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Después de la catástrofe viene la calma, una calma siempre aparente: Balance tras el Paro Nacional estudiantil
empecemos por NO informarnos por sus medios, NO usar su lenguaje... en el fondo, NO pensemos como ellos...
La rebeldía contenida ayer en las diversas formas de expresión social que se desarrollaron, así como en las diferentes manifestaciones hechas a lo largo del país en el transcurso de toda la movilización estudiantil, se hizo patente un sólo conflicto: que el Capital genera una injusta condición de miseria y exclusión para una gran parte de la población, a costa de estos, y a beneficio de una clase hegemónica. En otras palabras, la aglomeración de luchas que poco a poco se rearticula en el país, empieza a tener un solo discurso, un discurso popular que comprende que la lucha social es una lucha de clase.
Sin embargo, estas voces no se desarrollan aisladas en el paisaje, por el contrario, estas han adquirido mayor vigor mientras han ido reconociendo a quienes son los aliados y los enemigos de este campo popular, diferenciando a aquellos que sufren consecuencias del mismo fenómeno de aquellos que producen e intentar reafirmar dicho fenómeno (la clase dirigencial). En este sentido, el movimiento estudiantil ha sido claro en manifestar que sus intenciones no están definidas por mejorar las condiciones que ofrece el capital, sino modificar sus cimientos, cambiando el sistema mercantil que domina y funda la inequidad chilena.
Los Secundarios, como movimiento social, han apuntado a cambios profundos en el sistema educacional, pero también han luchado por modificar las formas de intervención de la sociedad civil organizada frente al Estado, así como su ingerencia en las decisiones gubernamentales. Todos estos propósitos no hacen más que demostrar que el movimiento social de los estudiantes secundarios, desde su formulación de base, no se encuentra acabado, puesto que estas demandas no se acallan con entregas monetarias o con cambios insustanciales. Este período explosivo de protesta estudiantil nos revela que una gran masa estudiantil ha adquirido un sentido crítico, lo que hace al movimiento capaz de organizarse, convocar y subvertir la realidad.
En otras palabras, la interpelación al campo popular y el reconocimiento del conflicto como un conflicto de clase -estructural del sistema capitalista- le ha inyectado a sus formas de presión su capacidad de imponerse y presionar efectivamente a las autoridades, modificando sus intenciones preescritas y rompiendo su legitimidad social. Mas, este no ha sido un logro ni de las dirigencias estudiantiles ni menos de las dirigencias de otros sectores sociales que apoyaron y se hicieron parte en algún momento del conflicto. Debemos ser claros en diferenciar los distintos aspectos que intervinieron en el conflicto, dentro del mismo campo popular como también dentro del poder dominante. En este sentido, en el poder podemos encontrar diversos intereses económicos y políticos, así como en campo popular encontramos a las bases organizadas, a las masas descontentas y desorganizadas, a las dirigencias del movimiento y a los diferentes intereses sociales y políticos que intervinieron.
De tal forma, los intereses resguardados por el Gobierno son claros, criminalizar y deslegitimar cualquier intento de manifestación popular que tienda a criticar las bases del poder como las bases de la acumulación capitalista, de modo que la generalidad en la que se mueve el Gobierno apunta a contentar a las masas que sustentan su poder, y a la vez aniquilar formas autónomas de decisión popular, restringiendo en definitivamente la participación en las decisiones a aquellos que se unen a sus filas o a los que ya pertenecen a estas. Siendo en definitiva, no solo potenciados de esta forma los intereses de la clase política que se encuentra actualmente en el poder (viéndose también claramente beneficiados con este oficio) sino preferentemente reforzadas y potenciadas los sustentos de la dominación de clases hacia el proletariado.
El Gobierno apunta a volver a la previa calma, calma obviamente que silencia toda manifestación social de conflictos -destacándose este año los conflictos por vivienda digna, sobre prisión política, criminalización de luchadores sociales y conflictos estudiantiles-, reactivando su agenda, la cual nunca se vio interrumpida, y tratando el actual escenario de crisis estudiantil como un estirón del elástico: pendejos engreídos que quieren más de lo que merecen.
Sobre esto, son ejemplos evidentes las declaraciones del Gobierno sobre la inmadures, la violencia y el vandalismo de los demandantes, la incapacidad de estos de aceptar las grandes propuestas que ha hecho el gobierno en la materia y, sobre todo, la nula intención prepositiva de sus demandas. Descripción con la que justifican el alto despliegue represivo, que según ellos intenta resguardar y proteger el libre tránsito de terceros y el desarrollo de las actividades económicas, un sistema de decisiones en las que sólo interfieren los intereses de los poderosos - no importando el número de interesados, sino solo aquellos con una mayor capacidad monetaria- y por supuesto, legitimando la incapacidad del pueblo de manifestar su descontento y rabia frente a las decisiones de la autoridad y el sistema productivo en general.
