Ecuador vive su tercer paro nacional con marchas masivas y represión

El Gobierno afirma que esta medida permitirá recaudar US$ 1.100 millones que se redirigirán a bonos sociales y sectores productivos. Las organizaciones sociales, por su parte, advierten que esta medida impacta en el transporte de alimentos, mercadería y otros productos, lo que aumentará el costo de la vida.

Desde las 00:00 del 13 de septiembre de 2025, el precio del diésel pasó de US$ 1.80 a US$ 2.80 por galón en Ecuador. Este combustible es el más económico. Se utiliza en el transporte público y lo usan vehículos que movilizan productos de primera necesidad como papas, plátano verde, gas, mercadería, entre otros. La consigna que sostienen los detractores de esta decisión es que cuando el diésel sube, todo sube.

La medida se efectuó luego de que el presidente Daniel Noboa emitiera el decreto 126 que elimina el subsidio a este combustible. El comunicado oficial indica que este precio se mantendrá hasta diciembre y luego entrará en vigencia un sistema de bandas, con lo cual el costo variará según los valores internacionales. Para el Ministerio de Finanzas, esta decisión permitirá un ahorro estatal de US$ 1.100 millones que se utilizarán en 18 programas sociales y productivos.

Luego de la promulgación de este decreto, el Ejecutivo decidió trasladar la Presidencia a Latacunga y la vicepresidencia a Otavalo. La vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, declaró: "No hay espacio para la negociación" ante las presiones y manifestaciones. Por su parte, la ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, defendió la eliminación total del subsidio al diésel, argumentando que la medida previene el contrabando.

Varias organizaciones sociales se pronunciaron, luego del anuncio de esta decisión y del llamado ilegal a un referéndum para modificar la Constitución progresista de 2008, para activar movilizaciones en todo el país. El 18 de septiembre, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), convocó a un paro nacional inmediato e indefinido, a través de un comunicado, en rechazo a la "eliminación del subsidio al diésel, el paquetazo neoliberal y el rechazo al modelo extractivista".

Poco después de este anuncio, el Presidente emitió el Decreto Ejecutivo 146 que extendió el estado de excepción a ocho provincias y se instauró el toque de queda en cinco de ellas. Además, la CONAIE denunció que varias cuentas bancarias de dirigentes y organizaciones regionales fueron bloqueadas por "orden estatal", lo que describen como "una forma de persecución y criminalización".

El lunes 22 de septiembre iniciaron las acciones de protesta convocadas por la CONAIE. Se registraron cierres viales en varias provincias como Latacunga, Imbabura, Bolívar, Azuay, Pastaza, Pichincha. El Ejecutivo respondió con fuerte represión de la Policía y las Fuerzas Armadas.

Latacunga e Imbabura fueron los focos de mayor violencia al ser el lugar donde se trasladó la sede de la presidencia y vicepresidencia respectivamente. En el primer día de manifestaciones, decenas de personas presentaron heridas en la cabeza y el rostro por el uso de bombas lacrimógenas por parte de la Fuerza Pública. Además, la comunidad de Pijal denunció el uso de balas de fusil y el ingreso violento a viviendas por parte de la Policía y el Ejército.

Una tímida contramarcha en Latacunga a favor de la eliminación del subsidio al diésel fue la respuesta del Ejecutivo. Alrededor de la gobernación permanecían decenas de buses interprovinciales con personas de varias localidades, entre ellos funcionarios públicos.

La CONAIE denunció la detención de 50 personas en el primer día del Paro Nacional, 20 en Otavalo, 30 entre Cotopaxi y Pichincha. Entre los heridos más graves está una persona atropellada por un vehículo de la Fuerza Pública.

Asimismo se detectaron detenciones arbitrarias de pobaldores. Es el caso de Gina Cahuasquí, mujer kichwa de Otavalo, quien fue a repartir agua en la movilización de la ciudadanía, pero al ver que la Policía apuntaba las bombas lacrimógenas a los cuerpos de los manifestantes se interpuso frente a un efectivo del Grupo de Intervención y Rescate (GIR). En un video difundido en redes sociales se observa como es agredida por esta acción y la Policía Nacional procede con su detención. Dos días después fue liberada con golpes en el cuerpo y enfrenta cargos por terrorismo.

