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05/06/2013 :: Bolivia

Las particularidades de la lucha de clases en la Bolivia real

x Jorge Lora
Sobre el nuevo Estado boliviano que no tiene nada de plurinacional, muy poco de nacional y mucho de transnacional

"En el momento mismo del auge de las masas, dice Zavaleta Mercado, los pueblos miran a veces como su liberación a lo que suele no ser sino una disputa de reemplazo entre las estirpes de sus amos".
Luis Antezana.

Sobre el nuevo Estado boliviano que no tiene nada de plurinacional, muy poco de nacional y mucho de transnacional, el Gobierno ha logrado escindir aun mas al país, no solo al dividir a los sectores populares sino al confrontarlos en aras del nuevo proceso electoral y defender a las grandes empresas. Ante el crecimiento del movimiento por mejores pensiones en un exabrupto de Evo y algunos funcionarios convocaron a debelar el "intento golpista" desatando la polarización y antagonización entre sectores populares. El día 20 de mayo el Vicepresidente, en manifestación de apoyo de campesinos y cocaleros cochabambinos, acuso a la dirigencia de la COB de trotskistas, egoístas, antidemocráticos y golpistas, por lo que había que derrocarlos y refundar la COB. Algo que no se hizo ni siquiera en los tiempos del cerco a Santa Cruz frente a la derecha que en ese entonces controlaba gran parte del país. En ese entonces, mas bien llamaba a la conciliación.

Sin embargo, no debe sorprendernos, no es la primera vez, ya lo hizo antes, el discurso de "golpe de Estado y la conspiración contra el Gobierno" ya fue utilizada –no tantas como el complot de USAID- por ejemplo, en la violenta represión policial en Caranavi en mayo del año 2010, donde dos pobladores murieron por impactos de bala, en la octava y novena marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) que derivó en represiones policiales a los indígenas en Chaparina. Y por último, en el motín policial de junio de 2012, el cual "concluyó con castigos para quienes condujeron la revuelta policial". La política gubernamental ha dejado a un lado los puntales básicos de lo que pudo ser un proceso de cambio para priorizar la cultura del enfrentamiento, de la violencia y la división.

Se asemeja cada vez mas al MNR tradicional, caudillista, prebendalista, patrimonialista (cuya característica esencial es que terminan transformando a los Estados en propiedad privada de quienes poseen los recursos de dominación política), bonapartista [1] y represivo, que con ese llamado a sus bases de apoyo del escuálido e insepulto CONALCAM a enfrentar a los huelguistas frente a la justa lucha de los trabajadores por mejores salarios y pensiones, una rebelión mas contra las políticas neoliberales. El Ministro de la Presidencia, y después Evo Morales –que ya no podía alejarse del conflicto- lo atribuyen a un presunto intento de la COB de derrocar al presidente Morales, que como en todo conflicto se encontraba en las islas Fiji, esperando el acuerdo congresal de su segunda reelección.

La reforma de pensiones que propone el Gobierno, tercera en los últimos 20 años, no satisface a los trabajadores, como lo están demostrando en la ocupación y bloqueo de calles y carreteras del país, en una convulsión que no se veía en años, desde el levantamiento cívico del 2008 y ha tomado por sorpresa a todos. El país estaba entrando un conflicto cuya dinámica fue creciendo día a día. Comenzaron los trabajadores de la COB y luego se unieron los maestros, trabajadores de salud, universidades. Esta lucha es una de las mas intensas y prolongadas de los últimos años y lo están haciendo por que e n el proyecto del Gobierno el subsidio al capital reemplaza el subsidio al trabajo. El Gobierno retrocede en la protección del derecho a la pensión. Presionado por el chantaje de los banqueros y empresarios nacionales y extranjeros, enarbola la equidad y la justicia para seguir desmontando lo poco que queda del Estado social de derechos. Nunca fue un país de leyes y sigue igual.

El Gobierno convocó a los "beneficiarios" populares del proceso: campesinos y bartolinas, a pobladores de municipios rurales, a cocaleros y sectores de gremiales y transportistas, cooperativistas y segmentos de bonistas, a enfrentar a los trabajadores y a pobladores que los apoyan: obreros fabriles, mineros, maestros y estudiantes, trabajadores de la salud, hasta los policías de a pie. En Potosí los campesinos enfrentaron a los maestros dejando un muerto y heridos.

En medio de estas luchas los estrategas gubernamentales decidieron imponer una ilegal reelección y se pretendió dejar en la penumbra el tema de las extorsiones que lo viene deslegitimando aceleradamente. Basados en la experiencia y en la desconfianza frente al Gobierno, algunos analistas consideran que este no resuelve las demandas para conseguir otros objetivos mas importantes. En este caso lograr la reelección y frenar la deslegitimación. En el razonamiento electoralista gubernamental hay un desprecio por las minorías que se van convirtiendo en mayorías, pues los trabajadores asalariados no son mas del 20%. Según el Gobierno, hay 1.514.523 millones de asegurados a las dos AFP (Futuro de Bolivia y Previsión, que dicho sea de paso siguen administrando el fondo con utilidades de 169 millones de dólares el 2012). L a misma lógica con la que actuaron frente a los indígenas del TIPNIS, que se calcula en un máximo de 15% pero que agrupa a mas de 30 diversas comunidades étnicas que supuestamente son parte del Estado Plurinacional. Matemáticamente, algunos calculan que menos del 40% aprueban las políticas del Gobierno de Evo Morales.

