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¡Es un afano, suspéndanlo! Argentina firma un nuevo acuerdo con el FMI
Y finalmente llegó el arreglo. El gobierno argentino formalizó un pre-acuerdo en torno al programa económico que permitiría hacer frente a la monumental deuda que el Estado nacional tienen con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Un ajuste que no es ajuste, una deuda que sigue siendo eterna, una estafa que se legaliza. ¿Quiénes serán los firmantes (y los levantadores de manos) del nuevo pacto de coloniaje? ¿Se acelera un ciclo de resistencia popular?
El viernes 28 de Enero el gobierno argentino y el FMI dieron a conocer las pautas de un "entendimiento" en torno a qué hacer con el mega-endeudamiento que el Estado nacional tiene con el organismo. Todo lo que tenemos por ahora es un breve comunicado publicado por el Fondo, una presentación grabada del presidente Alberto Fernández y una conferencia de prensa encabezada por el Ministro de Economía Martín Guzmán y el Jefe de Gabinete Juan Manzur, y algunas aclaraciones verbales posteriores del ministro Guzmán. Nada firmado.
Sin grandes precisiones, el gobierno presentó el principio de acuerdo como un gran triunfo que permitirá "ordenar el presente y construir un futuro" y "no nos condiciona". De todas maneras, al mismo tiempo el presidente señaló que "teníamos una soga al cuello, una espada de Damocles, y ahora tenemos un camino que podemos recorrer", cómo si el acuerdo firmado fuera una imposición bajo amenaza.
El acuerdo: patear la deuda para 2026
El acuerdo se firmaría por dos años y medio, período en el cual el principal objetivo macroeconómico es llevar el déficit fiscal primario (la diferencia entre gastos e ingresos, antes de pagar los intereses de la deuda pública) a cero en 2025. En ese período, de manera trimestral, una misión del FMI revisará los números y aprobará o no un desembolso de dinero al Estado nacional.
En términos financieros el acuerdo significará reemplazar el crédito (firmado en 2018) que vence en 2024 por un crédito de más largo plazo (que vencerá hacia 2032). Durante 2022 y 2024, en caso de nota aprobatoria a cada revisión trimestral, el Fondo otorgará un nuevo crédito al Estado argentino. Estos fondos servirán para pagar los vencimientos de capital en 2022, 2023 y 2024 por la deuda contraída en 2018 y 2019, aun no pagados. A estos montos, se sumará una serie de desembolsos para "devolver" los pagos ya realizados hasta la firma del acuerdo (unos 5 mil millones de dólares). Esa devolución será, en realidad, también un nuevo crédito.
En 2024 el Estado argentino tendrá aun una deuda de aproximadamente 45 mil millones de dólares con el FMI. Sin embargo, el nuevo crédito que recibirá la Argentina en el marco del nuevo acuerdo será devuelto en 12 cuotas semestrales luego de 2025 (según confirmó el representante argentino antre el FMI, Sergio Chodos, en entrevista radial).
En términos sintéticos, lo acordado con el Fondo supone refinanciar el crédito existente. Como contrapartida de esa refinanciación, el FMI espera que el Estado nacional lleve adelante un ajuste fiscal sostenido. En términos políticos y legales, si el Congreso Nacional aprueba el acuerdo al igual que el Directorio del Fondo, el Fondo logrará "lavar" el crédito ilegal de 2018 y reemplazarlo por un nuevo crédito a 10 años (2022-2032). Alberto lo hizo.
El contenido del acuerdo
En 2021 el déficit fiscal fue de 3,5% del Producto Bruto Interno (PBI) incluyendo los ingresos extraordinarios del Impuesto a las Grandes Fortunas, que aportó recursos por alrededor de 1% del PBI, y los ingresos record por exportaciones de granos. En 2022 ese impuesto ya no existe, y las exportaciones primarias caerían sustancialmente por la sequía y la caída en los precios de la soja.
El gobierno decidió que los ricos ya habían hecho suficiente esfuerzo y no cabía poner en discusión un impuesto de caracter permanente. La realidad es que el propio Fondo no se opone por principios a algo así; a corto plazo sólo le interesa cerrar el déficit. La decisión de no aumentar la carga impositiva a los más ricos es pura y exclusiva rensponsabilidad de la fuerza gobernante.
Con esa limitante, el déficit anunciado de 2,5% para este año supone una mejora significativa en la recaudación fiscal por la aceleración del crecimiento o un ajuste mayor en el gasto primario (es decir, el gasto sin incluir los pagos de intereses de la deuda). Según Claudio Lozano (director del Banco Nación) el ajuste necesario en 2022 será de alrededor de 9 mil millones de dólares.
