¿La diplomacia puede parar el genocidio?

A medida que el régimen israelí avanza hacia la fase de aniquilación total de Gaza, imponiendo a su población un sufrimiento inimaginable, y a la par continúa su campaña de destrucción, expulsiones y despojo en Cisjordania, la indignación popular crece en todo el mundo ante la inacción de la mayoría de los gobiernos para imponer algún tipo de freno. Quizás para dar alguna señal que aplaque a las masas -que, además de indignarse, votan- y para mitigar su complicidad en un genocidio que pasará a la historia como uno de los peores de la historia, algunos países de Europa, Australia y Canadá han anunciado su decisión de reconocer al Estado palestino durante la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU).

Pero ¿qué intereses estratégicos motivan esta movida? ¿Qué impacto real puede tener? ¿Qué peligros entraña? ¿Qué debería hacerse en cambio, o además? Cinco analistas palestinas respondieron estas preguntas en los portales de los dos principales think tanks palestinos: Noura Erakat y Shahd Hammouri en Jadaliyya, y Diana Buttu, Yara Hawari e Inès Abdel Razek en Al-Shabaka. Lo que sigue es una síntesis de sus ideas.

De cómo eludir responsabilidades

La campaña por el reconocimiento del Estado palestino no comenzó en 2024 como respuesta al genocidio, sino que se remonta a 2011. Tras el ataque de Israel a Gaza en 2008-2009 y el colapso del «proceso de paz» de Oslo, la Autoridad Palestina (AP) se encontró políticamente desarmada. Mahmud Abás, presidente de la AP, lanzó la campaña de reconocimiento con dos objetivos: apuntalar a la propia AP -cuya función como órgano de transición había expirado hacía tiempo- y proyectar su propia relevancia política. Expuesta como subcontratista de seguridad del régimen israelí, la AP necesitaba urgentemente legitimidad.

La estrategia resurgió en 2024, pues beneficia tanto a la AP como a los Estados europeos: le da respaldo internacional a una autoridad desacreditada, cada vez más impopular e irrelevante, y al mismo tiempo ofrece a las potencias occidentales un medio conveniente para eludir sus responsabilidades.

Recapitulemos: en 1974 la AGNU reconoció a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) como representante legítima del pueblo palestino(1). El 29 de noviembre de 2012, Palestina fue aceptada en la AGNU como Estado «observador». Solo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) puede admitirlo como Estado pleno, pero el veto de EEUU lo hace imposible (el último intento fue en abril de 2024). Pero pese a que 149 países (de 193) ya han reconocido al Estado palestino, este sigue siendo una ficción. Israel controla todo el territorio entre el Mediterráneo y el Jordán, así como todos los aspectos de la vida de la población palestina que vive en él -y de la que continúa refugiada en el exilio porque Israel no le permite regresar-.

El reconocimiento formal del Estado palestino es un gesto simbólico que no ha tenido ni tendrá consecuencias sobre el terreno mientras no vaya acompañado de medidas efectivas de presión y sanciones para obligar a Israel a poner fin a su ocupación, colonización y robo del territorio palestino y al régimen de apartheid; mucho menos va a servir para parar el genocidio de la población gazatí. Y eso es lo que lo gobiernos están evitando hacer; apenas se han limitado a sancionar a unos pocos colonos violentos y a ofrecer una ayuda humanitaria insignificante.

Diana Buttu señala que incluso este reconocimiento simbólico sigue atrapado en la lógica de las negociaciones bilaterales; es decir, se basa en la idea de que el pueblo palestino deben negociar sus derechos, como si la liberación tuviera que ser siempre condicionada, gradual y mediada por su colonizador. Y agrega: «Los gobiernos europeos siguen comportándose como si fueran observadores neutrales, como si tuvieran las manos atadas. Pero no son neutrales. Son terceros con obligaciones vinculantes bajo el derecho internacional de reconocer la ocupación por lo que es, de no contribuir a su continuación y de trabajar para ponerle fin. Son obligaciones que están eligiendo ignorar.»

Según Yara Hawari, «para los Estados europeos, el reconocimiento sirve para distraer la atención de su complicidad. Estas declaraciones no suelen ir acompañadas de sanciones, embargos de armas ni ningún compromiso concreto para poner fin a la ocupación o al apartheid. Por el contrario, funcionan como gestos simbólicos en el ámbito jurídico, al tiempo que protegen a Israel de su responsabilidad por crímenes de guerra y violaciones sistemáticas».