Es una guerra contra la naturalización del neoliberalismo y del colonialismo laboral. La lucha por las pensiones se da en un contexto donde el 40% de los hogares hay un solo ingreso y que el salario mínimo en 2012 significaba, según el CEDLA, el 52% del costo de una canasta básica alimentaria, entonces hay situaciones de pobreza extrema, porque "con este ingreso ni siquiera podrían comprar los alimentos que demanda su reproducción". La mitad de todos los trabajadores está recibiendo el 18% de toda la masa de los ingresos, es decir, que por lo menos la mitad de los trabajadores, asalariados o no asalariados, está en condiciones de ingresos tan bajos que ni siquiera puede responder a las exigencias de alimentación que demanda la reproducción fisiológica de ellos y sus familias".

Y es que, la sociedad boliviana actual se agrupa en torno a intereses privados empresariales y grupales, y la defensa del derecho público y de los intereses populares se califica como un acto golpista auspiciado por la derecha. En realidad son los empresarios, quienes están con este gobierno, que les asegura bajos salarios, precariedad, no aportar a las pensiones mas del 3% y además los subsidia y garantiza financiamiento. También están los militares que son el único sector que percibe una pensión del 100% y que han declarado que debelaran cualquier intento golpista. Para ellos, como siempre, toda movilización colectiva, tiene un tufo de perturbación del orden público, vandalismo, complot o desencadenamiento de resentimientos.

Pero, ¿por que la lucha? Los trabajadores luchan por acabar con la gran brecha entre sus salarios actuales y las bajas rentas de vejez que percibirán cuando se jubilen. Los mas radicales pretenden imponer al gobierno y la patronal una ley de seguridad social y universal para todos los bolivianos que sea financiada por los empleadores, los empresarios y el Estado. En el caso de los maestros, evocan el sistema de reparto que les permitía alcanzar el 100% de su total ganado con 25 años de aporte y cuando sólo necesitaban 15 años para obtener el 70%. Los mineros exigen al menos el 70% de sus totales ganados en los últimos 24 meses. La demanda laboral se centra en que el Fondo Solidario (FS) beneficie a más sectores, lo cual implica incluir a quienes ganan más de 4.500 bolivianos, si no son mineros, y 5.700, en el caso de los mineros. Sin embargo, el FS, que tiene una estructura rígida, está diseñado para durar entre 35 a 40 años, pero se estima que la inclusión de más beneficiarios podría acortar su vida a la mitad o menos.

Los trabajadores no aceptan una ley de pensiones donde el financiamiento de la pensión solidaria recae en la masa laboral. El aporte patronal forma parte del salario diferido de los obreros y el Estado no pone nada. E l trabajador financia el 97% de su futura renta con un salario miserable, mientras que la patronal aporta solo 3% y el Estado no aporta. La actual ley de pensiones 065, tan neoliberal como la anterior, fue una imposición del gobierno a la clase obrera boliviana gracias a la colaboración que prestó la burocracia de la COB al aceptar el juego desmovilizador que propuso el gobierno a través de las mesas de diálogo y conciliación. De hecho, la aprobación de la ley fue con la anuencia de esta dirigencia que es parte de una clase obrera dividida. Esta claro que ni esta clase social ni la COB son las de antes, cuando todos los trabajadores estaban homogenizados por la miseria y la crisis de los precios de los minerales determinaban el cierre de minas y relocalizaciones. Hoy, es cierto que ha aparecido coyunturalmente una capa de "privilegiados" petroleros y mineros (sectores estratégicos) que se han escindido del resto. Los fabriles continúan aterrorizados por la vigorosa flexibilidad laboral y los trabajadores estatales por un Estado cada vez mas represivo. Los trabajadores informales son la mayoría, donde los de la construcción viven un periodo de auge ocupacional. El Gobierno, ni la mayoría de los trabajadores, esperaban una convocatoria a esta lucha que fue creciendo y su dinámica adquirió su propio ritmo.

Los funcionarios y analistas del Gobierno como el propio García Linera y otros como Canelas o Tejada ocultan que la división de los mineros y la aparición de "privilegiados" fue obra del Gobierno. Este maquiavélicamente entrego minas a los cooperativistas ( cuyos socios pueden acceder -en calidad de trabajadores- a pensiones solidarias con recursos del FS al que no contribuyen como accionistas de empresas tan rentables como Huanuni) y Huanuni a los trabajadores con quienes concordó una escala salarial que hoy por los altos precios de los metales benefició a un sector por su productividad y ahora los acusan de ganar mucho y constituir una "aristocracia". Que los trabajadores mineros gocen hoy de salarios altos se debe a la forma en que se fija su salario y que fue alentada por los diferentes gobiernos capitalistas, incluido el actual: el pago a destajo. Forma de pago hace depender la magnitud del salario del precio y el volumen del producto, quedando al arbitrio del mercado. [2] Entonces, el que su salario se haya incrementado extraordinariamente en los últimos años no es fruto de manipulación, sino de las circunstancias ajena a su voluntad. Como vemos, la solución de los conflictos mineros se hizo favoreciendo a unos y desfavoreciendo a otros, los cooperativistas por ahora están con el Gobierno y también en esta coyuntura los asalariados están en contra. Y eso es lo que molesta a los estrategas gubernamentales, que algunos de los beneficiados encabecen las luchas.

