El acoso de Israel a las ONGs palestinas: Actividad subversiva

Una medida fiable -y aleccionadora- de la salud política de un país es el número de organizaciones no gubernamentales (ONGs) y organismos internacionales que trabajan sobre el terreno en ayuda, desarrollo, nutrición, agua, educación, asistencia humanitaria y derechos legales. En los territorios palestinos hay aproximadamente ochenta. Desde los Acuerdos de Oslo de 1993, no es que la huella de las organizaciones no gubernamentales internacionales (ONGI) se haya vuelto más liviana, prueba, por si hiciera falta, de que la Autoridad Palestina -creada por el proceso de Oslo- es incapaz de dirigir lo que queda de la Cisjordania palestina o de atender a sus ciudadanos: se trata de un poder local apenas soberano, obligado a coordinarse con Israel en cuestiones de seguridad y culpable de violar los DDHH de sus críticos. Las ONGI se imponen en lugares donde no hay gobierno efectivo, ni acceso justo a la propiedad, a los alimentos, el agua y la tierra, ni consentimiento al estado de Derecho tal como lo interpretan las autoridades.

Pero también están las ONG palestinas, cuyos orígenes intelectuales y activistas se remontan a casi 75 años de desposesión y resistencia. Muchas se fundaron antes de que las organizaciones internacionales de beneficencia en Palestina se convirtieran en elementos permanentes. Y su número ha crecido: en 2020 había más de cien ONGs palestinas que operaban en Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza. Algunas han intervenido durante años para llenar los grandes vacíos de la "sociedad civil" abiertos por una serie de desastres: la expulsión de 1948, la ocupación militar después de 1967 y -después de Oslo- la vida bajo una administración zombi.

Israel está obligado, por el momento, a sopesar su aversión a las agencias de la ONU y a las ONGI – y sobre todo a los grupos de DDHH- ante el oprobio al que se enfrentaría si empezara a expulsar a los "humanitarios" extranjeros de Palestina y a destruir sus oficinas (la AP también estaría encantada de deshacerse de ellos, si no fuera por los puestos de trabajo y las divisas que llegan con ellos).

Las ONG palestinas siguen siendo, sin embargo, vulnerables a los dictados israelíes. En febrero, las autoridades israelíes ilegalizaron Samidoun, un grupo de que aboga por la liberación de los detenidos palestinos, alegando que tenía vínculos con el Frente Popular para la Liberación de Palestina, una facción marxista de la OLP que en su día estuvo a la vanguardia del movimiento nacional. Samidoun fue identificado como grupo terrorista y acusado de reconducir su financiación al FPLP.

La semana pasada, el ministro de Defensa, Benny Gantz, firmó una orden ejecutiva que designaba a otras seis ONG palestinas como organizaciones "terroristas". Una de ellas era Defensa de los Niños Internacional - Palestina, [Defence for Children International – Palestine], cuyas oficinas fueron allanadas en julio. Otras eran la Unión de Comités de Mujeres Palestinas [Union of Palestinian Women’s Committees]y la Unión de Comités de Trabajadores Agrícolas [Union of Agricultural Workers’ Committees].

La organización "terrorista" más distinguida, de acuerdo con la orden ejecutiva de Gantz, es Al-Haq, una ONG de DDHH fundada a finales de la década de 1970, que se centra en cuestiones jurídicas en los Territorios Ocupados. El objetivo principal de Al-Haq es defender los derechos de los palestinos bajo la ocupación. Ha ganado varios premios internacionales, entre ellos el Prix des Droits de l'Homme de la République Française.

Al-Haq saltó a la fama durante la primera Intifada y lleva décadas abriendo vías legales a través de las complejidades bizantinas del derecho militar y colonial israelí -a menudo en desacuerdo con el Derecho internacional estatutario- para que los demandantes colonizados puedan impugnar la confiscación de sus propiedades, la detención de sus familiares, la destrucción de su horticultura y la violación de sus derechos.

Un ejemplo de su trabajo de investigación es The West Bank and the Rule of Law [Cisjordania y el Estado de Derecho] (1981), publicado en colaboración con la Comisión Internacional de Juristas. En palabras del escritor y abogado Raja Shehadeh, uno de los fundadores de Al-Haq, "el libro analizaba una serie de leyes secretas israelíes que modificaban la legislación local mediante órdenes militares que nunca se publicaban, lo que permitía a los colonos adquirir tierras para los asentamientos ilegales israelíes en los Territorios Ocupados". Shehadeh añade que "en fechas más recientes, la organización ha participado activamente en la aportación de pruebas a la Corte Penal Internacional de La Haya para construir su caso de investigación de los crímenes de guerra cometidos por funcionarios israelíes".

La orden contra Al-Haq y las demás organizaciones es coherente con la amplia caracterización que hace Israel de la desobediencia civil y el activismo no violento, incluido el del movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones [BDS], como "antisemitas" o "terroristas". Para los palestinos, desde el pasado viernes, la búsqueda del debido proceso se ha convertido en una actividad subversiva. Una declaración de antiguos empleados de Al-Haq -que incluye a firmantes de estados de mayoría árabe, América Latina, Europa, Estados Unidos y el Reino Unido- se puede descargar aquí.

The London Review of Book. Traducción: Lucas Antón para Sinpermiso.