El campo, el territorio olvidado de Colombia

El campo, el territorio olvidado de Colombia, ha vuelto a ser noticia estas últimas semanas. Un nuevo informe de la ONG internacional OXFAM ubicó a Colombia como el país más desigual de Latinoamérica en lo que respecta a la concentración de la tierra[1].

Entre los datos más relevantes que aborda el informe, a partir de los datos del Censo Agropecuario elaborado por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas), se destaca que el 1% de los propietarios concentran el 81% de las tierras, mientras que el 99% restante apenas ocupa el 19%. A su vez, el 81% de las explotaciones agrícolas son de menos de 10 hectáreas, pero solamente explican el 5% del área total.

Lo que no se ha abordado en el mencionado informe -ni en las notas periodísticas que lo replicaron- es la situación social que vive el campo colombiano como consecuencia de la elevada desigualdad. Esta triste realidad puede ser seguida a partir de diversos indicadores oficiales provistos por el DANE que dan cuenta del abandono al que fue sometida la ruralidad durante los últimos años.

Si Colombia en general se caracteriza por sus elevados niveles de desigualdad en la distribución del ingreso, por la falta de acceso a derechos básicos y por la precariedad laboral, todo esto se potencia en el sector rural. Por ejemplo, en 2016 la pobreza monetaria en el país se ubicó en el 28%, pero en el campo ascendió a 38,6%. La pobreza monetaria extrema, que implica el no poder acceder a una canasta alimentaria mínima que garantice las necesidades calóricas básicas, en la media nacional registró 8,5% y en el sector rural 18,1%, más del doble. En otras palabras, en el campo, 4 de cada 10 personas se encuentran en situación de pobreza y 1 de cada 5 en condición de pobreza extrema.

La pobreza no es el único indicador que refleja la difícil realidad de la vida en el agro colombiano. No solo los ingresos son bajos, sino que la precariedad laboral es muy elevada. Durante 2016 la informalidad laboral en el campo ascendió al 90%, muy por encima del ya de por si elevado 48% registrado como promedio nacional.

Por otro lado, son muchos los derechos básicos a los que no acceden quienes habitan en el sector rural. El analfabetismo alcanza al 21,4% de la población, es decir a 1 de cada 5 habitantes. A su vez la situación educativa actual es delicada. El 37% de los estudiantes sufre rezago escolar y el 79,9% tiene bajo logro educativo. Por último, cabe destacar que el 37,1% de la población rural no tiene acceso a fuentes de agua mejorada.

También el abandono de la ruralidad se ve reflejado en la pérdida de participación relativa del sector en la economía. El DANE registra que en 2002 el sector agropecuario representaba el 8,1% del PBI, mientras que en 2016 la incidencia se redujo a 6%. A su vez, según CEPAL, en los primeros quince años del nuevo siglo la superficie agrícola en Colombia se retrajo y fue el segundo país de la región de menor crecimiento en la producción.

La elevada concentración de la tierra, la precaria situación social y la pérdida de participación del sector en la economía se dan en el marco de años de abandono del Estado. Un documento elaborado por el propio Departamento Nacional de Planeación[2], bajo la coordinación de José Ocampo, da cuenta de que los Tratados de Libre Comercio realizaron una contribución prácticamente nula al aumento y diversificación de la canasta exportadora de productos agropecuarios, mientras que por el contrario implicaron un crecimiento y diversificación de las importaciones que desplazaron a la producción local. A su vez, destaca las consecuencias negativas en materia de infraestructura y vivienda de la descentralización del gasto hacia los departamentos y municipios y los efectos negativos del cambio climático que como consecuencia de la baja inversión en ciencia y tecnología no encuentran soluciones. Por último, el informe señala la carencia de asistencia técnica y financiera a las unidades de menor tamaño debido al deterioro en las últimas décadas de las redes de instituciones de apoyo al sector.

Los acuerdos de paz pueden ser una oportunidad para comenzar a revertir la dramática situación del campo colombiano. Los mismos establecen una Reforma Rural Integral[3] que implicaría promover el acceso a la tierra; desarrollar la infraestructura vial, de riego y eléctrica; mejorar el acceso a la educación, salud y vivienda; brindar estímulos financieros y asistencia técnica a los productores; garantizar el acceso a la alimentación necesaria; lograr la formalización laboral rural y el acceso a la protección social; y favorecer canales de comercialización de los alimentos colombianos.

No obstante, la implementación y profundización de estas medidas implicaría dar un vuelco de 180 grados en el rol que el Estado viene cumpliendo hasta el momento y una reversión del modelo económico vigente, por lo cual estos avances aun no pueden darse por hechos.

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Notas

[1]https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/radiografia_de_la_desigualdad.pdf

[2] https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/DOCUMENTO%20MARCO-MISION.pdf

[3] http://www.acuerdodepaz.gov.co/sites/all/themes/nexus/files/reforma-rural-integral.pdf

www.celag.org