Colombia: Trilogia perversa paramilitarizó el país

Dos hechos que salieron a flote la semana anterior en los entretelones de la confrontación preelectoral, refrescaron verdades que conoce todo el país.

El uno son los nexos de la clase en el poder con los carteles de la droga y sus crímenes. La detención de Alberto Santofimio Botero acusado del magnicidio de Luís Carlos Galán, los puso en evidencia con este bombazo que no se esperaba y tiene temblando a más de uno ante la eventualidad que hable y los comprometa, diez y seis años después del crimen.

El otro "sacó de ropas" al presidente Uribe Vélez, cuando sus contradictores le recordaron que está oxigenando el narcoparamilitarismo sentado en Santa Fe de Ralito y que su gobierno ha facilitado la paramilitarización del país.

A estas dos verdades que encierran aspectos fundamentales del fondo del conflicto interno colombiano, le dieron prensa los primeros días y en los siguientes le bajaron el tono, como siempre sucede cuando se hacen este tipo de denuncias que terminan acalladas por el ruido de las motosierras, sencillamente olvidadas en algún cajón, desviadas para que se pierdan en el vacío o se penaliza a los que no son y nada deben.

Las denuncias quedan como un recurso electoral para ganar y quitar votos. Cesar Gaviria, Horacio Serpa y Peñalosa, entre otros contrincantes, no querrán ir más allá porque no están interesados en profundizar para que se desenrede el ovillo de la impunidad. Cuando fueron gobierno y pudieron investigar el cúmulo de crímenes y ponerle coto al narcoparamilitarismo tampoco lo hicieron.

Pero independientemente del motivo electoral que refrescaron aquellas verdades, es positivo que se reabra la investigación del crimen de Luís Carlos Galán, como también las de los crímenes de Jorge Eliécer Gaitán, Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro, Álvaro Gómez Hurtado, el General Landazábal Reyes, Héctor Useche, Aury Sara Marrugo, Manuel Gustavo Chacón, Jaime Garzón, entre otros muchos magnicidios que están enterrados bajo el manto de la impunidad.

Es necesario que se investigue y se agarre el hilo real que lleva hasta el centro "fascistoide" donde se tejen los magnicidios, genocidios y asesinatos selectivos y se conozcan los intereses reales que hay tras de ellos.

Que se esclarezca el genocidio de más de cuatro mil militantes de la Unión Patriótica y de otras organizaciones de la izquierda, el asesinato de cerca de tres mil sindicalistas y de cuatrocientos maestros en los últimos diez años, los cientos de masacres y miles de crímenes selectivos de líderes de la oposición política y social, de defensores de derechos humanos, campesinos, indígenas, afro descendientes, mujeres, académicos, periodistas, líderes estudiantiles y religiosos.

Que se saque a la luz la macabra maquinaria del terrorismo de Estado y su modalidad de guerra sucia, para que se conozca y no se vuelva a repetir en el país la tenebrosa noche de muertes y dolor que hoy vivimos. Que no se olvide y quede en la memoria colectiva del pueblo, para que éste no permita que se repita nunca más y los barones del crimen, dueños del poder, de la riqueza y la vida, no puedan volver a posar de "beneméritos hombres de bien".

Las denuncias y exigencias hay que mantenerlas, darles fuerza hasta esclarecer y parar la carnicería humana. Los muertos, desaparecidos, encarcelados y desplazados los ha puesto y los sigue poniendo el pueblo. Las balas y motosierras asesinas las ponen los gremios económicos, políticos y militares amancebados con el narcotráfico.

Hay que persistir en sacar a la luz la verdad del conflicto interno, las causas y los intereses agazapados que se camuflan tras falsas imputaciones para desnaturalizarlo.

Que se conozca que detrás de los crímenes de los sindicalistas de Coca Cola, de la industria del petróleo, de los alimentos, de la salud y la educación y de sectores de la industria y el comercio, están los dineros narcoparamilitares inyectados al aparato productivo del país que no admiten la existencia de sindicatos.

Que detrás de la muerte de los tenderos de Barranquilla y Bucaramanga está la mano asesina de Santa Fe de Ralito por apoderarse de la red de tiendas, que tras las muertes, atentados y amenazas a los trabajadores de la Refinería de Cartagena están los dineros mafiosos esperando que el presidente Uribe se la entregue privatizada, otra más que cae en sus manos pues ya tienen la refinería de Puerto Boyacá.

Es el mismo método con que se apoderaron de cinco millones de hectáreas, de los nueve millones cultivables que tiene el país, adquiridas al precio de cientos de masacres, miles de campesinos asesinados y tres millones y medio de desplazados. Al presidente Uribe le tocó su tajada en el departamento de Córdoba, donde tiene once mil (11.000) hectáreas colindantes con las de los jefes narcoparamilitares Carlos Castaño y Salvador Mancuso.

La lucha por recuperar la verdad hay que continuarla con firmeza para que se esclarezcan los crímenes y barbaridades hechas y que se siguen cometiendo. Para que se sepan los verdaderos motivos que se esconden tras el pretexto de la lucha contra la guerrilla, la defensa de la democracia y del Estado de derecho que solo existe en el papel. Para que el país conozca la recomposición política y económica que sufrió el país a partir de la década del cuarenta del siglo pasado, última etapa de esta guerra en que estamos, impuesta por la oligarquía confabulada con el imperialismo.

Conocer la verdad, hacer justicia y resarcir los daños es el único camino para construir la paz estable y duradera con justicia social.

Todo lo contrario de lo que es la ley de "justicia y paz" cocinada por el gobierno de Uribe Vélez con los narcoparamilitares en Santa Fe de Ralito y que se está condimentando en el Congreso de mayoría paramilitar. Esta ley que supuestamente servirá para acordar la paz con el socio del Estado, que hace la guerra sucia contra el pueblo, está diseñada para obstruir la verdad, la justicia y no resarcir los daños sociales causados.

Está concebida para perdonar los delitos atroces y sanear los capitales acumulados a la sombra de la guerra sucia y del terrorismo del Estado, para "legitimar" el poder político impuesto a comunidades indefensas a fuerza de fusiles y motosierras, para consolidar el control en el Congreso, administraciones regionales y locales, universidades, el sistema de salud, parte del sistema financiero, del comercio, el campo y algunas industrias.

Es decir, la ley para acabar de paramilitarizar el país y afianzar la narco-república, establecida por la trilogía perversa de empresarios, políticos y militares amamantados con los dineros del narcotráfico y apoyados por los gobiernos de los Estados Unidos.

El horizonte que se vislumbra para Colombia es más oscuro que el actual y las posibilidades de solución política al conflicto interno, social y armado no se ven. Lo que se anuncia tras el proyecto uribista, contando con sus principales electores de Santa Fe de Ralito, es más de lo mismo, de lo que saben hacer los narcoparamilitares.

El reto para los revolucionarios, demócratas y sectores progresistas es trascendental: liberar el país de la paramilitarización y refundar la República que tenga como fundamento la soberanía del pueblo. Tenemos mucho por hacer confiando en el pueblo, siendo fieles a sus intereses y aprendiendo a ser con otros. Unidos somos capaces, es así.