Argentina: La triste costumbre del femicidio

Utilizamos estos casos de disparadores para seguir poniendo sobre la mesa la existencia del femicidio como un problema más de la sociedad.

Es el sábado 19 de enero y es de madrugada. En la ciudad de Villa Mercedes, Rocío Anabel Becerra, con casi 9 meses de embarazo, muere asesinada por su novio de un balazo en la cabeza.

En la ciudad santafecina de Vera son las tres de la mañana del lunes 21 y una niña de 8 años sale en busca de ayuda: su madre, Andrea Viviana Ortiz, se desangra en la cocina. Había sido apuñalada 27 veces por su pareja, y estaba embarazada de siete meses.

En ambos casos, los hombres asesinaron no sólo a sus parejas, sino también a los hijos que habían concebido con ellas, otra muestra de lo que significa culturalmente la disposición sobre el cuerpo de las mujeres por parte de algunos hombres, el vínculo que trazan con la paternidad y la persistencia de la violencia intrafamiliar como una de las mayores causas de femicidios en la Argentina.

En Vera, provincia de Santa Fe, el agente penitenciario Adrián Marcelo Vega, de 40 años, volvió a su casa en la madrugada del lunes para continuar la discusión que había iniciado con su esposa antes de ir a trabajar a la Unidad Penitenciade Santa Felicia (a unos 30 km de su localidad). ¿El motivo?, no quería que fuera gente a jugar a las cartas con ella cuando el estaba de guardia. La discusión fue subiendo hasta que el agente resolvió terminarla: con un punzón mató de 27 puñaladas a Andrea, de 32 años. Una vez finalizado el acto, se subió al auto y volvió a su trabajo.

Los vecinos dieron aviso a la policía cuando la hija de ambos salió a la calle desesperada para pedir ayuda. Una vez detenido como el principal sospechoso (por las manchas de sangre encontradas en su auto y en su ropa), Vega confesó que la había asesinado.

Como en la mayoría de los casos en los que las parejas asesinan a sus mujeres, dentro del relato aparece lo que después se tomó como “emoción violenta”, que sirvió de atenuante para reducir las penas: la justificación de los celos, de no recordar con claridad cómo lo había hecho, de manifestarse como “fuera de sí” también fueron utilizados en el relato de Vega. La causa quedó a cargo del juez Juan Manuel Rodrigo con la intervención de la Unidad Regional XIX del departamento de Vera.

En la ciudad de Villa Mercedes, San Luis, en la noche del sábado la pareja compuesta por Hugo Miguel Palacio, de 22 años, y Rocío Anabel Bordana, de 18, volvió de un paseo por el centro y “todo parecía normal”, dijeron los vecinos. Pero unas horas después, en los pasillos que llevan a su vivienda en el barrio Güemes, un disparo en la cabeza asesinaba a Rocío. Hugo había apretado el gatillo y luego llevó el revólver a su sien para suicidarse.

Entonces, otras voces empezaron a contar una realidad distinta: los familiares de Rocío dicen que ya había sido amenazada de muerte por su pareja, golpeada y que incluso los maltratos habían sido denunciados a la Policía. Pero la Policía fue más rápida y aclaró enseguida ante los medios que “los dos fallecidos ya tenían antecedentes policiales”, la frase más utilizada para ensuciar a las víctimas, naturalizar los asesinatos en los barrios más empobrecidos y restarles contundencia a las denuncias anteriores que pudieran haberse realizado en las comisarías.

Cuando llegaron, cuenta el padre, Antonio Bordoña, el niño que estaba a punto de dar a luz Rocío se movía de un lado al otro y creyeron que podía salvarse, pero sólo resistió unos minutos.

Si bien en noviembre de 2012 fue sancionada la ley que incluye al femicidio como agravante (no como figura penal autónoma), como en muchos otros casos la ley penal no soluciona el problema si no se aborda en forma integral con cambios culturales, en las instituciones involucradas en las denuncias por parte de las mujeres, en las desigualdades judiciales, en el trato en hospitales, etc.

Como en otras cuestiones de género, el trabajo cotidiano sigue siendo el de visibilizar las prácticas de las que las mujeres son víctimas: el femicidio, la trata para explotación sexual, las muertes por abortos clandestinos. Las disputas que se dan desde el lenguaje y desde la penalización tienen que extenderse rápidamente a las prácticas culturales contra el machismo naturalizado, a favor del respeto del cuerpo de la mujer en todas sus dimensiones, a través de la libertad de decisiones (tan simples como la vida, tan personales y profundas como la maternidad y la libertad sexual).

Habrá que seguir de cerca la actuación de la Justicia en el caso del agente penitenciario Adrián Marcelo Vega (porque en el otro caso no existe a quien imputar). Con casos recientes como el sobreseímiento de los 13 imputados por el caso de Marita Verón, la Justicia suele tomarse ciertas libertades en connivencia con mafias policiales y poderes políticos. Que la ley de femicidio se cumpla y que la atenuante de “emoción violenta” sea dejado a un lado en el lenguaje judicial, serán pequeños avances ante un problema para abordar en forma integral.

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