Pero hay mas, si COMIBOL es una empresa estatal, ¿por que el Gobierno no cumplía con la obligación legal de aprobar la escala salarial o remuneración contractual en una empresa pública, en la que supuestamente no podían rebasar el salario presidencial de 2 mil dólares?. Alejandro Almaraz encuentra la respuesta en algo que nunca se dijo: Huanuni tiene un régimen cooperativo lo que jurídicamente es grave. "En efecto, si el Gobierno habría nacionalizado Huanuni con tanto alarde, para entregarla "en los hechos" a la discrecionalidad privada con la que se dispone del patrimonio cooperativo, habría violado la montaña de disposiciones constitucionales y legales relativas a la pertenencia patrimonial de la mina a Comibol y a las múltiples y detalladas responsabilidades del Órgano Ejecutivo central en la buena administración del patrimonio público expresado en ambas empresas" [3].

La pregunta obligada que se hacen los analistas críticos es, si la minería y los hidrocarburos son tan rentables ¿por qué no se nacionalizan las empresas transnacionales que controlan los sectores estratégicos del país, por ejemplo, Petrobras y la japonesa Minera San Cristóbal (MSC)? MSC, la mayor beneficiaria de la minería del país, exportó entre 2010 y 2012 US$ 541 millones como utilidades netas a su casa matriz Sumitomo. O, ¿por qué no se controla el gran negocio legal e ilegal del oro en la Amazonía del país, parte del cual está en manos de las cooperativas mineras aliadas del Gobierno?

La sumisión de la COB al MAS, en un sexenio, le hizo perder la independencia y rumbo que la llevó a convertirse en un simple apéndice sindical del Gobierno que, con un discurso indianista y plurinacional, se encargó, en la práctica, de reproducir las viejas formas de hacer política y de engrosar, remozar y reproducir a la clase dominante. Cientos de mineros de Huanuni protestaron en La Paz, para exigir al Gobierno la reforma del sistema de pensiones. La decisión de los 4.700 trabajadores de esa mina de sumarse a la huelga convocada por la COB, convirtió al paro general en una verdadera amenaza para el Gobierno. A partir de ese momento, desde el presidente Evo Morales hasta el ministro de Minería, Mario Virreira, pasando por diputados y senadores del MAS, lanzaron críticas a los huelguistas de Huanuni. Denunciaron los altos salarios que perciben los trabajadores de Huanuni, olvidando adrede que se trata de esquemas y niveles salariales que el propio Gobierno puso en práctica desde 2006, después de la masacre que acabó con la vida de 18 trabajadores.

Morales llegó a decir que esta protesta lo desalienta para seguir haciendo nacionalizaciones de empresas privadas, porque él esperaba que los trabajadores se propusieran "mantener alta la tasa de productividad de la mina". También hay que recordar a los "analistas" que la nacionalización del centro minero de Huanuni se hizo en 1952 y que la expulsión de la trasnacional Allied Deals o RBG fue producto de las luchas antineoliberales de los trabajadores y el pueblo de Oruro el 2002 para pasar a la administración de COMIBOL, recuperando además la capacidad de hacer minería en toda la cadena. Este Gobierno no hizo ninguna nacionalización en minería, ni en ningún sector. En Colquiri fue una negociación con las trasnacionales para que los cooperativistas trabajando a destajo les entreguen sus cargas de mineral. Lo único que hizo el ejecutivo el 31 de octubre de 2006 fue integrar a 4000 cooperativistas como trabajadores, una medida forzada por las circunstancias y no una decisión planificada por el Gobierno y que este jamás le prestó el mínimo apoyo económico a operar en toda la cadena su propia empresa. Para ir los efectos de esa crisis política, el Gobierno elevó la planilla de trabajadores de Huanuni de 700 a 4.700. De esa manera complació a los 4.000 cooperativistas que se habían propuesto apoderarse de la mina, provocando el sangriento enfrentamiento. Oficialmente, aun no se ha identificado a los responsables de las muertes.

Elevar la planilla de trabajadores en siete veces de la noche a la mañana fue una decisión para reducir los salarios y sin embargo, con estos esquemas salariales aparentemente irracionales aun hay quienes ganan mucho y así y todo aportan al Estado. [4] En realidad, aunque el salario básico es 450 dólares, entre enero y marzo de 2013 solo el 0.13% gano mas de 4 mil dólares y el 6% mas de 3 mil. El 69% percibió entre 750 dólares y 1,500. Acaso no se merece esto y mas una población que trabaja en condiciones infrahumanas con 20% de enfermos de silicosis, 1868 accidentes laborales entre 2009 y 2012, que en marzo de 2013 tuvieron 255 accidentes de trabajo y que desde el 2088 ya tuvieron 48 muertos con un promedio de 49 años por silicosis y enfermedades respiratorias. Solo los funcionarios de trasnacionales socias como Petrobras, pueden ganar entre 10 y 25 mil dólares pagados por el Estado boliviano. Para pagar estos salarios obviamente es una empresa con excedentes tan buenos que aparte de los impuestos, otro monto millonario es apropiado por el Estado. En este cuadro cerca de 600 trabajadores son mayores de 60 años y no tiene clara su jubilación. El Gobierno con total deshonestidad miente cuando dice que el presupuesto y los impuestos los pone el Estado, pues en verdad lo hace con los recursos de Huanuni y le aun le adeuda millones de dólares. [5]

