Brasil: Bastonazos en el paraíso

Durante la semana del 30 de mayo al 4 de junio en la paradisíaca Florianópolis, volvieron los violentos tiempos de la dictadura. Los cuerpos de choque de la Policía Militar con sus amedrentadores equipamientos surrealistas salieron a golpear, gasear y balear estudiantes adolescentes, la mayoría menores, que realizaban paseatas pacíficas protestando por el aumento del boleto del transporte público. "Mandaram bater" (Mandaron dar palos) dijo un teniente de la PM a un columnista del periódico "A Notícia" antes que comenzase la represión. La orden de violencia la dio el gobernador de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira (PMDB) a pedido del prefeito de Florianópolis Dário Berger (PSDB). Las empresas privadas del transporte son uno de los mayores contribuyentes para las campañas electorales de la corrupta élite política que gobierna el estado y el municipio de la capital. Como siempre, detrás de la brutalidad represiva está la ganancia.

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El 1ero. de junio de este año, La Sociedade Brasileira de Economia Política (SEP) que congrega la mayor parte de los economistas progresistas del país, en su 10 Encuentro Nacional emitió la "Carta de Campinas" Es un documento crítico de la política neoliberal aplicada por el gobierno Lula. Entre sus enunciados denuncia el excesivo "reajuste de precios de los monopolios privados de servicios de utilidad pública" Las privatizaciones durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso entregaron a las multinacionales -entre otras cosas- los servicios de suministro de agua, electricidad, teléfonos, celulares, transporte, etc. Como es obvio, el servicio empeoró y se encareció muy por encima de la inflación, mientras las inversiones en esos sectores se redujeron. Los blecaut eléctricos en distintas ciudades son comunes, la principal telefónica del país tiene el mayor porcentaje de reclamos en los organismos que reciben denuncias, los acuíferos están amenazados por utilización irresponsable y contaminación de los agro negocios y a los monopolios de transporte público les crecieron las uñas. Se calcula que 33 millones de brasileños no pueden andar en ómnibus, porque no tienen con que pagarlo.

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En la semana anterior al comienzo de las movilizaciones en Florianópolis, el gobierno Lula se sumergía en la mayor crisis desde su asunción.

A principios del 2004 explotó la primera denuncia de corrupción centrada en el ex asesor de la Casa Civil del Presidente, Waldomiro Diniz que cobraba coimas de los "bicheros" (empresarios del juego) para la campaña electoral del PT. Era obvio que el ministro de la Casa Civil, Dirceu estaba implicado en el esquema de corrupción. El gobierno, logró impedir la formación de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI). Meses después el presidente del Banco Central, Henrique Meirelles, era investigado por evasión de impuestos y fuga de capitales y el gobierno promulgó un decreto otorgándole inmunidad ministerial para impedir la investigación. Al poco tiempo el Ministro de Previdencia, Romero Jucá (PMDB) encargado de administrar los dineros de las jubilaciones era acusado de manejos indebidos y, también el gobierno, lejos de procurar el esclarecimiento de los hechos, hacia lo posible para dificultar las indagaciones. Pero, fue hace dos semanas que los actos ilícitos de los jerarcas del gobierno estallaron con un vigor imposible de acallar.

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En la última semana de mayo, el presidente del PTB y diputado aliado al gobierno, Roberto Jefferson - ex jefe de la fuerza de choque de Collor- era implicado en trafico de influencia, negociación fraudulenta de contratos, pagos secretos por adjudicación de seguros y quien sabe cuantas operaciones dolosas más, en el Correo. El gobierno quiso primero bloquear la comisión investigadora, liberando 12 millones de reales en verbas extras para los parlamentarios que retiraran su firma del pedido de CPI. Aún así, la Comisión fue aprobada con el voto, incluso, de nueve parlamentarios petistas. Comenzó entonces, una andanada de amenazas, ofertas y chantajes dirigidos a diputados y senadores desde el ejecutivo, para que la CPI no funcionara. El propio Ministro de Fazenda, Antonio Palocci fue personalmente al Congreso a ofrecer 650 millones de reales en enmiendas parlamentarias para obtener la colaboración de los diputados en el enterramiento de la CPI. En la trama de corrupción del Correo vuelve a estar implicado el ministro Dirceu y otros altos jerarcas.

