En Chile, lo que se cuestiona es el modelo

Los estudiantes exigen la derogación o reforma profunda de la Ley Orgánica Constitucional de Educación (Loce), dictada por Pinochet a 24 horas de abandonar el cargo, en marzo de 1990.

Lo que comenzó como iniciativa de los estudiantes de algunos colegios municipalizados de Santiago se ha convertido en un movimiento ciudadano que alcanzó a las principales ciudades del país, concita amplia simpatía en la opinión pública y el apoyo de muchas organizaciones sociales. La Fech y demás federaciones universitarias, el Colegio de Profesores, amplios sectores de la educación subvencionada y particular y organizaciones de padres y apoderados, participaron activamente en la movilización.

Ejemplar actitud y nuevos métodos de organización y lucha al servicio de un notable sentido táctico han caracterizado al movimiento, que llamó la atención, además, por la seriedad de sus planteamientos. Son rasgos que incluso podrían anticipar la irrupción de otros sectores juveniles convertidos en un nuevo y pujante actor social.

El gobierno de la presidenta Michelle Bachelet ha actuado en forma vacilante. Sin clara orientación, trató de reducir el problema a un asunto de orden público. En pocos días, se registraron más de tres mil detenciones de jóvenes manifestantes en las calles. Las fuerzas especiales de Carabineros utilizaron una violencia brutal que incluso cobró víctimas entre varios periodistas que cubrían las movilizaciones estudiantiles.

Quedó en evidencia que había un imperdonable vacío programático respecto a la educación pública.

El ministro del Interior, Andrés Zaldívar, justificó la represión de Carabineros, desproporcionada e intimidatoria. Se habló de manipulación e infiltración política, se responsabilizó inclusive a supuestos agitadores extranjeros en los desórdenes que se produjeron al principio de las movilizaciones. El intendente de Santiago, Víctor Barrueto, destacó en el espíritu represivo del gobierno. Los estudiantes anunciaron que esperarían a que la presidenta Bachelet se refiriera al tema de la educación y a las reivindicaciones de su movimiento en el mensaje del 21 de mayo. Pero vieron frustradas sus expectativas.

Entonces cambiaron de táctica. Reemplazaron la movilización callejera por tomas de colegios y paros estudiantiles. La situación llegó al punto cúlmine con el paro nacional del 30 de mayo -que se hizo indefinido- en que participaron más de medio millón de estudiantes secundarios y universitarios del país.

Más allá de las reivindicaciones puntuales, los estudiantes -fortalecidos con el apoyo ciudadano- plantean la reforma del sistema educacional a través de cambios en la Loce y de la Jornada Escolar Completa, y el mejoramiento de la deteriorada infraestructura de escuelas y liceos. La actuación de los gobiernos de la Concertación no ha alterado las bases fundamentales del modelo educativo de la dictadura, que apunta a la fragmentación de la educación estatal -a través de la municipalización- y al lucro, disfrazando un excelente negocio como ejercicio de la libertad de enseñanza.

Un sistema liberal de subvenciones facilita un aberrante "emprendimiento" de privados, que en muchos casos significa educación de baja calidad y la explotación de profesores con salarios miserables para aumentar las ganancias del negocio. Un millón 700 mil alumnos están actualmente en la educación municipalizada y un millón quinientos mil en la particular subvencionada. La mercantilización ha significado no sólo deterioro de la educación sino incremento de las diferencias sociales, como lo demuestran cada año las pruebas Simce y PSU. Hay educación de calidad para los que tienen dinero, y educación deficiente para los más pobres.

El negocio de la educación se extiende a todos los niveles. Las universidades privadas se han convertido a su vez en un mercado persa que vende títulos a los que pueden comprarlos. Las FF.AA., la Iglesia y hasta partidos políticos se han embarcado en el próspero negocio de la educación privada. Esto constituye otra muestra de la inequidad del modelo y actualiza las palabras del educador Darío Salas, que alguna vez denunció: "La ilustración de unos al lado de la ignorancia de otros, perpetúa la desigualdad social, la explotación, la injusticia y el uso del hombre como un medio".

Estos factores, y la endémica despreocupación por las necesidades del profesorado, han estado presentes desde hace mucho tiempo, provocando innumerables movilizaciones y huelgas. Sin embargo, pareciera que sólo ahora emergen con masividad y toda su crudeza, lo que plantea diversas interrogantes. Existen, por cierto, factores objetivos: la existencia de problemas que son, además, acumulativos. Han pasado dieciséis años y las cosas incluso empeoran en muchos aspectos.

Hay otros factores. La campaña y el triunfo de la presidenta Bachelet se hizo bajo el lema de la equidad, del término de las discriminaciones -de las cuales tal vez la peor es la pobreza- y con la meta de una sociedad más inclusiva e integrada. Millones de personas creyeron esas promesas y votaron por ella. Michelle Bachelet representó la carta democrática capaz de derrotar a una derecha rearticulada que logró, con todo, el 46% de la votación.

La presidenta Bachelet todavía significa para muchos una esperanza de justicia e igualdad. Lo confirma el apoyo del 65% que le dan las encuestas. La mayoría confía en que cumplirá su programa y, en cuatro años, se esforzará por mejorar la vida de los chilenos modestos, la calidad de la educación, la salud, el trabajo y la protección para la vejez. Pero hasta ahora las señales son contradictorias. No parece existir una voluntad política capaz de plasmarse en un cambio real. Nadie espera ni exige que este gobierno encabece una revolución. Sólo se trata de poner al día una democracia que en muchos aspectos es ficticia y discriminatoria.

Es evidente que los cambios que exige la población tienen que afectar factores cruciales del modelo neoliberal. Así como la reforma del sistema de pensiones implicará mayor control sobre las AFP, disminución de sus exorbitantes ganancias y crear mecanismos solidarios, la modificación del sistema educacional conlleva cambios de fondo en materia de subvenciones, dirección estatal de la educación -ahora en manos de las municipalidades-, creación de nuevos colegios y procedimientos que aseguren la calidad de la enseñanza.

Cualquier medida de fondo afectará de una u otra manera al modelo neoliberal. No caben, por lo mismo, actitudes timoratas ni alternativas cosméticas. Los chilenos ya no soportan más engaños. El modelo -minado por la injusticia social- hace agua por todas partes. El gobierno debe tener sensibilidad para percibirlo y ampliar los espacios democráticos y participativos para facilitar el proceso de cambios. La paciencia se acaba y el ejemplo de los estudiantes será, sin duda, imitado por muchos otros sectores.

La presidenta Bachelet enfrenta un momento de definiciones. Su gobierno debe perfilarse hacia la búsqueda de soluciones para los problemas fundamentales que la Concertación ha venido eludiendo. Es inevitable chocar con los grandes intereses que controlan la sociedad y la economía. Lo mismo ocurrirá con las transnacionales -también presentes en la educación- que han encontrado en Chile un campo privilegiado para sus negocios. Ese camino daría a Michelle Bachelet un amplio respaldo y le haría ganar apoyo en sectores que se marginan de la política pero que anhelan cambios efectivos.

Si no lo hace, su gobierno será otro que se convertirá en mero administrador del modelo, como los anteriores de la Concertación. Quedará marcado como una nueva y dolorosa frustración para muchos que siguen creyendo en la equidad, en el cambio social y en una sociedad regida por valores humanistas y que sin duda seguirán luchando por un Chile mejor, como lo muestran los estudiantes

(Editorial "Punto Final" Nº 616, 2 de junio, 2006)