Un gobierno neofascista en Chile

Analizado en perspectiva histórica, parece erróneo sostener que el gobierno de José Antonio Kast (JAK) sea refundacional: sus propósitos se articulan al proyecto histórico instaurado en el país a partir de la dictadura cívico-militar. Esto implica reconocer que la dictadura fue el «momento constitutivo», el período realmente refundacional de la historia reciente del país y que, durante los largos años de la posdictadura, ese proyecto no solo no fue sustancialmente modificado sino que se fue perfeccionando. El gobierno actual debe leerse, entonces, en un eje de continuidad histórica con respecto al proyecto dictatorial: más que fundar algo nuevo, pretende reconectar al país con aquel momento, retomando sus principios y orientaciones.

El gobierno de JAK es la expresión chilena de una oleada global que tiene nombre propio. Llamarla por ese nombre, neofascismo, es una exigencia política, puesto que de la caracterización depende la elaboración de una estrategia de confrontación. Lo que sigue intenta trazar algunas claves de ese diagnóstico: qué tienen en común estos gobiernos a escala global, por qué el de JAK pertenece a esa familia política y qué sugiere la experiencia internacional para enfrentarlo.

La oleada global

La experiencia global muestra que los gobiernos neofascistas emergen en escenarios de crisis. Por eso el concepto gramsciano de «interregno» viene cobrando tanta vigencia, como parte de aquella cita que señala que el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer y en ese claroscuro, o interregno, es que surgen los monstruos. La arremetida global de la ultraderecha arranca con la crisis económica de 2007-2008. Desde entonces, el fenómeno no se detuvo: en 2016 Trump llegó a la presidencia de EEUU; en 2018 se instalaron gobiernos de ultraderecha en Austria, Bélgica, Polonia, Finlandia e Italia, y el Frente Nacional llegó a la segunda vuelta en Francia; en 2022 ganó Meloni en Italia y en 2024 Trump volvió a la Casa Blanca. En América Latina, el impeachment contra Dilma Rousseff en 2016 le abrió el camino a Bolsonaro; en 2019 se consumó el golpe contra Evo Morales en Bolivia y Bukele llegó a la presidencia de El Salvador; en 2023 asumió Milei en Argentina. En Chile, el triunfo de JAK en 2025 se inscribe en este proceso.

Estos gobiernos llegaron al poder en escenarios de crisis de hegemonía: contextos donde las clases dominantes no lograban definir una conducción estable y emergían alternativas progresistas o de izquierda; momentos de debilitamiento de los partidos tradicionales y de ascenso de nuevas fuerzas que jalaban al conjunto de las fuerzas sociales y políticas hacia la derecha; o situaciones de desgaste de las izquierdas, con organizaciones políticas, sociales y sindicales distanciadas entre sí y con bases sociales erosionadas.

Ante este fenómeno, las izquierdas vienen debatiendo cómo conceptualizar a estos gobiernos: ¿neofascistas, posfascistas, populistas de derecha, iliberales? La relevancia del debate no es meramente teórica sino que comporta una importancia política: se trata de caracterizar al adversario. Lo que hay que evitar es perderse en neologismos o en un «fetichismo» de la novedad. Lo relevante es poder caracterizar, comprender y confrontar el fenómeno.

El concepto más certero es el de neofascismo. El fascismo, desde su emergencia en la primera mitad del siglo XX, nunca abandonó el cuerpo social: permaneció subterráneo y marginal, y en este primer cuarto del siglo XXI ha vuelto a emerger. Nicos Poulantzas, en Fascismo y dictadura, ya advertía que el fascismo no debía limitarse a un momento histórico acotado; una concepción restringida negaría la posibilidad de su generalización, como ocurre con conceptos como socialismo, democracia, dictadura o autoritarismo. Para Poulantzas, el fascismo es una posibilidad histórica, un «proceso de fascistización» con momentos de alza y repliegue. Alberto Toscano sostiene algo convergente: estamos viviendo procesos de fascistización acelerada de la política y de la vida social. Retomar el concepto de neofascismo permite establecer puentes con el fascismo del siglo XX --continuidades, novedades, reactualizaciones-- que pueden enriquecer las luchas del presente.

Antes de avanzar, conviene señalar dos errores recurrentes en el análisis de estos gobiernos. El primero es reducir el neofascismo a un listado de características ideológicas: esa lógica descriptiva no permite distinguir elementos primarios de secundarios ni explicar cómo se articulan en un proyecto coherente y con capacidad de atracción popular. El segundo es tratar a sus líderes y seguidores como «locos» o como un «rebaño» irracional. Los dirigentes neofascistas y quienes adhieren a su proyecto no son psicópatas ni ignorantes. Subestimarlos es el camino más seguro para no poder combatirlos.

