En Colombia la izquierda crece y la derecha se reorganiza

El pasado domingo 8 de marzo Colombia volvió a las urnas. No solo se renovó el Congreso --183 representantes a la Cámara y 103 senadores-- sino que también se movieron las fichas dentro de los distintos bloques políticos del país. Tres consultas interpartidistas se disputaron el tablero presidencial. De un lado la llamada Gran Consulta, donde confluyeron la derecha y la extrema derecha. Hacia el centroderecha se armó la Consulta de las Soluciones. Y, en paralelo, el campo progresista cercano al Pacto Histórico se agrupó bajo el nombre de Frente por la Vida.

El Pacto decidió participar con listas cerradas, una apuesta pensada para evitar que el voto se disperse y para frenar, en lo posible, las viejas maquinarias del clientelismo y de presión sobre el electorado. La derecha, en cambio, optó por listas abiertas, un formato que históricamente ha convivido bastante bien con esas mismas prácticas.

El Pacto Histórico terminó consolidándose como la principal fuerza política del país al alcanzar cerca de 4,4 millones de votos. Y lo hizo con un obstáculo importante en el camino, ya que Iván Cepeda --uno de los nombres más fuertes de la izquierda y favorito en varias encuestas-- quedó por fuera de las consultas interpartidistas tras una decisión arbitraria del Consejo Nacional Electoral. La consecuencia fue que, en efecto, el voto progresista se dispersó y terminó repartido entre varias opciones que, en otras condiciones, probablemente habrían convergido en una misma candidatura.

La derecha y la extrema derecha llegaron a la Gran Consulta con una baraja amplia de candidatos y lograron movilizar una cantidad importante de votantes. Cerca de cinco millones de personas participaron en esa interna. La candidata respaldada por el exnarcopresidente Álvaro Uribe, Paloma Valencia, terminó quedándose con la victoria. Lo hizo con alrededor de 3,2 millones de votos, cumpliendo así el objetivo de consolidarse como la carta principal de dicho sector político de ultraderecha.

En segundo lugar quedó Juan Daniel Oviedo, exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), que reunió cerca de 1,2 millones de apoyos. Aunque a buena distancia de Valencia, tal resultado lo dejó bastante bien posicionado dentro del espacio de una derecha que buscaba mostrarse como una alternativa más tecnocrática y menos ligada a las maquinarias tradicionales.

Por su parte, Abelardo de la Espriella, quien ha cultivado un vínculo cercano al republicanismo estadounidense dentro del universo uribista, decidió mantenerse por fuera de la consulta, buscando preservar una imagen de independencia frente a las estructuras más orgánicas de la ultraderecha uribista. La jugada no es nueva. Forma parte de una estrategia de doble carril que el uribismo ya ha usado otras veces. Algo parecido ocurrió en 2022, cuando dicho sector terminó jugando dos cartas en simultáneo: por un lado, la candidatura oficial del exalcalde Federico «Fico» Gutiérrez y, por otro, la del empresario Rodolfo Hernández, presentada como una opción supuestamente independiente.

Pero la expectativa de que De la Espriella se consolidara como una especie de tercera vía dentro de ese espacio no termina de cuadrar. Su partido, Salvación Nacional --fundado en 1990 por el dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, luego asesinado-- apenas logró captar el 3,6% del electorado. Eso se tradujo en tres curules en el Senado, un resultado modesto que, además, deja a la organización al borde de perder su personería jurídica por el bajo rendimiento en las urnas.

Así las cosas, el capo paramilitar Álvaro Uribe vuelve a situarse con dos candidaturas cercanas a su órbita política, ambas con un techo electoral bastante acotado dentro del campo de la extrema derecha. En ese tablero, la figura de Juan Daniel Oviedo empieza a aparecer como un aliado posible para ampliar la base hacia sectores menos radicalizados. Con estos resultados, el exdirector del DANE --quizás, el perfil más moderado dentro de un bloque-- queda bien posicionado para negociar una eventual vicepresidencia o, incluso, proyectarse hacia una candidatura a la Alcaldía de Bogotá en las elecciones de 2027.