El lunes 6 de junio, Jefferson, mostrando una "punta" de lo que sabe, denunció a la Folha de S. Paulo, que el Tesorero del PT, Delúbio Soares, pagaba (¿o continúa pagando?) una mesada de 30 mil reales a los diputados aliados al gobierno, para mantener su fidelidad. Un ex jefe de gabinete de un diputado estadual del PT comentó al enterarse: "estamos frente a "Luis Ignacio Lula de la Rúa", con la diferencia que los senadores argentinos vendieron su voto y los diputados brasileños lo alquilan." En este contexto de degradación ética del gobierno y envilecimiento de las instituciones es que se desatan los enfrentamientos en la conocida como "Isla de la Magia".

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Para aquellos que creen con ingenuidad que en todos los estados de Brasil se repite el pintoresquismo de Bahía, vamos a mencionar algunas cifras para poder ubicar el escenario donde se desenvuelve la rebelión juvenil contra las tarifas del transporte.

Según los últimos datos aportados por el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el estado de Santa Catarina, con un Índice de Desarrollo Humano (IDH) Municipal de 0.822 está entre las regiones del mundo consideradas de alto desarrollo humano (IDH mayor que 0,8). Ocupa el segundo lugar en IDH de todo Brasil por debajo, sólo del Distrito Federal donde se asienta Brasilia.

En todos los subíndices que integran el IDH, Santa Catarina se encuentra entre los cinco primeros estados del país. Vale la pena comparar el índice de Educación de Santa Catarina (0,91) a nivel internacional. Está en el mismo nivel que Luxemburgo único en el mundo con índice 1 en renta per capita. En el Índice de Gini (que mide la distribución de la renta entre la población) Santa Catarina (0,56) está en el primer lugar entre todos los estados. Con un 16% de pobres entre su población, tiene la proporción de pobreza más baja del país. No olvidemos que Brasil posee la segunda peor distribución de la renta a nivel mundial, después de Sierra Leona.

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Florianópolis, la capital del estado, tiene el 97% de su superficie sobre la Isla de Santa Catarina y el 3% restante en el continente al que se une por un amplio puente. Es un centro administrativo, turístico, comercial y educativo compuesto por más de 70 barrios -la mayoría con estupendas playas oceánicas y lagunas costeras- en un territorio cuya mitad está cubierta de vegetación de la Floresta Atlántica. La isla como escenario natural, es soberbia y alienta cotidianamente a comulgar con la naturaleza. Con el mayor IDH del estado (0,875) es una ciudad que está más cerca del primer mundo que del tercero. En el Índice de PIB (basado en la renta per capita) Florianópolis está a igual nivel que Grecia y Portugal (0,87). En el retablo de sus dioses, la isla reserva un lugar privilegiado para el consumo suntuario.

Pero lo más sorprendente es el Índice de Educación: con 0,96 Florianópolis tiene el mismo indicador que Islandia que es el número 7 en el IDH-M mundial, que Irlanda que es el número 10, que Austria que es el número 14 y que Francia que es el número 16 (Brasil es el número 72 de la tabla). En educación, supera los índices de Japón, Suiza, Alemania, Italia, Israel y Grecia.

Florianópolis tiene un docente de enseñanza fundamental (primaria) cada 19 matrículas y un profesor de enseñanza media (secundaria) cada 15 matrículas.

Es que, la antiguamente llamada Isla do Desterro es hoy un foco educacional de alta cota. En el centro de esta trama hay dos universidades prestigiosas (UFSC y UDESC) que poseen campus de "primer mundo" y que ya cuentan con un prometedor cosmopolitismo.

