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La cotidiana represión del kirchnerismo
El autodenominado “Gobierno de los Derechos Humanos” es el mismo que mata un pibe por día de gatillo fácil, el mismo que pretende constantemente enriquecer su aparato represivo, el mismo que reprime constantemente las luchas sociales y criminaliza la protesta.
Esta semana, los compañeros docentes de Santa Cruz, agremiados en ADOSAC, fueron víctimas de la represión policial. Los compañeros llevan una lucha desde febrero en reclamo de mejoras salariales, algo tan simple como que su sueldo alcance para cubrir la canasta básica familiar. A lo largo del conflicto, fueron víctimas, en su provincia, de distintos tipos de amedrentamientos (desde difamaciones hasta golpizas).
Con cuatro meses en plan de lucha y 50 días de paro, los docentes decidieron hacer un acampe frente al ministerio de Trabajo nacional. La respuesta fue aún más violenta. La noche del jueves, la policía desalojó a los trabajadores mediante carros hidrantes y bastonazos, dejando varios heridos y llevándose a 4 compañeros detenidos.
El candidato a jefe de gobierno del kirchnerismo, Daniel Filmus, quiso justificar la brutal represión: “se trata de respetar todos los derechos”, y agregó refiriéndose al Frente Para la Victoria “somos bastante respetuosos a ultranza [sic] de los derechos de expresión y manifestación de todos los sectores”, apoteótica caradurez de un gobierno que acaba de apalear a trabajadores organizados que reclaman un salario digno.
En solidaridad con los compañeros docentes, el viernes se convocó a marchar a Plaza de Mayo. Nuevamente hubo represión, esta vez a militantes del Frente de Organizaciones Clasistas (FOC). 49 militantes fueron detenidos, 6 de ellos menores de edad.
Este no fue el único conflicto de la semana. En Vicente López, un grupo de vecinos organizados quiso expresar su rechazo hacia el Vial Costero, autopista que quieren construir en la zona. La policía de Scioli volvió a reprimir, así como se llevó detenidos a seis de manifestantes (uno de ellos menor de edad) por “resistencia a la autoridad”. Será que pretendían que los manifestantes se quedaran quitecitos recibiendo balazos de goma.
El gobierno kirchnerista ya no puede seguir ocultando su naturaleza represiva. La violencia con que se muestran hacia quienes reclaman, con apaleamientos, desalojos, detenciones, es prueba fehaciente de que este gobierno, lejos de ser “respetuoso de los derechos de todos”, lejos de promover “la vuelta a la militancia de los ´70”, es el gobierno de la desarticulación de las luchas sociales, el que reprime la protesta, el de mayor cantidad de presos políticos desde el ´83. No nos engañamos, sabemos que el kirchnerismo no tiene nada de novedoso, que gobierne quien gobierne, estará siempre respondiendo a intereses opuestos a los del pueblo trabajador.
FERREYRA, ASESINATO Y DESPUÉS
Después del asesinato de Mariano Ferreyra, el estado echó a andar su maquinaria para ocultar el mecanismo que llevó a esa muerte, entregando su engranaje más sucio, débil y reemplazable (Pedraza y su patota, abandonado también por la CGT). De esta forma, la jueza Wilma López lo encarceló, como organizador, junto a Fernández, del homicidio calificado y las tentativas de homicidio de Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos.
Pero, aunque lo quieran ocultar, no hace falta usar herramientas muy precisas para saber que UGOFE, la gerenciadora del FFCC Roca, es quien licenció a los miembros de la patota; que la secretaría de Transporte y el ministerio de Trabajo no sólo sabían, sino que comparten con Pedraza el negocio de las empresas tercerizadoras, disfrazadas de cooperativas. Con las escuchas telefónicas, se confirmaron la amistad y los negocios comunes de Pedraza con Tomada, hoy candidato a vicejefe por la ciudad, etc.
En este berenjenal de responsabilidades estatales disimuladas, la justicia también trata de esconder bajo la alfombra la participación de la policía federal el día del asesinato, abriendo una causa paralela para distraernos.
Aunque está recontra probado que no se trató de una simple “zona liberada” por omisión, sino que la policía federal hizo un aporte fundamental al plan criminal, custodiando a la patota, abriéndole el paso para que actuara, y luego garantizando su escape seguro y destruyendo pruebas de su accionar, los seis jefes policiales involucrados fueron procesados sólo por abandono de persona agravado por haber resultado la muerte, y graves daños en el cuerpo y la salud de las víctimas, y por incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, delitos que, sumados, apenas si superan los 15 años de prisión.
Así, el fiscal y la jueza desoyeron el planteo que hicimos los querellantes, reclamando que los comisarios Lompizano, Mansilla y Ferreyra, el subcomisario Garay y los oficiales Echavarría y Conti, fueran procesados como partícipes necesarios en la ejecución del homicidio calificado y homicidios calificados en grado de tentativa, delito penado con prisión perpetua.
Esta policía federal es la que el gobierno trata de cuidar, mientras reciben 15 denuncias diarias por irregularidades de la fuerza; mientras releva policías todos los días por sus negocios con la droga; mientras hay 90 oficiales federales investigados y 12 comisarías fueron allanadas por protección de prostíbulos. Como necesidad de clase, el gobierno ordena a su justicia castigarlos lo menos posible por su participación en la muerte de Ferreyra.
Como dijimos en una de las audiencias ante la cámara de apelaciones, “Son todos los que están, pero no están todos los que son”. Y el gobierno quiere que sean menos los juzgados y menos los castigados, y que su gente quede lo más al margen posible. Por Mariano, por todos los caídos para que este sistema siga funcionando, no tenemos que dejarlos.
