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19/07/2019 :: Mundo, Brasil

Golpes de Estado: nuevos métodos de viejas derechas

x Julieta Caggiano
El Golpe en Honduras representó para la región un antes y un después. Fue la consolidación de una estrategia que el imperialismo y las derechas habían ensayado en Haití

Aunque falló en Venezuela. Las modalidades varían según el contexto de cada país e involucran a viejos y nuevos actores. Los neogolpismos son la continuidad de una política intervencionista de más de un siglo.

Las derechas latinoamericanas incursionaron en nuevas formas de golpismos en lo que va del siglo XXI, interrumpiendo procesos democráticos en disputa con la hegemonía neoliberal. Usualmente llamados “golpes blandos” o “moderados”, este desplazamiento simbólico puede hacernos perder de vista que se trata de verdaderas ofensivas golpistas que se reconfiguran en nuestra región.

Los neogolpismos, se transformaron en una verdadera arma transnacional, desplegados selectivamente en aquellos países que buscaban conformar un bloque regional progresista en América Latina. Autores como Lorena Soler o Juan Gabriel Tokatlián, han analizado en profundidad sus dimensiones, concluyendo que las derechas sofisticaron sus tácticas de injerencia institucional. En la actualidad, las interrupciones democráticas están encabezadas principalmente por civiles. Las Fuerzas Armadas pueden apoyar tácita o explícitamente, pero no son el actor central como en las experiencias pasadas. En esta novedosa configuración, se trata de interrumpir el orden democrático con una violencia menos ostensible, intentando mantener una semblanza institucional mínima.

Si tenemos en cuenta el carácter central que tuvieron las Fuerzas Armadas en los Golpes de Estado de la segunda mitad del siglo XX, los neogolpismos avanzan desde sectores diversos. Los actores destituyentes provienen de corporaciones mediáticas, empresarias, de la clase política o poderes locales conservadores. García Linera, en su ensayo “¿Fin de ciclo progresista o proceso por oleadas revolucionarias?, publicado en 2016, nos advierte esta tendencia dentro de lo que caracteriza como una gramscialización de las estrategias contrainsurgentes, planteando que la punta de lanza de las derechas es mediática, económica, social y cultural y, sólo en última instancia, de confrontación social, con la posibilidad incluso de recurrir a la fuerza armada.

Durante el siglo XXI encontramos al menos tres estrategias de Golpes de Estado implementadas en distintos países: Los golpes en Honduras y Haití, con centralidad en las fuerzas armadas; los intentos fallidos de golpe en Venezuela, Bolivia y Ecuador; y los golpes en Brasil y Paraguay, con centralidad parlamentaria.

Honduras y Haití: golpe con centralidad de las Fuerzas Armadas

El golpe de Estado a Jean-Bertrand Aristide en 2004 es el primer intento victorioso de la nueva ola destituyente. El sacerdote, parte del movimiento de la teología de la liberación, había sido en 1991 el primer presidente electo en la historia de Haití. Siete meses después de comenzado su mandato fue destituido por un golpe militar con apoyo explícito del gobierno norteamericano. Tras la crisis política y económica que generó la dictadura, Aristide regresa a la presidencia en el 94 y lanza una reforma de las Fuerzas Armadas. En el año 2001 es reelecto con una gran legitimidad popular y orienta su gobierno hacia el bloque regional que dirigían Cuba y Venezuela.

Esta orientación resultó inaceptable en un país donde las Fuerzas Armadas continúan siendo la herramienta de choque directa de los Estados Unidos. Un nuevo golpe de Estado termina con el mandato del presidente haitiano y es enviado al exilio con la coerción del aparato castrense. Sin embargo, este actor no es el único que articula la destitución. El intervencionismo norteamericano logró empalmar con la propia policía que Aristide había conformado años atrás, las burguesías extranjerizadas, la clase política tradicional y los medios de comunicación que aplacaban la magnitud de los hechos.

