Ecuador: La dictadura no se consolida. Derogan estado de excepción

Hacia las 9 de la noche del 15 de abril, los medios de comunicación radiales y televisivos, se enlazaban para dar paso a la cadena nacional, en la que, el Presidente de la República, rodeado del alto mando Militar, cruzado en el pecho la banda presidencial con la leyenda «Mi poder en la Constitución», y amparado y fortalecido por el espíritu protector que había dejado la visita del General Myers, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, leía el Decreto de Emergencia a través del cual se eliminaban las garantías constitucionales al pueblo de Quito. Fortaleza que arranca, según comentarios salidos del propio palacio de Gobierno, del acuerdo entre el Jefe del Estado Ecuatoriano y el más alto oficial de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos mediante el cual Gutiérrez tiene el respaldo de la gran potencia y su embajada en Ecuador a cambio de la inmunidad a los soldados estadounidenses en nuestro país y otros acuerdos de orden militar que no se los ha podido identificar aún.

Para «equilibrar» la reacción popular también en el Decreto se disolvió la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo a los retazos constitucionales que todavía quedan en el país, el Congreso Nacional deberá conocer y ratificar el Decreto Presidencial. Se presume que la mayoría parlamentaria no ratificará el Decreto de Emergencia lo que traerá una nueva pugna entre la oposición parlamentaria y el Presidente de la República.

Horas antes, ya la ciudadanía sabía sobre la medida presidencial y salió a las calles de forma masiva, desafiando al régimen de forma pacífica, con la voz y la creatividad como únicas armas. Para sostener el argumento de «conmoción interna» o de cumplir «su obligación de mantener la seguridad nacional» el régimen organizó a un grupo de aproximadamente 50 personas, algunos empleados del Ministerio de Bienestar Social, quienes bajo el mando del Teniente Coronel Edy Sánchez, delegado del Presidente ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, llegaron a las inmediaciones de Radio la Luna, eje de las comvocatorias al levantamiento popular, en franca actitud de provocación y cargados de armas, gasolina y antorchas. Solamente la gran cantidad de manifestantes pacíficos pudo frenar las macabras intenciones. Una parte del maquiavélico plan había fracasado.

La pérdida de los derechos constitucionales -libertad de expresión, movimiento, privacidad, propiedad, etc.- no amilanó a las familias quiteñas que hasta las primeras horas del sábado 16 siguieron tomadas las calles de la capital de la República, exigiendo ahora, casi de forma única, la renuncia del primer mandatario. Lo que comenzó dos noches anteriores como una forma de manifestación de la clase media, en el norte de Quito, cambió de rostro. La noche del 15 ya eran miles de focos populares, que alzaban la voz, que estaban de pie en las calles, con banderas, con ollas, con la mano alzada y con el grito de indignación. La segunda estrategia había fracasado. No pudo el coronel manipular la bronca de los pobres, apropiarse de su voluntad, taparles los ojos para utilizarlos como escudo de su política antipatriótica. El discurso maniqueo del gobierno identificando a la bronca en un inicio con la Izquierda Democrática y después con los «aniñados», se le fue de las manos. No pudo t
apar el sol con un dedo..

Por su parte el Cabildo Quiteño reunido en la madrugada de este 16 de abril resolvió pedir la renuncia del Presidente de la República. Dentro de las Fuerzas Armadas tampoco la situación se presenta fácil para el Coronel Gutiérrez. Se conoce que existe malestar dentro del ejército ecuatoriano no solamente frente al Decreto de Emergencia sino ante la serie de medidas y acontecimientos sucedidos en los últimos meses. La información sobre la oposición del General Aguas, comandante del Ejército, al decreto de Emergencia se confirmó. Su oposición a salir en la cadena nacional dio paso para que el Presidente de la República ordene su baja y nombre en su reemplazo al General Ubillus, quien asume el mando con el objetivo de acallar la protesta de la ciudadanía quiteña.

El nuevo rumor sobre la disolución del Congreso en las primeras horas de la tarde del 16 de abril significaría la auto proclamación abierta del Coronel Gutiérrez como Dictador, pues la Constitución Política no faculta al primer mandatario para que tome esta medida.

