Chile: Análisis de la situación politica nacional

I. El bloque en el poder

La iniciativa la mantienen las clases dominantes, estando permeadas prácticamente todas sus acciones por la coyuntura político electoral de diciembre.

El tiempo trabaja en su favor, en la medida en que son ellas quienes siguen imponiendo los ritmos de la política nacional, avanzando rápidamente en la relegitimación social y política del sistema de dominación, que venía mostrando fuertes síntomas de desgaste coincidentes con el fin del ciclo expansivo de la economía nacional de 1986-1997.

Los dueños del poder y la riqueza logran sortear la crisis económica, cargándola sobre las espaldas del pueblo, aumentando la explotación y exclusión del conjunto de los trabajadores chilenos.

Paralelamente inician un vasto proyecto de reforma institucional en los ámbitos educacional, previsional, judicial, financiero, político, represivo-policial y militar, para adaptar el modelo de dominación a necesidades emergentes y a los cambios ocurridos en la sociedad nacional y en el patrón de acumulación capitalista, en el nivel local y mundial.

Sin embargo, en el lado de los trabajadores y los pobres del campo y la ciudad, el lado oscuro del modelo hace rato viene pasando una cuenta que se expresa en la persistencia de la cesantía, de la informalidad laboral, del trabajo precario e inseguro, de la desintegración social, la delincuencia social extendida y también, de una creciente desigualdad de ingresos entre los sectores que se benefician del modelo y aquellos que lo sufren cotidianamente. Esta situación no sólo genera descontento, sino también desafección de crecientes sectores sociales respecto a las élites gobernantes, y en este escenario, las importantes movilizaciones sociales que se han venido produciendo durante los últimos tres años han encendido las luces de alarma en las oficinas gubernamentales, empresariales, militares, académicas e incluso en la Iglesia Católica, que trató el tema durante la última asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal de Chile, realizada a mediados de abril.

Siendo este el escenario general, para las clases dominantes, la pregunta clave de la coyuntura política del 2005 es cuál de los dos conglomerados políticos mayoritarios (Concertación o Derecha) defiende mejor los intereses globales del bloque y a la vez que logra prestar "atención limitada" a los intereses de los grupos subalternos (clases medias, trabajadores, etc.) para así lograr los niveles necesarios de gobernabilidad que permitan seguir operando sin mayores contratiempos a la economía capitalista neoliberal y anulen, bloqueen o retarden lo más posible el surgimiento de liderazgos o movimientos sociales rupturistas, al estilo de otros movimientos ocurridos en América Latina.

Es por eso que la Concertación viene planteando la necesidad de reformar el régimen electoral para hacerlo más legítimo. Esto involucra dos temas, por una parte, "procesar institucionalmente" a un sector descontento con el actual funcionamiento del sistema, pero que, sin embargo, no escapa a su lógica.

Para esto, hay que reformar el régimen binominal y permitir la expresión legislativa de ese 9% del electorado de izquierda que no es de la Concertación, cuyas organizaciones se declaran antineoliberales y antiimperialistas, pero con las cuales la Concertación puede llegar a acuerdos y negociaciones frente a la derecha.

Adicionalmente, procesar en forma institucional a estos sectores descontentos fortalece la gobernabilidad del conjunto del sistema, pues los obliga a canalizar sus recursos (humanos y materiales) hacia la institucionalidad y sus reglas del juego, a la vez que traslada el enfrentamiento contra el sistema hacia el interior de sus propias organizaciones, generando fuertes contradicciones entre quienes se han incorporado a la institucionalidad y quienes permanecen en las organizaciones sociales y reivindicativas populares con una postura clasista más independiente.

Por otra parte, la relegitimación del sistema considera también atacar el problema del abstencionismo electoral. Para resolver esto se plantea la inscripción automática a los 18 años, en lo que todos están de acuerdo, y el voto voluntario, cuestión discutida ya que existe otra posición que busca hacerlo obligatorio (una suerte de legitimación forzada) Esta reforma iría en directo beneficio de la Concertación, toda vez que sus analistas plantean que se ha producido un cambio generacional que culturalmente la favorece.

