Contrarreforma y respuesta popular

Se da así respuesta en las calles a las agresiones del gobierno. En el caso de hoy miércoles no toma la dimensión deseable, que hubiera sido un paro activo acompañado por la manifestación callejera. La mayoría de la dirigencia cegetista hizo gala una vez más de su "moderación" y sólo convocó a la marcha de protesta.

De ella participarán las CTA y un amplio arco de organizaciones populares que ya habían llamado a las calles y ahora estarán presentes con idénticas razones. Es de esperarse una masividad contundente. Y la continuidad para terciar en un debate legislativo que desde arriba se pretende express.

Los dilemas del índice de precios

Un paso desafortunado del oficialismo en estos días fue la decisión de sostener la fórmula desactualizada para medir la inflación. La que utiliza ponderaciones que reflejan la canasta de consumo de dos décadas atrás.

La creciente incidencia de los servicios tradicionales (luz, gas, agua, transporte) y los incorporados en años recientes (telefonía móvil, internet) queda así subestimada. Rubros que han experimentado desde hace tiempo incrementos bien por arriba del índice general de inflación.

Ocurre que una medición adecuada de su influjo trae aparejado el fantasma de una inflación más alta, que podría haber superado el 3% mensual para enero. El factor crítico fue la renuncia de Marco Lavagna, titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos desde bastante antes del advenimiento de la actual gestión.

Se expande la sensación de que se vuelve a prácticas de manipulación estadística, tan repudiadas cuando se realizaron bajo los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. No es poca cosa, la baja relativa de la inflación es la principal bandera gubernamental para presentarse como exitosa en materia económica.

Hace varios meses que el crecimiento mensual del índice de precios al consumidor (IPC) se incrementa poco a poco. Si se cambiara el patrón de cálculo sería aún peor. Y el gobierno no tuvo otro recurso para impedirlo que la anulación de un cambio ya anunciado y que cuenta con aval explícito del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La situación desnuda sobre todo la insuficiencia creciente de las "anclas" fiscal, cambiaria y salarial para la obtención de índices inflacionarios más o menos vivibles. Mientras los ingresos sufren, sobre todo los de empleados públicos y privados y les jubilades, la "doma" de la inflación se le escapa de las manos a la política oficial.

Una repercusión indeseable para el gobierno ha sido la baja de acciones y bonos argentinos, aquí y en Nueva York, daño colateral derivado del alejamiento de Lavagna y el consiguiente manto de sospecha sobre la información que brinda el aparato estatal.

Para un gobierno que hace un lema del respaldo del capital financiero, desatar el malhumor de los mercados tiene un doble costo. En particular lo que respecta a la caída del riesgo-país por debajo de los 500 puntos, que era exhibida como un preámbulo del retorno al mercado de capitales privados que ahora parece diluirse una vez más.

La importación y el tratado "histórico" con Trump

Otra fuente de críticas crecientes es el de la apertura comercial (importaciones) y sus efectos sobre la producción industrial local. Desde el elenco de gobierno no se apartan un ápice de la defensa cerrada del ingreso ampliado de bienes extranjeros.

El ministro de Economía, Luis Caputo, no se privó de la frívola declaración de que siempre compró ropa importada porque la nacional es muy cara. Se sabe que el sector textil y de indumentaria es uno de los más afectados por las importaciones.

Una frase que acaso quede en la memoria colectiva. Junto con aquellas publicidades con las malas sillas nacionales reemplazadas por las sólidas de importación de los tiempos de José Alfredo Martínez de Hoz.

La firma del acuerdo de comercio con EEUU anunciada en estos días echa nafta al incendio. Se sabe que la mayoría de sus cláusulas favorece el ingreso de bienes del gigante del norte al país en los rubros más variados. Son muy contadas las disposiciones que pueden ir en beneficio del comercio exterior argentino. Y muchos los aranceles y barreras "no arancelarias" que disminuyen o desaparecen.

Sobre estas últimas bastará la aprobación de las correspondientes agencias estadounidenses para que las mercancías ingresen a nuestro país sin intervención del ANMAT o el SENASA. También habrá políticas más rigurosas de protección de las patentes yanquis.

Algunas de estas innovaciones pueden traer problemas con poderosos sectores capitalistas locales, como los laboratorios farmacéuticos de capital local o las compañías del agronegocio respecto al tema semillas.

El anuncio auspicioso, al menos para un sector de productores rurales, es el de la elevación a 100 mil toneladas (ahora son 20 mil) de la cuota de importación de carnes argentinas por parte de EEUU. Ninguna muestra de generosidad. Trump necesita un descenso del precio de la carne, que resulta gravoso para el mercado de consumo de su país.

El tratado ha sido celebrado por el gobierno y sus medios afines como una conquista histórica de la libertad de comercio y del alineamiento absoluto con la potencia imperial. Se le auguran bondades a los consumidores argentinos, que tendrían mayor acceso a importaciones baratas de bienes de consumo. Y a las empresas que obtendrían mayores facilidades para la adquisición de bienes de capital provenientes del coloso norteamericano.

Además de las repercusiones prácticas, el oficialismo está interesado en implantar en el sentido común la idea de que la inclusión plena en la órbita estadounidense debe ser el lugar definitivo e incuestionable en el mundo para Argentina. Los extendidos sentimientos antinorteamericanos solían ser un obstáculo para ciertas políticas. Quieren removerlos para siempre.

En cambio los expertos en relaciones internacionales, salvo los incondicionales de EEUU, han sido unánimes en señalarlo como un conjunto de concesiones con escasas contrapartidas, un remache más en el sometimiento al escogido como aliado excluyente.