Por otra parte, desde el punto de vista de los movimientos sociales se encuentran acá distintos actores, también quienes si bien han apuntado hacia un mismo objetivo (la articulación y la producción de un contrapoder que haga contrapeso frente al Poder Central) ha apuntado a diversos objetivos a corto plazo. Así, por decirlo de una forma, existiendo un gran número de organizaciones autónomas dentro de las tomas estudiantiles que han buscado formas de discusión y las que han establecido e impuesto sus criterios en la asamblea general de la ACES, han existido otros grupúsculos políticos que en su intención de entregarle resultados inmediatos a las bancadas a las que pertenecen han hundido o intentado sumergir las demandas del petitorio en decisiones meramente gremiales, siendo finalmente esta Asamblea la que ha rectificado en camino real de las movilizaciones: la solidaridad de clase.
Sin embargo, en este llamado a Paro Nacional, múltiples actores se hicieron parte como apoyo simbólico (fuera de aquellos que realmente se hicieron parte en el conflicto, y sobretodo en la agresividad de la protesta callejera), apoyo que solo buscaba aprovechar el contexto de movilización masiva para instalar otras demandas particulares. Ahora, cuando nombramos y diferenciamos estos distintos grupos no nos estamos refiriendo a una politización o intervención política del movimiento, es más, el movimiento estudiantil es evidentemente un movimiento político -dado el carácter confrontacional y de clase que posee- y sí este a llegado a estar intervenido ha sido por las mismas manipulaciones sufridas desde el Gobierno o los poderes que el él intervienen, forma en la que han intentando insistir en las demandas gremialistas de las movilizaciones.
Nos referimos simplemente a ciertas acciones interesadas en las que algunos grupos han aportado su apoyo, siendo casos ejemplares la CUT, la cual finalmente retiró su apoyo, o el de ciertas federaciones que se han inmiscuido en este conflicto para imponer en la opinión publica demandas que son locales, cuya imposibilidad de hacerse parte desde sus conflictos locales en un contexto y hacía demandas más estructurales limita a los movimientos a la hora de obtener resultados y a la hora de prestar ropa efectivamente en la lucha.
La manifestaciones de ayer dejaron un sabor a derrota, no por los incidentes que "según los poderosos" enturbiaron la jornada, sino porque se hace cada vez más patente la imposibilidad que tienen los sujetos sociales de hacer uso de su derecho básico para manifestarse libremente, lo cual ha sido una medida reiterada del Gobierno para anular cualquier intento del movimiento popular por manifestar los conflictos del capital y combatirlos por medio de la protesta, un ejemplo claro son la constante negativa de la Intendencia de Santiago en las autorizaciones para efectuar marchas y, sobretodo, las constantes descalificaciones de Víctor Barrueto hacia los conflictos sociales.
Ayer, a pesar de la gente dispuesta para el enfrentamiento, las marchas y las reagrupaciones fueron incapaces de cortar el tránsito de la Alameda, cosa que sólo pasó por cortos instantes, si bien los incidentes se extendieron unas 10 horas. En el centro, la mayor parte del tiempo se inundó de una extensa y tensa calma impuesta por el control policial. La protesta social no ha logrado imponerse, ni legitimar las acciones ni los conflictos que enuncia.
También, la alta represión y el despliegue de carabineros que limitó en todo momento la protesta popular fue acompañado por una alta criminalización y represión de aquellos que participan activamente en los movimientos sociales que han radicalizado sus luchas y que se escapan y contraponen a los modos formales de representación política. En otras palabras, esta limitación de las prácticas sociales inaugura una nueva temporada, o mejor dicho, reabren la temporada de persecución política en Democracia.
Ahora, frente todo este espectro de circunstancias, muchas veces desfavorables, el movimiento popular sigue levantándose y desarrollando día a día una lucha en contra de las condiciones que producen la sociedad de clases. Incitamos a seguir pendientes de los aspectos de la Realidad en los que subyacen las relación sociales de explotación y en sus formas de reproducción; incitamos a seguir desarrollando un análisis crítico de esta estructura social; a seguir proponiendo y ejecutando formas de transformación radical de esta realidad y, sobretodo, incitamos a seguir apuntando y articulando las luchas que evidencien estos conflictos. Por ahora el conflicto estudiantil persiste, en los ánimos y en las propuestas, esperamos las concretizaciones de dichas demandas pero, por sobretodo, seguimos aspirando a que el movimiento social se proyecte de forma conciente, articulada y transformadora.