Junto a esta política orientada a "derrotar el binominalismo", la Concertación hace una oferta electoral poderosamente comunicacional (Bachelet), aprobada por el empresariado, que deja a la derecha sin nada que proponer, con un candidato desgastado, una campaña que se inaugura prácticamente todas las semanas pero que no remonta y sus dos partidos divididos y enfrentados, sobre todo porque la UDI perdió su control sobre RN, que se rearticula en torno a la personalidad del empresario Sebastián Piñera.

Es por esto que la verdadera contienda electoral se juega al interior de la Concertación, entre la DC (también dividida internamente), y el bloque PS-PPD-PRSD, y no necesariamente en torno a la candidatura presidencial, que prácticamente todas las encuestas confirman tiene asegurada Michelle Bachelet, sino respecto a la negociación de las plantillas parlamentarias.

II. El campo popular

Para el pueblo consciente y organizado, y para los revolucionarios, las preguntas de la coyuntura son, en primer lugar, quién es el enemigo principal y cuáles los secundarios. En segundo lugar, cuáles son las formas de lucha más efectivas para enfrentarlos, en el entendido de que se busca acumular fuerzas a favor de los sectores populares, que permitan romper la actual correlación de fuerzas.

Creemos que reflexionar en torno a esto es importante, porque no es lo mismo el alineamiento que se produce cuando por simple inercia o interés político, seguimos haciendo la diferencia entre las fuerzas que apoyaron a la dictadura y aquellas que se le enfrentaron, que el alineamiento que debemos hacer hoy entre las fuerzas que integran el bloque hegemónico, cuyo interés es mantenerlo y perfeccionarlo, y aquellas que lo sufren y cuyo interés es -o potencialmente podría ser- cambiarlo.

En el primer caso cabe plantear la alianza instrumental de las fuerzas democráticas frente a la derecha como algo progresista en sí mismo, cuestión que después de 15 años de gobiernos de la Concertación, nosotros ponemos en duda. En el segundo caso -el alineamiento de los sectores populares frente a los dueños del poder y la riqueza- debe reconocerse que gran parte de las antiguas fuerzas antidictatoriales hoy forman, como agente político hegemónico, un sector determinante del bloque en el poder y despliegan intereses claramente contrapuestos a los de los sectores populares, por lo que una alianza con ellos, hoy día, sería en el fondo una alianza con un enemigo, para combatir a otro. El problema para los sectores populares es determinar cuál de estos dos enemigos, al final del día, es el más dañino para sus intereses.

Son los grupos económicos y las trasnacionales quienes detentan el poder económico y el poder ideológico; el poder militar permanece inalterado en manos de las FF.AA. y Policiales y el poder político de articulación del bloque y de hegemonía sobre los sectores populares lo detenta la Concertación, con la derecha subordinada.

No es la derecha política ni el pinochetismo quienes ordenan el avance de Fuerzas Especiales de Carabineros sobre los comuneros Mapuche, sobre los estibadores, sobre los pescadores artesanales, los mineros o los estudiantes secundarios y universitarios. No es la derecha política ni el pinochetismo la que promovió, en conjunto con los militares, la creación de la ANI, ni la que desarticuló a sangre y fuego los destacamentos revolucionarios a principios de los noventa; no es esa derecha la que impulsó los Tratados de Libre Comercio y amarró nuestra economía a una legalidad que impide la defensa de la soberanía económica de nuestro país. No es la derecha política quién con mayor fervor promueve la limpieza de imagen internacional y la relegitimación nacional de unas FF.AA. que no solo asumen como un costo necesario las violaciones a los DDHH, sino que preparan las condiciones para frenar si es necesario cualquier movimiento social emergente. No es esa derecha la que vendió los puertos y los caminos, la que privatizó el agua, la que impulsa leyes de pesca que sólo benefician a los industriales. No es la derecha de Lavín la que autoriza el funcionamiento de Ralco o de Celulosa Arauco, la que hace la vista gorda para que las mineras dejen sin agua a los aimarás y coyas en el norte, para que las constructoras estafen y lucren con los sueños de los más pobres. No es la derecha política la que legitimó los asesinatos de Daniel Menco o Alex Lemún, ni la que sugirió a la Corte Suprema el cierre de los procesos por DDHH en un plazo que vence en junio, o la reserva de identidad de los torturadores durante los próximos 50 años.