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El alto nivel de vida de Florianópolis no justifica que tenga el transporte público más caro del país. El domingo 29 de mayo el boleto subió a R$ 3.00 (un euro equivale a R$ ) mientras en San Pablo cuesta R$ 2.00 y en Porto Alegre R$ 1.55. En menos de una década los pasajes subieron más del 210% mientras la inflación alcanzaba a 77% y el aumento de salarios a los trabajadores del transporte era de 78%. La indignación popular por el saqueo de las empresas transportistas lanzó los jóvenes a la calle para anular la nueva tarifa.

Lo que vivimos la semana pasada es el tercer capítulo -inconcluso- de un conflicto que se arrastra desde 1999. En esa fecha el estado estaba bajo el dominio de la familia Amin. Espiridão Amin (PP, derecha) era gobernador del Estado y su esposa Ángela detentaba el cargo de prefeita de Florianópolis. Violando la legislación vigente en el país, Ángela renovó sin licitación y por 20 años, la concesión del transporte colectivo a las empresas que lo monopolizan. Es público que los Amín son accionistas de -por lo menos- una de las empresas. Hubo una movilización popular opuesta a la arbitrariedad y el "esposo gobernador" ordenó la represión que llegó a gasear la cámara de representantes municipales. Un vereador del PT perdió un ojo en los enfrentamientos.

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El segundo capítulo se desarrolló durante el 2004. La prefeita Ángela preparando la campaña para su sustituto en las elecciones municipales de octubre de ese año, inauguró el Sistema Integrado de Transporte Colectivo en base al obsoleto modelo tronco-alimentador. El famoso "Sistema" basado en el paradigma antieconómico y contaminante del siglo anterior, utilizando ómnibus que consumen combustible no renovable, fue pensado en exclusividad para acrecentar las ganancias de las empresas. Desde los barrios alejados de la isla se transportan los usuarios hasta una terminal intermedia y desde allí se los conduce al centro. Regulando las llegadas y salidas de las líneas secundarias a la terminal intermedia y los horarios hacia y desde el centro, consiguen abarrotar los ómnibus llevando la mayor parte de la gente de pie, por recorridos que pueden llegar hasta 35 Km. Esta es el alma del "Sistema Integrado".

Para administrar las terminales que se hicieron con dinero público, se formó una sociedad anónima (COTISA) cuyas acciones se repartieron graciosamente entre las empresas. La venta de publicidad en las terminales y las concesiones de locales que venden refrescos y comidas al paso, ampliaron los negocios de los "dinámicos" empresarios del transporte. Dos de las terminales intermedias (una en el continente y otra en Saco dos Limões) que costaron 5 millones de reales cada una, fueron abandonadas por innecesarias, mientras otras han sido desbordadas por el movimiento de usuarios. Como siempre, los "especialistas" que pergeñaron el sistema jamás subieron a un ómnibus. Y las innumerables asociaciones de moradores de los barrios u otras organizaciones sociales nunca fueron consultadas. Los "técnicos" siguieron las directivas de los empresarios para acrecentar el rendimiento de las unidades y permitir la ampliación de los beneficios. Convencidos de que la población aguantaría cualquier atropello, aumentaron el boleto de R$ 2,60 a R$ 3,20. Este fue el detonante del segundo capítulo: una oleada de rechazo al pillaje de las empresas del transporte.

