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31/07/2015 :: Chile

Chile: 20 años para quien "agreda" a Carabineros

x Ángela Gallardo Suárez
El Gobierno "progresista" otorga impunidad para los asesinos de trabajadores, estudiantes y mapuche

El Gobierno anunció que elevará las penas de cárcel a quienes agredan a Carabineros con un máximo de 20 años, decisión que fue anunciada tras la agresión que recibió el uniformado Óscar Muñoz. ¿También recibirán 20 años de cárcel los policías asesinos de Nelson Quichillao, Manuel Gutiérrez, Rodrigo Cisternas, Matías Catrileo, Alex Lemún, entre otros tantos? ¿Los militares que asesinaron y torturaron durante Dictadura seguirán gozando de impunidad?

La ministra de justicia, Javiera Blanco, no dudó en ir a visitar al carabinero Óscar Muñoz, baleado durante la semana pasada, quien se encuentra internado en el Hospital Militar, ubicado en la comuna de La Reina. Tras la visita, la Ministra anunció que el Gobierno elevará las penas de cárcel, hasta los 20 años de presidio, para todos aquellos que agredan o lesionen a Carabineros.

El Gobierno se indignó totalmente ante el ataque al funcionario policial, tanto así que aseguraron que la medida mencionada será incorporada en la Agenda Corta Antidelincuencia, impulsando así un completo blindaje hacia la institución, tal cual lo hizo el gobierno de Sebastián Piñera cuando envió al Congreso un proyecto de ley que pretendía aumentar las penas para las personas que agredan, insulten o amenacen a carabineros. “La intención es elevar las penas hasta llegar a los 20 años de cárcel, es decir, llegar a presidio mayor en su grado máximo”, anunció Javiera Blanco.

Suena bastante indignante y contradictorio que mientras Blanco informa sobre la nueva medida de protección a Carabineros, esta misma institución asesinó- el viernes recién pasado- al trabajador minero Nelson Quichillao. ¿La respuesta del Gobierno y de la Justicia? Fue una bala que rebotó en la maquinaria conducida por el trabajador y que “fortuitamente” impactó en el minero, causándole la muerte por desangramiento. Una vez más el Gobierno y el Poder Judicial amparando a Carabineros, una vez más defendiendo a los asesinos de quienes luchan y se manifiestan por sus derechos.

¿Será que para el Gobierno la vida de un trabajador vale menos que la de un policía? Claramente, sí. Pero, no sólo la de un trabajador, sino que también la vida de estudiantes y mapuche que han sido asesinados brutalmente por Carabineros. La lista es tan larga que no se pueden mencionar a todos los asesinados por la policía en este artículo, sin embargo, es bueno recordar ante tanto cinismo por parte de la clase política, los empresarios, los medios de comunicación tradicionales, y obviamente, por parte de la mencionada institución represiva.

Que la clase política, los gobiernos de turno y Carabineros recuerden estos nombres. ¿Y los 20 años para sus asesinos?

Como se mencionaba, Nelson Quichillao, asesinado por un carabinero en El Salvador, era una trabajador minero que se encontraba protestando en el contexto del paro nacional que están llevando adelante subcontratistas y contratistas de Codelco, los que están exigiendo una nueva negociación del Acuerdo Marco. La respuesta por parte del Gobierno ha sido total complicidad con Carabineros y con la empresa en cuestión.
Hasta el momento, los mineros han recibido sólo brutal represión policial, la que terminó quitándole la vida a Quichillao. Su asesino permanece totalmente blindado.

No se debe olvidar al trabajador subcontratado y dirigente sindical, Juan Pablo Jiménez, quien murió hace dos años de manera extraña en la empresa Azeta donde trabajaba. El obrero fue impactado por un balazo a pocos metros de distancia, lo que se corroboró por medio de las pericias particulares que realizó la familia, donde quedó de manifiesto que el daño en el cráneo del trabajador era consecuencia de un tiro cercano y certero. La PDI y la Justicia, absurdamente, avalaron la tesis de la “bala loca”, proveniente de la población La Legua, a más de un kilómetro de distancia. En esa ocasión, tanto la empresa como la policía y el Gobierno de ese entonces, conspiraron para que el crimen quedase en total misterio.

A poco menos de un mes de que se cumplan cuatro años desde el asesinato de Manuel Gutiérrez, estudiante de 16 años que fue abatido por el sargento Miguel Millacura, aún no hay justicia ni castigo para su asesino. El último fallo de la Corte Marcial fue “condenar” a 461 días de presidio al carabinero que le quitó la vida a Manuel, en pleno contexto de movilizaciones convocadas por la CUT y el movimiento estudiantil en el año 2011. ¿Por qué la rebaja en la condena? Porque Millacura “disparó al aire”, argumento bastante similar al utilizado para defender al asesino de Quichillao.

La institución de Carabineros también está manchada con sangre mapuche. Rodrigo Cisternas, Matías Catrileo y Alex Lemún son sólo algunos de los jóvenes y mapuche en general, que han sido asesinados por la policía. Sus familiares y amigos todavía no encuentran justicia, sólo han recibido represión, indiferencia e intransigencia por parte de los gobiernos de turno. Nada de 20 años de cárcel para los asesinos de sus seres queridos, para el pueblo mapuche no existe justicia ni libertad bajo este sistema capitalista y opresor.

Los que “se salvaron”

La brutalidad policial también se expresa en la represión vivida en las marchas y manifestaciones sociales, pues ya es casi “natural” que Fuerzas Especiales violente y reprima a todo aquel que protesta, total, existe pleno amparo por parte de las autoridades del país. En este sentido, tampoco se debe olvidar a aquellos que “se salvaron”, ¿de qué? De ser asesinados por la policía.

Rodrigo Avilés es uno de ellos. Tras estar dos meses hospitalizado con riesgo de perder su vida, fue dado de alta hace algunos días. El estudiante fue impactado por el chorro del carro lanza aguas de Carabineros, durante la tradicional marcha del 21 de mayo en Valparaíso. Se salvó por poco. Ante esto, el Gobierno y Carabineros, desvergonzadamente, aseguraron- en primera instancia- que Avilés “se había resbalado”, sin embargo, tuvieron que admitir que el joven fue gravemente herido por el actuar de la policía, todo esto en medio de una masiva indignación de la población ante este nuevo caso de brutalidad policial.

Además, durante aquella marcha del 21 de mayo, Paulina Estay, joven estudiante, también fue ferozmente golpeada por la policía, una cobarde agresión que fue grabada y difundida por las redes sociales, causando total repudio hacia la institución de Carabineros.

A estos casos se suma que durante una marcha realizada en protesta por el asesinato de Quichillao, realizada el viernes pasado en Santiago Centro; Sebastián Carvajal, dirigente sindical y trabajador de la construcción de la línea 3 del Metro, fue golpeado por Fuerzas Especiales, por lo que tuvo que ser trasladado a la Posta Central debido a una fractura en su pierna. La policía lo golpeó con lumas y lo rodeó, dejándolo encerrado, para que sus compañeros no pudiesen sacarlo de ahí ni ayudarlo. Así actúan los “desvalidos” carabineros.

La lista de asesinados y violentados por Carabineros suma y sigue, mientras el gobierno de la Nueva Mayoría continúa fortaleciendo la impunidad policial, anunciando medidas como aumentar las condenas a 20 años o permitir el Control de Identidad Preventivo, entre otras políticas que sólo apuntan a blindar una institución manchada con sangre de luchadores sociales. ¿La policía asesina y represora cuándo pagará condenas?

La Izquierda Diario

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