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21/01/2018 :: Mundo, Argentina, Venezuela

La batalla comunicacional

x Natalia Vinelli
Entre las oportunidades perdidas y la construcción de nuevas condiciones

Como los medios de comunicación y la clase política muchas veces hablan de “sensación” (de inseguridad, de hartazgo, de que tal o cual es culpable), nos vamos a permitir comenzar este artículo apelando a una sensación: la que nos sugiere que perdimos una oportunidad histórica. Nos embarga el sentimiento de que en América Latina estuvimos cerca de alumbrar un sistema de medios nuevo, democrático y desconcentrador, surgido del cuestionamiento al paradigma que asocia la comunicación con las ganancias. Las condiciones parecían dadas; pero la realidad, aunque con avances, fue más modesta que las promesas que agitaron los cambios regulatorios en buena parte de la región.

Pensamos que un balance crítico y autocrítico de esta última década y media requiere que revisemos lo actuado tanto por los Estados como por las grandes empresas periodísticas, y por las clases y grupos populares en la construcción de sus propias herramientas de expresión. ¿Cuánto hubo de ruptura y cuánto de continuidad con el sistema de medios consolidado en las décadas anteriores? ¿Hasta dónde nos permitió llegar la batalla comunicacional? ¿Cuántas posiciones hemos recuperado para las voces de la clase trabajadora, para la difusión de las ideas antiimperialistas, para la defensa de Nuestra América emancipada?

El impulso de nuevas legislaciones que buscaron poner límites a la concentración y extranjerización de la propiedad de los medios de comunicación tiene como telón de fondo las crisis orgánicas que –más acá o más allá del cambio de milenio- sacudieron a muchos países del subcontinente. Argentina, Bolivia, Venezuela, Ecuador atravesaron períodos de altísima conflictividad. El cuestionamiento al neoliberalismo en todos los órdenes; la denuncia de las consecuencias de la privatización, el endeudamiento y la dependencia hacia los organismos financieros internacionales actuó como marco del debate acerca del rol que cumplen los medios sobre la subjetividad social y, más ampliamente, sobre los modos de intervención estatal.

Un terreno que hasta el momento sólo era habitado por especialistas, que  muchas veces habían callado las consecuencias de la concentración mediática, ahora ganaba protagonismo y pasaba a ser transitado por toda la sociedad. La rebelión de diciembre de 2001 en la Argentina, y sobre todo las manifestaciones contra el golpe de Estado en Venezuela en 2002, pueden ubicarse como intersección entre dos maneras de entender y valorar el lugar ocupado por las grandes empresas mediáticas y su relación con las audiencias. Éste es nuestro punto de partida para reflexionar sobre lo mucho o poco que pudimos avanzar en estos años.

El neopopulismo de mercado

Los años neoliberales vieron multiplicarse perspectivas cómodas para la concentración: en lugar de preguntarse por quiénes son los dueños de los medios y cuáles son sus intereses, se estableció una suerte de relación igualitaria entre emisores y audiencias, haciendo énfasis en la libertad de los consumidores culturales para resignificar los textos mediáticos. La pregunta sobre la propiedad perdía relevancia en la misma medida en que el mercado festejaba la soberanía del receptor. Cualquier intento regulatorio era dejado de lado en nombre de esta “libertad”, habilitando o profundizando la concentración en multimedios mientras el control remoto objetivaba un supuesto poder de elección al cambiar de canal.

El neopopulismo de mercado sigue siendo hoy el principal articulador de la línea de argumentos de las clases dominantes para éste y otros asuntos, y tiene como base la idea de que el mercado es capaz de autorregularse. En la Argentina, el equipo del gobierno de Mauricio Macri lo ya lo había dejado claro cuando, al asumir, justificaba la derogación parcial de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual con la tesis de que debía terminarse la “guerra contra el periodismo”. Para que éste goce de buena salud sólo es necesario “garantizar la competencia”, aunque esto entre en tensión cuando se trata del pragmatismo de las megafusiones como la reciente entre Telecom y Cablevisión que, por su volumen, no tiene precedentes en América Latina.

