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Brasil :: 22/01/2018

El espectro de Lula

Mario A. Jakobskind
El año electoral brasileño comenzó con la mira puesta en la apelación del candidato favorito para las próximas elecciones presidenciales

Condenado por jueces dirigidos abiertamente por la derecha brasileña en un juicio por corrupción. Mientras, el régimen de derecha sigue insistiendo en los “peligros” de no aprobar su reforma de las jubilaciones.

Mientras se acerca la fecha del fallo sobre el recurso de apelación presentado por la defensa del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se intensifican las manifestaciones de apoyo hacia él en todo el país. El próximo 24 de enero un tribunal federal de segunda instancia de la ciudad de Porto Alegre determinará si el actual candidato presidencial del Partido de los Trabajadores (PT) podrá presentarse a las elecciones del próximo mes de octubre o si su sentencia original quedará firme.

Además de las manifestaciones que se preparan circula un manifiesto en apoyo al ex presidente condenado en primera instancia por sadfew firmado por personalidades del mundo político, artístico e intelectual latinoamericano, entre ellos José Mujica, Cristina Fernández de Kirchner, Rafael Correa, Ernesto Samper, Noam Chomsky, Boaventura de Sousa Santos, Oliver Stone, Costa Gavras y Chico Buarque de Holanda. El manifiesto, elaborado por el ex canciller del gobierno de Lula Celso Amorim y el economista Bresser Pereira, insiste en que unas elecciones presidenciales sin Lula serían “una farsa”.

De ser confirmada la sentencia del juez Sergio Moro, Lula tendría que retirar su candidatura a presidente para las elecciones del 7 de octubre, por la llamada “ley de la ficha limpia”. Y, según sus seguidores y también parte de sus críticos, ese es el verdadero motivo del juicio.

Pero el ex presidente podrá mantener su candidatura mientras no haya una sentencia firme. Si los tres jueces en Porto Alegre fallan en contra de Lula la semana que viene, como es de esperar, éste podrá apelar la sentencia en otras instancias, hasta llegar al Supremo Tribunal Federal.

Lula, que desde hace meses encabeza la intención de voto para las elecciones presidenciales, fue condenado en julio pasado a nueve años y medio de prisión. Los defensores de Lula señalan que fue condenado sin pruebas concretas, y citan como ejemplo el hecho de que el tríplex en el balneario Guarujá que le atribuyen no está a su nombre ni de su fallecida esposa, pero sí a nombre de la empresa constructora Oas. Lula es acusado de haber recibido el inmueble como un soborno de la empresa. Su defensa lo niega con vehemencia.

Las últimas encuestas de opinión muestran incluso que podría ganar la presidencia directamente en la primera vuelta de las elecciones de octubre.

El juicio que involucra al ex presidente es el hecho político que más atención ha recibido en los medios durante las primeras semanas del año. Incluso más que la designación de Cristiane Brasil como nueva ministra de Trabajo del gobierno de Michel Temer, a pesar de la condena del tribunal laboral que la inhabilitaba para asumir esa cartera. Brasil, del Partido Laborista Brasileño (Ptb), es hija del ex diputado Roberto Jeferson, actual presidente de dicho partido, que fue condenado por corrupción en el mensalão y luego amnistiado en 2015 por la entonces presidenta Dilma Rousseff. La mayoría de los analistas políticos consideraron que la designación de Cristiane Brasil fue inconstitucional y que responde a la necesidad del gobierno de asegurarse el respaldo necesario en el Congreso para aprobar diversas reformas controvertidas y consideradas por el movimiento sindical como perjudiciales para los trabajadores, como por ejemplo la reforma de las jubilaciones.

Las presiones del gobierno para que se apruebe la reforma previsional en febrero–ya que no pudo ser votada antes del receso de diciembre– se intensifican cada día, con advertencias pronunciadas por ministros y el propio presidente, que dijo que, de no aprobarse, el Estado brasileño no estará en condiciones de cumplir con algunos compromisos en el pago de las jubilaciones. El gobierno también aprovechó que la agencia de calificación de riesgo Standard & Poor’s –que no esconde su apoyo a dicha reforma– rebajó la nota de Brasil como un argumento para presionar al Congreso.

Sin embargo, una comisión investigadora del Senado, dirigida por los senadores Paulo Paim (PT-Rgs) y Helio José (Pmdb-DF), concluyó que no hay un déficit en las cuentas de la seguridad social y que lo que hay es mala gestión y mal uso de fondos en otras instancias, para no hablar de ilegalidades, como por ejemplo las deudas de las empresas con la seguridad social.

Recién en agosto se sabrá cuáles serán los candidatos definitivos para las elecciones presidenciales, y la incertidumbre no afecta sólo al Partido de los Trabajadores, sino también a las fuerzas que apoyan el proyecto político del gobierno actual. De momento, quienes se disputan esta última candidatura son el gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin (Psdb), el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia (Dem), y el ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, del Partido Socialdemócrata (Psd). También se maneja en la prensa la posibilidad de que se presente Luciano Huck, conductor del canal Rede Globo, una figura mediática por fuera de los círculos políticos.

Dadas las profundas divisiones que existen en el proyecto político de Michel Temer y el fuerte apoyo popular con que sigue contando Lula, algunos analistas apuntan que el Congreso podría reformar el sistema electoral para transformarlo en un régimen parlamentario o semipresidencial, sin consultar a la ciudadanía, y como forma de limitar los poderes del presidente electo.

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