La policía británica crea una base de datos de manifestantes

El pasado 25 de octubre, el diario inglés “The Guardian”, informaba que la policía de ese país había creado una base de datos en la que almacenaban los datos personales de miles de activistas que asisten a reuniones políticas y protestas. El aparato de inteligencia está guardando información detallada sobre actividades políticas de aquellos ciudadanos que son considerados “extremistas domésticos”, a pesar de que no han cometido ningún delito. El estado británico ha destinado a este aparato oculto nueve millones de libras y unas cien personas empleadas.

Para conseguir la información se han dotado de un sistema que reconoce automáticamente las matrículas de los vehículos con los que los militantes acuden a reuniones y manifestaciones. Un hombre, que no tiene antecedentes penales fue detenido más de 25 veces en menos de tres años después que su matrícula fuera reconocida y fichada al asistir a una pequeña protesta contra la caza de patos y faisanes.

Ficha policial publicada por The Guardian

Las unidades de información también fotografían a los asistentes a actos políticos, quedando su imagen personal registrada tanto en la base de datos como en las tarjetas de identificación que se facilitan a los observadores.

Toda esta infraestructura se creó para luchar contra los activistas pro derechos de los animales. Los responsables reconocen que es poca la actividad "delictiva" de estos grupos por lo que han ampliado sus investigaciones a aun amplio espectro político, incluyendo activistas anti-guerra y grupos ecologistas.

Anton Setchell, que es el principal responsable del “extremismo doméstico”, dijo que las personas que se encuentran en las bases de datos "no deben preocuparse en absoluto". Pero se negó a revelar cuántas personas se encontraban en la base de datos estatal, afirmando que "no es fácil" recontarlos. Sobre las fotografías, dijo que los oficiales de vigilancia habían anotado la información, según él inofensiva, sobre la asistencia de personas a las manifestaciones y que seguidamente esta información se introduce en la base de datos.

Esta actividad del Estado inglés es una violación flagrante de los derechos humanos. Es cierto que en una monarquía es más sencillo jurídicamente realizar este tipo de espionaje a sus propios ciudadanos por el derechismo flagrante de sus políticos, tanto los de derecha como los de "izquierda".

Curiosamente, el Reino Unido no dispone de documento de identidad similar al español o francés pues los activistas pro derechos humanos se han negado cuando se ha intentado implantar recordando los peligros de que todos los ciudadanos estén perfectamente fichados en el caso de que un Estado caiga en manos del fascismo, y seguramente no se referían al de 1940 si no al de ahora.

Un portavoz de la policía británica ha llegado a justificar esta base de datos con las siguientes palabras: “Es un listado de información y no de recogida de pruebas. Manifestarse no es un delito, pero en ocasiones hay una línea que se cruza cuando la gente comete delitos”.

La variante más divertida de estas nuevas técnicas que ha sido noticia recientemente es la utilización de un programa para contar manifestantes desde una foto aérea. Software que ha dejado en evidencia a la ultraderecha española que afirmaba haber convocado a dos millones de personas a una manifestación anti abortista cuando en realidad no superaban los sesenta mil.

En este caso, y con toda seguridad, la policía española no habrá fichado “preventivamente” a los manifestantes ultra-católicos. Y deberían, según el criterio de la policía inglesa, puesto que se convertirán en delincuentes sí cruzan la línea que existe entre manifestarse y agredir a un médico que practica interrupciones de embarazo a petición de la mujer.

También, y con esta misma filosofía, debería ficharse a todos aquellos individuos que tengan un nivel de vida alto por que explotan a sus trabajadores y seguramente defraudarán a la Hacienda Pública, o a aquellos ciudadanos que se afilien al Partido Popular español, pues con mucha probabilidad cometerán un delito relacionado con la corrupción durante su carrera política.