Pero volvamos a las pensiones. La historia de las pensiones aclara el fondo de la cuestión. Primero fue de reparto simple, luego de capitalización o cuenta individual y finalmente de carácter mixto o híbrido. La actual ley 065 sigue bajo la modalidad que impuso el neoliberalismo es la de capitalización individual, un sistema de ahorro de cada trabajador que debe sacrificar un mínimo 30 años para auto-financiar una renta miserable (el 70 % de su salario en el mejor de los casos). Pero lo más grave es para la generación intermedia, que en su momento aportó para el sistema anterior de reparto y que ahora tributa para el nuevo sistema, porque el cálculo matemático que ahora se realiza es sobre la base de 25 años, lo cual hace que muchos trabajadores que terminan con un salario promedio de 3.000 bs obtengan una renta de 1.000 o incluso menos. Según Bruno Rojas Callejas, investigador del Cedla, el financiamiento de la pensión solidaria recae exclusivamente en los trabajadores: 20% de primas de riesgo común, y riesgo profesional con carácter mensual, son recursos de los trabajadores; 0,5% de aporte mensual obligatorio de todos los trabajadores dependientes asegurados al sistema; 3% de aporte patronal sobre el total ganado de sus trabajadores. Los mineros lograron un aporte de 3% adicional por parte de los empleadores. Otros aportes son 1, 5 y 10% de la diferencia de ingresos de trabajadores y personas naturales que ganen más de 20 salarios mínimos y otras fuentes establecidas sin comprometer recursos del Tesoro.

Uno de los problemas principales que observa el experto es la baja rentabilidad que impacta en un mayor tiempo de aporte. Históricamente los recursos del Fondo Individual manejados por las AFP tenían una rentabilidad que llego al 15%, hasta que el actual Gobierno les ordenó que debían invertir esos recursos en bonos del Estado o en empresas estatales, casi todas ellas mal manejadas. El rendimiento e n los últimos dos años disminuyó a 7,32% y según un último reporte bajó a un 5,23%. Pero además, l os trabajadores consideran injusto que el Gobierno conceda jubilaciones con el 100% del salario a los militares y quiera que los demás sectores se resignen a recibir un 30%. En el caso de los militares, los aportes que ellos hicieron cuando percibían sus salarios equivalen a un 67% de la jubilación que van a recibir: el resto lo pone el TGN.

El Gobierno argumenta que es siendo el principal empleador ya esta aportando y que los bonos son una forma de redistribución. En el frente de las pensiones, el Gobierno también incumplió sus promesas e hizo malos pronósticos. El presidente Morales en este aspecto también propició las demandas que parecen excesivas, prometió en su campaña para su primera reelección que iba a bajar la edad de jubilación a 54 años. Y también erró en los pronósticos, cuando esperaba una alta rentabilidad, esta por el contrario bajó. Las novedades de la actual ley de pensiones pasan por la administración estatal de las AFP, ahora Gestora de Seguridad Social de Largo Plazo, que hasta hoy no ha ocurrido, y la incorporación de la renta solidaria para que los trabajadores que no llegan a cubrir el monto del mínimo nacional, se beneficien con un pequeño aumento que es proporcional a los años trabajados. ¿Pero de dónde sale este monto solidario? Sale del bolsillo del trabajador que gana un poco más. La clase trabajadora financia íntegramente su jubilación. Pretende resolver el histórico hueco fiscal de las pensiones con una formula neoliberal que confronta trabajadores formales con trabajadores informales. Para vender su reforma invoca la igualdad, la justicia y la equidad. Acusa a los propios asalariados con buenos salarios de ir contra la democracia. Como si hubiese democracia y el fenómeno de los bajos salarios, el trabajo precario y el informal fuera consecuencia de los privilegios de pequeño sector de la clase social asalariada.

La reforma pensional neoliberal se construye sobre una falacia: que el trabajador es responsable de su propio desamparo y del trabajador informal. Lo justo para el Gobierno es que unos y otros reciban un ingreso y además que le sirva electoralmente. La solución para ampliar la cobertura a una mayor población, sería igualar a la baja el subsidio pensional. La falacia del Gobierno es múltiple y los pretextos un despropósito. ¿No es acaso causante de los bajos salarios, del escaso trabajo formal una economía achacosa dedicada al latifundio, a la especulación financiera, al contrabando y narcotráfico, a la explotación de materias primas, a la construcción y servicios y otras labores poco intensivas en mano de obra calificada? El proyecto pensional es descontextualizar el origen y el fundamento del sistema de la solidaridad. Con la reforma pensional se completa el desmonte del Estado social ya iniciado con las reformas de flexibilización laboral, sostenibilidad fiscal y financiera, y exenciones a los dividendos accionarios.

