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Colombia :: 06/04/2005

Colombia: Unidad contra el siniestro proyecto narcoparamilitar

Revista Insurrección
Editorial de la revista del Ejército de Liberación Nacional de Colombia

La crisis de legitimidad y el descuadernamiento en que está el Estado ha llevado al país a una sin salida. A cada paso que da el gobierno en vez de mejorar empeora, porque la clase dirigente negada a los cambios persiste en continuar el camino trajinado, tras objetivos que no convocan, ni unen la voluntad de la nación.

Como es su costumbre, sigue manipulando la realidad, desdibujando los fenómenos sociales e induciendo opinión virtual, con la creencia que por esa trocha vendrán las soluciones.

Por más que el gobierno niegue la existencia del conflicto interno y califique de terrorista a la insurgencia, el conflicto está ahí y seguirá mientras estén vivos los sueños del pueblo y la esperanza en un mundo mejor, que es posible.

Una tragedia para el país y un desacierto para ellos resultó la inclusión de los narcoparamilitares en la estrategia contrainsurgente del Estado. Estos, utilizando como "burladero" la lucha contra la guerrilla, extendieron a todo el país el negocio de la droga y el poder de los capos, aprovechando la amplia franquicia otorgada por el gobierno, en contraprestación a sus servicios en la guerra sucia.

Y ahora el narcoparamilitarismo, crecido y ramificado, se les volvió incontrolable y la oligarquía no sabe qué hacer con ese monstruo que ellos mismos crearon y amamantaron.

Hasta hace muy poco estuvieron en armonía con su "Frankestein", mientras las víctimas de las masacres, los desplazamientos forzados, las desapariciones y los asesinatos selectivos tenían nombre y aroma de dirigentes sociales y humildes trabajadores del campo y la ciudad. Los casos apenas los registraron algunos medios, como noticia acompañada por la voz de algún funcionario que anunciaba el inicio de "investigaciones exhaustivas", que nunca se hicieron.

La situación cambió cuando la maquinaria de la droga y de la muerte se interesó por el poder político, constituyó sus propias "empresas electorales" y con la "ley de la selva" arrebató los feudos a los políticos tradicionales. La mayoría de la clase política que había apoyado al narcoparamilitarismo se plegó a las nuevas reglas de juego, tratando de sobreaguar en el estercolero. Quienes se niegan se convierten en las nuevas víctimas: les roban tierras y ganado, caen bajo las balas criminales o son expulsados y desarraigados de sus feudos políticos.

Lo más ilustrativo de este fenómeno que se extendió en medio de un mar de sangre y con absoluta impunidad, es lo sucedido en los siete departamentos de la costa atlántica, donde Salvador Mancuso y Jorge 40 se convirtieron en los grandes electores de la región mediante su propia ley: la del fusil y la motosierra.

Con honrosas excepciones, que las hay, los gobernadores, los alcaldes, los parlamentarios, diputados y concejales fueron seleccionados e impuestos como candidatos únicos, obstruyendo la presencia de otros aspirantes. El Presidente Uribe, uno más de los favorecidos, fue elegido con votos amarrados con la misma ley y cuenta con ella, orientada desde la mesa de Ralito, para la reelección.

El entramado va mucho más allá con el entronque que tienen los narcoparamilitares con la fuerza pública que los encubre, les facilita la ejecución de sus crímenes y les garantiza la impunidad con el control que ejercen sobre las administraciones regionales y locales, sobre las rutas y puertos de embarque de la droga que sale libremente hacia el mercado mundial y sobre las empresas que les lavan el "narcodinero".

Las principales universidades oficiales fueron igualmente copadas en un proceso que dejó cientos de valiosos académicos y estudiantes asesinados o desplazados y emigrados. La universidad de Montería está bajo el control de Salvador Mancuso; la U. del Magdalena se la disputan dos sectores de paramilitares, como se hizo público en la pelea entre el rector y el gobernador; la universidad del Cesar la controla Jorge 40 y la del Atlántico se la disputaba a punta de pistola, hasta hace poco.