El panorama del llamado centroderecha político tampoco salió fortalecido de la jornada. El desempeño del Partido Verde y sus aliados en las legislativas terminó por diluir aún más la ya frágil identidad de ese espacio. En la Consulta de las Soluciones, la exalcaldesa Claudia López reunió 574 670 votos, una cifra que contrasta con el caudal que la llevó al Palacio Liévano en 2019, cuando alcanzó 1 108 541 sufragios.

En el terreno legislativo el sector verde también salió bastante golpeado, ya que perdió figuras importantes en ambos costados del espectro interno. Inti Asprilla, cercano al Pacto Histórico, se quedó sin su escaño. Pero tampoco lograron sostener sus curules por derecha Katherine Miranda ni Angélica Lozano. El resultado dejó bastante a la vista la crisis del «centro verde» como proyecto político: quedó demostrado que tiene más de derecha que de centro.

Tal fragilidad se volvió todavía más evidente con la votación que obtuvo el influencer Jota Pe Hernández, conocido por su admiración por Nayib Bukele. Hernández consiguió 158 457 votos y terminó convirtiéndose en el tercer congresista más votado dentro de las listas abiertas. Solo lo superaron Nadia Blel --integrante del clan parapolítico Blel, una poderosa familia del departamento de Bolívar-- y Lidio García Turbay, también ligado a uno de los clanes tradicionales de ese departamento (García Turbay, huelga decirlo, es miembro del grupo político encabezado por el exsenador Álvaro García Romero, su primo, quien en 2010 fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por su participación en la masacre de Macayepo del año 2000, conducida por paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia).

En síntesis, las tres votaciones más altas de las listas abiertas de la derecha quedaron en manos de dos representantes de clanes políticos históricamente vinculados a las redes de poder que acompañaron la institucionalización del paramilitarismo en la costa del Caribe, junto con un proyecto político de tono 'libertario' que bebe de la estética y el discurso bukelista.

En la otra vereda del espectro político, el Frente por la Vida obtuvo un resultado bastante modesto. Tras la decisión del CNE de impedir la participación de Iván Cepeda en las consultas interpartidistas, el Pacto Histórico decidió no acompañar formalmente la contienda de ese frente. Roy Barreras, quien durante años fue operador del uribismo antes de acercarse al campo progresista, alcanzó alrededor de 360 000 votos.

Aun así, Barreras y Daniel Quintero siguieron adelante con la consulta, que finalmente reunió 595 837 votos en total. El resultado dejó ver con claridad el desgaste político de Barreras. Las maquinarias regionales que durante años respaldaron su papel como operador político terminaron retirándole el apoyo, mientras que entre los sectores de izquierda nunca logró consolidar una base propia realmente sólida. Quien aspiraba a movilizar más de 3 millones de votos quedó muy lejos de esa meta. Hoy Barreras aparece como una figura debilitada dentro del campo progresista y con una capacidad de convocatoria mucho menor a la que proyectaba al comienzo de la contienda.

En el plano legislativo, el bloque de la izquierda en el gobierno, aunque obtuvo más curules que los otros partidos, tampoco logró alcanzar las mayorías parlamentarias necesarias para sortear sin dificultad los bloqueos que ya se conocen ni los que probablemente vendrán. Sin embargo, más allá de cualquier lectura triunfalista o derrotista, conviene mirar este resultado en perspectiva histórica. Aun con sus limitaciones, se trata del mejor desempeño legislativo que ha conseguido la izquierda. Una izquierda que, desde sus orígenes, ha sido sistemáticamente golpeada por una de las oligarquías más fratricidas del continente.

La violenta 'democracia' colombiana

Después de cuatro años en el gobierno, el avance del Pacto Histórico en el Senado empieza a marcar una tendencia que no pasa desapercibida. Aunque de a poco, parece crecer cierto nivel de confianza institucional en su proyecto político. El bloque progresista pasó de tener 20 a 25 curules en la cámara alta, y el reconteo de votos todavía podría darle al menos dos escaños más. No sería algo inédito. Ya ocurrió en 2022. En aquel momento, el recuento terminó recuperando cerca de 570 000 votos que inicialmente no habían sido contabilizados para el Pacto. Ese proceso permitió que la bancada pasara de 16 a 20 senadores. Las cuatro curules recuperadas habían sido asignadas en un principio al Partido de la U, una colectividad que durante años funcionó como uno de los principales vehículos políticos de Álvaro Uribe, antes de que este rompiera con su sucesor Juan Manuel Santos y decidiera fundar el Centro Democrático en 2013.