Rafael Puente, ideólogo de este proceso de cambio y cada vez mas critico del mismo, y muchas personas se hace muchas preguntas válidas sobre las pensiones, que no se hacen los defensores del proceso: ¿en la elaboración de la ley 735 se ha cumplido el Artículo 242 de la Constitución que establece la participación ciudadana en las políticas de estado así como el manejo transparente y permanente de la información?¿Por qué no se nos ha explicado el robo de 500 mil dólares que se produjo —con documentos fraguados— para pagar jubilación a gente que nunca había aportado?¿Por qué no se nos explica qué pasa con el otro robo de 20 millones de dólares —si es que no eran 200 millones— de la Renta Dignidad? ¿Es coherente que este gobierno de cambio se dedique a prestarse dinero del Fondo de Pensiones —se habla de 4.200 millones de dólares— como ocurría en los gobiernos anteriores? ¿Cuándo se nos va a informar lo que hicieron las AFPs en los largos años de beneficio gratuito que les regaló la anterior ley de Pensiones? Y la última: ¿No se podría pensar en que el Fondo de Pensiones fuera administrado por los propios trabajadores, tanto activos como pasivos? [6],

Y la pregunta crucial: ¿Por qué entró en crisis el sistema de reparto? Por la ausencia de un desarrollo vigoroso de la economía nacional que hubiera permitido el necesario crecimiento del empleo formal. Además, el sistema de reparto sufrió las consecuencias de la hiperinflación de la década de los años 80 y de la bolivianización de depósitos que la acompañó. Ambos factores hicieron desaparecer el dinero que los 37 fondos complementarios –del régimen complementario con aportes sólo del trabajador- tenían en los bancos como depósitos a plazo fijo (DPF) por 500 millones de dólares, que representaban el 50% de las captaciones bancarias. Esos recursos quedaron reducidos a una décima parte (unos 50 millones de dólares). También se presentó el problema de la corrupción en la administración del sistema de pensiones. Es conocido el caso de la gestión del ex director del fondo de los trabajadores de la administración pública (FOCSSAP), Dante Escóbar, hoy en la cárcel, y de otro que incluso "invirtió" los recursos de los afiliados en una casa de lenocinio. A esto se sumó el problema de la subcotización, que consistía en aportar mensualmente sobre un salario bajo, que en los dos últimos años previos a la jubilación llegaba no sólo a la cifra real del sueldo, sino que hasta lo sobrepasaba o inflaba, para obtener así una abultada pensión. Todos estos factores pusieron al sistema de reparto al borde del colapso y de la quiebra, por lo cual en 1997 fue sustituido por el sistema de capitalización o cuenta individual.

La pensión solidaria no es un invento del Gobierno, de hecho ya en 1996, cerca de 900 mil activos financiaban a más de 300 mil pasivos. Se dice que el gran cambio de la Ley 065 fue la creación del Fondo Solidario (FS), que tiene el propósito de solucionar el problema de las bajas pensiones del sistema de capitalización o cuenta individual o de elevar esas pensiones de vejez. Pero hay una limitante: el FS otorga recursos, aumenta o complementa las pensiones de vejez de sólo dos grupos de beneficiarios; es decir, de aquéllos que no son mineros y que perciben salarios por debajo de 4.000 bolivianos y de aquellos mineros que ganan sueldos inferiores a 5.300 bolivianos. Hay un tercer grupo que gana sueldos altos, pero que obtendrá una pensión de vejez sólo con su esfuerzo de ahorro individual o fracción de la AFP y la CC, es "generación sándwich".

A mediano plazo, la jubilación debe ser financiada por los empresarios y el Estado, así lo plantea la Central Obrera Boliviana (COB), algunos expertos en pensiones y una investigación del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla). Para garantizar una ley de jubilación digna es fundamental a través de lograr el aporte tripartito Estado-empresarios y trabajadores y un fuerte sistema de impuestos que apunte a los ingresos de toda la clase capitalista, es decir, impuestos a las ganancias y otro a la riqueza. Al sistema financiero privado que cada año aumenta sus ganancias de manera exponencial y no aporta nada a la seguridad social. Los trabajadores piden que el Estado aporte más al sistema y que el monto de las jubilaciones suba a un mínimo de 8.000 bolivianos para los mineros (con 30 años de aportes) y 5.000 bolivianos para los otros asalariados; el mínimo para no asalariados sería de 1.200 bolivianos. Los maestros han calculado que es posible exigir una renta igual al 100% del promedio de los últimos 24 sueldos para todos los sectores, tanto para aquellos mayoritarios, con sueldos y salarios miserables como para otros minoritarios que coyunturalmente tienen sueldos altos. Esto supone exigir que los aportes patronales suban del 3% a por lo menos 6% y que el Estado como tal contribuya al menos un 2% adicional. La COB demanda que el Gobierno ponga su cuota parte de aportes y además exige que tres de los cinco miembros del directorio de la Gestora Pública de la Seguridad Social, que remplazará a las privadas AFP, representen al ente matriz de los trabajadores, pues se trata del dinero de los obreros. Con medidas así podemos hablar de un sistema de pensiones favorable al trabajador con una cobertura del 100% de su salario y un sistema universal para todos aquellos que si bien no aportaron al "sistema social", aportaron a Bolivia en el campo, en los talleres o en los mercados.

En las dos semanas de huelga, como en otras ocasiones, ésta no ha sido totalmente acatada, excepto en sectores como los maestros, los mineros y fabriles; lo que sí ha generado gran tensión son las protestas, manifestaciones, bloqueos de carreteras y de calles que han organizado la COB y sus afiliados. De manera paralela, otros sectores se han sumado a las medidas, pero con demandas distintas. La asociación de policías de base, por ejemplo, exige que sus miembros obtengan una jubilación equivalente al 100% de su salario, como ocurre con los militares. Los gremialistas, por su parte, exigen que el sistema impositivo no los afecte y que se mantenga bajo el denominado "régimen simplificado". En todo el país se llegaron a registrar 35 puntos de bloqueo de caminos. Trabajadores fabriles, salubristas, universitarios, la Central Obrera Departamental de Oruro, universitarios y maestros, liderados todos por la COB, protagonizaron movilizaciones y amagues de enfrentamiento con la Policía a su paso por alrededores de plaza Murillo.

