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13/03/2020 :: Europa

Cárceles italianas en llamas

x Todo por hacer
El 8 de marzo, se organizaron algunos motines en una decena prisiones del norte de Italia. Varias de ellas han sufrido incendios. Hay 6 muertos ya, 3 de ellos en Módena.

Al final de la primera temporada de la mítica serie carcelaria Oz (1997-2003), estalla un motín en la ficticia prisión de Oswald (conocida como “Oz”). Varios presos se hacen con el control de su módulo tras introducir clandestinamente una pistola y toman a varios funcionarios como rehenes, entre ellos al Jefe de Servicios, Tim McManus. En la superficie, pudiera parecer que el motivo de la protesta se debe a la eliminación de algunos derechos de los internos debido a los recortes presupuestarios, como los vis a vis íntimos o el derecho a fumar. Pero Kareem Said, uno de los inspiradores de la revuelta, no tarda en mostrarle a McManus la verdadera intención de sus actos en lo que, probablemente, es la mejor escena de la serie: “no estoy diciendo que los hombres encerrados en Oz son inocentes. Lo que digo es que no están aquí por los delitos que han cometido, sino por el color de su piel, por la falta de Educación, por el hecho de que son pobres. Verás, este motín no trata de recuperar el derecho a fumar, o los vis a vis; ni siquiera trata de mejor la vida en la cárcel. Este motín busca que la sociedad asuma su responsabilidad. Este motín versa sobre nuestro horrible sistema judicial. No necesitamos más prisiones, prisiones más grandes, prisiones mejores. Lo que necesitamos es una Justicia mejor. ¿Qué puedes ofrecerme tú al respecto? […] Tú quieres salvar este lugar, ¿verdad? Yo lo quiero derribar. Ladrillo a-hipócrita-ladrillo”.

Restricciones de derechos en cárceles italianas

A principios de marzo, el gobierno italiano de Giuseppe Conte anunció la restricción de varios derechos de los presos de sus cárceles para hacer frente al contagio generalizado del coronavirus. Esta vez no es por los recortes, sino por una epidemia médica, pero recuerda al arranque de Oz. Entre otras medidas, suspendió hasta el 22 de marzo las visitas de amigos y familiares a las que tienen derecho los presos con carácter semanal (que en muchos casos suponen su único contacto con el exterior), así como la concesión de permisos penitenciarios durante 15 días. También acordó la limitación al máximo de los movimientos de los presos en el interior de las prisiones italianas. Esto, además, en un contexto de hacinamiento penitenciario, teniendo en cuenta que Italia cuenta con una población penitenciaria de 61.230 presos, aunque sus instalaciones solo tienen capacidad de albergar a 50.950.

Poco después de anunciar este paquete de medidas, el 3 de marzo el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura italiano (el equivalente al Defensor del Pueblo) advirtió que “son preocupantes ciertas decisiones que van más allá de las indicaciones emitidas y que tienden a configurar un concepto de prevención absoluta que, superando los criterios de adecuación y proporcionalidad, acaba configurando el mundo penitenciario como separado del mundo exterior y portador de un factor intrínseco de morbosidad. […] El resultado es que se han notificado restricciones injustificadas de los derechos de las personas privadas de libertad y que parecen ser el fruto de un alarmismo que, a su vez, causa una alarma cada vez mayor que no encuentra base o justificación en cuanto a la eficacia de las medidas adoptadas”.

Cinco días después, el 8 de marzo, se organizaron algunos motines en una decena prisiones del norte de Italia. Varias de ellas han sufrido incendios. Hay seis muertos ya, tres de ellos en la cárcel de Módena. Al parecer, se trata de sobredosis después de que accedieran a la enfermería de la prisión. La cuarta y quinta víctimas mortales se han registrado en las penitenciarías de Verona y Alessandria, mientras que no se ha revelado el lugar del fallecimiento de la última persona por motivos de seguridad.

Al día siguiente, las protestas se extendieron a otros centros (hasta un total de 27), como el de San Vittore de Milán, uno de los más grandes de Italia, donde un grupo de presos consiguió subir a la azotea; o a las prisiones de Palermo y Bari. En Foggia 370 presos lograron escapar, de los cuales 70 han sido re-detenidos, pero 300 siguen libres.