Sectores protegidos y el centro del ajuste
La declaración del equipo negociador del FMI (encabezado por Julie Kozack, directora adjunta del Departamento del Hemisferio Occidental, y Luis Cubeddu, jefe de misión para Argentina) plantea que el ajuste dejará de lado (a) el gasto en infraestructura, (b) en ciencia y tecnología, y (c) protegerá programas sociales focalizados.
Empecemos por el punto (c). El énfasis del acuerdo alcanzado es proteger los programas sociales "focalizados". Por ahora, esto es bastante vago, por decir lo menos. El acuerdo firmado en 2018 también incluía "medidas para fortalecer los programas de transferencias para la población con menores recursos y evitar un incremento del desempleo en los sectores más vulnerables del mercado laboral" (ver acá, página 364), y ya sabemos cómo terminó eso. Sólo se protegerían los programas focalizados; por si quedaba duda (no había muchas) se cierra la puerta a cualquier iniciativa de salario básico universal o similar.
La declaración no hace referencia alguna a la protección de los beneficios previsionales o salarios. El Ministro Guzmán señaló que "se mantendrán todos los derechos de nuestros jubilados y jubiladas", pero la declaración del Fondo nada dice de eso. Tal vez no sea una preocupación inmediata del FMI en la medida en que la fórmula previsional aprobada en el gobierno del presidente Fernández desenganchó los beneficios de la inflación y viene garantizando un ajuste general en los mismos: entre 2020 y 2021 el gasto en jubilaciones y pensiones cayó 1,5 puntos del PBI mientras el gasto social total se redujó en 3,3 puntos porcentuales del mismo.
El punto (b) remarca -implícitamente- que se cumplirá la ley de financiamiento del sistema científico que fuera aprobada en 2021. Dicha ley proyecta un incremento progresivo del gasto público en Ciencia y Tecnología (CyT), pasando del actual 0,3% del PBI a 1% en 2030. Desde el punto de vista fiscal es un rubro menor. Por otro lado, la ley vigente ni siquiera garantiza recuperar las remuneraciones del personal de CyT que han visto caer sus salarios un 30% en relación a 2015. Además, la orientanción general del financiamiento al CyT ha sido crecientemente dirigida a las necesidades de las grandes transnacionales y los proyectos vinculados al extractivismo.
Finalmente, (a). La mayor parte de las obras de infraestructuras pendientes, en desarrollo y proyectadas están vinculadas a la producción de las condiciones para garantizar el saqueo de nuestras riquezas naturales. Proyectos vinculados al fracking de gas y petróleo en Vaca Muerta, obras vinculadas a la IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana), el desarrollo de la megaminería y otras obras conexas, son el centro de este rubro. Una fracción marginal se destinaría a las obras de desarrollo urbano, comunitario, y socio-productivo para el conjunto de la población. Poco y nada se destina a obras sanitarias o educativas, para el deserrollo de proyectos de la economía popular u otras iniciativas que proyecten un cambio en la matriz socio-productiva fuera del capitalismo dependiente. No hay una palabra en la declaración del FMI y lo que señalan los funcionarios gubernamentales no se basa en la realidad de las proyecciones del presupuesto 2021 ni del presupuesto rechazado en Diciembre para 2022.
Más allá de los sectores que sería protegidos ante el ajuste fiscal quedan algunos frentes abiertos muy precisos: los subsidios energéticos, los salarios en el sector público y el gasto corriente en general (en educación, salud, administración pública, servicios sociales, etc.).
Ni el Fondo ni el gobierno nombra explicitamente a las remuneraciones de las y los trabajadorxs del Estado, o les trabajadores en general, y sus condiciones de trabajo como centro de las necesidades del programa acordado. Recuperar la caída salarial sostenida por más de un quinqueño y enfrentar el creciente deterioro de las condiciones laborales quedan excluídas como objetivos de la negociación. Cierto es que el ministro Guzmán ha dicho que buscarán "garantizar que el salario real también crezca", aunque no se ha explicitado el cómo. Lo único que hay es una esperanza general en que el crecimiento económico favorezca una lenta recuperación salarial, algo que no ocurrió en 2021.
En este contexto se entiende por qué tampoco aparece (aun) la reforma laboral como pieza de negociación: la reforma laboral se está dando de hecho y a cuentagotas (o borbotones) de manera descentralizada y bajo cuerda, con la mirada cómplice del Ministerio de Trabajo liderado por Claudio Moroni. El presidente Fernández fue claro: el acuerdo "no nos obliga a una reforma laboral". No necesitan que nadie los obligue; la están llevando adelante de hecho.