La derecha aplaude todas estas iniciativas, pero quien las impulsa es la Concertación, y no porque la obliguen. La situación es tal, que se ha llegado a decir que para impulsar políticas económicas de derecha, que beneficien al empresariado, sólo se puede ser de la Concertación, pues es una garantía de que así no se generará una reacción popular de rechazo (por ejemplo cuando se privatizó el agua o los puertos); del mismo modo, se plantea que sólo

la derecha sería capaz de impulsar una política redistributiva "de izquierda", ya que esa derecha extrema, neoliberal y Opus Dei, no generaría rechazo de las cúpulas empresariales. Es por esto que, en su desesperación por ser una alternativa de gobierno, Lavín se ha puesto "izquierdista", criticando la desigual distribución del ingreso, la concentración monopólica de la propiedad en unos pocos grupos empresariales, y promoviendo subir los impuestos que pagan los grandes empresarios.

Nosotros consideramos que hay que luchar contra el bloque en el poder.

Que nuestro enemigo es el bloque en su conjunto, y que si bien hay que aprovechar las contradicciones internas que presente, no podemos olvidar que en su mayoría los sectores sociales, políticos económicos y militares que lo componen son nuestros enemigos. Dentro del bloque distinguimos al agente político hegemónico, que es quién controla el aparato estatal y extiende sus redes hasta los sectores donde nosotros estamos. Ese es nuestro enemigo principal, en este momento.

Consideramos que la ampliación del sistema hacia la izquierda es una estrategia política destinada a neutralizar el potencial desestabilizador de esa izquierda y, a la vez, reforzar la legitimidad del sistema en su conjunto, canalizando las formas de expresión del pueblo rebelde hacia formas de lucha

periódicas, insertas en la legalidad dominante, acotadas a las campañas, donde la representación minoritaria de una izquierda vocinglera no genera efectos en la conducción político económica del país.

No nos extraña que sectores de la izquierda sepan esto e igual conduzcan a su propia gente en este sentido, a pesar de sus discursos y publicaciones. Es la tradición de un tipo de izquierda. Incluso las grandes manifestaciones no dejan de ser un mero "téngase presente" para las clases dominantes, un acto testimonial, si no forman parte de un proyecto más amplio.

Creemos que para el desarrollo de una política revolucionaria hay que privilegiar aquellos procesos que aumenten la fuerza, la organización y la conciencia del pueblo.

Creemos que hay que multiplicar la organización del pueblo en función de sus intereses, porque son antagónicos con los del gran capital. Creemos que hay que impulsar con fuerza las formas de lucha y de organización asociadas a la acción directa, que hay que superar la legalidad de los ricos.

Cuando los estudiantes universitarios o los profesores se movilizan en defensa de la educación pública, están combatiendo a una expresión de la política de las clases dominantes. Es un frente de lucha, al igual que el de los pescadores artesanales, los subcontratistas industriales o los deudores habitacionales, por sólo nombrar algunos. Sus demandas son reivindicativas, económicas. Es cierto. Son demandas "reformistas", sin embargo, enfrentan una ofensiva sectorial de las clases dominantes, y eso las hace también luchas políticas.

En todo caso, nuestro enemigo son las clases dominantes, no el Juntos Podemos. Frente a Bachelet y Lavín nuestro deber es aclararle a la Señora Juanita cuál es el enemigo principal, cuáles son los intereses que representa y defiende. A los compañeros debemos hacerles ver nuestra posición, pero sin olvidar que nuestro terreno no son las elecciones -ese es terreno del enemigo y ahí impone sus reglas-. No. Nuestro terreno son nuestras poblaciones, las empresas, los campos, los centros de estudio. Nuestro objetivo no es transformarnos en representantes y medir la adhesión a nuestras políticas en votos (sean estos válidos, nulos o blancos), sino hacer parte del conjunto del pueblo en el proceso de su organización, movilización y lucha, y son las movilizaciones, las marchas, tomas, huelgas, los indicadores de la construcción efectiva de una plataforma de lucha popular, de la construcción de un movimiento político social y una alianza de izquierda revolucionaria.

El Rebelde nº 270 mayo/junio 2005
Organo oficial del Movimiento de Izquierda Revolucionaria