Las personas presas denuncian que el virus se ha extendido entre la población reclusa y que, pese a ello, no se están realizando análisis ni aplicando los protocolos para controlar la enfermedad. Algunos, simplemente, han extendido sábanas pintadas con números de teléfono para poder ponerse en contacto con sus seres queridos.

Estas acciones son la expresión de la rabia de aquéllos a los que les han terminado de arrebatar lo poco que les quedaba, tras haber perdido hace tiempo la libertad y ya no tienen nada que perder. De quienes quieren tirar los muros de las prisiones, ladrillo a (hipócrita) ladrillo.

La función social de la prisión

Lo primero que aprendemos sobre la cárcel es que si haces algo malo, acabarás allí. Como explica Ignacio González Sánchez en “Las funciones de la cárcel” es que esta idea de la cárcel como castigo, como retribución, por un acto malo, es fundamental. Lo es, entre otras cosas, porque en ella ya se ven las primeras ambivalencias e imprecisiones en una política pública que debería de ser precisa en los objetivos que busca. Como se ha dicho, se busca que la existencia de este castigo disuada a la gente para que no delinca. Aun cuando se ha demostrado que, en gran medida, apenas tiene un efecto preventivo en la mayoría de la delincuencia –que es leve y no planificada-, se recurre a la idea de puro castigo, de venganza, de expiación. Sin más, se pasa de pedirle un objetivo racional a pedirle que satisfaga una inquietud emocional –el sentimiento de injusticia, de que eso “no puede ser”, de que el que la hace, la tiene que pagar-. Por otro lado, los políticos hacen de la cárcel un sitio opaco, sin control público ni apenas publicación de datos. Así cuesta un poco ver cómo va a dar miedo la cárcel. A tal punto llega el desconocimiento que es habitual escuchar que en la cárcel se está como en un hotel –curioso que ninguna de estas personas se vayan en verano a la cárcel, con su comida gratis y su piscina para 1000 personas dos horas al día, dos días a la semana, 3 meses al año).

Pero no todos los usos de la cárcel, y del sistema penal, son necesariamente sofisticados, ni tienen un desarrollo teórico sutil. En relación con lo expuesto hasta aquí, no es difícil ver que la cárcel, y sobre todo las condenas, también se emplean para proporcionar chivos expiatorios de ansiedades sociales. Con ello, generalmente, se pretende tranquilizar a la gente sobre cuestiones sobre las que puede no tenerse control. Si a mí me dicen que van a encerrar a aquellos que un día actúan de manera imprevisible y generan muchos y graves daños a personas, me da tranquilidad, pues ya se han tomado medidas y se está haciendo algo. La realidad es que hay ciertas cosas sobre las que no se puede hacer nada (en todo caso, algo preventivo desde fuera del sistema penal), y que muchos no estamos preparados para convivir con la incertidumbre sin que eso nos provoque ansiedad. La cárcel ayuda a reducir esa ansiedad. Además, ayuda a dar la sensación de que se está haciendo algo por solucionar un problema, se haga o no se haga nada más que encerrar a unos pocos de todos los que delinquen.

Más recientemente, sobre todo en los últimos años, y a raíz de los cambios políticos en la regulación del mercado laboral y en la forma y extensión de las políticas sociales, se ha propuesto que el castigo se está utilizando de una forma creciente para paliar problemas de legitimidad de los Estados. En concreto, se ha señalado que los Estados neoliberales están utilizando el sistema penal para dos cuestiones fundamentales: fomentar la aceptación de los trabajos precarios, inadmisibles e ilegales 40 años atrás, y, de manera más amplia, transformar un problema de seguridad social (pérdida de servicios públicos y de garantías asociadas al empleo) en uno de inseguridad criminal. Dado que el Estado ya no se presenta como garante de unas condiciones mínimas de explotación (el ejemplo más visible son las trabajadoras pobres), vuelca sus mensajes y actuaciones hacia la provisión de seguridad, redefiniendo las expectativas ciudadanas sobre la actuación estatal.

