Constitución Europea: Contra una Europa en ajuste estructural permanente

Posición adoptada conjuntamente por el CADTM Francia y el CADTM Bélgica.

En el debate sobre el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, entre los partidarios del «sí» y los que como el CADTM están a favor del «no», resulta curioso que se pretenda que la directiva Bolkestein está fuera del tema. Si bien es cierto que la directiva no está incluida tal cual en el tratado, tengamos al menos la honestidad de reconocer que este texto contiene todas sus premisas. En efecto, los artículos III-144 a III-150 dejan la puerta abierta a futuras directivas Bolkestein, precisando en particular que «los Estados miembros se esforzarán por proceder a una liberalización de los servicios más amplia que la exigida (...) La Comisión dirigirá recomendaciones a tal efecto a los Estados miembros interesados.» (art. III-148). «La indignación» de las organizaciones políticas que hace más de un año aceptaron los lineamientos de esta directiva, debería hacernos reflexionar sobre el modo de funcionamiento de la Unión europea, sobre su falta de transparencia y su déficit democrático, atenuados apenas por el tratado constitucional. Esto explica, en parte, el recelo de los ciudadanos de unas instituciones que, según todo indica, no defienden sus intereses.

Igualmente tendríamos que explicarnos por qué milagro la política monetaria, que, por motivos ideológicos, tiene como único objetivo la estabilidad de los precios, que interesa, en primer lugar, a los financistas y especuladores, no haya tenido consecuencias positivas sobre el desempleo. ¿Y qué decir del pacto de estabilidad y de las políticas presupuestarias restrictivas que atentan contra el empleo? La situación económica actual, sin embargo, no puede sorprender: es la consecuencia de la aplicación desde hace más de veinte años de políticas liberales que el Tratado pretende consolidar. Políticas que no dejan de recordar el contenido de los programas de ajuste estructural (PAE) impuestos a los países en desarrollo cuyos resultados han sido más pobreza y más desigualdades en numerosas partes del mundo.

Veinte años de imposición de los PAE a los países en vías de desarrollo

Después de la crisis de la deuda que golpeó, en 1982, a los países en desarrollo (PED), los acreedores impusieron a éstos las políticas liberales que son la base de los planes de ajuste estructural de los años 80, y de los programas de lucha contra la pobreza de los 90, impuestos en forma conjunta por el FMI y el Banco Mundial. Dichas políticas no han cesado de limitar el peso del Estado reduciendo el gasto público, suprimiendo las subvenciones a los productos de primera necesidad que desde entonces ya no son accesibles a las capas más desprotegidas de la población, multiplicando las privatizaciones de empresas públicas, y en general, obligándolo a adoptar políticas macroeconómicas restrictivas. Estas mismas políticas también promovieron estrategias de desarrollo volcadas al exterior y basadas sobre la libre competencia, que conducen a la liberalización del intercambio comercial y del movimiento de capitales, lo mismo que a la desregulación de los mercados. Si no resolvieron los problemas de endeudamiento -todo lo contrario- estas políticas se revelaron irresponsables económicamente (pues son el origen del desencadenamiento de las crisis financieras de la segunda mitad de los años 90) y socialmente devastadoras. Según el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 1.200 millones de personas viven en la extrema pobreza (menos de 1 dólar diario) y 2.800 millones disponen de menos de 2 dólares diarios. Las desigualdades no cesan de crecer tanto entre los países -aumentaron un 20 % en el curso del último medio siglo- como entre los habitantes de un mismo país. Señalemos que el 1 % más rico gana tanto como el 57 % más pobre. Peor aún, las 7 fortunas más grandes del mundo tienen en conjunto más peso que el PIB total del grupo de los 50 países menos adelantados (PMA), donde viven 700 millones de personas. Al mismo tiempo, 850 millones de personas sufren de malnutrición, cerca de 1.200 millones carecen de acceso al agua potable, 2.300 millones carecen de infraestructuras sanitarias correctas, el 17 % de los niños en edad escolar -es decir, 115 millones - no están escolarizados. En suma, 54 países son hoy más pobres que en 1990 y, en el del mismo período, en 21 de ellos, el indicador de desarrollo humano (IDH) ha bajado.

En el tratado están presentes todos los ingredientes de una cura de austeridad perpetua...

