecían irreconciliables mediante pactos políticos, muchos de los cuales eran claramente inconstitucionales. Cabe citar como ejemplos de estos acuerdos: a) el referéndum nacional sobre las autonomías departamentales y la convocatoria a la Asamblea Constituyente ; b) la elección para la selección de prefectos; c) el apoyo casi unánime a la sucesión presidencial de Carlos Mesa Gisbert y Eduardo Rodríguez Veltzé; d) el acortamiento del mandato de los parlamentarios el año 2005 - que derivó en la asunción de Morales como presidente -; e) la aprobación parlamentaria de la vigente Ley de Hidrocarburos; f) la contratación con la multinacional Jindal Steel & Power para la explotación del Mutún - uno de los más importantes yacimientos de hierro y manganeso del mundo -; etc.

En términos globales, pese a que el gobierno de Evo Morales pretende matizar sin muchos riesgos algunas políticas sociales y económicas de gobiernos anteriores; a nivel mediático, los grupos de poder económico dieron pasos importantes para obtener nuevas formas corporativas de representación y de decisión política que aseguren el mantenimiento de sus privilegios. El culto a Morales, la inflación de propuestas electorales incumplidas por el Presidente de la República, sumado a la falta de un horizonte común y de nuevos líderes en la izquierda boliviana, también previene la posibilidad que se revitalice el ámbito electoral y representativo de los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas de la derecha histórica, aunque para ello utilicen nuevas siglas o denominaciones, e incluso repitan el discurso demagógico y populista de Evo Morales.

En efecto, es paradigmático el apoyo de los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y medios de comunicación de la derecha histórica al llamado "proceso de nacionalización" de Evo Morales, considerado por estos sectores como un auténtico logro del "pragmatismo político". Este respaldo de la derecha histórica a la llamada "nacionalización" de Morales no debería extrañar a nadie, toda vez que ya en la campaña electoral del año 2005, Jorge Quiroga Ramírez y Samuel Doria Medina propusieron exóticas variantes "nacionalizadoras": mientras para el primero este concepto se traducía en la nacionalización de los "beneficios" de la explotación del recurso natural; para el segundo significaba un "proceso por etapas".

Resulta claro, en todo caso, que Evo Morales, Jorge Quiroga Ramírez, y Samuel Doria Medina, tergiversaron a su manera el sentido propio de la nacionalización de la industria petrolera.

Conclusiones

Algunos sectores del MAS pretenden encumbrar a Evo Morales como el caudillo histórico de los indígenas y consolidarse en el campesinado y los clases populares, para mantener su poder político; paralelamente, los comités cívicos, los prefectos departamentales y los partidos políticos de la derecha registrados en la Corte Nacional Electoral - PODEMOS, MNR, UN, entre otros - intentan desesperadamente preservar sus ventajas económicas y espacios de control social en determinadas regiones del país y la burguesía urbana. La misión de estos grupos es - paradójicamente - común, y se resume en la máxima "dividir para reinar"; no obstante sus tesis y prácticas distan mucho de ser medianamente revolucionarias (11), mientras otras carecen de racionalidad para propulsar una eficiente política económica o social, y responden, por el contrario, a manifiestos intereses particulares.

En este clima beligerante de luchas intestinas por el poder, se merma constantemente la dimensión ética, social, programática e ideológica de la política. La repetida propalación de imposturas culturales, históricas y sociales, en un plano real significa la exteriorización de la retórica sofística, las ideas de Anacarsis y de Trasímaco de Calcedonia, y contemporáneamente de "El Príncipe" de Nicolás Maquiavelo; todo lo cual es una cortina de humo para lograr provechos personales y corporativos, y paralelamente, simplificar los problemas esenciales que afronta la sociedad boliviana.

Sin embargo, éstas son, posiblemente, simples expresiones de la mentira política de un país tercermundista, en medio de un mundo que se vale con mayor frecuencia de instrumentos más sofisticados para este cometido. Con acierto escribía Jean-Jacques Courtine de la Université Nouvelle Sorbonne-Paris III, en la introducción de L’Art du mensonge politique (El arte de la mentira política) que el siglo XX fue el de una nueva era de la mentira, la tecnológica. Conoció, asimismo, la invención de unas formas inéditas de la ilusión política, unas formas enormes, inimaginables. Mentiras producidas a gran escala, por unas burocracias ante las cuales la sociedad de mentirosos soñada por el autor del panfleto del siglo XVII se queda en una simple tribu primitiva o, mejor, una corporación medieval: no ya una cofradía de mentirosos sino un Ministerio de la Verdad enteramente dedicado, como supo vislumbrar George Orwell, a fabricar Mentira.

* Abogado, investigador de la ciencia jurídica y escritor independiente.

Notas:

1. Vid. COURTINE, Jean-Jacques, L’Art du mensonge politique, Edit. Millon Jerome, París, 1993.

2. Vid. http://www.nacioncamba.net/quienesomos.htm

3. Vid. http://www.lapatriaenlinea.com/content/view/4614/57/

4. Diccionario de la Real Academia Española, en http://www.rae.es/

5. Los usos peyorativos de las palabras "camba" y "colla " son frecuentes en espectáculos deportivos, mitines políticos e incluso en carnaval. Contemporáneamente, han surgido verbos vernáculos como "cambear" que en palabras usuales significa "buscar mujeres de escasos recursos económicos para mantener relaciones sexuales".

6. GAMIO, Manuel, Consideraciones sobre el problema indígena, Instituto Indigenista Interamericano, México, 1966, p. 175-176.

7. La literatura y el cine nacionales ejemplifican con maestría esta dicotomía social, verbigracia, la obra teatral "Me avergüenzan tus polleras" de Juan Barrera Gutiérrez; o la representación de Jhony en el filme "Chuquiago", del cineasta Antonio Eguino.

8. Cuando se le consultó al asambleísta del MAS Raúl Prada cuál es el tipo de Estado que propone el partido de Gobierno, respondió: "El MAS busca un Estado pluricultural, con hegemonía indígena". Vid. http://www.laprensa.com.bo/20060731/politica/politica04.htm

La norma constitucional vigente prescribe que Bolivia es un Estado multiétnico y pluricultural - art. 1 CPE -. Asimismo, su art. 171 establece que "se respetan y protegen en el marco de la ley, los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional, especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de origen, garantizando el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, a su identidad, valores, lenguas, costumbres e instituciones. El Estado reconoce la personalidad jurídica de las comunidades indígenas y campesinas y de las asociaciones y sindicatos campesinos. Las autoridades naturales de las comunidades indígenas y campesinas podrán ejercer funciones de administración y aplicación de normas propias como solución alternativa de conflictos, en conformidad a sus costumbres y procedimientos, siempre que no sean contrarias a esta Constitución y las leyes. La ley compatibilizará estas funciones con las atribuciones de los Poderes del Estado".

9. Cfr. Propuesta de Reforma del Texto Constitucional para Estructurar el Estado Autonómico

10. OCHOA URIOST E, Mauricio, El Comité Cívico de Santa Cruz y el Estado de Derecho, en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=38147 ó http://www.argenpress.info/nota.asp?num=034724. También puede consultarse este ensayo jurídico en lengua italiana, en http://www.selvas.org/newsBO1506.html

11. Cfr. PETRAS, James, Evo Morales y Bolivia: Gestos populistas y fondo neoliberal, en http://www.lahaine.org/index.php?blog=3&p=11799