En el escenario actual, el Centro Democrático aparece como la segunda fuerza del Senado, con 17 escaños, mientras que el Partido Liberal ocupa el tercer lugar, con 13. Así, el mapa político de la corporación queda encabezado por el Pacto Histórico con 25 curules, seguido por el uribismo con 17 y por el liberalismo con 13. La situación en la Cámara de Representantes, por su parte, todavía está en desarrollo. El escrutinio avanza con cierta lentitud, por lo que el panorama definitivo aún no está completamente claro. Sin embargo, las proyecciones preliminares sugieren que el bloque progresista también podría crecer de manera significativa. De acuerdo con estimaciones del Sistema de Medios Públicos RTVC, el Pacto pasaría de 26 a alrededor de 38 escaños en la cámara baja.

Ahora bien, el hecho de que el recuento tenga tanto peso frente al conteo inicial abre preguntas profundas sobre el funcionamiento del sistema electoral colombiano. Una y otra vez, lo que se evidencia es la existencia de una parainstitucionalidad que atraviesa el conjunto de la vida política del país. La pérdida, alteración o desaparición de votos difícilmente puede entenderse como un simple «error técnico». Forma parte de un conjunto de prácticas que, a lo largo de la historia, se han utilizado para bloquear o eliminar a los adversarios políticos.

Dentro de ese repertorio aparecen mecanismos conocidos: compra de votos, presiones clientelares, guerra jurídica, persecución política, proscripciones partidarias, coacción armada e incluso episodios de genocidio político o magnicidio. Son recursos que se activan cada vez que el sistema de poder necesita reacomodarse para proteger los intereses de lo que Jorge Eliécer Gaitán llamaba el «país político»: esa minoría elitista que administra el Estado y que, históricamente, ha mantenido una distancia profunda con las mayorías populares que conforman el llamado «país nacional».

Breve historia de la eliminación política en Colombia

Hubo un momento en que la política colombiana cambió de rumbo de manera brutal. A mediados de los años ochenta, en medio de la recomposición del poder de los sectores conservadores --sin importar demasiado el partido en el que se acomodaran--, el país atravesó dos coyunturas electorales marcadas por sangre: 1986 y 1990. En esos años fueron asesinados varios de los principales candidatos que representaban alternativas políticas por fuera de las élites tradicionales y que, además, se encontraban a la izquierda del poder que orbitaba alrededor del Cartel de Medellín.

La lista es conocida, pero no por eso menos estremecedora. Jaime Pardo Leal, dirigente del Partido Comunista Colombiano y de la Unión Patriótica (UP), fue asesinado en 1987. Dos años después cayó Luis Carlos Galán, líder del Nuevo Liberalismo y uno de los candidatos con mayor proyección presidencial. En 1990 también fueron asesinados Bernardo Jaramillo Ossa, figura central de la Unión Patriótica, y Carlos Pizarro León-Gómez, excomandante del M-19 que acababa de deponer las armas para participar en la política formal.

Tanto la Unión Patriótica como el M-19 habían emprendido procesos de paz que implicaban abandonar la lucha armada para integrarse al sistema político a través de las elecciones. Pero en lugar de abrirse un espacio democrático liberal, lo que siguió fue el exterminio sistemático de la UP y el asesinato de quienes intentaban construir una alternativa política desde la legalidad (con más de tres mil militantes muertos). Con el tiempo, distintas investigaciones han señalado que detrás de esa violencia convergieron múltiples actores, entre los que se cuentan políticos de derecha, sectores de las fuerzas armadas, estructuras paramilitares, redes del narcotráfico, empresarios y funcionarios del propio Estado.