En estos casos la intervención del Estado se da en auxilio de los amigos, favoreciendo el dominio de mercado para un grupo mientras se busca “compensar” en estos días al resto de los competidores industriales con nuevas resoluciones y decretos, mientras la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia se expide bajo presión de las directivas de la Casa Rosada (1). Y esto pese a las frases rimbombantes con que el entonces ministro de Comunicaciones Oscar Aguad (hoy al frente de la cartera de Defensa), defendió la serie de decretos pro mercado con que inauguró el cambio de gestión: “Está planeado que en enero del 2018 se aplique la convergencia, que se levanten las barreras para la libre competencia. La ley de  medios nuestra no va a ser para ningún medio en particular como la anterior, va a auspiciar por la libertad de expresión con las menores restricciones posibles. La mejor ley de medios es la que no existe, y ésa es la idea. La guerra con los medios se terminó, la paz está sellada” (2). A la luz de la sucesión de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial desde entonces, queda claro quiénes son los ganadores.

Por otra parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), usina ideológica para todos los gobiernos de derecha, ubica desde su fundación cualquier legislación en materia de comunicación, por más tibia que ésta sea, como atentado a la democracia. Para la SIP, la libertad de prensa es la libertad de empresa. Las resoluciones de sus asambleas reiteran persistentemente los mismos temas: “Violencia que no cesa contra medios y periodistas; multiplicación de leyes, proyectos y presiones gubernamentales que intentan controlar el libre flujo informativo en los medios tradicionales y también en las nuevas plataformas; restricciones al acceso a la información pública; asignación discriminatoria de publicidad oficial y mayor concentración de medios en sectores vinculados con los gobiernos” (3).Desde el NOMIC para acá, el discurso parece calcado.

Las conclusiones de la 71ª Asamblea General de la SIP realizada en Carolina del Sur en 2015, sostienen que “ningún país de América está a salvo de la corriente censuradora que se extiende como inmensa mancha de aceite. Ello ocurre inclusive en países tradicionalmente garantistas de la prensa libre, y en algunos casos bajo el paradójico argumento de promover mayor pluralismo, de garantizar el derecho al olvido o de poner freno al ‘discurso del odio’”(4). Para la SIP en Venezuela “se consolida un totalitarismo comunicacional de Estado” y en Cuba “persiste la censura” (5); mientras que la destitución de Dilma Roussef en Brasil fue bien considerada (“La prensa está funcionando libremente y publica cualquier cosa que considera importante para revelar al público”), y la política de decretos presidenciales en Argentina se saluda como una sana vuelta al cause, sin expresar repudio alguno por los ataques a los y las trabajadoras de prensa durante las coberturas de las protestas sociales.

La intervención estatal: entre la actividad y el binarismo

Decíamos que los años 2000 trajeron consigo contratendencias respecto de cómo se venía abordando la relación entre medios, Estado y sociedad en la década anterior. El escenario incuestionable del “cuarto poder”, amparado en la autonomía de las audiencias para elegir con qué estrella televisiva quedarse, fue sacudido por la movilización popular que ganó las calles en algunos países de la región. Las lecturas acerca de la Guerra de Cuarta Generación (G4G) y cómo contrarrestarla, y la atención sobre las acciones impulsadas desde los medios de comunicación y propaganda a favor del imperialismo norteamericano sirvieron de base para el replanteo de los marcos teóricos desde los cuales pensar el fenómeno mediático, aunque los resultados anclados en esta perspectiva en general fueron pobres y mecanicistas.

Venezuela, Argentina, Uruguay y Ecuador pusieron en debate y sancionaron leyes de medios que buscaron poner límites a la concentración mediática, y que se basaban en demandas históricas del movimiento popular por la democratización de la comunicación. En otros casos como Brasil, la disputa entre los principales grupos de medios privados y el gobierno del PT actuó como telón de fondo de la revitalización de los medios públicos. También Bolivia avanzó hacia el refuerzo o creación de medios públicos en los últimos años. De este modo los Estados fueron recuperando el protagonismo, apareciendo como actores importantes en la definición de políticas públicas vinculadas a la producción y distribución de información y entretenimiento. Telesur es la apuesta más ambiciosa.

Desde el punto de vista del análisis teórico, conceptos como “manipulación”, “dominación” o “ideología”, que habían sido desechados en la teoría comunicacional, retornaron al debate social y más tímidamente a los claustros académicos. En muchas ocasiones, la contienda entre los gobiernos y los conglomerados mediáticos obturó la posibilidad de reflexiones más complejas que dieran cuenta de cómo se instalan las agendas, cómo se modelan gustos y consumos a través de la apropiación que hace de ellos la industria cultural; convirtiendo el binarismo en un método abreviado para delimitar el campo de pelea.

