Colombia: Uribe y el 'House of Cards' electoral

La política colombiana tiene una particularidad que se repite con insistencia en casi cada ciclo electoral: los nombres cambian, las campañas se renuevan, los discursos se modernizan y la estética pública intenta transmitir la idea de una renovación constante del sistema político. Sin embargo, cuando se observa con atención la estructura profunda del poder, lo que aparece no es ruptura sino continuidad. Las élites cambian de rostro, pero los núcleos históricos del poder económico, mediático y político conservan una notable capacidad de adaptación, reorganización y permanencia.

En Colombia, pocas figuras expresan esa continuidad con tanta claridad como Álvaro Uribe Vélez.

Su influencia no puede entenderse únicamente desde su paso por la Presidencia entre 2002 y 2010, sino como la consolidación de un proyecto político que reorganizó de manera estructural el campo de la derecha colombiana y, con ello, una parte significativa del sentido común del Estado. Uribe no solo gobernó: consolidó una matriz de poder basada en tres pilares fundamentales --seguridad como doctrina central, autoridad como principio rector y tratamiento del conflicto social desde una lógica punitiva-- que reconfiguró la relación entre Estado, ciudadanía y conflicto.

Su capacidad de articulación tiene una expresión electoral contundente. En 2002 obtuvo la presidencia con 5.862.655 votos (53,05 %), rompiendo el esquema bipartidista tradicional. En 2006 fue reelegido con 7.397.835 votos (62,35 %), consolidando uno de los mandatos más fuertes de las últimas décadas. Pero su verdadero impacto no se limita a esos resultados: tras dejar la presidencia, el proyecto político que lideró continuó operando como eje organizador de la derecha colombiana. En 2014 el ultraderechista Centro Democrático irrumpió como fuerza parlamentaria; en 2018 Iván Duque llegó a la presidencia como expresión directa de ese bloque; y en 2026 su influencia sigue presente como matriz de articulación de candidaturas, discursos y estrategias.

Ese es el rasgo central del uribismo como fenómeno político: su capacidad de mantener el núcleo estratégico del poder mientras diversifica sus formas de representación.

Cuando el contexto exige institucionalidad, emergen figuras técnicas o moderadas. Cuando se requiere polarización, aparecen discursos más duros. Cuando se necesita ampliación electoral, se incorporan perfiles de centroderecha. Pero la dirección estructural del proyecto --defensa del modelo económico vigente, securitización del conflicto social y resistencia a transformaciones redistributivas-- permanece intacta.

En ese marco se inscribe la actual contienda presidencial.

Por un lado, aparece la candidatura de Paloma Valencia, que representa una derecha institucional, programática y de orden. Su discurso se estructura en torno a la seguridad, la autoridad estatal, el fortalecimiento de la Fuerza Pública y la crítica a la política de "paz total", interpretada como debilitamiento del Estado frente a actores armados (que no incluyen al paramilitarismo). En su cierre de campaña en Bogotá --con cerca de 12.000 asistentes según reportes de prensa-- insistió en la necesidad de "unidad de la derecha" y en la construcción de una mayoría capaz de recomponer el rumbo del país frente al proyecto progresista.

Sin embargo, esta candidatura no es simplemente continuidad del uribismo clásico: es su reconfiguración estratégica.

La inclusión de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial constituye una operación política de ampliación hacia sectores urbanos, tecnocráticos y de centroderecha. Oviedo encarna un lenguaje distinto: gestión basada en datos, perfil técnico, comunicación moderada y una estética de eficiencia institucional. Su incorporación no contradice el proyecto político de fondo; lo expande. Es una estrategia de recomposición hegemónica: conservar el núcleo ideológico de la derecha mientras se amplía su base social hacia sectores que rechazan la confrontación abierta, pero no necesariamente el modelo económico dominante.

En paralelo se ubica la candidatura de Abelardo De La Espriella.

Aquí la forma cambia de manera radical, pero no el campo estructural en el que se inscribe. Su discurso ultraderechista abandona los márgenes de la institucionalidad moderada y se desplaza hacia una lógica de confrontación abierta, permanente y emocionalmente cargada. La política deja de presentarse como gestión del consenso para convertirse en escenificación del conflicto: se construye desde la indignación, el choque continuo y la exacerbación deliberada del antagonismo social.

En este giro, su modelo de referencia se acerca a experiencias como las de Bukele o Milei, donde la comunicación política se apoya en una alta intensidad discursiva, el uso estratégico de redes sociales y la producción constante de enemigos políticos como recurso de cohesión. Se trata de una ultraderecha que no busca necesariamente convencer desde la racionalidad institucional, sino movilizar afectos primarios --miedo, rabia, frustración-- para reconfigurar lealtades políticas.