La clausura política no terminó allí. En 2002, cuando el exterminio de la Unión Patriótica todavía pesaba sobre la memoria reciente del país, el Comité Nacional Electoral (CNE) decidió retirar la personería jurídica al partido. La medida se tomó durante el ascenso político de Álvaro Uribe. Más de una década después, en 2013, la Corte Interamericana de DDHH reconoció la responsabilidad del Estado colombiano en ese exterminio y ordenó restituir la personería jurídica a la UP.

La historia volvió a repetirse, aunque bajo otras formas, en 2018. Ese año el CNE bloqueó la posibilidad de que Colombia Humana, el movimiento liderado por Gustavo Petro, se constituyera formalmente como partido político. Ante esa decisión, Petro y su coalición terminaron compitiendo en las elecciones presidenciales utilizando la personería jurídica que le había sido devuelta a la Unión Patriótica (este año, finalmente, Colombia Humana optó por disolverse e integrarse plenamente al Pacto Histórico, una decisión que, al menos en parte, respondió a la necesidad de sortear los obstáculos que el propio CNE ha impuesto al proceso de unificación de dicho proyecto político).

El periodo de los magnicidios marcó profundamente la política del país a finales del siglo XX. En un escenario de apertura democrática clausurada, la participación electoral de la izquierda se retrajo durante décadas. Ese escenario comenzó a cambiar recién en 2018, cuando Gustavo Petro irrumpió como candidato presidencial con una capacidad de movilización inédita para el campo progresista.

Durante casi tres décadas --entre 1990 y el final del ciclo político del uribismo, que terminó desgastándose con el narcogobierno de Iván Duque en medio del Paro Nacional de 2019-2021-- la abstención electoral en Colombia se mantuvo alrededor del 53%. Ese patrón empezó a modificarse a partir de 2018, cuando la abstención descendió al 44%. El descenso, en buena medida, fue impulsado por la movilización de nuevos votantes y por el entusiasmo de sectores progresistas que veían en Petro una posibilidad real de disputar el poder. La tendencia se profundizó en 2022, cuando la abstención cayó hasta el 41,9%, el nivel más bajo en décadas.

A la luz del crecimiento del voto progresista --constatado también en las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo--, todo indica que esa tendencia podría seguir consolidándose de cara a la primera vuelta presidencial prevista para el 31 de mayo de este año. El mapa político colombiano sigue en movimiento pero, por primera vez en mucho tiempo, una parte significativa del electorado parece estar convencida de que participar puede cambiar algo.

¿Reacción conservadora?

El viejo bipartidismo liberal-conservador había logrado volver a reagrupar a buena parte de la oposición en el Congreso en las elecciones de 2022. Sin embargo, las elecciones del pasado 8 de marzo volvieron a transformar la composición partidaria del Congreso. El resultado obtenido por el Centro Democrático, partido de Álvaro Uribe, no solo lo consolida como la segunda fuerza política del país --superando incluso al Partido Liberal--, sino que además reordena el mapa de la derecha. Su avance electoral debilitó a aquellos partidos que durante años habían tenido peso propio (como Cambio Radical) y empujó al Partido Conservador hasta el quinto lugar en la correlación de fuerzas del Congreso.

La presencia de Álvaro Uribe ya había alterado el equilibrio del sistema político tradicional en la década de 2000. En aquel momento, la recomposición de la derecha estuvo impulsada por sectores emergentes de la élite económica, los llamados «nuevos ricos», que consolidaron su poder en medio de la expansión de capitales vinculados al narcotráfico y de su posterior proyección internacional durante la era de Reagan.

Con el paso del tiempo, esa fracción de la burguesía terminó integrándose de manera estable al paisaje del poder en Colombia. Su consolidación se vio acompañada por episodios recurrentes de vinculación entre sectores políticos y empresariales con las redes de narcotráfico, paramilitarismo, exportación de mercenarios y distintos escándalos relacionados con tráfico de armas en zonas fronterizas, sobre todo cuando esas regiones quedan bajo gobiernos considerados «incómodos» para EEUU.