La apelación a la G4G por momentos funcionó como corsé para no profundizar en las zonas más problemáticas. En lugar de fortalecer las posiciones progresistas o revolucionarias, el binarismo las encerró en la jaula de la obsecuencia. Los últimos tiempos vienen marcados por la falta de densidad del debate, cambiando una lógica democrática con capacidad de autocrítica y crítica constructiva, por una lógica propagandística cerrada que se repite como un mantra y se utiliza como excusa frente a cualquier reclamo. Esto repercute en la calidad de los medios, tanto de los públicos como de los privados, en la medida que ambos construyen un espectador sin capacidad de análisis, a quien se le entrega comida predigerida.

No obstante, el período 2001-2015 destaca la importancia de Estados activos en la definición de políticas públicas para el sector audiovisual, tanto desde la sanción de normativas que regulan el funcionamiento del sistema de medios como por la redimensión, aunque con limitaciones, de los medios públicos. Son importantes las medidas en favor de la realización de contenidos digitales para cine y televisión, la democratización en el acceso a financiamiento para nuevos prestadores y la apuesta que significa construir desde el Estado las plataformas de la TV digital. Todo esto en un contexto de convergencia tecnológica que cambia las maneras de producir, difundir y consumir información y entretenimiento, un sector de la economía muy dinámico y que se encuentra en permanente movimiento.

La intervención desde las organizaciones populares

En este marco hay que situar al otro actor que mencionamos al principio, y que para nosotros es estratégico: los medios alternativos, populares, autogestionados o comunitarios. Estos vienen construyendo desde muy atrás, en el marco de una tradición que en Nuestra América lleva el tiempo de las luchas emancipatorias. En Argentina, confundidos en la categoría “sin fines de lucro”, los medios alternativos tienen todavía  reservado un 33 por ciento del espectro radioeléctrico, aunque su aplicación fue incompleta y en la actualidad sufren el ahogo financiero producto del ajuste macrista en los fondos de fomento. La situación es tanto de fortaleza como de debilidad: fortaleza porque el sector ha logrado capitalizarse y profesionalizarse, debilidad porque muy pocos han logrado la legalidad necesaria para desplegarse en el nuevo escenario.

En Venezuela los medios populares han logrado desarrollarse debido a un apoyo activo por parte del Estado Bolivariano, que creó una dirección especial que atiende al sector en su especificidad. Por eso constituyen un faro para los colectivos de comunicación popular en América Latina. Sin embargo cabe preguntarse por las tareas que estos medios asumen en tiempos de desestabilización del gobierno de Nicolás Maduro. Frente a la hegemonía histórica de la TV comercial para modelar gustos y consumos culturales, este interrogante no es menor: Thierry Deronne, en un informe sobre el balance y futuro de la televisión comunitaria venezolana, explica que “prácticamente no se ven, sin contar que muchas de ellas están fuera del aire”. El mismo trabajo señala que el 78 por ciento de los y las televidentes en abierto, a nivel nacional, siguen prefiriendo Venevisión y Televen, las principales cadenas de privadas de TV (6).

En Ecuador, sobre el final del gobierno de Rafael Correa, se publicaron los listados de los concursantes de la primera convocatoria pública de frecuencias de radio y televisión en señal abierta, llamado realizado en cumplimiento la Ley Orgánica de Comunicación, que establece la distribución del equitativa del espectro radioeléctrico en tercios, reconociendo a los privados, los públicos y los comunitarios. Como en Argentina, las exigencias de los concursos fueron difíciles de superar para los comunitarios.

En otras palabras: las radios, emisoras de televisión y prensa escrita en manos de las organizaciones populares seguimos ubicándonos desigualmente en el mapa de medios latinoamericano, y pocas veces logramos conectar masivamente con las audiencias. Por eso se trata de una desigualdad de poder y a la vez de interpelación hacia la sociedad, hacia el pueblo en su conjunto. La artesanalidad y la pequeña dimensión en que la mayoría de estos medios se mueve conspira contra el objetivo general, que se vincula con la disputa de sentido y la revolución social. La construcción de redes por momentos permite superar el aislamiento, aunque no logra trascender los propios círculos en los que éstos se levantan.