Los trabajadores mineros cedieron y el secretario ejecutivo de la FSTMB, Miguel Pérez, precisó que los mineros piden una renta máxima de 4.900 bolivianos y están de acuerdo con la renta mínima de 1.200 bolivianos, tal como propone el Gobierno. La diferencia entre la tercera oferta del Gobierno y el pedido de los mineros ahora es de 900 bolivianos, aspecto que deberá ser resuelto en el futuro encuentro de ministros y sindicalistas.

El programa real: copar el poder territorial, mantenerlo y extenderlo para las trasnacionales y nuevos ricos

En la lógica del poder amigo-enemigo, [7] hoy Bolivia se divide entre quienes se oponen o defienden la vigencia del parágrafo II de la disposición transitoria primera de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece que los mandatos anteriores a la CPE "son tomados en cuenta a efectos de cómputo de los nuevos períodos en funciones". Los oficialistas acríticos y sumisos, encabezados esta vez por el el presidente de Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, Héctor Arce, preconizan la pérdida de vigencia de ese parágrafo por tratarse justamente de una disposición transitoria, además de referirse a cargos de funcionarios que no renunciaron antes de entrar en vigencia la nueva CPE. Los opositores y disidentes pensantes internos al oficialismo, como la diputada Rebeca Delgado y el ex constituyente Raúl Prada, sostienen que esto supone violar la misma Constitución generada por el MAS. Lo cierto es que el diseño constitucional ha sido violado prácticamente desde que era un feto y ya nacida viva, desde el primer día, por un gobierno que ha aplicado el texto de la CPE selectivamente, de forma instrumental, como mero mecanismo de concentración del poder.

Gran parte de las "leyes orgánicas" aprobadas para poner en marcha la Carta Magna contuvieran artículos inconstitucionales. Ni hay estado plurinacional, ni las autonomías indígenas, como trágicamente quedó demostrado en el TIPNIS. La Constitución tiene dos contenidos: los centrales, pensados para facilitarle al partido de gobierno el monopolio institucional, y los accesorios o propagandísticos, para convocar a los distintos movimientos sociales y marketing internacional. El Movimiento Al Socialismo se ha encargado de ir destruyendo su Constitución, algo no tan difícil de hacer, dado su corrompido origen, producto de irregularidad procedimental y conciliación política, nunca se intento constituirla en un nuevo Pacto Social que uniera a los bolivianos. Nació efímera y violando la voluntad constituyente, ahora ya no extraña que se utilicen subterfugios del poder oficial y el TCP para una ilegal derogación de disposiciones transitorias.

De la rebelión popular y la agenda de octubre el Gobierno del MAS se ha ido transformando en conservador. De la aceptación de las presiones de la derecha y la modificación de la Constitución y el proyecto político llegó al extremo de adoptar el proyecto económico, social y cultural de la derecha y de los empresarios con arreglos que tienen que ver con el monopolio del poder político, el control coercitivo y la inclusión de algunos sectores. La abierta oposición a la agenda de octubre, lo llevó también a la exclusión de quienes continuaban defendiéndola.

Copar el poder, mantenerlo y extenderlo territorial y espacialmente lo llevó a buscar la estabilidad económica con políticas neoliberales y sacrificar a los trabajadores en la búsqueda de crecimiento y equilibrio macroeconómico. De esta manera adoptó el extractivismo como eje de su proyecto, asociado a trasnacionales, a la oligarquía oriental y a la burguesía plebeya y sus sectores emergentes (cocaleros, grandes gremiales y transportistas, constructores, lava dólares, narcotraficantes y contrabandistas, etc.) integrándose ellos mismos a esas actividades; que además le ofrecía garantía de la política clientelar territorial y de los bonos electorales, lo mismo que garantizar la demanda alimenticia. Así fue dejando a un lado la Constitución con la llamada plurinacionalidad y a sus protagonistas: los pueblos indígenas, el buen vivir, la defensa de la pachamama y toda la ideología indianista. Pero también a colocar en la mira la reelección.

Destruir a la oposición política y copar la institucionalidad lo llevo a tratar de sacar el máximo provecho de la intentona separatista formando equipos jurídicos para judicializar la política, lo que trajo como secuela la extorsión convertida en política de Estado, que se extendió luego a empresarios extranjeros y a empresarios en proceso de legalizarse o ilegales (menonitas, Ostreicher, casas de juego, narcotraficantes, etc.). Esta política se diseñó al mas alto nivel de Gobierno y se defendió a los ejecutores a expensas de la legitimidad gubernamental.

También los llevó a copar el ejecutivo central y departamental, los municipios, el Congreso, las fuerzas armadas y policiales, el poder judicial, el electoral y los medios de comunicación (creando, comprando –literalmente o con negociaciones de publicidad- o asociándose con la oligarquía). Lo que los llevó a cultivar la uniformidad y a la destrucción de la conciencia del presente y de la memoria histórica.

