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23/04/2011 :: México

El asesinato de Javier Torres Cruz, campesino ecologista

x Gerardo Peláez Ramos
El pasado 18 de abril fue asesinado Javier Torres Cruz, líder de la Organización Campesina Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Benítez (OCESP)

Fue en la Costa Grande del estado de Guerrero. Los responsables materiales del asesinato fueron los sicarios llamados “los Arreola”, quienes integran un grupo paramilitar al servicio del cacique de la región, Rogaciano Alba Álvarez, hoy día preso en el Centro Federal de Readaptación Social Numero 1 “La Palma”, ubicado en el Estado de México, en el municipio de Almoloya de Juárez, acusado de delitos contra la salud, de delincuencia organizada y de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

De acuerdo con informaciones del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco) y el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), el Comité Cerezo y los diarios La Jornada Guerrero y El Sur, el dirigente campesino ecologista fue acribillado a balazos en el lugar conocido como “Puerto de la Mosca”, entre las comunidades de La Morena y La Barranca, en la sierra del municipio de Petatlán, sin poder ser auxiliado por sus hermanos, quienes acudieron en su ayuda pero fueron también recibidos con disparos de armas de fuego, por lo que resultó herido Felipe Torres Cruz. Los familiares del hoy occiso solicitaron, en Petatlán, la intervención de la Policía Estatal y del 19 Batallón del Ejército Mexicano, sin embargo éstos se negaron a participar bajo el argumento de que “no querían meterse en problemas”.

En la costa guerrerense los caciques, ganaderos y acaparadores se apropian de tierras de los campesinos y arrasan con los bosques y aguas, al mismo tiempo que propician y desarrollan la inseguridad. Esta situación ha dado origen a nuevos movimientos sociales, como el ecologista y los opositores a la construcción de grandes presas que eliminan sin miramientos pueblos y comunidades en nombre del progreso y el desarrollo. En otros lugares, como en la Montaña, se desenvuelve el movimiento contra la minería a cielo abierto y contra la entrega de concesiones a las trasnacionales canadienses, gringas y europeas que saquean las riquezas minerales nacionales, sin tomar en cuenta la opinión y el interés de los pobladores lugareños; en vez del progreso y el desarrollo, dejan cerros pelones, contaminan ríos, arroyos y lagunas, destruyen bosques y desertifican el ambiente. Está plenamente robado que los mejores defensores de aguas, flora y fauna son los campesinos e indígenas, mientras los caciques, ganaderos y acaparadores son instrumentos del gran capital nacional, el gobierno espurio del Partido Acción Nacional y los monopolios extranjeros.

Estos nuevos movimientos sociales han sido percibidos por las fuerzas de derecha como subversivos y contrarios al capitalismo. En consecuencia, los derechistas enfrentan a estos movimientos con la violencia llegando al extremo de crear cuerpos irregulares de matones, sicarios y guardias blancas. Es correcto el señalamiento del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática de responsabilizar a los gobiernos federal y estatal del homicidio de Javier Torres Cruz, por no haber acatado la encomienda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de otorgarle medidas cautelares a él y a su familia, y demandar al gobierno de Felipe Calderón garantizar la integridad física y psicológica de los familiares de Javier Torres Cruz y de todos los integrantes de la OCESP.

Como es sabido, el dirigente campesino ecologista denunció, el 19 de septiembre de 2007, ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal al ex gerifalte de los ganaderos guerrenses, Rogaciano Alba Álvarez, como presunto autor intelectual del homicidio de la defensora de los derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, acaecido el 19 de octubre de 2001.

Javier Torres Cruz desde tiempo atrás estuvo sujeto a vigilancia, hostigamiento y represión; de este modo, fue detenido, el 3 de diciembre de 2008, por miembros del 19 Batallón de Infantería jefaturado por un oficial reconocido como “el mayor Palma”, quienes lo pusieron en manos de una partida irregular dependiente del ex dirigente ganadero en el estado de Guerrero y ex alcalde de Petatlán, Rogaciano Alba Álvarez, aprehendido en la capital de Jalisco a principios de 2010.

Javier fue sometido a torturas y vejaciones, aunque logró zafarse de sus captores y declarar acerca de estos hechos. Señalan las organizaciones no gubernamentales; “Desde entonces él y su familia empezaron a sufrir persecuciones, acoso, amenazas, incursiones militares y del grupo armado al servicio del cacique Rogaciano Alba. Por esos hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al Estado Mexicano otorgarle a Javier Torres Cruz y a su familia, medidas cautelares para proteger su integridad; sin embargo, ni el gobierno de Guerrero ni el federal acataron la encomienda”.

El asesinato de Javier Torres Cruz no debe permanecer impune. Los gobiernos federal y estatal deben proceder a asegurar que las instancias judiciales correspondientes detengan, sometan a juicio y condenen a los homicidas del líder ecologista; cesar la persecución de la familia Torres Cruz; conceder medidas cautelares a los sobrevivientes; enjuiciar a los integrantes de los grupos de matones al servicio de caciques y ganaderos; esclarecer los encarcelamientos y muertes de activistas campesinos; no encubrir la criminalización de la lucha social con el pretexto de la guerra contra el narcotráfico; regresar el Ejército a sus cuarteles, y resarcir a los campesinos de los estropicios realizados por las fuerzas represivas gubernamentales y los cuerpos irregulares de los integrantes del cacicazgo de Rubén Figueroa Alcocer en la Costa Grande de Guerrero. Así la convivencia civilizada estará asegurada en el Sur.

Este artículo está apoyado en textos de las organizaciones siguientes: Taller de Desarrollo Comunitario, Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad y Comité Cerezo, así como de los cotidianos La Jornada, El Sur (Acapulco) y La Jornada Guerrero.

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