Este bloque de poder político, financiero y militar opera de forma relativamente cohesionada y se mueve en sintonía con los intereses geopolíticos alineados a Washington. En términos estructurales, se trata de una burguesía de carácter transnacional. En este sentido, la supuesta derrota electoral de Álvaro Uribe como candidato al Senado se parece menos a una retirada que a un simple movimiento táctico dentro de ese mismo bloque de poder.

Más que un «colapso de la derecha», lo que está en marcha es un proceso de reorganización interna. El crecimiento del Centro Democrático y el retroceso del Partido Conservador sugieren una redistribución de roles dentro de ese mismo campo político. El uribismo vuelve ahora a ocupar la posición ofensiva, mientras el conservatismo le abre paso y funciona --como lo ha hecho históricamente-- de cantera administrativa y fachada institucional para los sectores más concentrados del poder real.

La base política de Álvaro Uribe ha estado rodeada de polémicas desde sus tiempos como congresista en los años noventa. Diversas investigaciones han señalado vínculos entre él, sectores de su entorno político y familiar y el Cartel de Medellín. Más adelante, durante sus dos mandatos como presidente (2002-2010), las investigaciones impulsadas por Gustavo Petro e Iván Cepeda contribuyeron a visibilizar el alcance del fenómeno de la «parapolítica», en el que más del 35% del Congreso llegó a estar investigado por vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y con circuitos asociados al narcotráfico.

Ese entramado nunca fue juzgado en su totalidad. Las investigaciones avanzaron de manera fragmentada y dejaron amplias zonas de impunidad en la relación entre poder político, paramilitarismo y economías ilegales. En ese contexto, la llamada «plata dulce» --los flujos de capital provenientes de esas redes-- se convierte en una variable clave para entender cómo se reorganiza hoy la derecha colombiana.

Los episodios recientes parecen reforzar tal lectura. Los operativos del Plan Democracia de la Policía Nacional detectaron cerca de 4000 millones de pesos que presuntamente iban a ser utilizados para la compra de votos. Los escándalos alcanzaron tanto a sectores del Centro Democrático como del Partido Liberal. Sin embargo, esos casos apenas arañan la superficie de un fenómeno mucho más profundo, asentado en la persistencia de estructuras de poder que combinan dinero ilícito, influencia política y capacidad coercitiva.

Distintas denuncias realizadas por el presidente Gustavo Petro señalan, además, la posible existencia de un entramado conocido como la «Nueva Junta» del narcotráfico. Las acusaciones alegan que se trata de una red que opera a través de conexiones políticas y financieras que superan ampliamente el territorio colombiano. Y traza el alcance de sus nodos logísticos y financieros hasta Dubái, capital de los Emiratos Árabes Unidos, lo que da una idea del nivel de transnacionalización que han alcanzado estas estructuras derechistas.

En ese marco, el proceso electoral colombiano de este 2026 no es solo una disputa electoral entre partidos. Es una oportunidad para entrever con mayor claridad los hilos de la recomposición de un bloque de poder que combina política, capital y redes ilegales, y que sigue teniendo una enorme capacidad para influir en el rumbo institucional del país.

El peso del antibolivarianismo

El origen divisionista y profundamente militarizado de esta burguesía colombiana transnacionalizada puede rastrearse en la reacción histórica contra uno de los proyectos políticos más ambiciosos que surgieron tras las independencias: la idea bolivariana de una América Latina integrada. Tal horizonte tomó forma concreta en el Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, convocado por Simón Bolívar con el objetivo de reunir a las nuevas repúblicas y construir una confederación que combine diplomacia, defensa y política común frente a las potencias extranjeras. Dos siglos después, aquel intento temprano de integración continental queda lejos en el recuerdo. Pero ya en su propio tiempo aquel proyecto enfrentó obstáculos enormes. Las rivalidades entre élites locales, los intereses comerciales divergentes y las presiones externas terminaron debilitando el sueño bolivariano de una América políticamente articulada.

