El Acuerdo Transpacífico, la reconstitución capitalista

Representantes de 11 países miembros del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) avanzan en la negociación del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP), un tratado comercial de “amplia envergadura” que se caracteriza por garantizar a las transnacionales mayores beneficios que el mismísimo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y por ser más irrespetuoso de los derechos humanos y la justicia económica que las propias normas de la OMC.

La Alianza Transpacífico (TPP), también conocida como Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, es un tratado multilateral para reducir las barreras arancelarias y no arancelarias e impulsar el comercio y la inversión en la región Asia-Pacífico, suscrito inicialmente por Chile, Brunei, Nueva Zelanda y Singapur en 2006.

En virtud de la creciente importancia de la región Asia Pacífico, hoy motor clave del crecimiento económico mundial al concentrar casi la mitad de los flujos de comercio internacional, se han adherido al bloque siete nuevos miembros: Perú, México, Colombia, Estados Unidos, Australia, Canadá y Malasia. También se han integrado como observadores Panamá, Costa Rica, Uruguay y España, y recientemente Paraguay y Guatemala solicitaron membresía como “observadores”. (1)

El TPP pertenece a la nueva generación de tratados comerciales y corporativos de “amplia envergadura” que trascienden el comercio formal (asuntos relativos al sector servicios, medidas fitosanitarias, barreras técnicas comerciales), al instituir un régimen de protección de derechos del capital privado anónimo y de las corporaciones transnacionales (propiedad intelectual e inversiones) que menoscaba los derechos humanos y el medioambiente, y compromete incluso la soberanía de los Estados.

Los representantes del Departamento de Comercio de Estados Unidos valoraron que el acuerdo TPP “representa un logro histórico”, ya que contiene todos los elementos deseables de los acuerdos comerciales modernos y elimina todas las barreras arancelarias y no arancelarias; además aborda las preocupaciones de las nuevas industrias y tecnologías de energía limpia y la economía digital, y “es lo suficientemente flexible para ser ajustado en el futuro”.

Al igual que el TLCAN, el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en su momento y los vigentes TLCs o TBIs, el TPP está diseñado expresamente para anular al Estado, específicamente para atrofiar sus funciones regulatorias en áreas ultra sensibles como las finanzas, la industria, el medio ambiente y las compras estatales. Sin exagerar, lo que está en juego son los asuntos más básicos de la gobernabilidad democrática para cualquier Estado que se precie de “soberano” e “independiente”, advierten investigadores y activistas de todo el mundo. (2)

El activista de Amigos de la Tierra Bill Warren recuerda que el ex director de la OMC Renato Ruggiero dijo hace varios años que los autores del nuevo sistema de comercio mundial estaban escribiendo una constitución para la economía mundial; y “ahora que las negociaciones de la OMC se han congelado, vemos a Estados Unidos intenta redactar una constitución para la economía mundial que es incluso más favorable para las corporaciones, y menos respetuosa de las instituciones democráticas, la justicia económica y los derechos humanos que la OMC”.

Los tratados bilaterales de inversión y el capítulo sobre inversiones de los acuerdos bilaterales o regionales de libre comercio permiten a los inversores entablar juicios contra gobiernos en una amplia variedad de temas y situaciones, esto porque contemplan una definición de “inversión” muy amplia que abarca inversiones directas, inversiones de cartera, préstamos, licencias, contratos, propiedad intelectual, etc., explica el analista de la Red del Tercer Mundo Martin Khor.

Además, los TLCs o TBIs garantizan “trato justo y equitativo” y protección a los inversionistas, y prohíben a los gobiernos controlar o regular las entradas y salidas de capital; imponer requisitos de desempeño a las empresas extranjeras, como por ejemplo la transferencia de tecnología, o expropiar bienes e inversiones privadas de manera directa o indirecta.

El capítulo de protección de inversiones del TPP permite a los inversionistas demandar a los Estados ante tribunales internacionales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), sin acudir antes a la justicia nacional, instituyendo de esta manera una especie de súper derechos reservados para el capital privado. (3)

Warren remarca que el TPP privilegia los intereses del capital internacional, sobreponiéndose a otros valores, incluyendo los valores ambientales: “Tenemos un montón de historias terribles que contar, historias que surgieron antes que los acuerdos de inversión de los Estados Unidos, como el caso Chevron vs Ecuador, el Chernobyl de la Amazonía ecuatoriana, donde Chevron-Texaco se está rehusando a limpiar un derrame de petróleo que contaminó un área del tamaño del estado de Rhode Island”.

“Esto no sólo ha destruido el ecosistema, sino que ha envenenado a la población local causando muertes, abortos y enfermedades rampantes. Sin embargo, el gigante del petróleo se esconde detrás del tratado de inversión bilateral Estados Unidos-Ecuador para resistir la justicia ecuatoriana y la llamada de la decencia común para reparar su mal proceder”, deplora Warren.

Con esos antecedentes, el ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente de Perú José de Echave cuestiona: “¿Realmente (el modelo de los TBIs o TLCs) es el único camino para captar las inversiones que el país necesita? Nosotros pensamos que no. Hay evidencia internacional que consta que no es así. No son los países que han firmado el mayor número de tratados de libre comercio, o bilaterales los mayores receptores de inversión directa que provenga del extranjero”, sentencia el investigador de la ONG CooperAcción.

