Ecuador: Acerca de los acuerdos, la teoría política y el ejercicio del poder

La teoría que plantea la necesidad de evitar el "choque de trenes", acuñada desde los más altos niveles del gobierno de Rafael Correa, a propósito de la confrontación del poder ejecutivo con el poder legislativo, no tiene asidero alguno a la luz de la teoría política, la que enseña, en forma abreviada y simplificada, que no es más que la practica para acumular fuerzas en procura de lograr objetivos políticos ciertos. Acumulación que, por oposición, determina una reducción de las fuerzas contrarias al proyecto político que se defiende. Contraposición que ineludiblemente lleva a la confrontación.

Si a lo anterior se agrega que nuestras sociedades, se admita o no, puesto que ello no cambia la verdad objetiva, se caracterizan por contradicciones principales entre clases, y, secundarias entre estratos de una misma clase, por los irreconciliables y distintos intereses que caracteriza a unos y otros, la presencia de confrontaciones se vuelve una constante, cuanto más que las contradicciones se han profundizado por la crisis estructural del capitalismo. Profundización de contradicciones que, igualmente, obedecen a la elevación cualitativa de la conciencia de las masas respecto al origen de los problemas estructurales que confrontan, proceso que determina un cambio cualitativo acelerado de "clase en sí" a "clase para sí", en la visión conceptual de los clásicos.

En esa perspectiva, la confrontación es inevitable, cuanto más que el pueblo ecuatoriano se pronunció en las urnas, por una profunda transformación estructural de la sociedad ecuatoriana, que afectará profundamente los intereses de las clases dominantes, como lo anuncian ya los pronunciamientos de sus principales voceros y la campaña de desinformación y manipulación que desarrollan los grandes medios de información, controlados por el poder económico de siempre, ante la solicitud formulada por el Presidente Correa ante el Tribunal Supremo Electoral para que proceda, como lo manda la Constitución y la Ley Orgánica de Elecciones, a convocar a una Consulta Popular que defina la realización de una Asamblea Constituyente de plenos poderes.

Si ello es así, los acuerdos públicos o soterrados del Ministro de Gobierno con el Congreso Nacional para evitar la confrontación social son improcedentes, no sólo por partir del error teórico de que el "choque de trenes" no se producirá, como ya lo han demostrado los hechos, sino y fundamentalmente, por cuanto afectan al proceso de acumulación de las fuerzas favorables al proyecto de transformación profunda demandado y asumido.

Efectivamente, si se analizan los resultados políticos que generó el primer acuerdo con Lucio Gutiérrez, quien se ha pronunciado abiertamente en contra de la transformación, es evidente que el gobierno del Presidente Correa, debilitó sus fuerzas por la crítica que hubo de soportar por parte de los Partidos y movimientos aliados. La crítica se concentró en:

- El retome, por parte del Ministro de Gobierno, de la vieja práctica corrupta que supone que política es el toma y daca, lo que determinó que se realicen concesiones que fueron desde la entrega de cuotas muy importantes de poder a las fuerzas contrarias al proceso, específicamente a Lucio Gutiérrez;

- Las ventajas que se proporcionaba a los partidos políticos tradicionales en el Estatuto con el cual se convocaba a Asamblea Constituyente, en tanto se debilitaba la representación de las fuerzas amigas, situación que volvía inútil el uso de este instrumento indispensable para el cambio;

- La concesión al Congreso Nacional de facultades que no constan en la Constitución de la República ni en Ley alguna, en franco incumplimiento de la obligación constitucional que obliga al Presidente Correa a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes.

Las acciones del Ministro de Gobierno (¿con la anuencia del Presidente Correa?), determinaron que Lucio Gutiérrez controle la presidencia del Tribunal Supremo Electoral, y, con ello, las fuerzas de oposición logren la mayoría en esa entidad, lo que les permitió, sobre la base del acuerdo Gobierno-Gutiérrez y en clara violación de la Constitución, remitir al Congreso Nacional la solicitud de convocatoria formulada por el Presidente Correa, para que se pronuncie sobre la misma.

Si ello ya conformaba un error político de bulto, el Ministro de Gobierno volvió a repetirlo, al acordar con los Jefes de bloque del Congreso que éste "de paso", según sus palabras, a la Consulta Popular, en clara violación del Artículo 104 de la Constitución, y, lo que es más grave, sentando un antecedente legal de previsibles consecuencias en contra de la Asamblea Constituyente de plenos poderes, que van desde la conformación de una comisión de juristas encargadas de elaborar el texto constitucional que discutiría la Asamblea Constituyente, lo que de hecho niega los plenos poderes de la misma, hasta la postergación de la fecha en que se realizaría.

La cesión de poder a favor de quienes se oponen al proceso de transformación también se manifestó en el anticonstitucional nombramiento, por parte del Congreso Nacional de Fiscal General de la Nación en la persona del Dr. Cucalón. Designación que culminó con la renuncia del supuesto Fiscal, como producto del movimiento social adverso a la designación. A lo expuesto y como todo apunta, el acuerdo igualmente determina la designación como Procurador General de la Nación en la persona de un miembro del partido de Lucio Gutiérrez.

Así planteado el problema, es evidente que el gobierno de Rafael Correa, al privilegiar los acuerdos de toma y daca que concreta el Ministro de Gobierno, en lugar de propiciar un fortalecimiento de las fuerzas que apoyan la Asamblea Constituyente las debilita, intencionadamente, según quienes suponen la existencia de un quintacolumnista en el seno del gobierno, o, por una falta de comprensión de la teoría política y, principalmente por un temor al ejercicio del poder, según nuestro criterio.

Efectivamente, el gobierno del Presidente Rafael Correa parece no entender que el único soporte para llevar adelante el compromiso que asumió con el pueblo ecuatoriano, es fortalecer las fuerzas que apoyan este proceso, no debilitarlas a través de acuerdos espurios. Que el poder no existe como realidad objetiva, que únicamente se convierte en una realidad cierta cuando se lo ejerce, y, lo que es más importante que el gobierno tiene el total y absoluto derecho a ejercerlo, en exacta réplica de las formas y procedimientos a través de los cuales la dominación lo ha ejercido desde inicios de la República para conservar sus privilegios.

La única diferencia radicará, entonces, en que el ejercicio del poder debe servir para ampliar, consolidar y fortalecer las fuerzas políticas que apoyan la transformación a posibilitarse a través de una nueva Constitución. Debe servir para conformar acuerdos en que nuestro poder se acreciente y no las de los contrarios al proceso.

Todo ello, por cierto, si el objetivo real del gobierno de Rafael Correa es avanzar en la realización de la Consulta Popular que posibilite la realización de una Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes. Propósito que se muestra cada vez más remoto a la luz de los acuerdos públicos y los no públicos antes comentados.

Si nuestra duda razonable es procedente, el movimiento social debe estar presto para dar la respuesta que ameritaría el paulatino abandono de ese trascendental objetivo, caro a la mayoría del pueblo ecuatoriano y por el cual fue electo presidente Rafael Correa.

Quito 6 de febrero del 2007
Correspondencia de Prensa. germain5@chasque.net