Esta lógica cada vez mas compleja del control de los poderes llevó en su momento a la dirigencia del instrumento a formar un sindicato (Rebeca Delgado) bajo conducción de Álvaro García, convirtiéndose en la garantía de la estabilidad y gobernabilidad. Este es hoy el verdadero instrumento que fue cooptando a "estrategas", voceros y mantener a los levantamanos útiles (muchos ex dirigentes convertidos en empresarios) a esta reconducción del proceso. Las ONG, que fueron las principales proveedoras de funcionarios, que mantienen la crítica son objeto de destrucción. De este modo fueron reemplazando a los políticos e intelectuales honestos por inescrupulosos y pragmáticos políticos.

El miedo a ser desenmascarados los llevó a comprar encuestadoras de opinión, a manejar la opinión publica con cortinas de humo (conflicto con Chile, con el Gobierno norteamericano- USAID, con los terroristas I-II, etc.) y a silenciar a la oposición acabando con los "librepensadores" (críticos) y con quien se atreva a cuestionar su nuevo proyecto o denunciar la inconstitucionalidad de sus actos (Tipnis, reelección, juicios, etc.)

Así como la búsqueda de estabilidad económica y los altos precios de los comodities llevo al crecimiento y mayores reservas, una consecuencia de la política de obras y dadivas, el clientelismo territorial y grupal, fue la reducción de la pobreza. A la inversa, del mismo modo el extractivismo rentista llevó a la política antindigena; y la destrucción del movimiento social llevó al caudillismo patriarcal protegido por el "sindicato". Del mismo modo, todas estas políticas anti indígenas y anti obreras están llevando a la protesta y rebelión de los siempre excluidos lo que nos lleva a la política de control, vigilancia, represión, cooptación y/o división de los movimientos, amenazas, miedo, extorsión, violencia.

Desde abajo comienzan a revertirse las tendencias y la COB, indígenas organizados CIDOB, CONAMAQ, fabriles, maestros, algunos comités cívicos y juntas vecinales hoy se oponen al Gobierno. El gobierno se atrinchera en los cocaleros, pueblos rurales, burguesía indígena y plebeya, bonistas, poderes locales, trabajadores beneficiados por el proceso como muchos informales, comerciantes y constructores. ¿Qué ocurrirá cuando pierda este apoyo y se desmoronen las instituciones bajo su control?

No han descuidado la guerra anti indígena. Ganarse el apoyo de los cocaleros ha llevado al Gobierno, una vez más, y dando continuidad a la sistemática ofensiva desencadenada con el propósito de despojar al Parque Nacional Tunari (PNT) de su condición de área protegida, una alianza de "movimientos sociales", agrupaciones de loteadores, abogados legalizadores de lo ilegal y autoridades condescendientes han intensificado su presión para lograr la regularización de propiedades ubicadas por encima de la cota 2.750 en el límite del PNT. Por ahora, y pese a los esfuerzos de autoridades de la Gobernación y de los municipios involucrados para dar curso a tal despropósito, quienes se niegan a dar paso a la liquidación del área protegida han logrado imponerse. Frente a esta resistencia, Álvaro García Linera convoca cínicamente a las trasnacionales y empresarios a explorar los parques nacionales y áreas protegidas. Cree que las manifestaciones campesinas de apoyo al Gobierno le dan carta libre a olvidarse incluso de la consulta y llamar al despojo abierto de los pueblos indígenas.

Si bien en el criterio amigo-enemigo, la construcción del enemigo es fundamental para la reproducción histórica, cultural y moral del amigo, esta concepción tiene límites que irán aumentando como lo demostró la Alemania de Carl Schmitt con su sentido peculiar del mundo, del centro de la política, del monopolio del conocimiento y del poder absoluto. La modernidad masista tiene su precio.

Tras casi dos semanas de medición de fuerzas los protagonistas quedaron en una tregua con aroma a derrota del campo laboral; no obstante, la resistencia intentó llenar el espacio de la izquierda y examinar sus contradicciones, fue un conato de independización política por una demanda justa que presionaba desde abajo. Sin embargo, si la dirigencia buscaba legitimidad y mantener su hegemonía conciliadora en torno a la pretensión de crear un partido del trabajo, la práctica futura lo dirá y si solamente buscaba reconducir las políticas del gobierno, no solo no logró nada sino que mas bien reforzó la continuidad de orientación neoliberal y de alianza con la burguesía, la violación constitucional, la judicialización de la política, la visión amigo-enemigo con la izquierda y la crítica, las tendencias represivas, divisionistas, la opción por un país sin leyes. Pero, también logró que mas sectores populares conozcan mejor a los nuevos amos y piensen en mejores formas de lucha por el poder popular revolucionario.

Y por ultimo, la cereza del pastel. Evo decreta que los mineros sirven al imperio y la verdadera COB son los campesinos. Tema estratégico por cierto. Si el Che Guevara viviera tendría mucho que decir del PC, de los campesinos, de los militares y de muchos otros. Señala muy bien Lupe Cajías que el Gobierno "revolucionario" ratifica la resolución de un exdictador para dar una jubilación de lujo a militares asesinos como Luis García Meza o Luis Arce Gómez que cobran sus buenas pensiones. Se pregunta ¿Por qué no se iguala la escala de jubilación de los uniformados con los mineros? Unos generan riqueza y gracias a ellos es la bonanza económica de antes y ahora; otros la gastan en salarios y armas. Además son los que históricamente reprimen a los mineros, sea en Huanuni, Milluni, Caracoles o en la Chojlla. Los ingresos no corresponden a su sacrificio. "Es usual que un minero trabaje un turno, la redobla, la re-redobla, para aumentar su paga. Donan mitas solidarias, como el 67 para los guerrilleros, y no se limitan a gritar "patria o muerte, venceremos". Los mineros bolivianos son la nación, la patria, ningún estudiante debe olvidar eso". [8] Y tampoco los periodistas y analistas institucionales convertidos en antiobreros, antindigenas y anticriticos, defensores de la democracia, del Estado plurinacional-comunitario.