Hechos recientes, el conflicto sigue
iantes se toman la UNESCO:
Cerca de treinta alumnos del Liceo de Aplicación se tomaron a eso de las 13 horas la sede de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (Orealc) de la Unesco, ubicada cerca de Bilbao con Providencia (Enrique Delpiano #2058), intentando obtener una intervención de este organismo internacional en el conflicto estudiantil. Siendo la toma una forma de explicitar la desconfianza de los estudiantes en las propuestas de gobierno -y su voluntad aparente- así como el cumplimiento de la instancia de representación estudiantil en las modificaciones constitucionales propuestas por éste. Esto a pesar de la entrega del cronograma acordado sobre los pasos estatales en los que se "cumplirán" las demandas estudiantiles.
En este sentido, los estudiantes se apostaron el lugar hasta lograr una declaración de Ana Luisa Machado (directora local de la UNESCO) sobre la crisis de la educación, en la cual exija hacerse parte en el Consejo Asesor Presidencial de Educación, manifestarse a nivel mundial sobre las deficiencias del sistema educacional chileno, exigir soluciones al Ministro Zilic y su compromiso en trabajar en los aspectos estructurales de esta problemática (LOCE, Municipalización, JEC).
En la acción, los dirigentes del Aplicación encararon al Gobierno por el desuso en el que se encuentran grandes cantidades de dinero del Fisco, como la baja inversión estatal en Educación en comparación con otros gastos inútiles como la compra de armamento bélico.
2) Acuerdo con el Congreso, participación estudiantil en el Comité Asesor de Educación.
Anoche, la mesa de la ACES sostuvieron una reunión con el senador Mariano Ruiz-Esquide, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Alta, con quien acordaron garantizar la participación de los jóvenes en el Consejo Asesor Presidencial que fue propuesto por Bachelet como salida a la "agenda larga" del conflicto estudiantil. De modo que esta reunión les da cierto apoyo a los estudiantes en garantizar un porcentaje de participación y voto en dicha comisión del Ejecutivo. En este sentido, la propuesta de Bachelet no ha dejado en claro la participación de los sectores involucrados en el conflicto (estudiantes, apoderados, profesores, para-docentes y universitarios) tendrán en esta instancia, ante lo que los estudiantes exigen que estos sectores tengan un 50% de representación.
Ante esto, Bachelet envió hoy al Congreso un proyecto de ley de reforma constitucional que "instituye" la educación de calidad como un derecho, cuya calidad debe vigilar el Estado. Tras esta propuesta, la Mandataria hizo especial énfasis en la falta de apoyo que este proyecto tuvo el año pasado (durante el Gobierno de Ricardo Lagos) por parte de la oposición, propuesta que se espera sea fructífera dado el mayoritario porcentaje representado en el Parlamento. Mas, esta propuesta apunta a mejorar la calidad de la enseñanza, no caracteriza a la municipalización, la despreocupación del Gobierno en la inversión y fiscalización de la educación y la privatización general como los principales factores que degradan la educación chilena. Y asimismo, Bachelet tampoco ha dado el lugar en este proyecto de ley para que la famosa comisión asesora de educación analice la JEC y la Municipalización.
Todo esto se contrapone a la vocería de Gobierno que declara como innecesaria la prolongación de las movilizaciones, dado que tanto como la propuesta de gobierno como este proyecto de ley siguen limitando la participación de los sectores sociales en las decisiones gubernamentales, como sigue deslegitimando la movilización como la única forma en que estas demandas pueden instalarse en la agenda de Gobierno, dada la nula voluntad política y económica de cambiar las formas en que por la educación se reproduce el capital en Chile.
3) Decisión de la Asamblea frente a las movilizaciones.
Tras el Paro Nacional de ayer y tras realizarse una masiva asamblea de estudiantes secundarios (cuyos 500 participantes correspondían a un 100% de los integrantes de la coordinadora) en el Liceo Barros Borgoño (San Diego con Pedro Lagos) se reevaluó los pasos a seguir por los establecimientos con representación en la Asamblea de la ACES, esto tras varios meses de incesante movilización estudiantil. La decisiones claves para la las futuras proyecciones del actual movimiento se contraponen a las presiones e insistencias del Gobierno en que este movimiento decaiga o se termine definitivamente. El Gobierno intenta recobrar la "aparente y usual calma", mientras los estudiantes decidieron no deponer las movilizaciones, ya sean tomas o paros, mientras la Presidenta no firme un compromiso que otorgue el 51% de la representación en la comisión asesora que revisará estas material, tanto como el compromiso a que dicha instancia toque los temas de la "agenda larga".
