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Estado de urgencia climática y social
Una república policial
El Estado de Urgencia de tres meses que el gobierno de Hollande ha impuesto en Francia tras los atentados en Paris reivindicados por DAESH, es una respuesta que apunta a revertir un estado de inestabilidad política y social creciente no sólo en su país, sino a nivel Europeo, y por tanto, orientado a tener impacto a nivel internacional.
En Francia se vive un nuevo período. Antes de los atentados avanzaba un creciente desprestigio de la Unión Europea como unidad política, (dentro del cual Francia tiene un papel clave) ligado a la llamada “crisis de refugiados” que cobraba un inminente carácter revulsivo que llegó a ablandar algunos discursos oficiales. La politización de la cuestión de los refugiados no sólo abría la puerta al replanteamiento de la situación de exclusión de los “antiguos” migrantes de Francia y a su amplio movimiento en los barrios populares organizado en torno a demandas democráticas e histórico-revolucionarias (destrucción del racismo institucional y de la herencia colonial, derechos plenos a las mujeres migrantes, terminar con la segregación de clase y raza, etc.), sino que desenmascaraba la política de guerra de la república, mostrando la relación directa entre la invasión colonial en Medio Oriente y las crisis humanitarias permanentes. En Paris los inmuebles ocupados por los migrantes sin hogar se convertían para el gobierno local en algo difícil de controlar, mientras la izquierda radical impulsaba la solidaridad y establecía contacto político con estos sectores, combatiendo la política de dispersión y administración del conflicto que hacía el gobierno (apoyada por el PCF y Melenchón).
Por otra parte, la polarización social se ponía a la orden del día a través de la acción de los asalariados de AirFrance que rasgaron la camisa de uno de los altos mandos de la empresa en protesta contra los despidos, desatando la ridícula indignación de las clases altas y el gobierno, pero validando sin desearlo la imagen de la confrontación de clases en un contexto de crisis y desempleo.
Este ambiente en general que apuntaba a una respuesta social de los explotados y marginados fue repentinamente ocultada tras los atentados, qué hacía de antídoto preventivo ante la posible condensación del malestar social en la jornada internacional de lucha contra la COP 21, donde podrían agruparse todas estos descontentos en torno a la izquierda anticapitalista.
Los atentados fascistas de DAESH lograron que la COP 21 se desarrollara en un contexto de ilegalidad de las manifestaciones, de arrestos domiciliarios a líderes ecologistas, de fichaje a migrantes bajo sospecha y de la ofensiva del ejército francés sobre Siria. Además se creó un extraño realineamiento de las potencias militares contra un pequeño “estado” islámico.
Finalmente, después de aplicar en unos cuantos días el programa guerrista de la derecha, el gobierno “socialista” de Hollande pierde frente al partido de la extrema derecha (Frente Nacional) en las elecciones regionales. Es cada vez más fuerte el esfuerzo de las élites más conservadoras por captar el voto popular y obrero hacia la derecha. Los socialistas y la derecha centristas se preparan para una alianza que impida a la ultra-derecha su llegada al poder, minando aún más su credibilidad.
El festejo de un acuerdo no vinculante
A la par, el acuerdo que ha logrado la cumbre climática se desborda en principios abstractos tan nobles como la responsabilidad común y diferenciada, procurando el derecho a la salud, el respeto a los derechos humanos, el respeto de los pueblos indígenas, los niños y los discapacitados, etcétera, pero el elemento más importantes es el tan difundido acuerdo de situar el calentamiento por debajo de los 2 grados centígrados y los más cerca de 1,5. Pero como lo ha remarcado Daniel Tanuro* en su último artículo, existe una contradicción que es públicamente conocida: las intenciones del acuerdo general se contrapone al INDC que es el conjunto de las medidas específicas tomadas por cada nación con el fin de combatir el cambio climático. Por así decirlo, la suma de los esfuerzos no corresponde a todas luces con el objetivo general.
El método que se han planteado los países presentes en la COP ha sido el de revisar cada 5 años que esos dos acuerdos coincidan y este acuerdo se basara en la voluntad de los firmantes sin que haya un elemento jurídico vinculante que obligue a su realización… cosa que todo todo mundo espera con el gesto aburrido en cada cumbre. De igual manera, no hay un planteamiento firme sobre la descarbonización del mundo, las palabras que refieren al problema ni siquiera aparecen en el texto. Este texto sustituirá al Protocolo de Koyoto para iniciar desde 2020.
El proceso de manipulación propagandística y política que ha hecho el gobierno es inconmsurable, no solamente con el dolor que ocasionó la muerte de 130 personas tras los atentados, haciendo del luto una estrategia política para reforzar el patriotismo y la reafirmación de las fronteras; sino también con el intento de institucionalización de la protesta contra la COP 21, como fue el intento de armonizar la movilización social y las discusiones cupulares en la cumbre, hecho, tristemente, a través de muchas de las ONGs, construyendo una movilización paralela “por el clima” de suerte que puedan tener control sobre ella. Lo cual acontenció concretamente en la concentración del 29 de diciembre cuando laCoalition Climat 21 llamo a su vaciamiento. Esta manifestación en los hechos se convirtió en una protesta contra el estado de urgencia y tuvo como resultado 317 detenidos.
Dentro del clima político francés aun están por decidirse muchas cosas, pues no está cerrado el período de tensión social, sin embargo el gobierno y la UE pasó a la defensiva y los contrapesos progresivos dependerán del desarrollo de otras alternativas políticas a nivel Europeo, sobre todo la orientación y el peso que tome la izquierda en España e Inglaterra.
La combinación de estas dos coyunturas, de la posibilidad de la crisis social y de la confirmación de la continuidad de la crisis ambiental planetaria, nos permite ver un panorama de lo que podrían ser las políticas de control de los Estados que defienden la continuidad productivista y al capitalismo. Es una experiencia a través de la cuál los gobiernos aprenden a controlar las nuevas (y no tan nuevas) crisis políticas y las respuestas sociales: la manera de buscar consenso social, la administración de los movimientos humanos en masa (que podría continuar con los refugiados climáticos del futuro), la construcción de un estado democrático-policial, etc.
A pesar de la crisis económica sin precedentes en Europa y el mundo, las instituciones de los estados modernos siguen relativamente estables y son aún la vía de canalización de mucho del descontento, que cristaliza de manera más amplia y más duradera, pero no necesariamente más profunda. La entrada a las instituciones obliga, según la estrategia, a un cambio de los métodos o de los discursos para poder estar en mejores condiciones de luchar a otros niveles y para ganar. El punto decisivo sigue siendo la posibilidad de construir y vincular contrapesos externos a las instituciones.
Sin embargo, hay que decir que a pesar de la estabilidad, los nuevos movimientos de la política mundial y la recomposición de las sociedades tras más de 30 años de capitalismo neoliberal, pueden crear nuevas situaciones explosivas con el nuevo proletariado hiperprecarizado y migrante, así como por la degradación de la vida en las grandes ciudades.
Lo que vemos ahora es un reflejo de posibles situaciones futuras que la izquierda anticapitalista y ecosocialista debe saber anticipar.