Argentina no tiene política exterior. Se allana a los deseos norteamericanos e imita sus políticas. La última muestra es la flamante fundación de una oficina "de respuesta oficial" para rebatir informaciones inexactas y presuntas operaciones mediáticas o en redes contra el gobierno, a semejanza de una creación similar en tierras del norte.

Algunos comunicadores de los grandes medios murmuraron protestas en nombre de la libertad de expresión. Nada comparable a las que hubiera suscitado una decisión similar de ser tomada por un gobierno "populista".

El derrotero de la reforma laboral

El debate en el Senado del proyecto de ley nacido en los estudios jurídicos de las grandes empresas es el próximo paso. Patricia Bullrich, adalid de La Libertad Avanza en la "cámara alta" y Diego Santilli, ministro del Interior, han sido los orientadores del diálogo con legisladores y gobernadores de provincia para aceitar la aprobación. Afirman tener los votos, subsisten las dudas.

Lo que ha trascendido es que existe un margen de incertidumbre sobre una parte de las voluntades necesarias, dado que el gobierno se empecina en aprobar una rebaja en el gravamen a las ganancias empresarias incluida en el proyecto. La administración lo valora como un adelanto de la reforma tributaria regresiva que ha comprometido con el gran capital.

Por tratarse de un impuesto coparticipable, la baja afectará el volumen de recaudación destinado a las provincias, que de por sí no lo tienen fácil en materia financiera. Pareciera que sólo esa amenaza a los recursos moviliza cierta oposición.

El avance sobre un siglo de derechos laborales y sindicales no conmueve en la misma proporción al "opooficialismo" de partidos provinciales y peronistas "disidentes". Al menos no ha trascendido que propicien cambios en el articulado del proyecto en esos aspectos.

La configuración del "centro republicano" anhelado por quienes pretenden ser voceros de un liberalismo político más o menos consecuente no tendrá en la "modernización laboral" una oportunidad de despliegue. Al menos eso parece hasta ahora.

La iniciativa reaccionaria ni siquiera zamarreó lo suficiente el letargo de la CGT. Ésta esperó a las vísperas del tratamiento legislativo para el lanzamiento de una marcha sin acompañamiento de medidas de fuerza, como señalamos al comienzo de esta nota.

La ampliación arbitraria de la jornada laboral; la facilitación del despido y la contratación precaria, la discrecionalidad patronal sobre las vacaciones, no han sido motivos suficientes para un paro.

Tampoco la restricción del derecho de huelga o la limitación de los efectos de los convenios colectivos de trabajo y la restricción de la acción sindical en los lugares de labor. Ni el desfinanciamiento de la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) para solventar un fondo de cesantías.

Hasta para la salvaguardia de su capacidad de recaudación de cuotas sindicales y de obras sociales, pilar financiero de su poder corporativo, el sindicalismo predominante pareció confiar más que nada en la negociación y no en la lucha. Como era de prever, sin resultados tangibles hasta ahora.

El matiz combativo dentro de la central obrera estuvo a cargo de un grupo de sindicatos, con aceiteros y metalúrgicos a la cabeza, que conformó el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) y junto con las CTA impulsó concentraciones anti-rreforma, con destaque para la masiva que ya tuvo lugar en Córdoba.

Hubo asimismo movimientos en las bases a escala zonal. Se han formado coordinadoras de lucha en las zonas norte, sur y noroeste del conurbano bonaerense, así como en La Plata y aledaños. Ya hubo también reuniones para la zona oeste.

Las coordinadoras gremiales zonales traen resonancias de puntos históricos elevados de las luchas obreras. Una tradición a sostener en alto a modo de sendero iluminador en estos días oscuros.

Allí participaron agrupaciones sindicales, cuerpos de delegados, trabajadores de empresas en conflicto por despidos o amenazas de cierre. También toman parte ámbitos situados por fuera del contorno gremial. Esa convergencia se reflejó también en la convocatoria antifascista, que incluyó el combate contra el proyecto entre sus reivindicaciones prioritarias.

Desde abajo y en unidad

Está una vez más en evidencia la complacencia o la capitulación de quienes tienen vínculos mucho más operativos con el empresariado y las fuerzas de la derecha.

El rumbo social y político en general y el legislativo en particular está sobre todo en manos de las organizaciones populares. Las encargadas de llevar al frente la bandera de las reivindicaciones de las mayorías frente al saqueo.

Las luchas son muchas, como las que se llevan adelante contra la megaminería en Mendoza. Y las que vendrán frente al proyecto en materia de glaciares que integra el menú de las sesiones extraordinarias que se inician la semana entrante.

Lo que resta es su articulación coordinada y su elevación al campo de las propuestas políticas. Las representaciones políticas y sindicales existentes no darán respuesta o sólo lo harán bajo fuerte y sostenida presión de la protesta popular.

Se necesita la elaboración y puesta en el plano de la lucha de calles de respuestas radicales. No ajustadas a la "seriedad" y la "moderación" que marcan la cancha desde el poder real.

Se inicia un año político en el que puede demostrarse que el triunfo electoral de octubre pasado no equivale a una licencia para la aplicación integral del programa reaccionario.

Puede abrirse una nueva alternativa para la superación de quienes sólo apuestan a un futuro triunfo electoral para que los de siempre hagan un "buen gobierno" menos agresivo para los intereses populares.

Son expectativas que se propician desde la apuesta a la verticalidad y la desmovilización. En los últimos tiempos están teniendo respuestas decrecientes en la sensibilidad popular.

No hay otro mandato deseable que el que pueda surgir del pueblo movilizado con una conducción horizontal y plural. Con toda la amplitud compatible con el firme sustento de las demandas insoslayables. Y la unidad que agrupe en torno al reclamo radical de igualdad y justicia.

huelladelsur.ar