Crisis de los partidos y avance de la ultraderecha


Se ha vuelto casi un lugar común hacer referencia a la actual descomposición del sistema de partidos que emergió en Argentina a partir de las revueltas masivas del 2001. La aparición del ultraderechista La Libertad Avanza (LLA) y su rol en la partición y decadencia de PRO (derecha) es un aspecto en esa dirección. La tendencia a la absorción de buena parte del electorado y de una porción apreciable de la dirigencia de ese partido por el nuevo oficialismo es otra.
En la misma línea va la virtual disolución de la Unión Cívica Radical (derecha) en un conjunto de fuerzas provinciales que sostienen ese rótulo común sin que eso las inhiba a la hora de seguir sus propias políticas sin conexión entre sí.
En cuanto al peronismo, el fracaso completo de una gestión de gobierno le ha producido una fuerte afectación, de la que no está claro que pueda recuperarse en poco tiempo. Con sus apoyos en declive, su principal dirigente presa y su “unidad” transformada en una coincidencia electoral forzada, sin debate de ideas ni trabajo en común.
La prisión de la expresidenta pareció al principio suscitar una potente reacción, organizada y movediza. Esa actitud se diluyó al poco tiempo, en parte reemplazada por un trabajoso armado preelectoral que no promete nada nuevo ni se trasluce en coincidencias acerca de cómo superar el impacto negativo del último período presidencial.
En lo formal, el grueso de los sectores del peronismo se articula para intentar ganar las elecciones legislativas de este año. Casi nadie queda afuera pero el “adentro” se vuelve inhabitable. Entre ofensas pendientes y desacuerdos acerca de cómo construir política en esta etapa.
Cómo enfrentar al nuevo liderazgo
Las fuerzas políticas tienen en común la perplejidad y ubicación precaria frente al “fenómeno Milei”. Están quienes minimizan sus diferencias para respaldar el sentido esencial, la orientación de clase, de las políticas del gobierno.
El presidente y sus funcionarios despliegan políticas a favor del gran capital y contra trabajadores y pobres que ellos no pudieron o no se atrevieron a llevar adelante. Más allá de diferencias en las formas y en algunos alcances, la coincidencia en lo básico los lleva a capitular ante LLA y otorgarle el rol preponderante en una alianza desigual. Es lo que le ocurre a PRO y a sectores del radicalismo.
Por su parte el peronismo es consciente de que en su fracaso del período 2019—2023 están parte de las causas del auge de LLA. Intentan respuestas, que hasta ahora no suelen pasar de la denostación de la actual gestión y la invocación de un pasado feliz (el de las presidencias kirchneristas) al que habría que regresar de alguna manera. No tienen un programa de transformaciones. Y cuando esbozan alguna autocrítica parecen ir en dirección a las concesiones a la ola ultraliberal predominante.
Las corrientes de derecha creen encontrarse ante una oportunidad histórica de dar término al kirchnerismo. Suprimirlo en cuanto herejía intolerable que no termina de rendirse frente al imperio del “libre mercado” y las exigencias de “austeridad fiscal”.
Allí radica una perspectiva que muchos miran con cariño. La de un nuevo sistema de partidos en que se enfrenten la ultraderecha, unificada en torno al mileísmo y una derecha que pudiera recrearse con “moderados” de variadas procedencias. Se abriría entonces el paraíso soñado por muchos, con el peronismo fragmentado y muy debilitado, y todo el sistema político girado hacia la derecha.
Algo esencial para las democracias liberales como es la delimitación entre gobierno y oposición se halla puesto en entredicho. Quienes deberían ocupar ese campo se decantan hacia el oficialismo o mantienen una actitud crítica que no suscita entusiasmo y parece estar en cuarto menguante en cuanto a su capacidad de organización y movilización.
En el poder legislativo se suscitan propuestas contrarias a los objetivos del gobierno, que hasta ahora no consiguen sostenerse. La nota positiva está dada porque las protestas populares resuenan en el ámbito parlamentario. Todavía no alcanzan para dar un parate eficaz a las iniciativas del gobierno. Tienen destino de veto, acompañado por las deserciones de “opositores” a la hora de que el congreso defienda las leyes vetadas.
La Libertad Avanza y sus respaldos
LLA sigue un camino hacia su consolidación como organización partidaria, en reemplazo del revoltijo de sellos menores con los que concurrió a los comicios presidenciales de 2023. Lo logra con políticos profesionales dispuestos a subirse a cualquier oficialismo, entre los cuales Daniel Scioli (experonista) es el ejemplo más notorio.
También recluta devotos de la libertad de empresa de cualquier signo. Juegan además un rol importante los vestigios del menemismo, elevados a estrategas en conjunción con Karina Milei a la cabeza de los primos Martín y “Lule” Menem.
En cuanto a los representantes de las nuevas generaciones, seguidores fanáticos del presidente desde las redes sociales son un componente importante a la hora del proselitismo digital, pero han sido postergados en el momento de la asignación de candidaturas y cargos.
El conjunto tiene como principal activo el decisionismo del presidente, rodeado del beneplácito del gran capital, más o menos activo, con mayor o menor entusiasmo.
Las decisiones del presidente y sus cruzados del ajuste fiscal, las desregulaciones y la privatización, son el canal que suscita ese respaldo. El que se ve retroalimentado por la entera voluntad gubernamental de dar satisfacción a las demandas empresariales. Y por las expectativas a futuro de que avance en la reforma laboral, previsional y tributaria que siempre reclaman.
El poder real es hoy “libertario”, aunque esa opción no tenga porqué ser definitiva y en caso de crisis pueda no ser más que transitoria. Por el momento sigue firme.
La crisis partidaria es asimismo crisis de representación y puesta en cuestión de la democracia. Minoritaria como es LLA, el elenco de gobierno sigue firme en la imposición de su voluntad a como dé lugar, sin afrontar arduas negociaciones ni esforzarse por generar consensos. Con la cabeza del poder ejecutivo como principal activo institucional, refuerza la tendencia a incrementar el hiperpresidencialismo que caracteriza a nuestro sistema político.
El presidente anunció la aplicación de sanciones penales a quienes voten leyes que puedan afectar el equilibrio fiscal. Más allá de que un castigo de ese tipo está por completo afuera de las facultades del poder ejecutivo, marca una vez más el menosprecio por el parlamento y el deseo de que los postulados ideológicos ultraliberales se conviertan en una valla infranqueable para quienes no adhieren a sus supuestos.
Los críticos conservadores de la actual gestión se lamentan de la puesta en riesgo de la república mientras apoyan la orientación general “promercado”. La realidad es que ambas cosas van de la mano. El presidente y sus colaboradores necesitan cometer desbordes para asegurar sus propuestas regresivas. No vacilarán en hacerlo hasta que no haya un freno efectivo a sus propósitos en este sentido.
Sin desechar las posibilidades en el congreso y el poder judicial, todo indica que lo fundamental de este proceso se dirimirá en las calles. La protesta social, masiva y unificada, es la que puede poner límites reales a los avances del gobierno.
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