Otro aspecto también estratégico si miramos hacia arriba, es la presencia de ocultos defensores del sub imperialismo brasilero y del propio imperialismo, de los terratenientes, campesinos ricos y burguesía indígena. Son quienes defienden el extractivismo, los que representan a las trasnacionales del Brasil, los que definieron los límites a la propiedad terrateniente, los que han convencido a los campesinos de respetar la propiedad agraria, los que quieren imponer la carretera por el Tipnis, quienes se opusieron a la devolución de las refinerías en manos de Petrobras y fueron lobbystas en los petrocontratos, los que promueven el Complejo rio Madera y la IIRSA, los que invitan a ocupar territorios indígenas, los que "nacionalizaron" los hidrocarburos dejando el 80% de la producción y reservas a las trasnacionales, (de estas Brasil con el 60%), que se incentive a estas grandes empresas con mejores precios (ya tienen el 40% de los ingresos y no el 82% como se dice) y estímulos, quienes impulsan los medios para que Brasil controle la política energética, hidroeléctrica, de transportes, agraria, etc. Pero que además se benefician del narcotráfico y del contrabando.

Llegará el momento en que sepamos todos quienes son estos, por que tienen nombres y apellidos, y se hará justicia popular.


Notas

[1] Bonapartista, resignificando el concepto, refiere al proceso contrarrevolucionario que se disfraza de lo opuesto para generar apoyo popular, aplicando algunas políticas sociales, de sectores medios y grupos empresariales, apropiándose del proyecto oligárquico, obteniendo el respaldo del gran capital privado más voraz y al mismo tiempo del campesinado y otras poblaciones. E l mantener el capitalismo colonial dejó sin base de sustentación social al discurso político radical y patrimonalista a la vez; porque su régimen político necesita del poder económico del capitalismo trasnacional cada vez más pujante y, desde el otro polo, es amenazado por un proletariado cuyas necesidades rebasan cada vez más las posibilidades de una burguesía trasnacional y sus planes geoestratégicos, logrando su ocultación política de clase tras el régimen y la organización de poder y políticas con efectos pertinentes en contra de la organización de clase en sentido amplio. Marx escribe sobre regímenes que se colocan sobre las contradicciones de clase, donde los campesinos parcelarios que reciben de L. Bonaparte una organización de existencia, sin tener por eso ningún poder. Pero aunque no suficiente fue condición necesaria del poder bonapartista.

[2] El Estado se lleva 98% del valor de los contratos en Huanuni, El diario, 20.5.13. (el salario percibido por el grupo de trabajadores por el mes de septiembre del año pasado y que laboran en el nivel menos 240 de este centro minero, suma en total Bs 146.830, (tomando en cuenta el precio de contrato de Bs 2.51), lo que representa apenas el 1.87 por ciento del valor monetario generado de acuerdo a la liquidación de contrato 006-RC de septiembre de 2012 a nombre del contratista Jaime Choque Quispe, además de seis obreros.

[3] Alejandro Almaraz, "La COB, Huanuni y La Internacional", Los tiempos, 21/05/2013

[4] Desde 1940, la mina Huanuni es la explotación subterránea de estaño más grande del mundo, después de haber desplazado de ese puesto a la mina Catavi. Fue descubierta y explotada por la Colonia, como casi todas las minas del país, perteneció a Vicente Orlandini y luego a Simón I. Patiño. Es el yacimiento donde el robo de mineral tiene el record.

En Huanuni, el 69% gana entre 6.000 y 10.000 Bs., en tanto que solo un 6% de trabajadores gana más de 10.000 Bs. y sólo el 0,13% más de 30.000 Bs. El salario medio en la mina Huanuni está alrededor del Salario Mínimo Vital (8.000 Bs., fluctúa según las variaciones del precio del mineral).

[5] Comision de prensa del SMTMH, "Los mineros de Huanuni rebaten todas las mentiras del gobierno", http/www.bolpress.com/art.php?cod=2013051503

[6] Rafael Puente, El conflicto de la COB y algunas preguntas, Los Tiempos, 16/05/2013

[7] García Linera ha hecho una adaptación de la teoría de Carl Schmitt a Bolivia. Para el tras el mito del estado plurinacional, e l antagonismo político es el más intenso y extremo de todos, donde el, junto a Evo y su "sindicato" representa al pueblo y los críticos son enemigos públicos que deben eliminarse. L a democracia y la política se hace en el espacio público donde la acclamatio, la elección a viva voz y en masa, es la que le resulta compatible con una idea de democracia directa, pero que acepta a representantes y elecciones mientras sean sumisos. La representación –como la COB o la Cidob, necesariamente mediatiza la inmediatez de la voluntad popular, haciéndola, en definitiva, desaparecer. Por tanto los dirigentes solo son aristócratas o una capa de aprovechadores. El Estado son solo ellos, los gobernantes.

[8] Lupe Cajias, Mineros y militares, Pagina siete, 23/05/2013

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