Hawari sostiene que el argumento de que el reconocimiento le daría más peso diplomático a Palestina en los foros internacionales es ingenuo y equívoco: ignora el desequilibrio de poder en el orden global, donde el veto estadounidense garantiza la impunidad de Israel y hace que Palestina nunca pueda negociar en igualdad de condiciones. «No somos un Estado soberano. Somos un pueblo colonizado, sitiado y ocupado que enfrenta un genocidio en Gaza. Cualquier compromiso político serio debe partir de esta realidad, no de la ilusión de un Estado que no existe. En lugar de detener el genocidio y la hambruna forzada -en gran parte facilitada por los mismos Estados que ofrecen el reconocimiento-, nos dicen que nos enfoquemos en una fantasía de Estado que nadie está dispuesto a hacer realidad.»

Más aún, sostienen Noura Erakat y Shahd Hammouri, esta iniciativa diplomática tiene el riesgo de que se evite abordar la causa profunda del problema: el proyecto colonial sionista y su ideología supremacista, que busca la eliminación de la población palestina para imponer la soberanía judía en toda Palestina. Eso es la Nakba, una estructura de despojo, expulsión y eliminación que empezó en 1948, nunca paró y hoy se expresa de forma más brutal en Gaza. Y agregan que «equiparar falsamente la autodeterminación con la estatalidad es una ecuación peligrosa que plagó las luchas descolonizadoras anteriores y no hace justicia a la lucha palestina».

Las obligaciones de los Estados hacia Palestina en virtud del derecho internacional son muy claras. En enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminó que existe un genocidio plausible que obliga a los Estados a prevenirlo, y en julio de 2024 determinó que la ocupación de Gaza, Jerusalén Este y Cisjordania es ilegal, lo que obliga a un boicot internacional para ponerle fin.(2) Los terceros Estados deben imponer sanciones firmes para garantizar que el genocidio, el apartheid y la ocupación dejen de ser rentables. Esto requiere la cooperación internacional para excluir a Israel tanto del mercado como de los foros internacionales, sostienen las juristas palestinas. Como se vieron obligados a hacer en los últimos años de la Sudáfrica blanca.

El mantra de «los dos Estados»

La llamada comunidad internacional ha cacareado durante décadas que está a favor de la «solución de dos Estados», pero no ha movido un dedo para hacerla realidad. Quienes la repiten pretenden ignorar que se trata de un paradigma obsoleto e inviable: nunca dijeron cómo van a obligar a Israel a retirar las 300 colonias judías y sus 800 mil habitantes de Cisjordania y Jerusalén Este, a devolver las tierras y el agua robadas a sus dueños palestinos y a desmantelar toda la infraestructura del apartheid. Ese mantra, repetido hasta el cansancio, se ha convertido en la fórmula políticamente correcta e infalible para perpetuar el statu quo sin que nada cambie.

El modelo de los dos Estados en los términos del consenso de la ONU consagra la injusticia de que el pueblo palestino tenga un Estado en el 22 por ciento de su territorio histórico anterior a la invasión sionista. Las mal llamadas «fronteras de 1967» son en realidad las líneas del armisticio firmado en 1949 entre los países árabes derrotados y el flamante Israel, que en la guerra de conquista de 1948 se apoderó del 78 por ciento del territorio palestino (mucho más que el ya injusto 55 por ciento que le otorgaba el plan de partición de 1947 plasmado en la resolución 181 de la ONU)(3).

Hawari advierte: «Debemos tener claro qué es lo que realmente se reconoce cuando los Estados declaran su apoyo al "Estado de Palestina". No se trata de un reconocimiento de soberanía, sino de una ficción diplomática. En esencia, codifica una narrativa de partición colonial: la fragmentación de la Palestina histórica en enclaves geográficos y políticos. Este tipo de reconocimiento no solo es ineficaz, sino también peligroso. Refuerza un marco particionista estrecho que «reduce Palestina a Cisjordania y Gaza y el pueblo palestino a menos de la mitad de lo que somos».(4)

Erakat y Hammouri también sostienen que reconocer un Estado palestino en Cisjordania y Gaza significa normalizar la Nakba y reducir el alcance del derecho a la autodeterminación palestina, pues no se tiene en cuenta el derecho al retorno de la población palestina refugiada y exiliada ni los derechos de la que vive bajo un régimen de apartheid dentro del «Estado judío» (y cuya deportación forzosa apoya el 56 por ciento de la sociedad judía israelí).

Estos riesgos y limitaciones quedaron en evidencia, según las analistas, en la Conferencia Internacional de Alto Nivel convocada por Francia y Arabia Saudita en Nueva York a fines de julio sobre la solución de dos Estados. La conferencia eludió y omitió aspectos fundamentales: el grave desequilibrio de poder entre un Estado genocida y el pueblo al que pretende destruir, el bloqueo y la guerra sistemática contra Gaza, la expansión de las colonias en Cisjordania, la declarada soberanía israelí sobre Jerusalén Este y los Altos del Golán sirios (respaldada por EEUU), el derecho al retorno y a la reparación (como ordenó la CIJ), que queda reducido a la ayuda humanitaria. Tampoco mencionó la Ley israelí del Estado Nación (2018), que consagra el apartheid al afirmar que la población judía tiene soberanía exclusiva sobre la tierra desde el río hasta el mar.

