El desplazamiento en Colombia

EL horizonte de quien trabaja la tierra se ve nublado, o quizás negado para ese futuro digno que nace del derecho que tiene todo ser humano cuando sus manos laboriosas cultivan bajo el sol el terreno que sostiene el equilibrio ecológico, los alimentos y la tranquilidad de un paisaje que reafirma la grandeza del recurso natural colombiano.

El ser desplazado significa ser apartado, alejado, lanzado y en el peor de los casos ser eliminado.

El conflicto interno por el que transcurre nuestro país, produce también el fenómeno de convertir en rehenes, en su propia tierra, a millones de campesinos e indígenas que pueblan la geografía de nuestro territorio.

En los últimos quince años el desplazamiento interno se ha incrementado escandalosamente. Para el 2001 el número de municipios afectados ascendía a más de un 70%. De 819 municipios, 183 fueron expulsores de población, 120 municipios fueron receptores de desplazados y 516 presentaron casos de expulsión y recepción a la vez.

Más de la mitad del total de los desplazados provienen de Antioquia, Bolívar, Magdalena, Chocó y Cesar. Al mismo tiempo se reubican en Antioquia, Bolívar, Sucre, Valle y Magdalena.

Chocó, Putumayo, Caquetá, Sucre y Bolívar, son los departamentos con mayor número de expulsados por cada cien mil habitantes, según datos de la Red de Solidaridad Social.

La misma fuente manifiesta que para el mes de noviembre del 2002, ya todos los departamentos del país, a excepción de San Andrés y Providencia, se habían convertido en expulsores y receptores de desplazados.

Hoy la cifra está muy por encima de los tres millones de desplazados.

Como vemos, se ha creado un clima de caos que acosa y agudiza la situación social y sicológica de un gran número de trabajadores del campo, importante sector de nuestra economía, así como de pobladores de centros urbanos medianos y pequeños.

El desplazamiento interno en Colombia está generado fundamentalmente por el conflicto social y armado. En ese mismo sentido, el problema de la tenencia de la tierra y el cáncer del narcotráfico también se constituyen en causas de esta pesadilla.

Según datos recopilados por la Conferencia Episcopal, a raíz del desplazamiento se han abandonado 253.062 Hectáreas de tierra, de las cuales 102.450 hacen parte de tierras de la zona del Caribe. En general esta cifra aumenta cada día en todo el país.

En una encuestada realizada por la RSS a finales del 2004 a una muestra de 15.860 desplazados en diferentes departamentos, del 61.4% que respondió haber dejado tierra, el 52.19 manifestó ser dueño de ella y el 18.01% son arrendatarios. Así las cosas, los grandes terratenientes han aumentado la concentración de la propiedad sobre la tierra.

No hay que ser adivino para saber que en medio de la situación planteada se esconden las políticas económicas impuestas por la globalización neoliberal, que acude si es necesario a la estrategia de la guerra con tal de asegurar el éxito de su nefasto proyecto.

Por eso la tortura, las fumigaciones de cultivos, las detenciones arbitrarias, el reclutamiento de menores y de adultos, las desapariciones forzadas, las amenazas, los genocidios, etc. son maneras preconcebidas que el Estado colombiano emplea con tal de ir despejando los caminos, para que sus terratenientes infectados de narcotráfico, los megaproyectos y las multinacionales puedan desarrollar sus planes.

¿Y cuál es el costo social que los desplazados pagan?

Han entrado a engrosar el abrumador desempleo y cuando consiguen un trabajo es vinculado a labores de muy mala calidad y sin tener el más mínimo derecho a sus prestaciones sociales. De ser productivos agricultores terminan de vendedores ambulantes o indigentes.

En cuanto a la vivienda, o bien terminan hacinados al lado de sus familias, o emigran inevitablemente a los barrios marginales donde reinan la miseria y la desesperanza.

La cobertura en salud es bastante deficiente. La situación que se agrava por la crisis hospitalaria y de los demás servicios en salud. Los pocos hospitales no los atienden, ya que no cuentan con el pago oportuno que corresponde al Estado, ese mismo Estado que conspira para desplazar, que no tiene voluntad real para solucionar el caos que él mismo está creando.

La misma situación se repite con el derecho a la educación. Los niños y jóvenes, en su gran mayoría quedan por fuera de los establecimientos educativos pues tienen que ayudar a sus padres laboralmente. Los que logran entrar a estudiar se caracterizan por tener un rendimiento deficiente, pues su desnutrición y sus problemas psico-sociales, los llevan a tener dificultades en el aprendizaje y pérdida de memoria.

Otra consecuencia que trae consigo el desplazamiento es la ruptura del tejido social, pues se aniquila en gran medida la unidad organizativa, familiar y de amigos que se tenia desde antes de ser desplazados. El 65% de los desplazados hacen parte de organizaciones comunitarias, el 11% de agremiaciones sindicales o políticas. A FENSUAGRO y a la ANUC-UR, les han asesinado 1200 y 250 dirigentes respectivamente.

En la medida en que se agrava la situación de violencia en nuestros campos, se pierden más soberanía y seguridad alimentaría. De tanta riqueza natural capaz de garantizar autogestión, pasamos a depender de las importaciones de alimentos, se reducen las áreas sembradas y se incrementa la concentración de la propiedad.

Las políticas del Estado en materia rural no se orientan para alimentar a la nación sino para propiciar inversiones petroleras y viales. Ante esta realidad el campesino y el indígena siempre se han organizado y han luchado.

No es casual que haya mayores violaciones a los derechos humanos y desplazamientos en las zonas donde existen mejores formas organizativas e intereses estratégicos sobre la tierra por parte de las transnacionales.

Por ejemplo tenemos los casos de la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá, el Catatumbo, Córdoba, Urabá, Mocoa, el Urabá antioqueño y chocoano, entre otros.

Importante es señalar cómo también desde el desplazamiento, se adelanta un proceso de exterminio a las minorías étnicas consideradas, al igual que los campesinos, como obstáculos para el "progreso económico" del neoliberalismo. De paso acaban con la gran diversidad cultural y de saberes ancestrales, cerca al 28% de hogares desplazados son afro-colombianos e indígenas.

El desplazamiento interno en Colombia se convirtió desde hace muchos años atrás, en uno de los efectos más crueles de la guerra en nuestro país. La odisea diaria que viven estos "rehenes" en su propia región, no solo preocupa a nuestra nación, sino que ha llamado la atención de la comunidad internacional.

Nuestra resistencia tiene que mantenerse para conservar y consolidar todos los espacios organizativos que tradicionalmente han batallado por tener una verdadera Reforma Agraria y por la conquista de poderes locales y regionales que erradiquen la corrupción, la impunidad y la complicidad del Estado con las bandas de paramilitares.

Hay que detener la concentración de la propiedad y recuperar las miles de hectáreas de tierra robadas por la estrategia económica y contrainsurgente de las transnacionales, el Estado y el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Fuente: Revista Insurrección, Ejército de Liberación Nacional