"Deudicidio" y después

Estuvo muy bien el presidente argentino Alberto Fernández al denunciar, ante la Asamblea General de la ONU, que la Argentina había sido víctima de un “deudicidio”. Ojalá que ésta sagaz caracterización –la figura sería “robo seguido de muerte”- sirva para poner en marcha la investigación que todo crimen merece. Si tal cosa no ocurriera se consagraría la impunidad de los perpetradores e inclusive habría quien condene la pasividad oficial como complicidad.

Se impone, en consecuencia, obrar como lo haría un fiscal a cargo de un caso similar y en donde el muerto no sea una economía sino una persona humana: realizar la autopsia correspondiente para especificar, con gran precisión, las heridas y las armas que provocaron el luctuoso desenlace, quienes apretaron el gatillo, el monto de lo robado y el paradero tanto de los asaltantes como del dinero. Las armas fueron una serie de préstamos impagables que jamás deberían haber sido desembolsados por prestamistas, y muy en especial por el FMI. 

Esta nefasta institución, dócil tentáculo de la Casa Blanca según Zbigniew Brzezinski, cedió ante la presión de Donald Trump y para favorecer la re-elección de Macri le concedió a la Argentina, en un acto de criminal irresponsabilidad, el mayor préstamo de su historia. El mismo equivale, al día de hoy, al que le otorgara a 85 países con el propósito de enfrentar la pandemia. Esta es el arma más importante que produjo el crimen y sus autoridades son cómplices necesarios del “deudicidio” de la economía nacional. 

La responsabilidad principal recae en la banda que desde la Casa Rosada asoló el país entre 2015 y 2019 y que prostituyó a la justicia federal mediante la creación de una Mesa Judicial con sede en Balcarce 50; organizó una red mafiosa e hipercorrupta en donde promiscuamente participaban jueces, fiscales, espías (que tenían por blanco inclusive a sus aliados políticos más cercanos y sus familiares) y supuestos periodistas encargados de ocultar los delitos de esta banda y de engañar a la población.

Está claro que quienes habitamos este sufrido país no podemos ser penalizados por haber sido víctimas de un atraco, obligándosenos a pagar lo que nos fuera sustraído. Ese gigantesco endeudamiento, que nos compromete durante un siglo, no se tradujo en la construcción de nuevos hospitales, escuelas, caminos, fábricas, astilleros, puertos, aeropuertos, viviendas, obras de alcantarillado o abastecimiento de agua potable. Fue en gran medida utilizado para facilitar la fuga de dólares de los favoritos del régimen que hundiera al país en aquellos años.

Nada puede reclamar el FMI, cómplice de una gigantesca estafa que además perjudicó a decenas de naciones muy pobres que no obtuvieron del FMI la ayuda que necesitaba porque su Directorio y la Directora Gerente, Christine Lagarde, optaron por canalizar una suma astronómica de fondos para favorecer la re-elección del por entonces presidente argentino en lugar de ofrecérselos a quienes realmente lo precisaban.

Sólo algunas sumas marginales habrá que renegociar con el FMI, y nada más. Y habrá que lanzar una campaña explicando esta situación a la comunidad internacional para que comprendan que si los préstamos para cubrir necesidades básicas no llegaron fue porque el FMI tenía otras inmorales prioridades. Campaña además que obligue a esa institución a identificar la “ruta del dinero”, si es que quiere recuperar algo del dinero desembolsado. Se sabe, o se puede averiguar fácilmente, en qué guaridas fiscales los malhechores pusieron a buen recaudo el producto de su atraco luego de fugarlo del país.

Los responsables de este “robo seguido de muerte” no pueden quedar impunes, y tampoco el FMI. La auditoría del Banco Central ha producido un informe lapidario en donde se demuestra cómo fue todo este operativo de saqueo y el enorme costo que tuvo para la Argentina. Falta nomás que el gobierno nacional convoque a una auditoría internacional, de inobjetables credenciales, para certificar la exactitud de aquel informe y actuar en consecuencia, demandando a los asaltantes y sus cómplices.

Pedirle a una persona que fue asaltada que le “devuelva” el dinero al ladrón equivaldría a duplicar el mondo del delito y viola todas las normas éticas y jurídicas. Lo mismo ocurre cuando quien sufrió ese robo fue un país entero. La deuda deben pagarla quienes la contrajeron para su beneficio personal, no las víctimas del robo. Como ocurrió con los juicios a las Juntas militares, si la Argentina avanza en esta dirección puede ser considerada, otra vez, como un ejemplo digno de ser emulado.

Página 12