Chivos expiatorios y demonios: el escenario previo al G20

Los recientes atentados con explosivos en el mausoleo del jefe policial Ramón Falcón y en el domicilio del juez Claudio Bonadío dispararon una serie de allanamientos, detenciones y protocolos de “seguridad” con rasgos de espectacularidad televisiva, enfocados especialmente sobre el activismo anarquista y antifascista, pero que evidencian una voluntad política del gobierno nacional de crear un clima de alarma y vigilancia extrema -en el escenario previo a la Cumbre del G20-, sobre la población en general y el conjunto de las organizaciones del campo popular en particular.

Desde hace tiempo, la militancia ácrata viene siendo objeto de acusaciones de diverso tipo en el discurso del gobierno, reproducido por los medios hegemónicos, haciendo aparecer manifestaciones aisladas como parte de una estrategia desestabilizadora, o calificando vínculos solidarios como “complicidades delictivas”. Un momento cúlmine de esta política de criminalización fue la difusión del llamado “Informe RAM” en diciembre de 2017, en el marco de las repercusiones por el caso de Santiago Maldonado. En dicho documento, entre otras teorías conspirativas, el Ministerio de Seguridad señala conexiones entre mapuches, anarquistas e incluso miembros de la resistencia del Kurdistán, en lo que es a las claras un intento de configurar un “enemigo interno” para justificar su persecución.

Cabe señalar que en esta estigmatización colabora también un cierto consenso del “sentido común” incluso entre la militancia popular y de izquierda, sobre la supuesta infiltración de estos grupos anarquistas por elementos de los servicios de inteligencia, cosa que (más allá de su posibilidad o no) no solo colabora con su aislamiento sino que abona una suerte de teoría demonizadora sobre el ejercicio de la violencia, análoga al “por algo será” que habilitó el avance represivo durante los años ´70.

Lo cierto es que, a estas horas, el saldo de los atentados es la detención de 14 personas, tres de ellas en los mismos escenarios en que se produjeron, diez en el allanamiento a un departamento en la calle Pavón, y uno más apresado posteriormente; que la única víctima herida por estos hechos fue una de las implicadas, quien continúa internada con graves heridas y pronóstico reservado; y que en los otros dos allanamientos, a una biblioteca anarquista del barrio de Constitución y un club social y deportivo de Villa Crespo, si bien no hubo detenciones, las fuerzas de seguridad se tomaron horas en registrar minuciosamente las instalaciones, generando situaciones de preocupación e indignación en socixs y vecinxs.

A esto podríamos sumar la detención de dos jóvenes de la comunidad musulmana acusados de vínculos con el Hezbollah, y eventos como el hallazgo de una bolsa olvidada en un baño del Aeroparque (que contenía sábanas y cuya dueña apareció) que desplegó un desmedido operativo de emergencia, como partes de una puesta en escena de “demonios”, excusas y chivos expiatorios que alimentan los fantasmas de “enemigos internos con vínculos con el terrorismo internacional” que el gobierno necesita para activar medidas de hiper control sobre la ciudadanía. Para moño del paquete, las declaraciones de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich instando a la población a retirarse de la ciudad de Buenos Aires durante la celebración del G20, aportan un grado de alarma nunca antes vivido en circunstancias similares en nuestro país.

La Gremial de Abogados y Abogadas, que lleva adelante la defensa de lxs detenidxs, denunció al momento de tomar la causa que el personal del juzgado a cargo “con espantosa sinceridad” admitió que ni ellos sabían adonde habían sido trasladadxs, ni siquiera qué había ocurrido con una niña cuya madre había sido apresada en el allanamiento de la calle Pavón. Con el correr de las horas se pudo saber en qué dependencias se encontraban lxs detenidxs y que la niña estaba en manos de familiares, pero los abogados continuaban sin poder tomar contacto con ellxs. Finalmente el juzgado resolvió llamarlxs a indagatoria este sábado 17 por la mañana.

“Hay secreto de sumario, como defensa no tenemos acceso a nada, no podemos hablar con nuestros defendidos, incluso pasado el plazo que estipula la ley para la incomunicación”, manifestó Eduardo Soares, referente de la Gremial de Abogados y Abogadas, en diálogo con Resumen Latinoamericano. “Es el Ministerio de Seguridad el que está dirigiendo las actuaciones, es decir, el Poder Ejecutivo. El Poder Judicial se lava las manos”, afirmó.

Le preguntamos si estaba actuando la brigada Antiterrorista, o si se les iba a aplicar la Ley Antiterrorista, a lo que Soares respondió: “No sabemos qué fuerza interviene, no nos dicen nada, ingresan a allanar encapuchados, sin identificarse. No sabemos si van a aplicar la Ley Antiterrorista, ni siquiera sabemos de qué los van a imputar a los detenidos en el allanamiento”.

“Como en otros casos, lo que vemos acá es que el que eleva el nivel de violencia es el gobierno- afirmó Soares- lo vemos en las causas contra los mapuches también. Lo que se podía haber resuelto en el fuero civil, lo criminalizaron y terminaron con dos muertos. Y acá sucede lo mismo. Ahora el gobierno eleva el nivel de violencia, sin ningún elemento, con un conocimiento del expediente judicial que las partes no tenemos”, explicó.

A una semana de la llegada de los representantes del G20, parece quedar claro que el escenario que necesita el gobierno nacional es el de la “necesidad” de una avanzada en el nivel de legitimización del control social, cuyas repercusiones y derivaciones van mucho más allá de este evento. Lo cual sin dudas interpela no solamente a las organizaciones anarquistas, objetivo prioritario de la persecución oficial actual, sino al conjunto de las organizaciones del campo popular.

Resumen Latinoamericano