En Honduras la ofensiva militar también tuvo un lugar de centralidad. El presidente Manuel Zelaya llegó a destituir al general Romeo Vásquez como jefe de las FFAA por negarse a distribuir los materiales electorales para la consulta popular que abriría el camino a la reforma constitucional. En el 2009, el Procurador General de la Nación solicitó a la Corte Suprema que declarara la ilegalidad y nulidad de la decisión del Poder Ejecutivo de llamar a una consulta popular para habilitar la reelección del presidente. La justificación legal del golpe se basó en la inconstitucionalidad de la consulta. El decreto n° 141 del 2009 acordaba separar a Zelaya Rosales del cargo de Presidente por las reiteradas violaciones a la Constitución. De esta manera, se da un proceso golpista que combina el intervencionismo directo de las Fuerzas Armadas, que fuerza el exilio de Zelaya en un avión militar, con un mecanismo de destitución que involucra al Poder Judicial.

Los golpes en Haití y Honduras, nos alertan sobre la centralidad que mantienen las Fuerzas Armadas en los procesos destituyentes. Sin embargo, el despliegue en el resto de la región nos permite pensar en lo prescindibles que pueden ser cuando este mecanismo no es realmente efectivo. Pese a que en ambos casos el actor militar fue muy visible, los principales ejecutores de los golpes provenían de otros sectores de la sociedad civil.

Golpes de Estado fallidos en Venezuela, Bolivia y Ecuador

En estos países los golpes resultaron fallidos, sin embargo, tuvieron muchos puntos de contacto con los articulados en otras geografías si tenemos en cuenta sus mecanismos para la destitución. Las demandas de quienes se alzaron eran de oposición a reformas estructurales que proponían los actuales gobiernos. A los intentos de golpe de 2002 en Venezuela, de 2008 en Bolivia y 2010 en Ecuador, podemos analizarlos como antecedentes de las ofensivas que se desplegaron a posteriori contra estos gobiernos. En Venezuela, particularmente, los novedosos formatos destituyentes requieren un análisis aparte. El bloqueo económico y la creciente injerencia extranjera nos clarifican las intenciones intervencionistas, irrespetuosas del proceso que los y las venezolanas acompañan con su voto.

El 11 de septiembre de 2002, en Venezuela, Caracas amanecía con una movilización de la meritocracia petrolera hacia el Palacio Miraflores. Rechazaban las intervenciones estatales en PDVSA aunque, al igual que más tarde en Bolivia y Ecuador, los manifestantes pedían la renuncia del presidente. Los enfrentamientos y la represión en Puente Llaguno dejaron 19 muertas, lo que fue utilizado por la oposición para legitimar el intento de golpe. El presidente Chávez acepta su arresto para evitar más violencia, aspecto clave para que sectores de la oposición y del poder judicial planteen el argumento de que lo ocurrido fue a causa de un “vacío de poder”. Pedro Carmona, al mando de Fedecámaras, se proclamó presidente provisional de Venezuela con el apoyo de un sector del Alto Mando del Ejército. Sus primeras medidas fueron disolver la Asamblea Nacional electa democráticamente, el Tribunal Supremo de Justicia, al Fiscal General de la Nación; así como derogar las 49 leyes sancionadas por Chávez, entre las cuales se encontraban la Ley de Tierras y la Ley de Hidrocarburos.

El intento de golpe en Bolivia, en septiembre de 2008, tuvo como antecedente el Referéndum de ese mismo año, luego de considerar inconstitucional el Referéndum Autonómico que promovían los departamentos de la medialuna. La ciudadanía decidió la permanencia de Evo Morales (quien fue ratificado con el 67,43 % de los votos) y la continuidad de los prefectos en ocho de nueve departamentos. Este proceso reforzó la legitimidad tanto del presidente, como de los poderes autónomos regionales. Desde las elites locales de la media luna (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando), así como desde Chuquisaca, se impulsaba la constitución de gobiernos departamentales autónomos y rechazaban el proyecto de refundación del Estado Plurinacional. La disputa tenía como principal demanda el rechazo a la Ley de Hidrocarburos del 2005. Los departamentos opositores declararon un “paro civil”, interceptando rutas y llamando a las fuerzas armadas a desconocer el poder central. La Masacre del Porvenir fue uno de los principales saldos de este intento de golpe, con al menos 20 muertos, en su mayoría campesinos.