Mientras todo esto sucede la ciudadanía no se amedrenta ante las amenazas del gobierno. Existen dudas sobre la voluntad de los mandos medios de las Fuerzas Armadas para manchar sus manos de sangre y ahogar el levantamiento quiteño. La resistencia del pueblo es el factor que no se analiza dentro de los cálculos y análisis. Será tal vez porque dentro de las filas militares no hay posibilidad de deliberar sino solamente de obedecer.

El problema es que el Presidente de la República sigue recibiendo órdenes de sus superiores del Norte y para mantenerse en el poder requiere ya solamente de su anuencia.

Em las próximas horas, el pueblo rebelde de Quito puede revertir la situación y lograr que el dictador vuelva por los fueros de la legalidad o abandone el palacio de gobierno.

Fuente: Altercom

Derogan estado de excepción

Las protestas se realizaron a pesar del estado de excepción. El presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez, derogó el estado de excepción en Quito, declarado por él mismo el día anterior. Gutiérrez hizo el anuncio en una alocución televisiva en la que explicó que tomó la decisión porque "se consiguió el objetivo fundamental, que es la cesación de la Corte Suprema de Justicia". El presidente anunció también que el Congreso se reunirá en una sesión extraordinaria el domingo para discutir la ratificación del cese de la Corte Suprema y la ley que reforma la rama judicial. Se consiguió el objetivo fundamental, que es la cesación de la Corte Suprema de Justicia

Pese a que el mandatario decretó el estado de excepción en la noche del viernes, miles de personas se congregaron en diferentes puntos de Quito para manifestar su oposición al gobierno con cacerolas, tablas y globos.

"Un interminable y ensordecedor sonido de bocinas de vehículos, en todo el distrito metropolitano dan cuenta del descontento popular", dijo el colaborador de la BBC en Quito, Wilson Moposita.

Las manifestaciones no fueron impedidas por las fuerzas militares, por lo que en los medios de comunicación se difundieron rumores de una posible división entre las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Estas versiones fueron desmentidas por el ministro de Defensa Nelson Herrera, quien aseguró que "las Fuerzas Armadas se encuentran cohesionadas".

Decreto sorpresivo

Gutiérrez declaró el estado de excepción y disolvió la Corte Suprema. Gutiérrez declaró el estado de excepción en una sorpresiva aparición en la televisión nacional en la noche del viernes. Rodeado por el alto mando militar y sus ministros, el presidente explicó que el decreto limitaba los derechos constitucionales a la libre opinión, reunión y circulación en el distrito metropolitano de Quito. El presidente también anunció el cese por decreto de los 31 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El estado de excepción fue rechazado por medio de una resolución por el alcalde de Quito, Paco Moncayo, quien calificó la medida de "una afrenta a la ciudadanía". Moncayo también pidió al presidente que presente su renuncia y llamó a los ecuatorianos a practicar la "desobediencia civil".

Las Fuerzas Armadas desmintieron rumores sobre posibles divisiones

La emisora "Radio La Luna", que ha convocado a los quiteños a marchar desde el miércoles, abrió su frecuencia para que los oyentes emitieran su opinión al aire. Washington informó a través de un comunicado que "hemos exhortado al gobierno de Ecuador a que muestre moderación". La Unión Europea llamó al gobierno y a la oposición ecuatoriana a "encontrar una solución pacífica" a la crisis.

Sin acuerdo

Las manifestaciones en Quito comenzaron el miércoles. La crisis política en Ecuador se desató tras la llamada reestructuración de la Corte Suprema en diciembre del año pasado, que fue hecha por una mayoría parlamentaria afín al presidente Gutiérrez. El descontento se profundizó cuando los magistrados recién nombrados anularon los juicios contra los ex presidentes Gustavo Noboa y Abdalá Bucaram, lo que permitió su regreso al país desde su exilio en Panamá.

La oposición asegura que la reestructuración del tribunal constituye una interferencia política de parte del gobierno en el sistema judicial. Gutiérrez ha negado las acusaciones y asegura que los cambios en la Corte Suprema de Justicia estuvieron apegados a la ley. El Congreso aún no ha podido llegar a un acuerdo sobre una propuesta para reemplazar a la actual Corte Suprema de Justicia. El proyecto que fue elaborado por el Ejecutivo y entregado al cuerpo legislativo hace un mes, no ha sido aprobado debido a las discrepancias entre los legisladores.

Fuente: BBC