Lo que sí es abierto y explícito es poner en el centro del ajuste los subsidios a las tarifas energéticas, que hoy representan cerca de 2,3% del PBI. Eufemísticamente, el Fondo inidica que "acordamos que una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva será fundamental para mejorar la composición del gasto público". En una jugada discursiva magistral, transforman en "progresiva" una reducción de subsidios a millones de personas, para favorecer los intereses de los acreedores privados y al Fondo. Uno de los principales objetivos del ajuste fiscal es garantizar la disponibilidad de recursos para el pago de la deuda pública, no precisamente algo progresivo.
Es cierto que el esquema de subsidios a la energía es imperfecto. Es cierto que una parte de los subsidios son destinadxs a unos pocos con piletas climatizadas. Sin embargo, la solución a esa debilidad no es perjudicar a millones de trabajadorxs con una suba de tarifas que superará varias veces la inflación esperada. Los déficits de la política energética deben buscarse en la privatización general de la infraestructura de producción y distribución, la orientación del sistema a la producción de energía para la exportación o para favorecer los intereses de las transnacionales del saqueo (Vaca Muerta, o el reciente proyecto de hidrógeno verde), y una política de inversiones públicas que no favorece el desarrollo de estrategias alternativas de producción y consumo de la energía por fuera de los intereses de los grandes capitales (como el extractivismo del litio para exportación). Además, la principales desigualdades en el sistema energético a nivel del consumo masivo son causadas por la falta de inversiones que provocan falta de acceso (por ejemplo, servicio de gas natural) o servicio deficiente (por ejemplo, cortes de luz), o la posibilidad de acceder a medidios de consumo más eficientes como electrodomésticos o mejores medios de transporte público (desde medios colectivos a bicicletas).
Por lo demás, las desigualdades sociales que se expresan también en el consumo dispar de energía pueden atenderse aumentando (o fiscalizando) la carga impositiva sobre los sectores más acomodados, con mejor acceso no sólo a la energía sino a toda una serie de bienes y servicios de provisión pública o privada. En lugar de buscar en la política energética un chivo expiatorio para el ajuste fiscal, podría dirigirse la mirada a un sistema de producción y apropiación de riqueza que produce y reproduce la desigualdad social. Hoy el problema en la Argentina es no tanto la posible "privatización" de empresas públicas (algo que la declaración conjunta no propone pero el gobierno enfatiza que no ocurrirá), sino la necesaria desprivatización de amplios sectores estratégicos de la producción social. Esta cuestión está claramente fuera de la agenda oficial.
La inflación, el ajuste y el extractivismo
En el discurso del Fondo y en el endendimiento firmado, el ajuste fiscal está directamente ligado a la política anti-inflacionaria. Más allá de la retórica oficial en torno a que "la inflación es un fenómeno multicausal", está claro que la reducción del déficit fiscal tiene como contracara el recorte en la emisión de dinero para financiarlo y su supuesta contraparte inflacionaria.
El acuerdo es taxativo en reducir a cero el "financimiento monetario" del gasto público hacia 2024, un año antes que el déficit cero. En 2 años, el gasto público debería financiarse enteramente con impuestos o endeudamiento (interno o externo). Lamentáblemente, como señalamos, no aparece en el proyecto ninguna propuesta de aumentar la carga de impuestos sobre los más ricos, sea para financiar el déficit o -aunque más no sea- para redistribuir progresivamente la riqueza social. La obsesión oficial ampliar el endeudamiento público tanto en el mercado internacional (hoy prácticamente cerrado) y local.
El énfasis en la reducción a cero de la emisión de dinero se combina con la decisión de llevar las tasa de interés a valores "reales positivos". Esto significa, ni más ni menos, que abandonar la política de tasas bajas que favorecen la recuperación económica. Ya hace unas semanas, el Banco Central -comandado por Miguel Ángel Pesce- comenzó el camino de aumentar las tasa de interes de referencia con el fin de llevarlas progresivamente a superar la inflación (es decir, pasar de tasas de interés reales negativas a tasas reales positivas).
La combinación de tasas altas y restricción monetaria (reducción de la emisión) está en el centro de la ortodoxia como estrategia para reducir la inflación. La hipótesis compartida es que la inflación es un fenómeno centralmente monetario producto de la emisión excesiva de dinero. En tal sentido, la reducción del déficit recortaría el exceso de emisión mientras que las tasas de interés reales positivas inducirían a que los excedentes monetarios se dirijan a inversiones financieras en pesos en vez de concentrarse en el dólar. No muy distinto de lo que hizo (más brutalmente) el ministro Dujovne.
