Evo y la oligarquía van al diálogo

Esta madrugada [por ayer], en Sucre, los representantes de las agrupaciones cívicas y de la derecha oligárquica lograron que el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) acepte la suspensión de las sesiones de la Asamblea mientras se desarrolla la negociación, abierta este domingo tras el paro parcial que cumplieron los sectores organizados en contra Morales.

Las fuerzas de la oligarquía, que enarbolan la bandera de la autonomía regional y que han logrado dirigir a la mayor parte de los sectores cívicos, empresariales y laborales en Santa Cruz, Tarija, Beni y en menor proporción en Pando y Cochabamba, quieren mantener en la Constituyente el derecho al veto que el gobierno de Morales les concedió a mediados de año y que ahora pretende anular con la imposición de su mayoría. La derecha oligárquica reclama la vigencia de los dos tercios para aprobar la nueva Constitución y definir los alcances y carácter de las autonomías.

Este domingo, Morales cedió en el pedido que realizaron seis comités cívicos y convenció a la bancada del MAS para congelar el avance de las plenarias de la Asamblea, y reabrir el debate para incluir los dos tercios en el artículo 71 del reglamento de debates, que ahora establece la aprobación de cada artículo de la Constitución por mayoría absoluta.

Pese a esta concesión inicial de Morales, los cívicos determinaron continuar con las medidas de presión, que hasta ayer tenían al menos a 591 personas en huelga de hambre en Santa Cruz, Tarija, Oruro, Potosí, Sucre, Cochabamba y La Paz.

Isaac Ávalos, líder de la confederación de campesinos le reclamó a Morales la carta blanca que entrega a la oposición para discutir indefinidamente el tema de los dos tercios. El Mandatario contestó que "a veces, cuando se presiona, al final el diálogo no avanza".

Fruto de un acuerdo político entre la izquierda indigenista y la derecha oligárquica, la ley de Convocatoria a la asamblea Constituyente estableció que el texto de la nueva Constitución Política del Estado debe ser aprobado por dos tercios, antes de ser puesta a consideración del pueblo en un referéndum. La propuesta del MAS, aprobada en el reglamento de debates, establece que la nueva Constitución puede ser llevada al referéndum sin necesidad de contar en todos sus artículos con un apoyo de dos tercios, con lo que rompe su alianza con la oligarquía, a la que le quita ese poder de veto.

Contra esta acción se han levantado los comités cívicos y organizaciones empresariales y laborales del oriente y sur del país, mientras que a nivel gubernamental hay dudas sobre si imponen su mayoría y rompen definitivamente con la oligarquía o si ceden en busca de un acuerdo que los aleje del conflicto.