Crónica de la manifestación del 4 de febrero a la embajada de Colombia

El pasado 4 de Febrero salieron a la calle. Comenzaron la protesta en el Obelisco y desde allí marcharon hasta la sede de la Cámara de Comercio Americana. Luego, se movilizaron hasta la embajada de Colombia donde se dejo un petitorio al Embajador colombiano con el detalle de sus demandas, partiendo finalmente hacia la Cancilleria.

La jornada de repudio a Uribe, fue protagonizada por miles de manifestantes. Teniendo una notoria superioridad sobre otra marcha que tuvo como objetivo vivar a Uribe, y, solo conto con 150 integrantes.

Hubo grandes consignas, realizadas en carteles por los compañeros de las distintas organizaciones, con textos como "El terrorista es Uribe" y "Reconocimiento de las FARC y del ELN".

CARTA DOCUMENTO ENTREGADA EN LA CANCILLERIA

Al Sr. Canciller
Don Jorge Taiana

Los abajo firmantes, en representación de un amplio arco de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, nos movilizamos hasta aquí como ciudadanos, no sólo de nuestra Patria, sino –y sobre todo- de esa Patria Grande Latinoamericana que fue desvelo y razón de ser de la Revolución de Mayo y de hombres como Moreno, Castelli, Belgrano, French, San Martín, O¨Higgins, Sucre, Bolívar, Artigas, Miranda, Martí y tantos otros.

Ese sueño de una Patria Grande continúa vivo hoy en la lucha contra el imperialismo y las oligarquías nativas que sojuzgan nuestros pueblos.

Uno de los rincones de esa América donde late con más fuerza esta Resistencia es Colombia, donde su pueblo enfrenta tenazmente la opresión militar que es la contracara del latrocinio imperial de las riquezas colombianas.

La barbarie de la oligarquía colombiana –asesorada y financiada por las distintas administraciones norteamericanas- ha producido desde principios de 1900 a la fecha, más de 600 mil muertes o desapariciones forzadas, y más de 6 millones de desplazados.

En 1948 es asesinado por la CIA, con complicidad de la oligarquía, Jorge Eliécer Gaitán, un dirigente popular amado por la inmensa mayoría de los colombianos y la reacción popular por el magnicidio -conocida como el Bogotazo- es sofocada a sangre y fuego con el asesinato de 200 mil personas a manos de los grupos para-militares.

Desde entonces rige en Colombia el terrorismo de Estado y el para-militarismo como política de Estado.

Esto, que es una realidad cada vez más evidente, es reconocido también por sus mismos ejecutores, tal cual lo hiciera el 15 de mayo de 2007, en declaraciones ante la fiscalía, Salvatore Mancuso, Jefe de las autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia (rótulo del para-militarismo), afirmando entre otros asertos que
En el mismo sentido, abundan las confesiones de para-militares relatando las atrocidades que constituyen la “doctrina militar” (si se lo puede llamar así) del accionar de las fuerzas auto-clandestinizadas del Ejército Colombiano, actuando como para-militares justamente por sus oprobiosos métodos.

Ni la imaginación más enferma y trastornada puede superar semejante barbarie inconcebible, de la que dan ejemplo las declaraciones que el 8 de Agosto de 2007 la Revista.com sacó a la luz de un para-militar apodado “Robinson”, quien cuenta que “los comandantes para-militares instruían a sus tropas obligándoles a beber la sangre de los muertos (asesinados) y comer su carne”. Como esta hay muchas otras que hablan de descuartizamientos y torturas, que hablan del horror absoluto, confesiones que sólo hemos hecho textual una cita porque resulta necesario exponer testimonio rotundo de un horror que, de otra manera, resulta increíble debido a su insuperable barbarie.

Como consecuencias de la acción de la oligarquía de Colombia hay en ese país hermano 12 millones de desempleados, miles de campesinos e indígenas desterrados por las trasnacionales y los paramilitares que les arrebatan sus tierras, 12.000 presos y presas políticas que se hallan injustamente encarcelados en las mazmorras del régimen en condiciones inhumanas, víctimas de la “seguridad democrática”, entre los que se cuentan cientos de dirigentes sociales, campesinos, indígenas y estudiantes, y miles de refugiados políticos.