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En el 2004, el Movimiento por el Pase Libre (MPL), una inédita organización de jóvenes secundarios y universitarios, tuvo el rol protagónico en las movilizaciones. Los tradicionales organismos estudiantiles burocratizados y manipulados, como la Unión Nacional de Estudiantes (UNE) y sus filiales estaduales, ya estaban vaciados de participación juvenil. Mientras duró el conflicto, los integrantes del MPL -justificadamente suspicaces frente a los partidos de la izquierda institucional- se reunían frente a la terminal central de ómnibus de la isla, realizaban una asamblea con micrófono abierto para todo aquel que quisiera intervenir y decidían democráticamente las movilizaciones a realizar. El cierre del puente que une la isla con el continente, fue la medida de presión más efectiva que realizaron. Pedían el pase libre en los ómnibus para los estudiantes y confluyeron con la indignación popular por el aumento del boleto. Con el apoyo de padres y madres, de comerciantes y trabajadores que se trasladan desde los barrios hacia el centro, en 10 días de turbulencia popular obligaron a anular el aumento. El MPL prosiguió la movilización reclamando pase libre para los estudiantes y a finales del 2004 obtuvo la aprobación de la Cámara de Vereadores, para hacer efectiva dicha medida a partir del 2006.

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La elección municipal de octubre del 2004 derrotó al candidado de Angela. Todos los analistas coinciden en que el conflicto del transporte actuó como enterrador de las esperanzas electorales del matrimonio Amin. Dário Berger el prefeito electo, cuya administración asumió apenas hace cinco meses, es un "empresario exitoso" que gobernó durante dos períodos en un municipio (São José) de la micro región de la capital. Se enriqueció en la década de los 90 usufructuando las tercerizaciones y las privatizaciones de servicios públicos, durante el gobierno de Fernando Henrique Cardozo (FHC). Son de Bérger, la mayor empresa de seguridad de la región, una compañía de transporte de pasajeros y otra serie de empresas de servicio. No se trata de un político profesional sino de un empresario que utiliza la política al servicio del desarrollo de sus negocios. Ofreció su candidatura en remate entre los distintos partidos de la burguesía y el martillo se bajó para el PSDB de FHC. No es raro, entonces, que decidiera utilizar a la policía militar como una milicia privada de la patronal transportista. El gobernador de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira, le envió las fuerzas de choque, previendo una alianza para las elecciones presidenciales y de gobernador en el 2006. Los enfrentamientos dejaron al descubierto la esquizofrenia en que están sumergidos los gubernistas del PT y el PC do B. En la movilización, los PM golpearon al diputado estadual del PT Afranio Bopré y a la vereadora Angela Albino del PC do B, cuyos partidos integran el gobierno del estado en una alianza con el PMDB de Luiz Enrique.

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El primer día de la movilización fueron detenidos y acusados de "formación de cuadrilla" e "incitación al crimen" Marcelo Pomar, Flora Muller y André Moura Ferro, dirigentes del MPL. Procesados sin prisión, fueron liberados con una fianza de 1.500 reales cada uno, con la obligación de "no reincidir en los crímenes cometidos" Se intentó de esta forma descabezar el movimiento para desorganizarlo y reprimirlo. Prudente José Mello, representante de la Orden de Abogados (OAB-SC), que acompaña las manifestaciones afirmó: "Hay una tentativa del gobierno en tentar criminalizar el movimiento, tentar evitar que él se desenvuelva de forma democrática." y anunció que la OAB va a entrar con representaciones para "responsabilizar a las autoridades que están teniendo un comportamiento que viola los derechos humanos y la libertad de expresión".

Enfrentados a los truculentos gobernantes del estado y el municipio se encuentra una "garotada" maravillosa que día a día se reúne y manifiesta por las calles de Florianópolis para expresar su indignación ante el precio del boleto, su aversión a la "cuadrilla" de los empresarios del transporte y a la corruptela en que está sumergida la clase política.

En una reunión de la coordinación del movimiento en la sala de un sindicato, una joven que no alcanza los veinte años impide con suavidad que un dirigente sindical pro gubernista, que la dobla en edad, enturbie el debate con sus intervenciones sectarias y desmovilizadoras y logra centrar la atención en la organización de las próximas movilizaciones. En la misma reunión, un dirigente del sindicato de la Policía Militar (APRASC), reparte una declaración contra la represión y que reconoce que "los manifestantes están actuando de forma legítima". Mientras continúa el análisis de los acontecimientos y se intercambian propuestas, adolescentes entran y salen, muchos de ellos con una faja en el brazo que dice "12 años" o "13 años" para tratar de evitar que la policía los detenga o maltrate.

