Hay que desmantelar la estructura terrorista del estado en Colombia

El escándalo destapado en el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en los días anteriores, con la pelea entre "sus pesos pesados", deja al descubierto de manera inobjetable una situación que es demasiado grave: los organismos responsables de la inteligencia y la seguridad del Estado colombiano están articulados al narcoparamilitarismo.

Y no es un cuento o mera suposición de la izquierda y los organismos defensores de los derechos humanos. Una gran parte del país sabe esto y muchas cosas más, pero calla por miedo a las balas de estos sicarios de la muerte.

La pelea en la cúpula puso al descubierto la corrupción y degradación de ese organismo, dependiente directo del Presidente de la República, y a la vez reafirma y deja en evidencia la descomposición ética y moral del Estado colombiano que tiene como aliado, en la estrategia contrainsurgente, al sector más reaccionario y criminal de los patrones de la droga, a los que les asigna la misión de copar territorios, obstruir los cambios que el país necesita y ejecutar operaciones de guerra sucia.

El caso se filtra con detalles, por efecto de las desconfianzas y pujas entre patrones del narcoparamilitarismo que trascienden al entorno de cada uno de ellos. El director del DAS Jorge Noguera, el subdirector José Miguel Narváez y el Jefe de la Inteligencia Enrique Sierra, son hilos de la misma madeja, pero los cabos estaban en manos de "patrones" distintos.

Son miles y miles de asesinatos, desapariciones, amenazas de muerte y desplazamientos forzosos donde aparecen comprometidos agentes del DAS, de la Fiscalía, la inteligencia militar y de la policía.

Muy poco se habla de la estructura terrorista del Estado, que se ha extendido a todas las instituciones y alberga el narcoparamilitarismo, siendo responsable de más del 85% de las violaciones a los derechos humanos en Colombia.

De nada está sirviendo la cacareada "seguridad democrática" como política de protección de la vida de los ciudadanos. Y de nada puede servir en vista de que la política del Presidente Uribe ofrecida supuestamente para brindar seguridad a los ciudadanos es una entelequia, inspirada en la Doctrina de Seguridad Nacional implementada por los Estados Unidos. Ésta instituye en la estrategia contrainsurgente la conformación de la estructura terrorista del Estado para eliminar el supuesto enemigo interno. Así lo hicieron las dictaduras del Cono Sur y también Colombia

Los colombianos nos sentimos amenazados por la poderosa y siniestra estructura terrorista del Estado, en la que confluyen instituciones de éste y bandas de los "patrones" de la droga encargados de operar la máquina de la guerra sucia. Los recientes hechos del DAS evidencian ese matrimonio fatídico.

Durante este gobierno, el índice de violencia se ha disparado en las principales ciudades del país con la "urbanización" del paramilitarismo, con excepción de Medellín donde se redujo la violencia por decisión de "don Berna", (capo del narcotráfico y flamante negociador del proceso con los paramilitares), quien a cambio de no ser extraditado a los Estados Unidos, le baja el volumen a las pistolas de sus sicarios hasta nueva orden.

La amenaza terrorista de la que tanto habla el Presidente proviene del mismo Estado y de sus aliados narcoparamilitares. Incluso actúan contra líderes de la derecha cuando les conviene resolver las diferencias o callar a alguien porque sabía demasiado, como ocurrió con los asesinatos de Álvaro Gómez Hurtado, del General(r) Fernando Landazábal Reyes, y en el reciente atentado con carro bomba contra el Senador uribista Germán Vargas Lleras.

Estas estructuras del terrorismo de Estado están dinámicas en la actual coyuntura electoral profiriendo amenazas de muerte, preparando y realizando atentados y prohibiendo a los líderes de la oposición al gobierno que hagan campaña política en algunas regiones.

Los narcoparamilitares están montando retenes, cubiertos por la fuerza pública, en varias carreteras, entre ellas las del departamento de Santander, advirtiendo que no dejarán hacer campaña a los movimientos políticos opositores al gobierno.

Están amenazados de muerte Horacio Serpa, Piedad Córdoba y otros dirigentes del Partido Liberal; se acaba de frustrar el atentado contra Wilson Borja parlamentario por Alternativa Democrática, y están anunciados los asesinatos de sus colegas Gustavo Petro y Alex López, así como el del director del periódico del Partido Comunista, VOZ, Carlos Lozano, entre otros.

Estos hechos, gravísimos, hacen prever unas elecciones en el año 2006, teñidas con la sangre de quienes anden por la acera opuesta al proyecto político ultraderechista que se está implantando y que pretende legitimarse en las elecciones venideras.

Cabe preguntar entonces, ¿en qué queda la promesa de seguridad ciudadana hecha por el Presidente?, ¿de qué sirve la Ley de garantías electorales frente a la siniestra estructura terrorista de Estado, dispuesta a impedir que la oposición al gobierno haga campaña política?

Igualmente cabe preguntar ¿de qué proceso de paz habla este gobierno, en medio de estas excluyentes e intolerantes condiciones que afectan esencialmente a las expresiones políticas diferentes?

En medio de este panorama la lucha no es fácil, pero hay que persistir sin desfallecer para cambiar de raíz esta situación.

Hay que luchar para impedir que se acabe de implantar el régimen político de ultraderecha que lidera el Presidente Uribe y se legitime en las elecciones de marzo y mayo del 2006.

La crisis humanitaria colombiana continúa y se profundiza en medio de la pobreza y la exclusión, mientras la estructura terrorista del Estado mantiene andando la maquina de la guerra sucia. Desde una posición privilegiada opera libremente con abundante información, recursos operativos y el control de los organismos de inteligencia del Estado.

Hay que luchar para desmantelar esta estructura terrorista del Estado que se ha extendido a todas las instituciones, se cubre en ellas para cometer múltiples crímenes contra la oposición política y social, oponerse a los cambios que el país necesita y afianzar el estado de injusticia social, de exclusión política y el autoritarismo del nuevo régimen.

Por ahí pasa la construcción de la paz en Colombia, con justicia social, estable y duradera.