En lo que respecta a lo sucedido durante el mandato de Uribe, ejerciendo la misma tradición terrorista que acabó con la vida de miles de dirigentes de la Unión Patriótica en la década del 80, han sido asesinados, según los datos de la Central Unitaria de los Trabajadores de Colombia, 282 dirigentes sindicales; al mismo tiempo que se han contabilizado 936 ejecuciones extrajudiciales atribuibles a la Fuerza Pública, según un informe publicado el pasado mes de octubre en Medellín por la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos; y por otra parte, es la propia Naciones Unidas la que ha solicitado una investigación sobre sobre 37 ejecuciones de dirigentes sociales por parte del Ejército, ejecuciones que fueron presentadas como guerrilleros caídos en combate. Y a estas cifras habría que sumar las de los cientos de desaparecidos y las de los 150 dirigentes políticos de organizaciones políticas que también han sido asesinados durante el mandato de Uribe.

A esto hay que sumar el desparpajo y la deshonestidad del manejo internacional de Uribe, de este “peón del Imperio”, tal cual lo definiera el Presidente Hugo Chávez, de lo cual es ejemplo el engaño que consumara contra Francia en abril de 2004, cuando con una maniobra enbustera frustró el diálogo que en aquél momento se pretendió establecer entre FARC y Francia por la liberación de Ingrid Betancur, engaño donde Uribe mintió alevosamente a los familiares de Ingrid, a la Iglesia Católica Apostólica Romana y al propio Estado de Francia cuando elementos de la Inteligencia Militar del Ejército de Colombia se hicieron pasar, ante todos ellos, como representantes de las FARC en ejecución del ardid ideado por este peón para sabotear, como lo hicieran recientemente con la operación “Emmanuel”, la liberación de Betancur.

Sr. Canciller, el Gobierno colombiano es un inmenso portaviones con el mayor ejército contra insurgente de la Doctrina de Seguridad nacional. Junto a ello opera el más grande ejército para-militar que recuerde la historia latinoamericana, con estrechos lazos con el Presidente Uribe y varios de sus funcionarios, como lo atestiguan, videos, fotos, y declaraciones de los propios para-militares.

Ese enorme ejército –con cinco bases norteamericanas- son una fuerza presta a desestabilizar cualquier gobierno que se oponga a sus planes en la región, e incluso a desatar un conflicto de enormes consecuencias, como lo viene denunciando el Presidente Chávez.

Frente a esto uno de los pasos hacia la paz que todos los pueblos deseamos es el reconocimiento de las FARC y del ELN como fuerzas beligerantes, reconocimiento que no compete al Estado Colombiano sino a terceros Estados. Entre otros tantos antecedecentes en este sentido se encuentra el reconocimiento como fuerza beligerante, por parte de los Estados de México y Francia en 1984, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador.

Entendemos que es harto evidente que a las FARC y el ELN les corresponde este status dado que cumplen cabalmente los presupuestos reconocidos en el Derecho Internacional Público para establecer tal condición, presupuestos sancionados legalmente en la Convención de Ginebra de 1948 y en los Protocolos adicionales I y II de 1977, todos éstas suscritos por el Estado colombiano.

Por otra parte, Sr. Canciller, vemos con preocupación que entre el personal acreditado en la Embajada de Colombia en la Argentina se encuentra personal altamente comprometido en la ejecución del terrorismo de Estado, tal cual han denunciado diversos organismos internacionales y de derechos humanos, y razón por la cual se encuentra investigado y con un proceso penal en su contra.

Entendemos, Sr. Canciller, que la presencia de dicho sujeto en nuestro país y, al mismo tiempo, su legitimación por parte del Estado Argentino como personal de la Embajada de Colombia, no se condicen con la actitud que esta administración viene teniendo respecto de los criminales que son o han sido protagonistas del terrorismo de Estado.

Es por ello que reclamamos del gobierno argentino:

. El reconocimiento público de las FARC y el ELN como fuerzas beligerantes.

. La declaración de condena del terrorismo de Estado practicado por el gobierno de Uribe.

. La colaboración activa del Estado Argentino para una salida pacífica al conflicto armado y social colombiano, lo que debe comenzar con el intercambio humanitario tal como lo proponen las organizaciones populares beligerantes.

. La revocación de la acreditación del tal personal de la Embajada de Colombia en Argentina.

La participación del Estado Argentino en las gestiones de paz, de las cuales la intervención del Sr. Néstor Kirchner como garante internacional de la Operación Emmanuel es una trascendente muestra, no debe ser abandonada. La defensa de los Derechos Humanos y de la Soberanía de los Estados de América Latina ante la intervención militar de los Estados Unidos, así lo requieren.

A la espera de una actitud receptiva de nuestra petición, lo saludamos muy atentamente.

Buenos Aires, 4 de Febrero de 2008

Movimiento Teresa Rodríguez
Dentro del Bloque Piquetero Nacional
mtrtodonada@yahoo.com.ar