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En Brasil los viejos vampiros de la oligarquía volvieron a escena bajo el gobierno Lula como ministros, presidiendo las cámaras, o administrando las empresas estatales, después que 60 millones de votantes creían haberles clavado una estaca en el corazón. Al continuar el gobierno con las políticas neoliberales, era inevitable que se precipitara a corto plazo en la lógica de la corrupción y el envilecimiento del sistema político, reproduciendo la descomposición de los partidos tradicionales.

Según encuesta de Datafolha de principios de junio, el 88% de los brasileños apoya la creación de la CPI del Correo, que el gobierno intenta bloquear despilfarrando dineros públicos. El 65% de los encuestados considera que el gobierno Lula es corrupto. La mayoría de los entrevistados indicaron a los políticos y los bancos como los mayores beneficiados por Lula y a los trabajadores como el sector más perjudicado por este gobierno.

La apuesta a los agronegocios dirigidos a la exportación, para obtener un superávit primario destinado al pago de la deuda externa, también muestra sus perversas consecuencias. Las cifras de desmatamiento de la floresta amazónica -26 mil Km2 en el período 2003/2004-, aumentaron bajo el gobierno actual. La contaminación por los agro tóxicos usados en las plantaciones de soja, arroz, maíz y algodón sobre tierras públicas desmatadas, está destruyendo la red hidrográfica de la amazonia. El asesinato en Pará de la misionaria Dorothy Stang, por sicarios de los madereros es otra consecuencia de la orientación económica gubernamental.

Con esa política, es ineludible que la represión y la criminalización de los movimientos sociales irrumpan en escena.

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El lunes 6 de junio, durante la tarde, los jóvenes reunidos frente a la terminal central escuchaban con atención los distintos oradores que se sucedían en el micrófono de un equipo portátil de sonido. A unos veinte metros de la concentración, la policía militar hacía una ostentosa barrera para impedir que se dirigieran hacia el edificio de la terminal. De pronto fue anunciada la presencia de la Diputada Federal por Rio Grande do Sul, Luciana Genro, uno de los cuatro parlamentarios expulsados por el PT al negarse a votar la contra-reforma jubilatoria exigida por los organismos financieros internacionales. Además de comprometer la solidaridad a la rebelión juvenil catarinense, remarcó las responsabilidades criminales del prefeito, el gobernador y en especial del gobierno nacional, por la dictatorial represión contra un movimiento que se venía desarrollando pacíficamente. A pesar de la legítima desconfianza hacia la izquierda institucional que tienen los integrantes del movimiento por el Pase Libre, fue calurosamente recibida y ovacionada. En la manifestación que se desplazó por las calles principales, luego de la asamblea, Luciana marchó en primera fila.

El movimiento asegura que las concentraciones y marchas continuarán hasta que el boleto sea rebajado. El jueves 9 se realizará una gran concentración en la explanada frente a la Catedral.

La rebelión juvenil en Santa Catarina, es un síntoma del descontento social que se ha ido acumulando paso a paso. El desengaño ante el gobierno Lula, la repulsión frente a la corrupción en el Congreso y el Ejecutivo y el deterioro de las condiciones sociales están haciendo subir la presión de la caldera. Los políticos gubernamentales están inquietos por el peligro de que Lula no se reelija en el 2006. Luego de la destitución de once presidentes sudamericanos en medio de multitudes enardecidas contra las políticas neoliberales, harían bien en tener preocupaciones más perentorias y realistas.

Isla de Santa Catarina, 8 de junio del 2005

* Responsable de la Secretaría De Formación del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) en el estado de Santa Catarina.
Fuente: Correspondencia de Prensa