Un caso que llama la atención y que parece se le está dando muy poca importancia, es el de Barranquilla. El año anterior fueron asesinadas más de seiscientas personas, casi todas víctimas de la guerra sucia. Dentro de éstas, más de medio centenar eran tenderos. En los dos primeros meses de este año suman doce los asesinados, lo que hace suponer que los hombres de Jorge 40 están tras el control de la red de tiendas que están organizadas en Barranquilla.

Lo más reciente es el destape de la olla podrida en el departamento de Caldas a raíz del asesinato del Senador liberal Oscar González y un médico, victimas de la pugna entre narcoparamilitares de distintas "empresas electorales", una de las cuales liderada Ernesto Báez, negociador en Ralito, controla el departamento. Son los responsables de una cadena de asesinatos políticos: alcaldes, concejales, periodistas de la región, entre otros.

El mismo formato se aplica en la mayoría de los departamentos y en las instituciones del Estado.

Va en aumento el número de políticos regionales y locales asesinados, amenazados o desplazados, víctimas de la expansión del poder de los grupos narcoparamilitares, sin que se vea por parte alguna la mano y la voluntad de ponerles "tate quieto", desbaratar y cortar de tajo las empresas electorales y los nuevos gamonales que se "embolsillan" los dineros públicos, tiñen de sangre el país y de droga el mercado internacional.

El "Frankestein" colombiano sigue sumando víctimas y ampliando su poder sin que la "seguridad democrática" se dé por enterada y nada lo ataje, a pesar de ser tan evidente quiénes son, dónde están y cuál es su entramado.

La ingeniosa manera de enfrentar al monstruo, concebida por el gobierno de Uribe Vélez y la mayoría del Congreso de origen narcoparamilitar, es premiándolo. Con este propósito le están dedicando los mayores esfuerzos a aprobar una ley, hecha "sobre medidas", para legalizarles el disfrute del poder político construido con la "ley de la selva" y las descomunales riquezas personales acuñadas con el crimen.

Una ley para perdonar los crímenes atroces y el enriquecimiento ilícito, para ocultar la verdad y no reparar las víctimas, pero sobre todo, para dejar cubiertos y sobre seguro a impulsores, financiadores, testaferros y beneficiados del narcoparamilitarismo. Es un dantesco monumento a la impunidad. Pero así será, la mayoría del Congreso lo aprobará porque con esa ley cubrirá también su pasado.

Sobre esta base falsa es imposible reconstruir el país, sacarlo de la crisis en que está. Al contrario, serán peores los días que nos esperan a todos los colombianos si este poder narcoparamilitar se consolida por obra y gracia de la ley de perdón y olvido.

Y así sucederá, ¡claro! si colombianos dignos nos desentendemos de la responsabilidad histórica de construir las bases para un futuro cierto, si nos acobardamos ante la intimidación del terrorismo de Estado y la guerra sucia, si dejamos que el diseño del futuro del país siga en las manos de un reducido grupo, de los que siempre han manejado el destino de todos para su enriquecimiento y del grupo de criminales que emergen en el escenario político.

Solo el pueblo salvará al pueblo colombiano bajo la condición de que si somos capaces de ser con otros, unidos en una fuerza sólida, tejida con hilos de identidad en propósitos mínimos frente a la coyuntura: por una parte, la oposición a la reelección de Uribe y al proyecto político que encarna con los de Ralito, al TLC, a la presencia de fuerzas extranjeras en el país. Por otra, la exigencia de una solución política al conflicto interno y la realización en el futuro cercano de un gran acuerdo nacional sobre el país a construir, el que queremos todos para salir de la crisis crónica en que estamos.

El ELN le apuesta a la paz cierta y estable, cree que es posible llegar a ella y a la reconciliación entre los colombianos, avanzar hacia un mundo mejor, hombro a hombro y con las mano unidas. Eso si, no le apostamos a una caricatura de paz que frustre los sueños y las esperanzas abrigadas por el pueblo durante esta larga pesadilla de más de quinientos años de injusticia, hambre y dolor.

Estamos dispuestos a abrir la mesa de diálogos con el gobierno para abordar las soluciones a los grandes problemas del país, que son mucho más que el conflicto armado.

Revista No.032 - 31 de marzo de 2005

 

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