¿Conspiración y golpe electoral en Honduras?

Cuando falta menos de un mes para las elecciones generales, donde más de 6.3 millones de personas serán llamadas a las urnas para elegir a presidente, diputados, alcaldes y regidores, la coyuntura electoral hondureña se vuelve cada día más tensa.

El día 29/10, el fiscal general Johel Zelaya convocó una conferencia de prensa donde dio a conocer el contenido de unos audios (AQUÍ la transcripción completa), entregados formalmente unos días antes por el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa (Libre, izquierda), donde se revela un plan para boicotear y desestabilizar el proceso electoral del próximo 30 de noviembre. Ese plan involucraría al diputado nacionalista Tomás Zambrano, jefe de bancada del PNH (derecha), a otra consejera del CNE designada en el puesto por el mismo partido de Zambrano, Cossette López Osorio, y a un miembro no identificado de las Fuerzas Armadas.

Caos programado

La estrategia prevé intervenir directamente tanto en la logística de transporte de urnas y votos, como en la transmisión electrónica de resultados preliminares, generando un ambiente de sospechas, crisis y caos a nivel nacional e internacional (algo similar a lo que intentó María Corina Machado en Venezuela).

Un ambiente de fuerte tensión y confusión que, en caso de perfilarse la prevista victoria de la candidata del gobernante partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, provocaría el desconocimiento de los resultados. El conjunto de acciones conspirativas tendrían como factor desencadenante la inducción en la opinión pública de la percepción de que el ganador es el candidato del Partido Liberal (PLH, derecha), Salvador Nasralla, y que el partido de gobierno está fraguando un fraude para quedarse en el poder. A fortalecer el plan desestabilizador contribuiría tanto la participación masiva de medios y plataformas de comunicación afines a la derecha política y a los grupos de poder económico, como grupos de infiltrados entre los observadores electorales.

Las bases nacionalistas pagadas contribuirían luego a profundizar el caos e ingobernabilidad, reforzando la percepción de fraude en la población y en la comunidad internacional. El desconocimiento del resultado electoral a nivel internacional, en especial de EEUU, es clave para que la estrategia funcione y se convoquen nuevas elecciones.

Las garras de siempre

La orquestación desde Washington de planes para que fuerzas progresistas no lleguen a gobernar o no sigan gobernando en Honduras, no es algo nuevo. En 2017, la entonces embajadora estadounidense avaló y bendijo el fraude que permitió un segundo periodo presidencial al ahora preso por delitos relacionados con el narcotráfico, Juan Orlando Hernández.

Algo muy similar ocurrió tanto en las elecciones de 2013 (primer mandato de Hernández que tenía como contrincante a la actual presidenta Castro), como en el golpe cívico-militar de Estado de 2009. En 2017, las protestas fueron reprimidas con violencia, con un saldo de más de treinta personas asesinadas y cientos de heridos. Muchas ciudadanas tuvieron que abandonar el país. Lo más irónico de todo esto es que fue el mismo Nasralla, en aquel entonces candidato presidencial de una Alianza encabezada por Libre, el que denunció nacional e internacionalmente el fraude. Ahora sería quien más se beneficiaría de la misma fechoría.

Investigaciones

Pese a las declaraciones brindadas por López y Zambrano, este último acuerpado por los principales líderes del Partido Nacional, denunciando la falsedad de las grabaciones como producto de la inteligencia artificial (argumento que da para todo), el fiscal general Zelaya aseguró su autenticidad y confirmó que procederá a investigar los hechos. "El Ministerio Público va a instruir para que se ejecuten las acciones investigativas, aseguren la cadena de custodia de los audios y citen a los testigos", dijo Zelaya.

El titular del Ministerio Público recordó que cualquier intento deliberado de manipular resultados electorales constituye delito de traición a la patria, que en Honduras se castiga con una pena de prisión de 15 a 20 años e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo que dure la pena. Por su lado, la presidenta Xiomara Castro, a través de su cuenta en X, condenó con absoluta firmeza "esta conspiración criminal destinada a provocar un golpe electoral".

La mandataria dijo haber instruido a las Fuerzas Armadas para que se investigue la participación de militares en este intento de desestabilización, así como al canciller, para que denuncie los hechos ante la comunidad internacional. "Los mismos grupos que violaron la Constitución en el golpe de 2009 y que consumaron los fraudes electorales de 2013 y 2017, hoy pretenden nuevamente suplantar la voluntad del pueblo, generar caos y secuestrar la soberanía popular", articuló Castro. "Defenderemos la democracia y la voluntad ciudadana con toda la fuerza de la ley, garantizando elecciones libres y transparentes, la paz social y el irrestricto respeto al Estado de derecho y al orden constitucional", agregó.

También la candidata presidencial de Libre reaccionó ante los últimos eventos. "Ante los audios que revelan la operación fraudulenta de una mafia electoral en el CNE, afirmo con claridad: ¡no existe crimen perfecto! La defensa de las elecciones y la democracia adquiere hoy un carácter histórico", dijo Moncada. Asimismo, le exigió al fiscal general actuar con toda la fuerza de la ley, al tiempo que pidió la renuncia inmediata de la consejera Cossette López.

"Nadie que participa en una conspiración de tal magnitud tiene legitimidad para ejercer un cargo como autoridad electoral", sentenció.

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