Obviando estos resultados, los dirigentes europeos nos piden ahora que, mediante el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, ratifiquemos la aplicación de un programa de ajuste estructural permanente. En él están presentes todos los ingredientes de una cura de austeridad perpetua... El Estado es intimado a desentenderse cada vez más, lo que se traduce en una disciplina presupuestaria cada vez más estricta (art. III-184 et III-194), lo que a su vez impide cualquier política presupuestaria de crecimiento. Como el principio de la mayoría calificada no se aplica en el ámbito fiscal -se requiere la unanimidad en la materia (art. III-171)- no es exagerado apostar a que toda armonización se hará sobre un alineamiento hacia abajo. Entonces, la austeridad presupuestaria no se podrá realizar más que a expensas de la reducción del gasto público y de las subvenciones (art. III-167). Si la política presupuestaria resulta inoperante, la política monetaria es igualmente restrictiva puesto que conserva su único objetivo: mantener la estabilidad de los precios (art. I-30 y III-177). Dado que la inflación ya no es un problema desde hace una quincena de años, la prosecusión de este único objetivo no obedece más que a consideraciones ideológicas que privilegian al gran capital.

Es también la hora de la supresión de todo obstáculo a la libre competencia y de la creciente apertura de las economías. Según la cantinela entonada frecuentemente, los países de la Unión Europea deben respetar el principio de una economía de mercado «en la que la competencia sea libre y no esté falseada» (art. I-3, III-177, III-178 et III-185). Desde esta perspectiva, los servicios públicos no están a salvo. Son ahora «servicios de interés económico general» (art. III-122), sujetos a las normas sobre competencia (art. III-166) y no podrán gozar de ayudas del Estado si éstas falsean o simplemente amenazan falsear la competencia (art. III-167). La vía hacia la privatización de los servicios públicos queda así abierta. Los mercados laborales deben ser «capaces de reaccionar rápidamente a la evolución de la economía»(art. III-203), lo que quiere decir más flexibilidad. La liberalización de los servicios se da por lograda (art. III-130, III-146, III-147 et III-148), la de los movimientos de capitales no puede ser revisada a pesar de las dramáticas consecuencias que la misma provocó en numerosas partes del mundo (art. III-156). Sin embargo existe un campo que escapa a la competencia y que debe ser protegido: se trata del comercio de armas, de municiones y de material de guerra (art. III-436)!

Evidentemente, no se puede poner en un pie de igualdad a los miembros de la Unión Europea y a los PED. Sin embargo, la institucionalización del programa de ajuste estructural europeo acarreará más pobreza y desigualdades, tal como se puede comprobar en muchos países del Sur. Entonces, ¿qué crédito se puede conceder a un texto cuyo objetivo declarado es obrar en pro «del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente.» (art. I-3)? El contenido social, que según los partidarios del «sí» constituye uno de sus mayores avances, pretende mejorar entre otras cosas, las condiciones de trabajo, la seguridad social y la protección de los trabajadores, la igualdad entre hombres y mujeres, la lucha contra la exclusión social, evitando a la vez «establecer trabas de carácter administrativo, financiero y jurídico que obstaculicen la creación y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas» (art. III-210). Aparte de considerar que la «libre y no falseada competencia» sea el medio para alcanzar estos objetivos, lo que los hechos niegan en forma tozuda, el progreso social, mientras quede subordinado únicamente a lo económico, no será más que una piadosa plegaria (art. III-213). De la misma manera, la introducción de un contenido medioambiental no es más que un espejismo. ¿Qué que se puede esperar de un desarrollo sostenible que consagra sólo dos artículos (¡de un total de 448!) a las cuestiones medioambientales (art. III-233 et III-234) y que requiere la unanimidad para actuar? ¿Qué se puede esperar de una política agrícola común que no contiene ninguna referencia a la protección del medio ambiente y que está sometida a la lógica agrícola productivista y destructora (art. III-227)? ¿Qué se puede esperar de una acción exterior de la Unión que apoya «el desarrollo sostenible en los planos económico, social y medioambiental de los países en desarrollo, con el objetivo fundamental de erradicar la pobreza» (art. III-292), y que para ello fomenta «la integración de todos los países en la economía mundial, entre otras cosas mediante la supresión progresiva de los obstáculos al comercio internacional» (art. III-292), medidas cuyos efectos devastadores en los PED se comprueban cotidianamente?

Entonces, puesto que se nos pregunta si deseamos proseguir una construcción europea dominada por las cuestiones económicas, el «no» pro europeo, basado en consideraciones de orden social y medio ambiental, es legítimo. Decir «no» a este Tratado es querer volver a poner la economía al servicio de la humanidad, es rechazar una lógica que considera que «tener más» equivale a «más bienestar», es considerar que los valores sociales y medioambientales son al menos tan importantes como las consideraciones económicas es, en fin, ayudar a los PED a promover otro desarrollo.