El segundo día de movilizaciones se enmarcó en la represión de las fuerzas del régimen. Varios sectores sociales y organizaciones continuaron sumándose a las protestas. Azuay, Saquisilí, San Miguel del Común, la Nacionalidad Kichwa de Pastaza PAKKIRU ratificó la movilización permanente, entre otros. En Quito, la capital, se realizaron dos manifestaciones de estudiantes y jóvenes. Una se dirigió al centro de la ciudad hacia la plaza de Santo Domingo y la segunda marcha se dirigió al norte, hacia el centro empresarial. Ambas manifestaciones vivieron la represión policial. La marcha del norte dejó tres jóvenes detenidos: Ángel Lascano, Carlos Quito y Pablo Gallardo.

Según la Alianza por los DDHH de Ecuador, hasta el 23 de septiembre de 2025 se contabilizan 52 reportes de vulneraciones a DDHH, 41 personas heridas, 59 detenciones: 31 verificadas y 28 sin información.

La noche del jueves, fuerzas represivas desalojaron por la fuerza a manifestantes que se habían congregado en la ciudad de Cuenca, en el marco del cuarto día de paro nacional. En Ibarra, a 549 kilómetros de distancia, la Fundación Regional de Asesoría en DDHH (Inredh) reportó la detención de al menos 12 personas, mientras que el coronel Marco Narváez, comandante de la Zona 1 de Policía, confirmó que en la provincia de Imbabura se registraron 13 arrestos, incluyendo 10 hombres adultos, dos menores de edad y una mujer.

En paralelo, el régimen ecuatoriano ha sido acusado de difundir información falsa para desacreditar el movimiento opositor. Un caso emblemático es el de un ecuatoriano detenido que ejerce como tatuador, presentado oficialmente como ciudadano venezolano presuntamente vinculado a una red de crimen organizado transnacional, lo que ha sido desmentido por fuentes de los movimientos sociales.

Más allá del diésel

La decisión de eliminar el subsidio al diésel se suma a una serie de ajustes impuestas por el Ejecutivo al pueblo ecuatoriano que buscan implementar mediante leyes o decretos las condiciones que pone el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el endeudamiento. En abril de 2024, se elevó el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 12 % a 15 %, en junio del mismo año se impuso la reducción del subsidio a la gasolina extra a través de un sistema de bandas, en julio de 2025 se decretó la reducción de ministerios y secretarías de Estado y el despido de 5.000 funcionarios públicos.

El Gobierno de Daniel Noboa logró un préstamo inicial de US$ 4.000 millones con el FMI en mayo de 2024. El organismo internacional desembolsó US$ 1.000 millones en junio de 2024, US$ 500 millones más el 24 de diciembre de 2024, US$ 600 millones en el pasado agosto. Luego de las elecciones de 2025 y el buen cumplimiento con el organismo, el FMI prestará al país US$ 1.000 millones más. La deuda con el FMI hasta el primer trimestre de 2025 fue de US$ 8.705 millones, siendo el cuarto país del mundo más endeudado por debajo de Argentina, Ucrania y Egipto.

Los orígenes de las protestas en Ecuador tienen raíces más profundas. El Gobierno no resuelve los problemas que enfrenta el país actualmente: el aumento de la inseguridad con 6.449 muertes violentas en los primeros ocho meses del año y el asesinato de 510 mujeres entre enero y agosto, son datos alarmantes proporcionados por el Ministerio del Interior. A esto se suma una crisis de salud con hospitales sin medicina, pacientes sin atención oportuna y unos fondos que se achican cada año. El presupuesto del Ministerio de Salud Pública se redujo de US$ 3.210 millones en 2023 a US$ 2.798 millones, un recorte de US$ 421 millones en apenas tres años.

A esto se suma la falta de oportunidades. En septiembre, el desempleo en Ecuador alcanza una tasa de 4,3 %, lo que representa en números alrededor de 400.000 personas. El 39,2% eran jóvenes entre 15 y 24 años y el 33,4%, entre 25 y 34 años, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), conocidas por su parcialidad a favor del régimen. Mientras, los datos del Ministerio de Educación muestran que algo más de 73.000 estudiantes abandonaron las aulas en el año lectivo 2023-2024 y en febrero de 2025 fueron 19.000.

Y lo que no mencionan la mayoría de los análisis es que ha quedado en claro el objetivo final del régimen: acabar con la Constitución progresista de 2008, convertida en estorbo para los intereses de las élites del poder.

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