Echave informa que Perú tiene actualmente 32 tratados bilaterales de inversión y 9 TLC que contienen también capítulos de inversión y “el número de demandas en contra del Estado peruano utilizando TBIs y capítulos de inversiones de los TLC se ha disparado en los últimos años. Ya el Perú está siendo demandado por un valor de US$6 mil millones”. (4)

Por otro lado, la Alianza de ONGs LAC-Global considera alarmante la rigurosidad de las normas de protección de la propiedad intelectual en lo referente a las patentes de los medicamentos. El proyecto en discusión menciona la posibilidad de prorrogar indefinidamente la vigencia de las patentes de las medicinas por nuevas aplicaciones o propiedades del fármaco, lo que supone una prohibición tácita de producir o importar fármacos genéricos. El punto ha sido propuesto por Estados Unidos en el Capítulo de Propiedad Intelectual y beneficia exclusivamente a la gran industria farmacéutica en perjuicio de los ciudadanos, denuncia la Alianza LAC-Global.

TPP contra el ALBA

Los cuatro países de América Latina que integran el TPP (Chile, Colombia, México y Perú) se han caracterizado por firmar múltiples tratados de libre comercio y ahora quieren conformar una alianza que compita con los bloques integracionistas regionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), asegura el secretario de la Alianza Social Continental, el colombiano Enrique Daza Gamba.

Según el historiador y profesor argentino Leandro Mongerfield, la creación de la Alianza del Pacífico, de orientación neoliberal, sería un intento de Estados Unidos de reposicionarse en la región luego del virtual fracaso del ALCA y del surgimiento de nuevos bloques integracionistas independientes de Washington, tales como el Mercado Común del Sur (Mercosur), la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), la Celac y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

En ese marco, los países miembros de la Alianza del Pacífico comenzaron en la ciudad colombiana de Cali el 21 de mayo los preparativos de su próxima Cumbre prevista para el 24 de mayo. Según el ministro de Comercio de Colombia Sergio Díaz-Granados, uno de los objetivos de la cita es avanzar hacia una integración económica y comercial de las cuatro naciones latinoamericanas y conformar un área de integración regional enfocada a suscribir TLCs con las grandes potencias. (5)

La coordinadora ejecutiva de la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE) Alejandra Alayza Moncloa enfatiza que el TPP no es solamente un nuevo TLC con EE.UU. sino que constituye “varios TLC adicionales de un solo golpe” que están siendo negociados de forma absolutamente antidemocrática, a puertas cerradas y de espaldas a la prensa y a las organizaciones de la sociedad civil.

La alianza mundial de ONGs censura particularmente “el modelo de negociación del TPP, abiertamente antidemocrático, y la pretensión de promover una reforma de las reglas del comercio global a nivel internacional, una posición en contra del multilateralismo y una gravísima erosión a las reglas democráticas”.

Notas:

1. El 27 de enero de este año el gobierno guatemalteco solicitó integrar, como miembro observador, la Alianza Pacífico, en el marco la Cumbre de la Celac celebrada en Santiago. El plan del Estado guatemalteco es permanecer un año con ese estatus para después optar por un puesto fijo. De la misma manera, el vicecanciller paraguayo Antonio Rivas confirmó que su país desea adscribirse a la Alianza como observador porque quiere desarrollar una política exterior orientada al fortalecimiento de los vínculos con otras naciones más allá del Mercosur y la Unasur, que mantienen suspendida la membresía a Paraguay luego del golpe perpetrado en contra del presidente Fernando Lugo. La Alianza estudiará las solicitudes en la cumbre de Cali el 24 de mayo de 2013.

2. Entrevista al analista de política comercial de Amigos de la Tierra Bill Warren por Thomas Mc Donagh y Aldo Orellana, Red por la Justicia en la Inversión Global (RJSIG). / Raul Burbano, director de Common Frontiers (Canadá); Kristen Beifus, directora de Washington Fair Trade Coalition, y Manuel Pérez-Rocha, miembro de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC) e investigador del Institute for Policy Studies (IPS). (Fuente: http://nottp.webs.com/apps/blog/ )

3. Un reciente informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD) revela que solo en 2012 se iniciaron 62 nuevas demandas de arbitraje de inversionistas contra Estados. Hasta ahora, los capitalistas han ganado 3.000 millones de dólares, y las demandas pendientes de resolución suman más de 15 millones. Por otro lado, estadísticas del Banco Mundial revelan que desde 1975 hasta 2011 su Tribunal Internacional de Controversias (CIADI) juzgó y resolvió sobre 228 juicios contra 98 países. En 81 casos perdieron Estados de América Latina y el Caribe, seguida por África con 45 resoluciones en contra, Asia con 34 y los gobiernos del mundo árabe con 28 sentencias desfavorables. Argentina es la nación más demandada en los tribunales del CIADI (58 causas desde 2002) seguida por Venezuela con 22 demandas. (Fuente: Luis Britto García, Aporrea, Caracas 18/01/11).

4. “Cuando hablamos de casi US$6 mil millones no estamos contabilizando los costos que significa para todos los peruanos, asumir y enfrentar estos procesos”, precisa Echave. Uno de los casos más simbólicos de Perú, por ser el primero que utiliza el capítulo del TLC con EEUU, es el de Doe Run y Renco Group, por el cual el Estado peruano está inmerso en un proceso de arbitraje en el que se le exige una indemnización de US$800 millones por el cierre de operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya, ubicado en la ciudad del mismo nombre que es considerada una de las más contaminadas del mundo.

En Argentina, los gobiernos de la década de los 90 del pasado siglo firmaron 55 tratados bilaterales aún vigentes y que brindan a los inversores potestad de recurrir a litigios judiciales ante tribunales internacionales. En Ecuador se han suscrito 26 TBIs, la mayoría en la última década del siglo XX.

5. En la oportunidad el presidente de Colombia recibirá de manos del mandatario chileno Sebastián Piñera la secretaría pro témpore de la Alianza. El Consejo de viceministros de Relaciones Exteriores y Comercio de México Colombia, Chile y Perú consensuan ya la Declaración que suscribirán los presidentes Enrique Peña Nieto, Juan Manual Santos, Sebastián Piñera y Ollanta Humala.