Sin embargo, esta mutación estilística no implica una ruptura con el orden existente. Por el contrario, esta ultraderecha canaliza el malestar social sin cuestionar las bases estructurales del modelo económico, la distribución del poder o las relaciones de desigualdad que lo sostienen. Su eficacia política radica precisamente en esa capacidad de traducir la crisis social en energía electoral sin alterar sus causas profundas.

En ese sentido, no estamos ante dos proyectos antagónicos de sociedad, sino ante dos formas de administración del mismo campo político: una derecha que gestiona la gobernabilidad desde la tecnocracia y los equilibrios institucionales, y otra que gestiona la rabia desde la polarización y la emocionalidad permanente. Una administra el orden, la otra administra el descontento; pero ambas operan dentro del mismo horizonte histórico y económico, sin romper con sus límites fundamentales. Y ambas terminan convergiendo en un punto clave: la confrontación sistemática contra Iván Cepeda y el proyecto de país que representa.

La disputa en torno a Cepeda no es un episodio aislado ni una diferencia coyuntural. Es la expresión condensada de un conflicto histórico más profundo sobre el sentido del Estado, la justicia, la memoria y la democracia en Colombia.

En él se enfrenta, de un lado, una visión de país que ha tendido históricamente a privilegiar el orden como principio superior, incluso por encima de las tensiones sociales, la conflictividad estructural y las demandas de verdad histórica. En esa lógica, la seguridad se entiende principalmente como control, contención y estabilización del orden existente, mientras que la justicia se reduce con frecuencia a su dimensión punitiva.

Del otro lado, se ubica un proyecto político que, con sus propias tensiones internas, insiste en desplazar esa lógica hacia una concepción más integral del conflicto: seguridad entendida también como seguridad humana y social, justicia como verdad, reparación y no repetición, y reconocimiento de que el conflicto armado colombiano no es un accidente, sino una expresión histórica de desigualdades profundas.

En ese marco, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no aparece como un mecanismo marginal o accesorio, sino como un dispositivo central de justicia transicional. Su función no es sustituir la justicia, sino ampliar su alcance frente a un conflicto prolongado que desborda la lógica puramente penal.

Las discusiones recientes sobre ejecuciones estatales extrajudiciales reabren de manera inevitable el debate sobre el modelo de seguridad del Estado y sus efectos históricos. No se trata de cifras aisladas, sino de la materialización de un modelo de guerra interna que sigue siendo objeto de disputa política.

Por eso, la figura de Iván Cepeda no puede leerse como un simple adversario electoral. En él se condensa una lectura alternativa de la historia del conflicto colombiano: una que pone en el centro a las víctimas, la responsabilidad estatal, las estructuras de violencia y la necesidad de transformación del modelo de poder.

Y por eso su confrontación se vuelve funcional para distintos sectores de la derecha.

En el caso de Paloma Valencia, la confrontación se expresa en clave institucional y programática: Cepeda es presentado como parte de un proyecto que amenaza la estabilidad institucional y debilita la seguridad del país. El objetivo es cohesionar sectores conservadores y de centro bajo la narrativa del orden.

En el caso de Abelardo De La Espriella, la confrontación es más directa y emocional: el lenguaje se vuelve más agresivo, más mediático y más orientado a la movilización afectiva. Pero el resultado político es el mismo: la construcción de Cepeda como eje de antagonismo.

En esa misma línea resulta especialmente reveladora la lectura planteada recientemente por María Jimena Duzán, no como una crítica coyuntural ni como una opinión aislada frente a una candidatura, sino como una advertencia política y ética sobre el nivel de degradación al que ha llegado una parte de la derecha colombiana en su proceso de reorganización para disputar el poder.

Su cuestionamiento apunta a un punto de fondo: que sectores políticos y económicos que históricamente se han presentado como defensores de la institucionalidad democrática estén hoy dispuestos a legitimar y promover figuras como Abelardo De La Espriella revela no solo un deterioro profundo del debate público, sino también el debilitamiento de los límites éticos que durante décadas intentaron sostener la democracia liberal colombiana, aunque siempre de manera parcial y contradictoria.

La observación de Duzán es relevante porque desborda el análisis sobre un personaje puntual. Lo que pone en evidencia es la normalización de una forma de hacer política basada en la agresión permanente, la descalificación como método y la exaltación del antagonismo como estrategia central de movilización electoral. En esa lógica, la política deja de operar como espacio de deliberación democrática para convertirse en un escenario de confrontación emocional permanente donde el adversario deja de ser un interlocutor político y pasa a ser construido como enemigo público.

Su lectura también advierte que detrás de esa legitimación no opera necesariamente una convicción programática sólida ni un proyecto coherente de país, sino una estrategia política atravesada por el miedo: miedo al avance del proyecto político progresista representado por Gustavo Petro y, dentro de esa misma disputa histórica, miedo al significado político que encarna Iván Cepeda como símbolo de memoria, verdad y exigencia de responsabilidades frente al conflicto armado colombiano.

