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Después de las elecciones, el gobierno profundiza el modelo represivo
El descenso del caudal de votos del kirchnerismo en las PASO [elecciones primarias] de agosto, que incluyó la derrota de su candidato oficial, Insaurralde, ante el Frente Renovador de Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires, rápidamente motivó un cambio de estrategia de cara a las elecciones de octubre.
A partir de la lectura de que el triunfo del ex jefe de gabinete kirchnerista, hoy opositor, se apoya, en parte, en su perfil de “preocupado por la inseguridad”, el gobierno nacional, el provincial y su candidato salieron a disputar ese terreno con energía.
Arrancó el coronel Sergio Berni, secretario de Seguridad del gobierno nacional: “las cuestiones de seguridad son palpables y la gente las padece permanentemente”. Tras el volantazo al discurso oficial, que prefería hablar de una “sensación de inseguridad creada por los medios”, anunció un nuevo “plan de seguridad”, que consiste en “la ejecución de planes de acción de alcance federal tendientes a la cooperación, colaboración y asistencia para la promoción de políticas públicas en materia de seguridad” con el objetivo de “combatir el delito y bajar la criminalidad”. En lo concreto, reforzaron el plan Centinela, que existe desde 2011, con el desembarco de 5.000 gendarmes y 400 policías federales más a la provincia y la transferencia de 85 millones de pesos destinados a 700 unidades móviles para la provincia. Casi simultáneamente, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, anunció el envío de 4.500 efectivos de las Fuerzas Armadas a las fronteras noreste y noroeste del país en el marco del operativo Escudo Norte, también creado en 2011, para reemplazar a los gendarmes venidos a la zona metropolitana. Esto es, cada vez más saturación de fuerzas represivas en nuestros barrios por parte de un gobierno que nos mata un pibe por día con el gatillo fácil o la tortura.
En la misma línea, y replicando la jugada nacional de diciembre de 2010, cuando se creó el ministerio de Seguridad después de las muertes en el Parque Indoamericano (ver Boletín Informativo nº 589), el gobernador de la provincia, Daniel Scioli, anunció el desdoblamiento del ministerio de Justicia del de Seguridad, para el que designó a Alejandro Granados, actual intendente de Ezeiza. De esta manera dio marcha atrás en lo que, con los mismos argumentos, pero en sentido contrario, había resuelto en mayo de 2010, cuando despidió al fiscal Stornelli y juntó ambos ministerios con Casal a la cabeza (ver Boletín Informativo nº 558).
Como con Marambio en el Servicio Penitenciario Federal o Milani en el ejército, el nuevo ministro viene con nutrido prontuario en materia represiva. “En Ezeiza, logró tener los índices más bajos de inseguridad con tecnología contra el delito y buscando readecuar el funcionamiento del Estado a las nuevas características de la delincuencia”, lo defendió Scioli. Efectivamente, el barón del conurbano y apóstol de la “mano dura” Granados, ya en 2003 implementó el programa “Tolerancia Cero”, con la contratación de policías retirados para reforzar el patrullaje en las calles de Ezeiza. Uno de estos policías recontratados, José Antonio “Oso” Pelozo, mejor conocido en su barrio, Villa Fiorito, como el “Mataguachos”, fusiló, el 3 de junio de 2003, a Matías Bárzola, cuya familia hoy se organiza en CORREPI. Ése es el aporte de Granados a la “tecnología” represiva: escuadrones de la muerte para hostigar y matar a los pibes de los barrios.
Como frutilla del postre, tanto Scioli como Insaurralde, desempolvaron viejos proyectos para bajar de la edad a partir de la cual un niño puede ser sometido a un proceso penal. Nunca los oímos –ni los vamos a oir- pedir a gritos mano dura para la infinidad cotidiana de delitos, muy superior en cantidad y calidad, que diariamente protagonizan policías, gendarmes, prefectos, guardiacárceles, militares, empresarios o burócratas sindicales.
En una cosa tienen razón: No es nuevo el “trabajo” del kirchnerismo en lo que ellos llaman “políticas de seguridad” y nosotros señalamos como políticas represivas. No es novedosa la creciente militarización del área metropolitana, con los planes Cinturón Sur y Centinela, ni el vertiginoso aumento del presupuesto para las fuerzas de seguridad, que pasó de 2.960 millones de pesos en 2003 a 25.900 millones de pesos en 2013, es decir, un aumento del 1.096% en 10 años. En palabras del ministro de Seguridad nacional, Arturo Puricelli, los nuevos refuerzos en materia represiva no tienen que ver con una “política espasmódica, sino con una política que lleva 10 años”. Ciertamente, en esta década de kirchnerismo, se deja ver la política de estado que ha aumentado en forma categórica los asesinatos a manos del aparato represivo en todas sus modalidades. Con el gatillo fácil, las muertes en cárceles y comisarías y los asesinatos de luchadores populares, los índices del actual gobierno superan los de todos los gobiernos constitucionales desde 1983.
Estas medidas de continuidad en la política que el oficialismo ha llevado adelante desde 2003, muestran cómo, ante el traspié electoral, se reinventan y endurecen su política represiva hacia el pueblo trabajador.