El interregno y sus monstruos: el gobierno de Kast

En el caso chileno, desde 2019 hasta hoy el país atravesó una revuelta popular de gran envergadura con un horizonte destituyente: el «Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución» firmado por los partidos tradicionales, que generó un quiebre con quienes habían protagonizado esa revuelta; dos procesos constituyentes fracasados --el primero de cuño democrático y pluralista, el segundo con hegemonía neoliberal y pinochetista--, rechazados ambos en las urnas; la crisis sanitaria, económica y social del COVID-19; y el tránsito de un gobierno progresista a uno de ultraderecha. Todo esto da cuenta de una crisis de hegemonía abierta y en desarrollo.

Los gobiernos neofascistas se han caracterizado por expresar un movimiento reaccionario de masas. No representan únicamente a las burguesías nacionales. Aunque son conducidos por ellas, su base social es policlasista: incluye sectores acomodados, pequeños comerciantes, transportistas, propietarios, militares y religiosos, y llega hasta los sectores populares a través de redes sociales e iglesias evangélicas. En el caso chileno, el voto a JAK en las últimas elecciones presidenciales fue elocuente: el 69% de los votos en las mesas de los sectores más pobres fue para Kast, el 60% en los sectores medios, el 58% en los más acomodados, cerca del 70% en las comunas con mayor presencia evangélica, el 67% en las rurales y casi el 60% entre los jóvenes. Este apoyo transversal no constituye todavía un movimiento de masas consolidado pero, con la velocidad de la política actual, eso puede cambiar rápidamente.

Adicionalmente, los proyectos neofascistas tiene una orientación antiigualitaria: desmantelan políticas sociales dirigidas a los sectores históricamente excluidos y reconfiguran el Estado para favorecer la acumulación de capital. No se trata de eliminar el Estado sino de reorientarlo en beneficio de los poderosos. En Chile esto ha sido explícito. El Ministerio de Hacienda dispuso recortes del 3% en cada cartera, lo que se tradujo en el cierre de programas de educación, salud y cultura orientados a los sectores más precarizados: programas focalizados que operaban dentro de la lógica del Estado subsidiario, es decir, que ni siquiera eran ajenos al modelo neoliberal. Al mismo tiempo, el «Proyecto de Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social» rebaja el impuesto corporativo del 27% al 23%, beneficiando al gran empresariado. La rebaja tributaria se compensa con recortes sociales. El esquema no puede ser más nítido.

Los gobiernos neofascistas polarizan activamente a la burguesía y a vastos sectores de la sociedad contra los trabajadores, la izquierda y cualquier lógica de defensa de derechos sociales. En Chile, donde se hablaba de «despolitización» en los años noventa, asistimos hoy a una politización reaccionaria: el debate público y el sentido común giraron a la derecha. Y ya muestran su impacto en la valoración social de la revuelta popular, el feminismo, las organizaciones ambientalistas, los movimientos indígenas y migrantes, las demandas por pensiones dignas. Desde 2019 hasta hoy, el tablero político se derechizó. La politización reaccionaria hizo su trabajo.

Los gobiernos neofascistas reivindican el autoritarismo político sin disimulo, con discursos centrados en el orden y la seguridad, apología de la violencia y una difuminación de los límites entre el Estado de derecho y el estado de excepción. El recurso al «enemigo interno» --indígenas, migrantes, organizaciones populares, izquierda-- les despeja el terreno para implementar políticas de shock. En Chile, desde la campaña presidencial, JAK anunció un «gobierno de emergencia» para enfrentar la «profunda crisis fiscal, económica y de seguridad». Bajo esa figura se justificaron los recortes presupuestarios, los decretos de orden público y las medidas de «aceleración del crecimiento». El discurso de la emergencia fue el traje a medida para las políticas de shock.

Este autoritarismo incluye un odio funcional a la democracia. Estos gobiernos llegan al poder respetando las reglas de la democracia liberal representativa, pero la horadan desde adentro: concentran poder en el ejecutivo, colonizan el poder judicial y legislativo, manipulan el sistema electoral, restringen libertades. Paula Biglieri en su libro Fascismo y estupidez los ha caracterizado como un «laboratorio posdemocrático». El gobierno de JAK no ha hecho ningún esfuerzo por disimular su reivindicación de la dictadura de Pinochet, su defensa de figuras condenadas por violaciones a los DDHH y sus señales de indulto a carabineros y militares criminalizados durante la revuelta de 2019 o la persecución a los mapuche. Su pinochetismo es declarado. El odio a la democracia no les cabe en el cuerpo.