La historia personal de Bolívar, en cierta forma, refleja el fracaso de ese proyecto político. El Libertador murió enfermo y empujado a la inanición cuando intentaba abandonar el país rumbo al exilio desde Santa Marta. Algo parecido ocurrió con varios de quienes intentaron continuar su legado político en Colombia. Uno de ellos fue el general José María Melo, militar bolivariano que encabezó un breve gobierno reformista en 1854. Su proyecto terminó derrotado por la alianza de sectores conservadores y liberales tradicionales. Tras años de exilio y combates en Centroamérica, Melo fue asesinado en 1860 en el sur de México.

Décadas después, Rafael Uribe Uribe, general liberal y una de las últimas figuras que planteó la posibilidad de una reintegración territorial entre Colombia y Venezuela, corrió una suerte igualmente trágica. En 1914 fue asesinado a machetazos en el centro de Bogotá, a pocos metros del centro histórico de la ciudad y la plaza que hoy lleva el nombre de Simón Bolívar.

A comienzos del siglo XX, la pérdida del Canal de Panamá y el ascenso de una hegemonía conservadora terminaron consolidando un cambio profundo en la orientación internacional del país. La doctrina Respice Polum («mirar hacia el norte»), impulsada por el presidente conservador Marco Fidel Suárez entre 1918 y 1921, planteaba que la política exterior colombiana debía orientarse prioritariamente hacia EEUU, haciendo de Washington el principal referente estratégico del país.

Esa orientación terminó generando una inercia política duradera. Con el paso del tiempo, la relación privilegiada con EEUU se convirtió en uno de los ejes estructurales de la política exterior colombiana, desplazando los proyectos de integración regional autónoma que habían marcado el horizonte bolivariano del siglo XIX. En ese marco se fue consolidando una élite política y económica que encontró en esa relación asimétrica una forma eficaz de reproducir su poder, dejando como legado una larga tradición de dependencia geopolítica.

Los Valencia y la cuestión caucana

El departamento del Cauca parece estar condensando hoy buena parte de las tensiones históricas del país. No es casual que tanto Iván Cepeda como su contraparte política, Paloma Valencia, provengan de esa región del suroccidente colombiano, en donde los apellidos funcionan casi como archivos de la historia. En lugares como Popayán, los linajes familiares todavía cuentan --y mucho-- para entender cómo se han distribuido el poder, la tierra y la política a lo largo de los siglos.

El apellido Valencia nos remite a una genealogía que atraviesa varios momentos decisivos de la historia colombiana: la economía esclavista de la Colonia, el conservadurismo aristocrático del siglo XX y las estrategias contrainsurgentes que marcaron la Guerra Fría en América Latina. Paloma Valencia, actual senadora y figura del uribismo, proviene precisamente a ese linaje. Su familia forma parte de los clanes que dominaron durante siglos la élite de Popayán y que estuvieron vinculados a la explotación minera y hacendaria del Pacífico colombiano, sostenida por mano de obra africana e indígena esclavizadas.

El origen de tal poder familiar puede rastrearse hasta el siglo XVIII, con Pedro Agustín de Valencia y Fernández del Castillo, primer Conde de Casa Valencia en Popayán. En tanto integrante de la aristocracia colonial caucana, su riqueza descansaba en la propiedad simultánea de haciendas, minas de oro y esclavos. Sus explotaciones se extendían por territorios cercanos a los ríos Yurumanguí, Cajambre y Naya, en el Pacífico, en donde cuadrillas de africanos esclavizados eran obligados a trabajar en la minería aurífera, que alimentaba el circuito colonial del oro. Fue alrededor de esas minas y haciendas que la familia Valencia consolidó su posición económica y social, convirtiéndose en uno de los linajes más influyentes de la aristocracia payanesa.

A comienzos del siglo XX aparece otra figura clave de ese mismo linaje: Guillermo Valencia. Poeta modernista, dirigente del Partido Conservador y candidato presidencial en 1930, su nombre suele recordarse más por su obra literaria que por su influencia política. Pero Guillermo Valencia representaba a un sector del conservadurismo colombiano que, en las décadas de 1930 y 1940, admiraba las corrientes hispanistas y corporativistas que se expresaban en el régimen de Francisco Franco y en la doctrina de la Falange Española.