Peor aún, la Declaración final omitió la rendición de cuentas de Israel y la responsabilidad de los terceros Estados, y presentó la negociación "entre las dos partes" como la única vía para avanzar, sabiendo que Israel es una potencia militar, no negocia de buena fe, no está dispuesto a ceder nada y nunca cumple los acuerdos firmados. «Es más, la liberación de los rehenes israelíes se trata como una obligación, mientras que la liberación de los presos políticos palestinos se trata como un punto negociable de la agenda. Mientras tanto, la AP es glorificada en al menos siete cláusulas y se le confía el gobierno del Estado, allanando efectivamente el camino para un Estado policial junto a una entidad colonialista», rematan Erakat y Hammouri.

¿Un nuevo Oslo a la vista?

Como mucha gente, las analistas sostienen que el momento actual es similar al de los Acuerdos de Oslo de 1993, y los riesgos, similares. A cambio de firmar los acuerdos, que otorgaron a Israel la apariencia de ser un «socio para la paz» sin ninguna medida significativa de rendición de cuentas o supervisión, Israel normalizó relaciones diplomáticas y económicas en el ámbito mundial, especialmente con varios países árabes y musulmanes. Desde entonces no ha hecho otra cosa que acelerar su expansión colonial y crear hechos consumados e irreversibles sobre el terreno, sin ninguna consecuencia; la reciente votación del Knesset para anexar Cisjordania es un ejemplo de ello.

El «proceso de paz» de Oslo fue una artimaña(5) para desarticular la intifada de 1987 y embretar la causa palestina en un marco de negociaciones controlado por EEUU (aliado incondicional de la parte poderosa), desdibujando la naturaleza colonial de Israel y poniendo a los oprimidos a negociar su libertad con sus opresores. Así, la lucha de liberación palestina y su derecho a la autodeterminación fueron reducidos a una mera administración del territorio ocupado por parte de una entidad sin poder ni autonomía real (la AP), cuyo principal mandato es el de reprimir y desarticular la resistencia popular.

El peligro actual es similar: en la medida que la oleada de reconocimientos del Estado palestino no vaya acompañada de voluntad política para poner fin al control efectivo de Israel sobre el territorio palestino, solo servirá para ocultar la ocupación colonial y el apartheid tras una nueva fachada de autodeterminación palestina que, en los hechos, no pasaría de un conjunto de enclaves o bantustanes desconectados entre sí, en una ínfima parte del territorio palestino histórico y sin ningún rasgo de verdadera soberanía.

¿Quién los eligió?

En efecto, otro riesgo significativo de este proceso engañoso es la intención de facultar a la AP para asumir el liderazgo del nuevo Estado. Según Inès Abdel Razek, «lo que estamos viendo en la última ola de reconocimientos europeos no es un apoyo a la autodeterminación palestina, sino un respaldo político a la AP. Por ejemplo, Noruega centró su reconocimiento en la AP y en su infraestructura institucional. Este replanteamiento socava la autodeterminación palestina y no cumple ni siquiera los criterios jurídicos más básicos para la creación de un Estado. Después de todo, la AP no ejerce ningún control sobre las fronteras, el espacio aéreo, los recursos naturales o el territorio, sino que es Israel el que lo hace. Así, el reconocimiento de Noruega se extendió a una entidad política que opera bajo el control israelí y que carece tanto de soberanía como de legitimidad democrática».

Erakat y Hammouri van más allá y reflejan el sentimiento popular hacia la AP(6), a la que califican de «organismo elitista y corrupto que es cómplice de los crímenes de la ocupación ilegal israelí», incluidos la tortura y el uso de fuerza letal contra quienes considera una amenaza. «En casi dos años de genocidio en Gaza, la AP ha bloqueado todos los esfuerzos para imponer sanciones a Israel, y en cambio ha visto el momento como una oportunidad para asumir de forma permanente el liderazgo indiscutible sobre los territorios ocupados y asegurarse la ayuda extranjera.»

Más allá de las opiniones, un dato indiscutible es que Mahmoud Abbas lleva 20 años en el poder y su mandato expiró en 2009. Las últimas elecciones celebradas en Palestina en 2006 le dieron el triunfo a Hamás, pero Abbas conspiró con Occidente para no reconocer ese triunfo y cortar toda la ayuda exterior para hacer inviable su gobierno. Desde entonces ha saboteado todos los intentos de formar un gobierno de unidad nacional, así como de celebrar elecciones(7). Y desde que en 2007 disolvió el Consejo Legislativo Palestino, gobierna por decreto.