Algunas de estas funciones son muy importantes para entender la existencia y pervivencia de una institución, su funcionamiento y las demandas a atender. El hecho de que no estén contempladas por una ley no quiere decir que sean ilegales, ni que sean indeseadas, ni tampoco que sea justo que se usen así. Podría plantear cuestiones sobre la honestidad de las instituciones, que siguen prometiendo penas más duras para problemas que nada tienen que ver con eso. El Estado coge dos cuestiones inconexas –por ejemplo, brotes psicóticos y el encierro de niños; asistencia sanitaria a las personas y procesos migratorios- y las une mágicamente mediante un discurso enmarcado en medidas punitivas que pueden tener, o no, un efecto sobre el problema concreto, pero que, en todo caso, reafirman soberanamente una declaración de intenciones. Por seguir hablando de honestidad, parece también que a la mayoría de la gente le vale con la promesa, por cuanto le evita preocuparse de ciertos problemas, o relajarse con los que están preocupados. La cárcel a veces es una alfombra, y a mucha gente parece darle igual lo que pase debajo de ella, siempre que el salón luzca bonito.

La mayoría de los presos no cuestionan la existencia o la función social de las prisiones. No están de acuerdo en sufrir en sus carnes sus efectos adversos, pero no discuten el marco de las cárceles. No reivindican su abolición y aceptan las reglas que se les imponen, con el fin de salir a la mayor brevedad posible. Únicamente se rompe este contrato de paz social en casos extremos de emergencia, cuando la institución muestra su rostro más feroz y le recuerda al reo la absoluta falta de empatía que siente hacia él. Y cuando sucede esto es cuando los presos rompen el marco, se sublevan, tiran abajo las puertas y se fugan.

Reacciones a los motines y muestras de solidaridad

En Italia, un país sumido en el caos y en una cuarentena estatal, parlamentarios de Forza Italia, el antiguo partido político de Silvio Berlusconi, están apelando a que se emplee al Ejército contra los amotinados.

Pero no todo son reacciones negativas. El colectivo anticarcelario Todo puede Caer ha convocado el jueves 12 de marzo, a las 19h., una concentración frente a la Embajada italiana (calle Juan Bravo con Velázquez).

Al hilo de las medidas adoptadas por el gobierno de italia contra lxs presxs, con el único fin de afianzar su poder y su control una vez más sobre la población encarcelada, se les ha prohibido las visitas con sus familiares, siendo éste el único contacto con el exterior y en muchos casos, su motor de supervivencia”, explican en un comunicado.

Por otro lado, un grupo de Solidarixs con lxs anarquistas represaliadxs en Italia se ha sumado a la convocatoria, denunciando que “las medidas de excepción tomadas por el Estado Italiano bajo la excusa del Covid-19 son parte de los muchos acordes de la melodía del avanzar de las condiciones de control social y la capidadad represiva de los Estados en todo el mundo. En plena oleada de revueltas en distintos terriotrios -Francia, Chile, Hong Kong, Irak, Irán…- el “Estado de Excepción” se convierte en norma. Y de paso, pasamos de puntillas por la destrucción de la tierra y la explotación y nocividadades que sobre todo lo vivo lleva operando este sistema desde que surgió esa auténtica enfermedad y pandemia mundial: la autoridad”.

¿Y en las cárceles españolas?

El 6 de marzo, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias española acordó un paquete de medidas muy similares a las italianas: suspensión de visitas, comunicaciones y cualquier contacto con internos y prohibir las salidas de reclusos, así como los cursos formativos, reuniones, congresos y seminarios.

En otras palabras, al igual que en Italia, se ha acordado la restricción absoluta de derechos y libertades de las personas presas. Quizás esto se explique mejor si atendemos al contexto de nuestro sistema penitenciario, en el que contamos con una población penitenciaria de 58.369 personas (excluyendo a Catalunya, que tiene las competencias transferidas) y tan solo 285 médicos y 6 psiquiatras para todo su sistema de salud. Y es que resulta mucho más sencillo y barato restringir injustificadamente los derechos de las personas presas (pese a que, en virtud de sus sentencias condenatorias, el único derecho que han perdido temporalmente es la libertad de movimiento) que invertir en un modelo sanitario eficiente y humano.

Por ello, doce organizaciones distintas, lideradas por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, ha anunciado una campaña de denuncia de los inaceptables recortes de los derechos de las personas presas. Y es que si el Ministerio del Interior no recula y sigue la senda del Ejecutivo italiano, corre el riesgo de que la reacción de los presos se replique dentro de los muros de las cárceles españolas.

Información extraída de NaizPúblicoContramadrizEl País y The Social Science Post

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