La continuidad del poder familiar se proyectó luego en su hijo, Guillermo León Valencia, presidente de Colombia entre 1962 y 1966. Su gobierno coincidió con uno de los momentos más intensos de la Guerra Fría en América Latina, cuando EEUU promovía criminales estrategias contrainsurgentes para contener la expansión de movimientos guerrilleros en el continente. Fue en ese contexto que, en 1964, el gobierno lanzó la ofensiva militar contra Marquetalia, un importante enclave de la resistencia campesina armada.

La llamada Operación Marquetalia --denominada oficialmente Operación Soberanía-- comenzó el 18 de mayo de 1964 por orden del presidente Valencia. El ejército colombiano desplegó cerca de 16 000 soldados para atacar una zona donde vivían alrededor de mil habitantes. De ellos, apenas unas decenas de campesinos estaban armados, dirigidos por Manuel Marulanda Vélez y el dirigente comunista Jacobo Arenas. Tras el operativo militar, ese pequeño grupo logró replegarse hacia la montaña. Con el tiempo, de esa experiencia surgiría el núcleo fundador de las marxistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El alcance de la figura de la candidata uribista Paloma Valencia, entonces, solo es comprensible a condición de situarla en esa larga continuidad histórica que va desde las minas esclavistas del Pacífico colonial hasta las masacres contrainsurgentes de la Guerra Fría. Su trayectoria política ilustra cómo ciertos linajes familiares han logrado atravesar distintas etapas del Estado colombiano, adaptándose a cada momento del poder. Hoy no es distinto.

La historia política del Cauca ayuda también a comprender la persistencia de los conflictos en la región. Allí nacieron múltiples experiencias organizativas que desafiaron las estructuras tradicionales de los clanes esclavistas, como la guerrilla indígena que tomó el nombre del líder nasa Quintín Lame, activa entre 1984 y 1991, el Frente Primero de las FARC, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) o el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC). Todas estas iniciativas, de distintas maneras, cuestionaron la herencia colonial y las jerarquías raciales que todavía marcan la arquitectura urbana y la estructura social de ciudades como Popayán.

El 16 de mayo de 2015 Paloma Valencia propuso dividir el departamento del Cauca en dos: uno indígena y otro mestizo. Para muchos sectores sociales e indígenas de la región, tal idea evocó una lógica de segregación territorial al peor estilo apartheid. A lo largo de su carrera, la senadora ha defendido posiciones extremistas en materia de seguridad, respaldando políticas fuertemente cuestionadas por organizaciones de DDHH, como el caso de los falsos positivos, la persecución de dirigentes de izquierda o los bombardeos que han asesinado a población civil en zonas de conflicto.

Quilcué frente a la Paloma de la guerra

Frente a esa vieja tradición oligárquica del Cauca, con clanes que concentraron poder político y económico durante siglos, aparece hoy una figura que proviene del mismo territorio pero de una historia completamente distinta. Se trata de Aida Marina Quilcué Vivas. El pasado lunes 9 de marzo, el día posterior a las elecciones legislativas, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda --hijo del senador caucano y comunista Manuel Cepeda, asesinado en 1994 durante el exterminio de la Unión Patriótica-- anunció que la actual senadora indígena será su fórmula vicepresidencial para las elecciones del 31 de mayo.

Con esa decisión, la campaña del Pacto Histórico busca proyectar al escenario presidencial liderazgos que nacieron en las luchas sociales y territoriales, especialmente de pueblos que durante siglos han estado por fuera del poder estatal. Quilcué, de 53 años, es hoy una de las voces indígenas más reconocidas del país. Nació en el pueblo nasa, en el resguardo Piçkwe Tha Fiw, en el Cauca, y su trayectoria está profundamente ligada al movimiento indígena colombiano. Ha participado de espacios clave como el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), desde donde ha impulsado movilizaciones, procesos de defensa del territorio y propuestas de paz construidas desde las comunidades. También fue una de las lideresas que intervino en los diálogos con las antiguas FARC y participó en la elaboración del capítulo étnico del Acuerdo Final de Paz, firmado en 2016.