El 30 de septiembre de 2010, en Quito, otro intento de golpe era efectuado contra la Ley Orgánica de Servicios Públicos como reivindicación explícita. Un motín policial se produjo apelando que esta Ley atentaba contra sus intereses. El presidente fue retenido en el Hospital de la Policía, y la movilización dejó una decena de muertos y heridos. Según Paz y Miño Cepeda, historiadores ecuatorianos, en el intento de golpe estuvieron involucrados la Sociedad Patriótica, dirigentes de la Pachakutik, el Movimiento Popular Patriótico, la CONAIE, el Partido Social Cristiano, y otras fuerzas opositoras como la extrema derecha y los medios de comunicación. Recordemos que en octubre de ese mismo año se vencía el plazo para que financistas vendan sus acciones en el rubro mediático.

En los tres casos, hubo fracciones de las Fuerzas Armadas que acompañaron los intentos golpistas, aunque no fueron el actor central. Sectores civiles como la clase política tradicional, corporaciones empresarias y las élites locales, legitimados por el discurso mediático, fueron los artífices principales de los intentos destituyentes.

Brasil y Paraguay: impeachment y juicio político, golpes con centralidad parlamentaria

Al igual que en el resto de los países, en Paraguay y en Brasil se manifiestan particularidades que hacen a tradiciones políticas complejas, diversas, que les son propias a cada caso. Sin embargo, no podemos negar las implicancias regionales de nuestras experiencias. El golpe de estado en Paraguay resulta un antecedente central en el proceso destituyente a Dilma en Brasil.

El juicio político que desplazó a Fernando Lugo de la presidencia de Paraguay en el 2012 fue escandaloso, no solo por no respetar el debido proceso –el juicio se desarrolló en no más de 30 horas-, sino también por los poderes enquistados que orquestaron la ofensiva. La masacre de Curuguaty, en la que murieron 11 campesinos y 6 policías, tocó un filamento sensible con raíces de larga data en el país: el conflicto por la tierra. El Grupo Riquelme, ocupaba estas tierras fiscales bajo la figura de “usucapión”, y fue un actor clave para el desalojo violento de los campesinos que avanzaron en el terreno. El CEO de este grupo estuvo ligado al Partido Colorado -fue senador por más de veinte años-, además de haber ocupado la dirección de la Unión Industrial Paraguaya (UIP).

El saldo de esta Masacre, investigada en la actualidad como una verdadera operación dirigida, fue el hecho por el cual se juzgó a Fernando Lugo por mal desempeño de sus funciones. En este caso, la falta de movilización popular en apoyo al entonces presidente fue decisiva para el triunfo del golpe.

Dos años antes, en las elecciones de 2010 en Brasil, los grupos de derecha avanzaron en cargos de representatividad parlamentaria logrando obtener la mayoría. La dirección política legislativa estaba hegemonizada por la alianza conocida como las tres B: Balle (Bola)” – diputados vinculados con la policía militar, los escuadrones de la muerte y otras milicias privadas–; “Boeuf (Res)” –los grandes propietarios de ganado–; y “Bible (Biblia)” –fundamentalistas neopentecosteses.

En este contexto, las condiciones estuvieron dadas para el despliegue de la figura del impeachment -presente en la Constitución brasileña- para juzgar sin pruebas contundentes a Dilma Rousseff, pasando por alto el debido proceso como ocurrió en el caso paraguayo. Mediante un juicio político sin precedentes, se terminó con la presidencia del PT, para luego avanzar judicialmente contra el principal candidato a presidente en las últimas elecciones, Lula Da Silva. Los ejecutores explícitos del golpe ocupaban los poderes legislativo y judicial, y utilizaron estas herramientas institucionales para su fin. Las corporaciones mediáticas -como O Globo-, partidos tradicionales como el PMDB y el empresariado local fueron actores cómplices y artífices de la operación.

Estos casos vislumbran un nuevo escenario destituyente en América Latina. Las transiciones a las democracias de los ochentas (o noventas en Centroamérica) fueron lo suficientemente discutidas como para recurrir a los mismos métodos. Los neogolpismos, aunque suavizados semánticamente llamándolos “golpes blandos”, “institucionales”, “moderados”, forman parte de una verdadera reofensiva golpista en la región. Para que un golpe de Estado se desarrolle no se necesita esencialmente ni a los militares, ni tiene que devenir necesariamente en una dictadura. Los neogolpismos logran instalar modelos políticos y económicos por otros medios, políticamente menos costosos y socialmente menos evidentes. Se trata de servirse de la democracia, de sus instrumentos, para destruir aquello que la legitima, una vez que deja de serles funcional.

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