Incumplimiento de los Acuerdos de Paz, un nuevo agravio

Con la suscripción de tales compromisos se daba la vuelta a una página de la historia guatemalteca, desde dos campos de interpretación. Para los actores sociales, que desde décadas atrás se oponían a la intolerancia de la bota militar y a la arrogancia de empresarios y terratenientes, los Acuerdos les permitían continuar en su búsqueda de cambios democráticos sin el estigma de ser "enemigos de Estado". Para los poderosos, los alcances de la transición se subordinaban a mantener los privilegios de quienes han amasado fortunas mediante negocios "limpios o sucios" y de aquéllos que son los responsables de la política terrorista de Estado practicada durante décadas en esta nación centroamericana.

La verificación del cumplimiento de los Acuerdos de Paz ha sido una práctica constante. Difícilmente hoy se puede decir algo novedoso. Los enfoques varían, dependiendo de quién haga la evaluación. Los organismos internacionales siempre empezaron resaltando los logros; en lugar de irresponsabilidad estatal optaron por indicar retos. Por lo general, los avances fueron sobredimensionados por las instituciones gubernamentales que, aun reconociendo incumplimientos, acostumbraban dar justificaciones de todo tipo sin aceptar su responsabilidad como violadoras de derechos. Los balances de las agrupaciones sociales han coincidido en señalar que éstos no avanzaron en aspectos sustanciales, sin dejar de mencionar algunos logros.

Los agravios sufridos por la mayoría de la población guatemalteca y por grupos opositores, en los que se fundamentan los Acuerdos de Paz, siguen impunes y sin rectificación. En la actualidad todavía no existe ese movimiento social que rompa la intolerancia de quienes mantienen una economía incapaz de erradicar la pobreza, persisten en las prácticas políticas autoritarias y racistas, descalifican los cambios a favor de la igualdad entre mujeres y hombres o exoneran de castigo a genocidas, asesinos, corruptos y defraudadores.

De tal manera que el incumplimiento de estos compromisos tendría que ser calificado como un nuevo agravio cometido por funcionarios públicos contra quienes sufren injusticias e imposiciones. Los cumplimientos son escasos y de poco alcance; por ello sería incorrecto poner en balanzas iguales lo positivo y negativo. Las condiciones actuales exigen la construcción de agendas y sujetos políticos con visiones más globales e interconectadas que rebasen los acuerdos suscritos hace una década.

Algunos ejemplos

Los indicadores de desarrollo siguen delatando no sólo el incumplimiento de los Acuerdos de Paz sino la violación de los mismos por tres gobiernos democráticos. Las desigualdades, la pobreza y la exclusión continúan vigentes. Por ejemplo, el 20 por ciento de la población percibe el 64 por ciento de los ingresos, mientras el 10 por ciento de la gente recibe el 1.7 por ciento. Además hay una diferencia en la relación de ingresos entre hombres y mujeres, en especial las indígenas, quienes "están en la situación más precaria en el acceso a los recursos".

Según el informe del PNUD, el 60 por ciento de la población no pudo costear ni la mitad de la canasta básica. Algunos indicadores de salud revelan que 39 de 100 mujeres embarazadas padecen anemia y el 60 por ciento de muertes infantiles se relaciona con la desnutrición.

Entre los Acuerdos se planteaba cambios urgentes en la estructura agraria del país, dado que éste fue uno de los problemas que originó el conflicto armado. Aun así, el 2 por ciento de la población todavía posee el 56 por ciento de la tierra y el 87 por ciento de la gente tiene el 16 por ciento. Tal realidad, al igual que la imposibilidad de acceso a tierra para el campesinado vía el mercado y la falta de una legislación agraria que posibilite resolver los conflictos de tierra con un Código Agrario, continúa generando conflictos.

Voces del feminismo

Previo a la firma de la paz, en Guatemala los movimientos sociales se inscribían dentro de la lucha de clases y hoy no, cuestiona Quimy de León, del programa radial Voces de Mujeres, tras señalar lo contradictorio de que la beligerancia de los mismos dependa de los recursos económicos que aportan las entidades de cooperación.

Con base en lo anterior, mencionó como un reto importante para las guatemaltecas de izquierda, que rechazan los caudillismos y el verticalismo, aportar en constituir un movimiento político que reconozca la dolorosa situación creada con los tratados de libre comercio.

La representante de la Unidad Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA), Irene Barrientos, al hacer un repaso advierte algunas desventajas para las mujeres. Por ejemplo, hace algunos años ellas tenían mayores posibilidades de contratación, las cuales se han reducido en las fincas bananeras y cafetaleras, al igual que en las maquilas.

La paternidad irresponsable ha provocado que las madres se vean obligadas a aceptar trabajos mal pagados y muy pesados, de tal manera que en lugar de ser una conquista la oportunidad de empleo, la incursión laboral se transforma en violación a sus derechos. La renuencia a modificar el Código de Trabajo afecta principalmente a los "sindicatos campesinos" y a las trabajadoras agrícolas, sobre todo porque no son reconocidas como sujetas de derechos en la ley.

En los últimos 10 años poco se ha hecho para mejorar las condiciones laborales de la población femenina, lo cual ha significado que con el tiempo haya menos sindicalistas. "Las autoridades no han tenido la voluntad política para transformar las leyes de modo que permitan una mayor participación de las mujeres... hemos visto cómo han ido sustituyendo la mano de obra femenina en puestos fijos, en parte para evitar la responsabilidad de pagar las prestaciones que corresponden cuando una resulta embarazada".

En el 2003 había 14 sindicatos de maquila y ahora únicamente hay dos. La lideresa de UNSITRAGUA es la única mujer delegada en la alianza multisectorial llamada Movimiento Indígena, Sindical, Campesino y Popular (MISCP).

Extractado por La Haine