En 2022 Aida Quilcué llegó al Senado a través de la circunscripción especial indígena con el aval del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS). Desde entonces ha hecho parte de la Comisión Primera, uno de los espacios legislativos más influyentes del Congreso, donde ha trabajado en temas relacionados con los DDHH, la construcción de paz y el reconocimiento de las jurisdicciones propias de los pueblos indígenas. Dos años después, en 2024, fue elegida presidenta de la Comisión Legal de Paz y Posconflicto, lo que consolidó su presencia dentro del bloque progresista cercano al gobierno de Gustavo Petro.

Su historia política también está atravesada por el conflicto armado. En 2008, su esposo, Edwin Legarda, fue asesinado por miembros del Ejército en la vía entre Inzá y Popayán. El Estado colombiano terminó reconociendo su responsabilidad en ese crimen y seis militares fueron condenados a penas ridículas. Desde entonces, Quilcué ha vivido bajo constantes amenazas. En 2022 su esquema de seguridad fue atacado a tiros y en febrero, hace tan solo unas semanas, fue secuestrada en el Cauca, de donde logró ser liberada gracias a la presión y movilización de la guardia indígena.

Iván Cepeda presentó su candidatura como una alianza por la defensa de los DDHH, la paz y las luchas históricas de los pueblos indígenas. El liderazgo de Quilcué aparece como la expresión de una larga tradición de resistencia comunitaria que ha enfrentado décadas de violencia, racismo, despojo y exclusión desde los territorios.

Las piedras de Sísifo

El resultado de las elecciones del 8 de marzo arroja una paradoja difícil de pasar por alto. Por un lado, la izquierda obtiene uno de los avances más importantes de toda la historia republicana colombiana. Al mismo tiempo, se pone en evidencia la continuidad de una dinámica de poder cerrada que, desde el Congreso, se proyecta hacia buena parte de los organismos de control del Estado tomando incluso el propio Comité Nacional Electoral.

El CNE, creado en 1888 durante el período conocido como Hegemonía Conservadora, está compuesto por magistrados elegidos por el propio Congreso. En otras palabras, aquellos que dominan las mayorías parlamentarias terminan influyendo directamente en la institución encargada de vigilar las reglas del juego electoral. En la práctica, esto genera que el mapa político del Congreso se refleje casi automáticamente dentro del CNE. En los últimos años el organismo ha estado compuesto por figuras orgánicas del uribismo, como Álvaro Hernán Prada, condenado por manipulación y compra de testigos en el caso del exnarcopresidente Álvaro Uribe, y el congresista César Lorduy, señalado por feminicidio y también vinculado a ese mismo sector político.

Pero esta forma de reproducción del poder no se limita únicamente al ámbito electoral. Dinámicas similares pueden verse en otras instituciones clave del sistema político y judicial colombiano, como el Consejo de Estado, las altas cortes, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría o la Contraloría. En conjunto, estas estructuras tienden a consolidar un clima institucional en el que las derechas logran prolongar su influencia más allá del terreno estrictamente legislativo.

Otro elemento preocupante está relacionado con las curules de paz, creadas tras los acuerdos firmados en 2016 entre el Estado colombiano y las FARC con el objetivo de ampliar la representación política en territorios rurales golpeados por el conflicto. En algunos casos, esos escaños han terminado en manos de figuras vinculadas a entornos familiares del paramilitarismo (uno de los ejemplos más polémicos es el de Jorge Tovar, hijo de Rodrigo Tovar Pupo, alias «Jorge 40», uno de los perpetradores más conocidos de las AUC).

Frente a este panorama, corregir lo que muchos consideran un «secuestro institucional» requeriría una reforma política profunda. Sin embargo, una transformación de ese alcance difícilmente lograría pasar el filtro del Congreso actual. Por eso, los sectores del progresismo empiezan a plantearse otra salida: impulsar una gran movilización nacional que abra el camino hacia una asamblea constituyente. Para un eventual gobierno encabezado por Iván Cepeda, esa discusión podría convertirse en una de las tareas políticas más urgentes ante los bloqueos persistentes del sistema político.

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