Por otra parte, el gobierno enfatiza la necesidad de enfrentar la "restricción externa" ya que la demanda excedente de dólares pone presión sobre los precios. En el discurso oficial, esa presión está ligada directamente al crecimiento económico que aumenta la necesidad de dólares para importar insumos, maquinaria y medios de consumo. Guzmán señala pues que será necesario aumentar las exportaciones, y esto es parte del acuerdo con el FMI. Si bien el ministro señaló en una entrevista reciente que "lo que Argentina necesita para dejar atrás la inflación, es ir cambiando su perfil productivo y poder tener una canasta exportadora diferente para que no haya problemas de falta de dólares", la política pública concentra sus esfuerzos en ratificar el perfil extractivista del comercio exterior. Nada se dice del peso que tiene la deuda externa creciente, la fuga de capitales, el consumo suntuario y la extranjerización de la economía en la demanda excesiva de dólares.
¿Cómo llegamos acá y cómo seguimos?
El gobierno asume que llegó al pacto con el Fondo con "la soga al cuello". Sin embargo, olvida decir que a la situación difícil producto del elevado endeudamiento y crisis transicional del capitalismo dependiente, se sumaron varios "tiros en el pie". Las tibias amenazas iniciales de investigación y puesta en cuestión de un endeudamiento con el FMI claramente ilegal e ilegítimo, fueron sucedidas por casi dos años de conversaciones amistosas sin avances para el gobierno.
El gobierno llevó adelante una estrategia incomprensible desde una mirada de cambio social, pero totalmente lógica desde el punto de vista de una coalición que se plantea sólo administrar la crisis (un gobierno de "transición") sin decisión alguna de avanzar en las mínimas reformas estructurales en favor del pueblo: ni expropiar Vicentín, ni recuperar el control del Paraná, ni siquiera apoyar los proyectos de Ley de Protección de Humedales y de Ley de Acceso a la Tierra (que volvieron a perder estado parlamentario).
En lugar de aprovechar un contexto global de pandemia, sobre-endeudamiento general a escala global, y de excesiva exposición del Fondo frente a la Argentina, el gobierno pagó a pie juntillas. De esa manera, gastó más de 5000 millones de dólares en vencimientos de capital e intereses sobre del crédito con el FMI perdiendo en el camino "poder de fuego" frente al capital financiero. Se entiende así que, según contó Alejandro Bercovich el jueves 27 de enero, el presidente del Banco Central le hubiera informado al presidente Fernández la imposibilidad de enfrentar los efectos inmediatos de un "no acuerdo" durante Febrero. Las amenazas de una corrida cambiaria, un aumento especulativo en el dólar paralelo y la presión sobre los precios, no podrían ser ya contenidas, dentro de las regulaciones existentes.
La estrategia gubernamental que buscaba convencer al equipo negociador de un Fondo que es igual a sí mismo (y no distinto), resultó una derrota para todes nosotrxs. El gobierno se negó a suspender los pagos al organismo internacional hasta clarificar la validez del crédito y se negó a convocar a la población a movilizarse masivamente contra una nueva avanzada colonial. Decidió así seguir jugando en el terreno de los enemigos del Pueblo.
Dime quien saluda el consenso con el FMI (el Diario La Nación y el CEO de Syngenta Argentina -Antonio Acre-, entre otres) y te diré para quien gobiernas. De un Fondo demonizado a nuestro mejor amigo. No podía esperarse otra cosa del presidente que trabajó para la campaña de Domingo Cavallo en 2000, poco antes de que el economista volviera al Ministerio de Economía con De la Rúa.
Si el Congreso aprueba el consenso alcanzado con el Fondo, y si el Directorio del organismo lo ratifica, enfrentaremos dos años y medio de supervisión con lupa. El gobierno electo en 2019 cogobernará con el FMI. La posibilidad de que rechace los números del Ministerio de Economía en cada revisión trimestral, se convierte en una amenaza permanente de corrida cambiaria y crisis inflacionaria. Un Banco Central exhausto (sin reservas disponibles) y un gobierno indeciso en campaña electoral, abren un período donde ya no quedan medias tintas.
El gobierno de Fernández construyó para sí mismo una estrategia clara. Si no logramos construir alternativas políticas desde abajo y a la izquierda para enfrentarlos, serán ellxs (el Frente de Todos) o aquellxs (Juntos por el Cambio) quienes conducirán el ajuste por la próxima década. Las cartas están echadas pero el camino no está cerrado para un cambio de rumbo: como propone la Autoconvocatoria por la Suspención del Pago e Investigación de la Deuda, es necesario multiplicar la movilización popular para frenar un acuerdo que sin aprobación parlamentaria y del directorio del Fondo, aún no está perfeccionado.