Lo que hay que hacer

Resumiendo el consenso general, Erakat y Hammouri afirman: «Los Estados no necesitan reconocer a Palestina para poner fin a la ocupación, acabar con el genocidio e impulsar la autodeterminación palestina: necesitan una voluntad decidida para imponer embargos de armas y de energía, poner fin al comercio y a las inversiones con Israel, expulsarlo de la ONU, hacer que los criminales de guerra israelíes y las empresas cómplices rindan cuentas ante los tribunales nacionales y arrestar al primer ministro Benjamin Netanyahu en cumplimiento de la orden de detención de la Corte Penal Internacional».

Insisten en que existen suficientes leyes para poner fin al genocidio, acabar con la ocupación y desmantelar el régimen racial y colonial de Israel. Lo que sigue faltando es la voluntad política para hacer frente a la colonización de Palestina y a sus implicaciones económicas y políticas. EEUU, Europa y los Estados del Golfo, entre otros, han facilitado activamente el esfuerzo bélico de Israel. Mientras continúan sus exportaciones de armas y energía a Israel, persiguen duramente a quienes se manifiestan exigiendo la aplicación del derecho internacional y llegan incluso a criminalizarlos como «terroristas».

Hawari reafirma: «Prefiero que los Estados reconozcan el genocidio antes que al Estado palestino. Según el derecho internacional, reconocer el genocidio conlleva obligaciones claras: los Estados deben hacer todo lo que esté en su mano para prevenirlo y detenerlo. (...) La rendición de cuentas es el único camino viable para detener los horrores que se están produciendo en Gaza y la única forma de evitar que se repitan.» Y Abdel Razek ratifica: «Gestos simbólicos como el reconocimiento se suelen presentar como actos audaces de valentía moral cuando, en realidad, sirven como tapadera diplomática [pues] permiten a los Estados aparentar compromiso mientras eluden sus obligaciones legales de imponer sanciones a Israel.»

Buttu sostiene que los dirigentes palestinos empeñados en lograr más reconocimientos podrían haber elegido un camino diferente: podrían haber organizado una campaña seria y sostenida para exigir que Israel rindiera cuentas y presionar para que se impusieran sanciones, embargos de armas y acciones legales. «Ese es el quid de la cuestión: si, en medio de un genocidio, la máxima exigencia política es "por favor, reconózcannos", ¿cómo se puede después exigir sanciones o justicia?»

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Notas

1. Esa representación se trasladó a la AP tras su creación en los Acuerdos de Oslo, y ha continuado pese a que el mandato de Abás expiró en 2009.
2. En 2004, otro dictamen de la CIJ afirmó que el muro israelí y el sistema asociado de colonias son ilegales y deben ser desmantelados. A fines de 2016, el CSNU aprobó la Res. 2334, que condena la colonización israelí en Cisjordania. Además, decenas de otras resoluciones del CSNU y cientos de la AGNU, así como numerosos informes del Consejo de DD.HH. y de organismos internacionales han condenado el apartheid y los abusos sistemáticos de Israel contra la población palestina.
3. La también injusta Res. 242 del CSNU de 1967, al ordenarle a Israel retirarse del territorio ocupado en la Guerra de los seis días, legitimó la apropiación territorial de 1948, pese a que la Carta de la ONU no reconoce el territorio adquirido por la guerra de conquista.
4. La población palestina se estima en unos 14 millones en el mundo; la mitad de ella vive en la diáspora y la otra mitad vive fragmentada con distintos estatutos civiles y documentos de identidad en enclaves desconectados entre sí: Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y lo que hoy es el Estado de Israel (donde el 20 por ciento de la población es palestina).
5. Inès Abdel Razek, «Treinta años después: la artimaña del Proceso de Paz en Oriente Medio», Sin Permiso, 2-I-22.
6. Todas las encuestas de los últimos años reflejan la impopularidad de la AP: en particular en Cisjordania, donde la AP ejerce su ‘gobierno’, cerca del 85% de la población (incluyendo quienes apoyan a Fatah) quiere que Abás renuncie y se celebren elecciones. Tampoco existe apoyo popular para un eventual retorno de la AP a Gaza.
7. Las últimas (legislativas y ejecutivas) que estaban anunciadas para 2021 fueron canceladas a último momento por Abás, con el pretexto de que Israel no permitía poner urnas en Jerusalén Este; pero la decisión estuvo motivada por el pésimo resultado que auguraban las encuestas para el oficialismo. Abás también ha bloqueado sistemáticamente el ingreso de Hamás y la Yihad Islámica a la OLP.

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