En fin, tenemos numerosos elementos para afirmar que el gobierno de JAK es un gobierno de cuño neofascista: emerge en un claro contexto de crisis de hegemonía, posee una base social policlasista que potencialmente puede configurar un movimiento reaccionario de masas, desarrolla una política de orientación antiigualitaria, promueve un proceso de politización reaccionaria y reivindica sin caretas el autoritarismo político.

¿Cómo enfrentar a los gobiernos neofascistas?

Algunos elementos más o menos consensuados en los debates de la izquierda internacional permiten orientar la respuesta.

La batalla cultural es clave, pero no reemplaza a la batalla material. Refiriéndose a la derrota electoral de Orbán en Hungría, el sociólogo argentino Pedro Perucca señaló que el pan puede reemplazarse por el circo, pero solo hasta cierto punto. Disputar narrativas y pelear por el sentido común es necesario, pero la batalla material es definitoria. Álvaro García Linera lo formuló con precisión: para que la izquierda latinoamericana pueda frenar el avance de la ultraderecha, necesita alternativas concretas frente a la pobreza, la precarización, el trabajo informal y la inflación. En tiempos de crisis, «la economía manda, punto». No se trata de restarle importancia a las llamadas luchas identitarias, sino de volver a poner en el centro la disputa material.

Cuando la izquierda enfrenta a la derecha neofascista con tibieza, generalmente pierde y termina abriéndole el terreno y cediéndole esferas de influencia. La derecha ya demostró su habilidad para apropiarse del malestar social y ponerlo al servicio de su proyecto. La izquierda necesita retomar sus banderas, enfocándose en la crítica a la sociedad capitalista, colonial y patriarcal, y promoviendo transformaciones estructurales. Si ese espacio queda vacío, lo ocupa el neofascismo. Ferat Koçak, parlamentario alemán de origen kurdo e integrante de Die Linke, fue enfático al respecto: la izquierda europea avanza cuando reivindica agendas radicales y un proyecto socialista; cuando las abandona, produce un vacío que termina siendo llenado por la ultraderecha.

La lucha contra la ultraderecha no puede reducirse a lo electoral. Modificar la correlación de fuerzas que beneficia al neofascismo exige activar el movimiento de masas y las organizaciones sociales y políticas. En contextos de gobierno ultraderechista, mantener la movilización en las calles no es opcional. Las lecturas catastrofistas que sobredimensionan las fuerzas del adversario y apuestan por el repliegue hasta el próximo ciclo electoral son, a todas luces, un camino equivocado. El desafío es encontrar ejes aglutinadores que articulen las luchas sociales y políticas, lo cual es especialmente difícil cuando predomina la fragmentación interna y cuando las lógicas sectarias no logran tensionarse.

Un último punto, polémico para la izquierda chilena: la evidencia internacional sugiere que robustecer el sistema de partidos puede ser una forma de achicarle espacio a la ultraderecha, que se ha acrecentado precisamente donde los partidos tradicionales se debilitaron y donde la crisis de representación se volvió aguda. Vale recordar que el neofascismo también se ha fortalecido con el debilitamiento de la derecha tradicional, a la que acusa de haberse acercado demasiado al centro y de abandonar su proyecto propio. La discusión sobre las herramientas políticas y la forma-partido debería ser un nudo temático central para el actual ciclo político.

A modo de cierre

Chile llegó a la oleada reaccionaria y neofascista. Ahora bien, el triunfo de JAK en 2025 no inaugura nada, sino que apenas es la continuidad de un ciclo que arrancó con la dictadura y que la postdictadura nunca cerró del todo. Entender ese derrotero, y nombrarlo con precisión, es un paso importante para esbozar tácticas y estrategias de lucha.

La historia reciente muestra que la tibieza política le abre caminos a los neofascistas y que el repliegue los fortalece. Frente a un gobierno que horada la democracia desde adentro, apela al estado de emergencia permanente y recluta su base social en todos los estratos, la respuesta de la izquierda debe pasar por la confrontación política sostenida, la disputa material y la reconstrucción de un proyecto que haga de la igualdad algo más que una promesa.

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