Por eso la promoción de figuras como Abelardo De La Espriella no puede entenderse únicamente como una decisión electoral ni como una variación más dentro del espectro de la derecha. Aparece más bien como síntoma de una radicalización política donde ciertos sectores parecen dispuestos a flexibilizar sus propios límites éticos, normalizar discursos cada vez más extremos y convertir la confrontación permanente en mecanismo de cohesión política con tal de impedir el avance de proyectos que cuestionen las estructuras históricas del poder.

Leído desde esa perspectiva, el fenómeno encaja con una lógica política que Colombia ya conoce: la coexistencia de distintos registros discursivos dentro de un mismo campo estratégico. Mientras una parte de la derecha busca ampliar su legitimidad mediante discursos institucionales y candidaturas moderadas, otra endurece el lenguaje público, eleva la confrontación y activa el miedo como instrumento de movilización. La forma cambia; el objetivo estructural permanece.

Y es precisamente allí donde la advertencia de Duzán adquiere mayor densidad política: porque no habla únicamente del ascenso de una figura determinada, sino de la disposición de sectores tradicionales del poder a legitimar nuevas expresiones de radicalización política cuando sienten amenazada su capacidad histórica de conservar el control del tablero.

Esa convergencia no es accidental

Responde a una racionalidad política histórica donde la derecha colombiana ha utilizado la seguridad como eje de cohesión, y la construcción de enemigos internos como mecanismo de articulación del campo político.

En ese sentido, la disputa Uribe-Cepeda no es coyuntural ni personal: es una de las expresiones más visibles de la tensión histórica entre dos proyectos de país. Uno que ha defendido la estabilidad del orden existente como prioridad estructural; y otro que insiste en abrir el debate sobre la verdad histórica, la justicia y la transformación del Estado.

La función política de convertir a Cepeda en eje de confrontación es clara: cohesionar el voto duro, movilizar emocionalmente, desplazar el debate programático hacia la polarización y simplificar el conflicto político en términos de antagonismo personal. Pero también revela algo más profundo: la dificultad estructural de ciertos sectores del poder para asumir las implicaciones históricas del conflicto armado colombiano y sus consecuencias en términos de justicia, memoria y reparación.

A esto se suma un elemento histórico que sigue atravesando cualquier debate sobre seguridad en Colombia. La JEP actualizó recientemente la cifra de ejecuciones extrajudiciales documentadas en el país, pasando de 6.402 a 7.837 víctimas entre 1990 y 2016. Esta actualización reabre una discusión estructural sobre la relación entre seguridad estatal, guerra interna y violaciones a los DDHH, en un país donde la discusión sobre el orden público no puede separarse de su historia de violencia.

Por eso la metáfora de 'House of Cards' resulta tan potente para interpretar este momento político, no como ficción, sino como categoría analítica de un poder que opera menos como suma de individuos aislados y más como arquitectura estratégica de posiciones, discursos y candidaturas que, aunque aparentan diferencias profundas, pueden terminar articuladas dentro de un mismo campo de fuerzas.

Una candidatura institucional de derecha tecnocrática ampliada hacia el centro. Una candidatura de extrema derecha irracional con ruptura emocional y mediática. Las dos contra un adversario común que funciona como eje de cohesión simbólica de los elementos mas retardatarios de la sociedad colombiana que promueven una agenda antiderechos, fascista, cavernaria y enemiga de las transformaciones que el país necesita.

El tablero parece plural, pero su estructura profunda revela continuidades en torno al modelo económico, la concepción de seguridad y la administración del conflicto social.

En ese escenario, la figura de Álvaro Uribe Vélez no debe entenderse como un actor individual aislado, sino como una matriz histórica de articulación del poder político conservador en Colombia. Su influencia no reside solo en su pasado de gobierno, sino en su capacidad de seguir organizando el campo político a través de una gramática de poder basada en seguridad, orden y construcción de antagonismos.

La discusión, entonces, no se reduce a quién gana una elección.

La pregunta de fondo es si Colombia está frente a una ruptura histórica real capaz de transformar las estructuras de desigualdad, violencia y exclusión, o si sigue atrapada en una reorganización permanente de élites que, bajo distintos lenguajes, estéticas y candidaturas, reproducen las mismas estructuras fundamentales del poder, porque el poder en Colombia no siempre necesita mostrarse directamente para operar.

A veces le basta con reorganizar el tablero, administrar los conflictos y definir los límites de lo posible dentro de la democracia y es allí donde se juega, en última instancia, la verdadera disputa: no solo por el gobierno, sino por el sentido histórico del país.

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