Esta debilidad, producto de años de persecuciones en toda la región, es histórica y situada, y por lo tanto es superable en la medida que la comunicación se entienda como una herramienta en el marco de la construcción de poder popular. Esto significa que la comunicación deber ser un instrumento. La batalla no se resuelve en el discurso: por el contrario, requiere organización desde abajo que la confronte, en todos los frentes de lucha, y en esto los medios populares con vocación de poder cumplen una función de apoyatura y articulación fundamental.

A manera de cierre

Las tareas de la emancipación requieren, entre otras acciones, encontrar las formas más adecuadas para responder al discurso del poder, dando lugar a la expresión de la clase trabajadora para romper el cerco mediático. Superar la artesanalidad es un imperativo que crece junto con las denuncias de las brutales matanzas producidas por los narcoestados en México y Colombia, que nos interpela en los intentos de restauración conservadora y en las continuidades que persisten en la región, como la matriz extractivista.

Trazar un balance sobre lo actuado en materia de comunicación en América Latina durante los años posneoliberales implica hacerse cargo del peso de cada uno de los actores; de las continuidades estructurales que ubican los mayores intentos del lado de la comunicación comercial “aliada”; de la tendencia a las respuestas fáciles que evitan ir hacia las contradicciones del modo de acumulación en el capitalismo actual y de las fragilidades de la organización popular –políticas y también comunicacionales- de cara a vencerlas.

Las clases populares parten de condiciones iniciales de debilidad en la lucha por la hegemonía, y con ella por el acceso al gobierno y al poder, que es donde se materializa la capacidad de hacer efectivas y estables sus nuevas formas de organización. Si desde el Estado no se apoya sistemática, económica e institucionalmente a las expresiones construidas desde abajo; si ese Estado no es expresión orgánica de un pueblo movilizado construyendo una nueva sociedad, los medios alternativos seguirán recluidos en el entorno más cercano.

Por eso la “sensación” de oportunidad perdida con la que empezamos este artículo: las clases dominantes no se suicidan. Hubo condiciones favorables, aunque los avances estuvieron lejos de las expectativas generadas. Con todo, hemos logrado levantar un nuevo piso, mayor capacidad de producción de contenidos de calidad y una referenciación positiva entre los sectores movilizados de la sociedad. Las comunidades (en sentido territorial y sociológico) se han apropiado de estas herramientas. La cuestión es cómo hacer de estas posiciones conquistadas unos espacios que confluyan en el camino de la  emancipación, y que contribuyan a su avance.

Siguiendo al Che, la tarea entonces será aportar para la construcción de nuevas condiciones, que generen nuevas oportunidades para una comunicación de superficie, masiva y en disputa. Así como lo más avanzado de esta oleada abrevó en las luchas anteriores, lo interesante es que otra vez no empezaremos de cero.

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(*) Este texto pertenece al número publicado en diciembre 2017 del portal Grandes Alamedas.

Notas:

1.-Para más información sobre esta fusión y los desafíos que se abren mientras se expide la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, ver:https://martinbecerra.wordpress.com/2017/12/22/fusion-en-caliente-bono-navideno-para-el-grupo-clarin/#more-6088

2.-Disponible enhttp://www.politicargentina.com/notas/201610/17459-oscar-aguad-la-mejor-ley-de-medios-es-la-que-no-existe.html

3.-71ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, Conclusiones. Charleston, Carolina del Sur, 2 al 6 de octubre de 2015. Disponible en:  http://www.sipiapa.org/

4.-Idem.

5.-72ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, Informes. México, 13 al 17 de octubre de 2016. Disponible en:  http://www.sipiapa.org/

6.-“No existe aún en Venezuela una ley como la de los ‘tres tercios’, implementada por los gobiernos progresistas en Argentina, en Bolivia o en Ecuador, para democratizar la repartición de las ondas de radio y televisión. Las televisoras comunitarias de Venezuela apenas existen en el espectro radioeléctrico, podríamos decir que prácticamente no se ven, sin contar que muchas de ellas están fuera del aire”. Derronne, Thierry, “Balance y futuro de la televisión comunitaria venezolana”, 2016. Disponible en: http://www.integracion-lac.info/en/node/37238

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